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Federico Sáinz de Robles es elegido Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, el primero democrático por mandato del Congreso de los Diputados

HECHOS

El 24 de octubre de 1980 D. Federico Saínz de Robles asumió el cargo de Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

25 Octubre 1980

Un nuevo presidente

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera Cortázar)

LA ELECCIÓN de Federico Sainz de Robles como presidente del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, como presidente del Tribunal Supremo permite la definitiva puesta en marcha de ese elevado órgano, auténtica clave de arco de la administración de la justicia en nuestro país. La designación por las dos Cámaras de las Cortes Generales de los ocho vocales de designación parlamentaria, pese al dudoso acierto que implicó incluir en esa lista consensuada a miembros de la carrera judicial, contradiciendo, en cierto modo, el espíritu de una medida prevista precisamente para moderar las tendencias lógicamente corporativistas de un Consejo formado mayoritariamente por magistrados, había completado ya lo que constitucionalmente se configura en importantes campos casi como un Ministerio de Justicia colectivo.Los tres candidatos presentados a la elección eran dignos de ocupar el cargo. Angel Escudero del Corral desempeñó, con imparcialidad y buen quehacer jurídico, el cargo de presidente del Tribunal Supremo en la difícil etapa que se abrió, en agosto de 1977, con su designación para esa función. Antonio Hernández Gil sustituyó a Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes y dio un singular ejemplo de neutralidad, objetividad e independencia al frente de las primeras Cortes democráticas Y a lo largo del difícil periodo constituyente. Hasta el punto de que esas virtudes posiblemente le costaron la enemistad del Gobierno y de un amplio sector de su partido, que le vetaron de hecho para el Tribunal Constitucional, que tampoco han visto con buenos ojos su candidatura a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial, y que, seguramente, seguirán sin darle la menor oportunidad de utilizar su talento jurídico y su honestidad política en otros altos órganos del Estado. Lástima que, en la vida pública española, la dignidad personal y la independencia respecto a los partidos sean valores tan poco cotizados.

En cualquier caso, Federico Sainz de Robles ofrece un admirable historial como jurista, como ciudadano de arraigadas convicciones liberales y como hombre de insobornable imparcialidad frente a las invasiones del poder ejecutivo. Baste como botón de muestra, su comportamiento en la Audiencia Territorial de Valladolid, en los tiempos de Ruiz Jarabo, a propósito de las sanciones aplicadas con ocasión del cierre de la universidad, y recurridas por la vía contencioso-administrativa. Su vida profesional no se circunscribe, por lo demás, a su experiencia comp juez y magistrado, ya que como secretario de juzgado y como letrado ha podido contemplar el poder judicial desde otras perspectivas diferentes. Y su excelente formación como jurista ha caminado en paralelo con una preocupación humanista, condición indispensable para poder dominar el mundo del derecho, no sólo desde dentro, sino también desde fuera. Pues de los hombres de leyes cabe predicar aquella sabia paradoja: «Quien sólo sabe de su especialidad, ni siquiera de su especialidad sabe».

El Consejo General es el órgano de gobierno del poder judicial y tiene a su cargo competencias, atribuciones y responsabilidades de enorme importancia para lograr un buen funcionamiento de la Administración de justicia. Cada vez está más generalizada la opinión de que la reforma, renovación y modernización de la vida judicial es una tarea prioritaria, de cara al futuro, a fin de ensanchar esos cuellos de botella que amenazan con ahogar el espíritu de la vida democrática en nuestro país. Tras la elección de Federico Sainz de Robles sólo queda ya que el Gobierno se decida a designar a ese fiscal general del Estado, en cuyo trámite debe ser oído el Consejo General del Poder Judicial, para que el demorado acompasamiento de nuestras instituciones de justicia a la transformación democrática de la sociedad, el poder legislativo y el poder ejecutivo en España comience finalmente a ser realidad.

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