Felipe González y EL PAÍS desvelan reuniones de Cascos y Pedro J. Ramírez con Amedo antes de que cambiara su versión en caso GAL

La gente está harta de tanta gresca. Las personas más sensatas empiezan a estar, además, inquietas. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que no hay crispación ni miedo -como si bastara con negar una cosa para hacerla desaparecer-. «Algunos confunden su propia situación con la del país», añaden. Es posible que quienes nos sentimos víctimas de una persecución injusta tengamos una visión más pesimista que la media; pero basta oír el tono de las personas que llaman a las emisoras de radio para comprobar hasta qué punto ha regresado el clima de trincheras de los dos horrorosos años que precedieron a las últimas elecciones: si quedan no alineados se abstienen de llamar. Haría mal Aznar en ignorar o menospreciar los síntomas de inquietud ciudadana que han rebrotado con fuerza. Especialmente cuando el clima de crispación e intolerancia que él niega se genera en gran medida desde sus propias filas. Cierto es que todo el mundo empieza ya a arrimar leña a la hoguera, y eso es lo más preocupante, pero este Gobierno no podrá decir que haya tenido durante su primer ano una oposición tan irresponsable y desestabilizadora como la que tuvo González durante su última legislatura.

La peor secuela de este estado de cosas es que la polarización favorece siempre a las voces más destempladas. En este sentido, no se puede olvidar que ya el 18 de marzo de 1996, 15 días después de las elecciones, el diario ABC titulaba en su portada: ‘ABC, la COPE y EL MUNDO’, entre los causantes destacados de la derrota de González’. Convencidos de ello, han intentado cobrar peaje exigiendo la destrucción de sus competidores y proporcionando argumentos que justificarían esa acción en nombre de nobles valores.

En este contexto ha entrado ruidosamente en escena Álvarez Cascos, que ha acusado explícitamente a González de ser el cerebro» de los GAL. Un paso más sobre aquella expresión de «terrorismo de bodeguilla» que acuñó él mismo meses atrás. El ex presidente socialista ha replicado que Cascos dirigió una intriga con los ex policías Amedo y Domínguez, a quienes ofreció favores penitenciarios cuando estuviera en el poder a cambio de que elevaran su acusación hasta el propio González. Cascos ha negado haber hablado nunca con los ex policías ni con intermediarios. Pero la realidad es terca y los socialistas dicen tener pruebas de que el vicepresidente miente y de que se reunió en el despacho del director de  EL MUNDO -en presencia de éste- con el abogado de los ex policías. Si existen pruebas sobre ese cuando menos sorprendente ménage á trois, el público tiene derecho a saberlas. Desde luego, es seguro que Amedo y Domínguez buscaban el indulto, y que ésa fue, según se recoge en el libro de Esther Esteban sobre el director de EL MUNDO, la condición para iniciar unas declaraciones a dicho diario que luego repetirían ante Garzón.

Los políticos no gozan de ningún derecho especial para acusar sin pruebas, un vicio demasiado frecuente en nuestra historia más reciente. Si Cascos las tiene de que González fue el cerebro de los GAL, llévelas al juez; hay sobrados sumarios abiertos en los juzgados para evacuar sus acusaciones. Si no es así, tal declaración es indigna de un vicepresidente del Gobierno. En el mismo sentido, si el PSOE tiene pruebas de que hubo una trama político-períodística detrás de Amedo y Domínguez, sáquela a la luz. Sólo así podrá saberse si se trataba de estimular la colaboración con la justicia o había algo menos confesable.

En medio de todo esto, Pujol ha hecho un enésimo llamamiento a la serenidad al que Cascos ha replicado como suele: González acusó primero. Curioso argumento en boca de un político que colecciona una insuperable antología de invectivas e insultos a sus adversarios políticos. Desde luego, no será discutiendo sobre quién empezó esta última bronca como se conseguirá superarla.

Un Gobierno que no sólo no evita la tensión, sino que la convierte en e e de su estrategia, es un mal Gobierno. Podrá obtener éxitos en su gestión de la economía, pero a la larga acabará generando una amplia desconfianza y perjudicando la estabilidad política; y esa inestabilidad termina afectando también a la economía.

Un día sí y otro también, González no desaprovecha la ocasión para descargar sus iras contra jueces, periodistas u oponentes políticos. Pero todos los ataques del tronante secretario general del PSOE tienen un obvio denominador común: van dirigidos contra personas que han hecho o dicho algo a favor del esclarecimiento del caso GAL.

Felipe González arremetió anteayer desde México contra Álvarez Cascos, al que acusó de prometer cosas a Amedo si implicaba a dirigentes del PSOE en la trama de los GAL. Alfonso Guerra fue ayer más allá: aseguró que personas muy solventes disponen de pruebas materiales de que el ahora vicepresidente intentó persuadir a Amedo para incriminar a González. Y para corroborarlo, como argumento de autoridad, Luis Yañez certificó que pocas dudas pueden caber al respecto, dados los vínculos de Cascos con ‘la extrema derecha y los sectores más involucionistas’ del país.

El vicepresidente calificó de calumnia las palabras de González y le retó a poner las pruebas sobre la mesa. Es justamente lo que deben hacer los dirigentes del PSOE. Porque tirar la piedra y esconder la mano – como ya hizo el secretario socialista al acusar en falso al PP de financiarse con el dinero de Televisa – es una actitud poco ética y que revela el atalante de quien recurre a estos métodos.

Las vagas e inconcretas declaraciones de González se caen por sí mismas, ya que, como el abogado de Amedo recordó, fue el Gobierno socialista el que concedió el tercer grado al ex policía. Y fue el mismo Gobierno el que ingresó cien millones de pesetas en una cuenta en Suiza y el que le gratificaba mensualmente con sobres de fondos reservados, después de haberle utilizado como chivo expiatorio. Para más inri, Amedo se entrevistó con el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, que le recibió en su despacho. Y fue Amedo el que facilitó a este periódico el teléfono del domicilio de Txiki Benegas, con quien negoció la entrega de un maletín lleno de dinero y con quien sigue manteniendo relaciones peligrosas.

Fue el Gobierno de González el que quiso comprar el silencio de Amedo y su compañero Domínguez. La pretensión del secretario del PSOE de reescribir la historia es un patético intento de arrojar una cortina de humo sobre hechos ciertos y contrastados.

González intenta distraer la atención sobre lo esencial – sus responsabilidades en la trama – para focalizar el interés sobre lo accesorio. Da igual cuáles fueran las motivaciones de Amedo, de los jueces, de los periodistas o de los que se han pronunciado sobre el caso: lo que interesa a la Justicia y a los ciudadanos es quienes fueron los promotores y organizadores de la banda que se cobró la vida de 28 personas.

Aunque hubiera sido cierto – que todo indica que no lo es – que Cascos le pidió a Amedo que contara las implicaciones de sus jefes en la trama de los GAL nada habría que reprobarle. Decir la verdad es una obligación, no un delito.

Si todas las declaraciones de González son tan verosímiles como el rotundo anuncio de ayer de que no volverá a optar a la presidencia, mejor haría en aplicarse el sabio refrán de que en boca cerrada no entran moscas.

EN MATERIA de modos democráticos, las buenas promesas que se hacen en la oposición pocas veces resisten la prueba del poder. El PP, tan exigente con las ocultaciones del Gobierno socialista, prometió que gobernaría con un nuevo estilo basado en la transparencia y en la asunción de responsabilidades. A la hora de la verdad se parapeta en los reglamentos y esquiva los focos sin rubor, confirmando que ha tardado poco tiempo en asumir la tendencia al secretismo y a la negación de la información, tan características de los que gobiernan.En 1994, el policía Amedo, condenado por su participación en los GAL, después de establecer contactos a través de su abogado con el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez -siempre en la trama más oscura de las historias-, y con el entonces secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos, hizo una declaración voluntaria ante el juez, en la que cambió sus testimonios anteriores; fue un giro judicial a los asuntos del terrorismo de Estado, cuyas consecuencias se viven hoy en el Tribunal Supremo. Estos contactos no pueden ser considerados irrelevantes. Las nuevas declaraciones de Amedo llevaron ante los tribunales a la cúpula de Interior del primer Gobierno socialista. La denuncia de Luis María Anson, ex director de ABC, de una trama para derribar a Felipe González ha dado relieve e importancia al encuentro de Álvarez Cascos con los representantes de Amedo, con la mediación de Ramírez.

Es legítimo que la oposición pregunte sobre una reunión secreta en la que el hoy vicepresidente pudo haber adquirido compromisos para cuando el PP llegara al Gobierno. Desde que Anson hizo sus revelaciones, Álvarez Cascos ha mantenido un elocuente silencio, que contrasta con su tendencia natural al griterío. El silencio se ha hecho extensivo al Parlamento. El Gobierno ha presionado a las dos Cámaras para que no se atendieran las peticiones de explicación. Los populares apelan a la libertad de reunión y dicen que Cascos no tiene por qué dar cuenta de algo que hizo antes de formar parte del Gobierno. CiU, con su conocida ambigüedad, ha acudido una vez más en apoyo verbal de la oposición, pero ha salvado parlamentariamente al Gobierno. Sin embargo, Molins ha reconocido que era de interés para la Cámara saber si Cascos «tiene algún compromiso adquirido en el pasado». El vicepresidente no puede rehuir esta cuestión. Amedo cambió de rumbo; no es absurdo sospechar que recibiera alguna promesa o insinuación.

Dos cosas están claras: que la reunión entre Cascos y el abogado de Amedo (con Ramírez en medio) existió -el vicepresidente ya lo ha aceptado implícitamente y que el PP ha olvidado rápidamente sus buenos deseos de transparencia y de no obstrucción parlamentaria a la oposición. Aznar no parece tener otros argumentos -tampoco en este asunto- que acusar al PSOE de inventarse. »fantasmas todos los días», como afirmó ayer en el Congreso ante la nueva petición de aclaraciones hecha por la oposición, o calificar de «colosal estupidez» los indicios de conspiración. Mientras, Cascos, antaño fustigador de los silencios socialistas, se parapeta en un vergonzante «no sabe, no contesta».

FELIPE GONZÁLEZ dijo el jueves algo que los periodistas interpretaron como la revelación de que el abogado de Amedo había sostenido una entrevista -el 11 de mayo de 1997- con Álvarez Cascos y Pedro J. Ramírez. Éstos lo negaron con tal énfasis que al histriónico portavoz del Gobierno se le fue la mano al suministrar unos papeles para demostrar que Cascos estuvo ese día de pesca y facilitó los nombres y los números de placa de los escoltas del vicepresidente. Tamaño desafuero de seguridad originó una áspera protesta. González había precisado antes que no había habla do de una reunión. Su frase exacta fue que Cascos y Ramírez habían «repetido la faena». Ese 11 de mayo de 1997 se produjo una conversación telefónica entre Ramírez y el ex policía Amedo, en la que se menciona al «número dos» -que el contexto permite identificar como una referencia a Cascos-, que ya era el segundo en el Gobierno. De esa conversación existe una graba ción y su transcripción ha sido publicada. Ramírez desmintió que hubiera habido una segunda reunión, pero no negó que se hubiera producido una conversación telefónica con Amedo en la que éste habló de incumplimiento por parte del número dos. De lo que se trata jus tamente es de saber si hubo promesas de indulto a Amedo para que testificara en determinado sentido. Que Cascos estuviera pescando ese día prueba seguramente que no hubo tal reunión a tres, pero no desmiente la conversación Ramírez-Amedo.

Cuando ayer preguntaron al director de El Mundo si había hablado de indultos, dijo que no quería entrar en ese asunto. Sin embargo, ése es el asunto. Cada vez que sale este tema, Cascos y Ramírez coinciden en que lo único relevante son los crímenes de los GAL y que todo lo demás es una cortina de humo. Siempre hemos sido partidarios de que la justicia sancione los crímenes de los GAL, pero también de que se aclare su manipulación política. Estuvimos contra la guerra sucia antes, durante y después de la aparición de los GAL, incluso cuando Ramírez jaleaba desde Diario 16 al Ministerio del Interior de Barrionuevo. Pero también estamos contra las conspiraciones destinadas a derribar Gobiernos por medios diferentes a las urnas.

Lo que se dilucida ahora no es precisamente irrelevante, porque no lo es que la decisión de Amedo y Domínguez de modificar su declaración inicial para acusar a dirigentes socialistas esté condicionada por promesas de indulto, se hayan verificado o no. De la transcripción de esa segunda conversación, la de mayo de 1997, parece deducirse que el número dos condiciona eventuales favores a la vuelta de Amedo al «camino recto», es decir, al de la acusación a la cúspide socialista. Uno de los motivos para entender que se intentó instrumentalizar los GAL para derribar a González es que algunas personas se resisten a dejar de hacerlo incluso ahora que están en el Gobierno. Basta ver quiénes jalean la chulesca comparecencia de Cascos en el Parlamento para deducir cuál es su papel en el deterioro al que asistimos. Pero también González se equivocó gravemente al llamarle «perro rabioso».