Fracasa CABLEVISION, el intento de PRISA de sacar televisión por cable usando el cable de Telefónica

La alianza entre Telefónica y Canal + para hacer televisión por cable ha desatado una virulenta reacción por parte de los competidores o aspirantes a entrar en ese mercado, y ha motivado, también, que José María Aznar solicitara mayores aclaraciones. Hay que decir que tanto Telefónica como Canal + han aportado bastante información, y por diferentes vías, en las últimas horas, pero quizá no venga mal recordarla, pues es obvio que no todo el mundo parece haberse enterado. Telefónica y Canal + constituyeron, hace tres años, una compañía de televisión por cable llamada Cablevisión. Desde julio de 1992 hasta ahora, dicha sociedad ha permanecido inactiva debido a la ausencia de un marco legal que permitiera la actividad para la que fue creada. Pero ese vacío en las leyes no ha impedido, durante ese tiempo, a un buen número de empresas, pequeñas y grandes, llevar a cabo operaciones comerciales de cable en muchos puntos de España. Municipios y comunidades autónomas se han lanzado también a esa carrera, y el Ayuntamiento de Barcelona llegó a firmar un acuerdo con US West, una de las operadoras telefónicas en Estados Unidos y primer accionista del grupo Time Warner, para cablear la capital catalana. Ante esa situación, los accionistas de Cablevisión decidieron reactivar la compañía, lo que ha sido posible una vez que el Gobierno comunicara a Telefónica que la doctrina del Tribunal Constitucional también la amparaba a ella si quería emprender una operación de cable.

No hay nada oscuro en todo esto, y son evidentes las ventajas que para los usuarios supone el acuerdo. Telefónica puede ofrecer un servicio casi universal, y Canal + es la primera empresa española en televisión de pago, con un volumen de operaciones Considerable y una experiencia en este sector muy superior a la de cualquier otra compañía en nuestro país. Telefónica ha insistido en que su red estará abierta a otros operadores -naturalmente, en las condiciones comerciales adecuadas-, y se ha dicho hasta la saciedad que Cablevisión incorporará a, socios terceros, lo mismo que las operadoras locales que se constituirán en cada demarcación.

Algunos, como los miembros de la Asociación de Empresas de Cable (Aesdica), han entendido bien la situación cuando expresan su deseo de incorporarse a esas operadoras. O como Televisión Española, cuando por boca de su director general anuncia negociaciones a fin de incorporarse al sistema. Un proyecto de cable demanda sin duda muchas colaboraciones, ayudas y alianzas, y no puede plantearse como algo excluyente.

Sin embargo, también habrá otras redes, y no sólo otros operadores compitiendo dentro de la misma red. De modo que es lógico que los aspirantes a crear sus propios sistemas no vean con agrado los éxitos ajenos. Ello no les autoriza, en cualquier caso, a recurrir a la desinformación y a la injuria como medio de combatir a sus competidores.

Antena 3 Televisión, por ejemplo, ha empleado la fórmula inédita de emitir un editorial escrito sobre su pantalla, que luego reprodujeron, bajo consigna, los otros medios del grupo Asensio. Entre las cosas que ocultaba el artículo estaba el hecho significativo de que la propia Antena 3 había firmado acuerdos sectoriales y territoriales con Telefónica, y había ofertado incluso un pacto similar al obtenido por Canal +. Similar, salvo en importantes aspectos. Antena3 Televisión es una buena cadena generalista, pero carece de experiencia en el sector de pago. Por otra parte, sus finanzas no son las mejores para garantizar la solidez de nuevas aventuras. Finalmente, acaba de introducir en su accionariado a una empresa pública como ENDESA, que ha declarado su vocación y deseo de entrar en el mundo de las telecomunicaciones, o sea, de competir con Telefónica. Razones bastantes para que ésta no haya entrado al trapo.

Pero no sólo los competidores han expresado su malestar. El coro periodístico formado por los comentaristas del diario El Mundo y la cadena de radio de los obispos se ha sumado a las lamentaciones, reiterando machaconamente los infundios y ataques contra PRISA, su grupo de empresas, su presidente y sus profesionales. Entre los estereotipos que usan con singular perseverancia está el de que los éxitos empresariales de EL PAÍS y su sociedad editora se deben a los favores del poder. Sin duda es el Gobierno el que obliga a nuestros lectores a leemos, a los oyentes de la SER a escucharla o a los abonados a Canal + a pagar su suscripción. Ahora llegan a decir que las subidas futuras en las tarifas telefónicas servirán para construir las infraestructuras necesarias para Canal +. Y no se paran en barras a la hora de tratar de diseñar, con total desfachatez, un panorama según el cual la verdad y la honradez son de su exclusivo patrimonio, en un ejercicio de verdadero fascismo intelectual: el que desprecia las razones y utiliza los adjetivos como puños.

Demasiadas veces hemos dicho ya que los lectores y usuarios de los medios merecen estar al margen de estas batallas comerciales y periodísticas.

Demasiadas veces hemos insistido en que no recurriremos a los mismos métodos que nuestros sedicentes colegas en su carrera por vender más o tener mayor éxito. Pero la situación que comentamos pone de relieve que la ruptura del consenso social que toda convivencia exige es cada vez más evidente en nuestro país. Ha sido motivada por los errores del Gobierno, alimentada por los partidos de oposición y agitada por los medios a los que nos referimos. Restaurar ese consenso es, sin embargo, imprescindible: sin respeto a unas reglas de juego no es posible el ejercicio de la libertad.

Las unánimes críticas al impresentable acuerdo entre Prisa y Telefónica han hecho perder los nervios a EL PAÍS. Sólo así se explica el editorial de ayer del periódico de Polanco que, incapaz de aportar racionalidad alguna, reprocha a EL MUNDO utilizar «los adjetivos como puños» tras llamarnos «fascistas intelectuales» en la línea anterior.

No necesitamos descalificar a nuestros colegas para exponer las razones por las que consideramos que el pacto entre Prisa y Telefónica es un favor ilegal del poder, que vulnera las leyes de la libre competencia. He aquí algunos argumentos:

1) Telefónica es una empresa estatal que ejerce la concesión de un servicio público en régimen de monopolio. Sería legítimo e inobjetable un acuerdo con Canal Plus para transportar la señal, pero no una asociación empresarial con lazos de capital.

2) La red de Telefónica es la principal baza comercial de Cablevisión, la sociedad creada con Prisa, que explotará de forma privilegiada una infraestructura financiada por todos los españoles a través de las tarifas telefónicas. Es como si se concediese a Prisa el derecho a cobrar el peaje de todas las autopistas nacionales.

3) El acuerdo se produce aprovechándose de un vacío legal. El borrador de la futura ley de la TV por cable obliga a Telefónica -ahora juez y parte- a mantener la neutralidad, facilitando el acceso a su red en igualdad de condiciones.

4) El pacto vulnera las leyes de la libre competencia, ya que Cablevisión va a disponer de una red capaz de llegar a siete millones de personas sin prácticamente competidor alguno.

5) La combinación del peso tecnológico y comercial de Telefónica y la singular posición en el mercado de la TV de pago de Canal Plus permite suponer que Cablevisión se hará también a largo plazo con un porcentaje sustancial del mercado.

6) Ni en EEUU ni en Europa existen precedentes de un acuerdo similar. Hay leyes antimonopolio que impiden a las compañías telefónicas ejercer el doble e incompatible papel de transmisoras de la señal y explotadoras del servicio.

7) El País señala que Cablevisión está abierta a la incorporación de otros socios. Sí, en las condiciones que marque Prisa y tomando un 2% o un 3% del capital, como meros comparsas.

El periódico de Polanco asegura que las críticas a sus éxitos empresariales son arbitrarias. ¿Acaso Canal Plus no es una concesión administrativa y muy polémica, por cierto? ¿No fue el Gobierno el que autorizó la compra de la SER, luego vendió su participación a Prisa y, más tarde, permitió la absorción de Antena 3? ¿Es falso que las empresas de Polanco hayan tenido un trato privilegiado en Focoex? ¿No ha gozado El País de publicidad institucional y filtraciones del poder como recompensa a su línea progubernamental? No hace falta recurrir al insulto para saber dónde está cada uno. EL MUNDO es simplemente un periódico, sin intereses en la TV, la radio, las telecomunicaciones o el cable. No tenemos nada que ganar al denunciar un acuerdo que supone un paso más en la concentración de medios y en el empobrecimiento del panorama informativo.

La cadena autonómica Telemadrid, la empresa editora del periódico ABC (Prensa Española), la compañía eléctrica Iberdrola y la entidad bancaria Cajamadrid se unirán a la alianza formada por Telefónica y Canal Plus para la explotación de la televisión por cable en la Comunidad de Madrid. Estas empresas participarán en el accionariado de Cablevisión Madrid, según confirmó ayer Telefónica.

De esta manera, dos entidades controladas directa o indirectamente por el Gobierno regional madrileño -como son Telemadrid y Cajamadrid- se incorporan a la gran apuesta de Telefónica y el Grupo Prisa para la television por cable. Si bien, Telefónica asegura que no se ha cerrado aún la participación de Cajamadrid.

Por otra parte, fuentes próximas a Prensa Española aseguran que la influencia del presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido decisiva para incluir a ABC en la operación. Ese periódico ha criticado reiteradamente el acuerdo alcanzado entre Telefónica y el Grupo Prisa, presidido por Jesús de Polanco, en el cable.

En medios políticos ha causado sorpresa que Ruiz-Gallardón -a través de su control sobre Telemadrid y Cajamadrid, así como de su participación para la entrada de ABC- se haya implicado en esta operación, teniendo en cuenta las objeciones de principio realizadas por su partido al acuerdo entre Telefónica y el Grupo Prisa. El PP criticó esa alianza en la medida en que se destinaba al servicio de intereses privados una infraestructura pública como la de Telefónica, sin que mediara concurso alguno.

En tales medios se asegura que, con esta iniciativa, Ruiz-Gallardón vacía de autoridad moral la posición adoptada por la dirección del PP, a través de su director de comunicación, Miguel Angel Rodríguez.

Según ha podido saber este periódico, Cablevisión Madrid tendrá la siguiente composición: Telefónica (51%), Canal Plus (10%), Telemadrid (10%), Cajamadrid (10%), Prensa Española (10%) e Iberdrola (9%). Sin embargo, la compañía madrileña dependerá directamente del Grupo Prisa, a cargo de la gestión de la sociedad Cablevisión que controla todas las filiales.

La Ley de Telecomunicaciones por Cable, aprobada el pasado mes de diciembre, concede un título habilitante a Telefónica para operar en todas las demarcaciones del país. Aunque obliga a la compañía a detentar la mayoría del capital en todas las sociedades regionales que exploten la televisión por cable.

En cuanto a la incorporación de Telemadrid, hasta ayer el Consejo de Administración de la cadena no había sido consultado sobre esta decisión. Está previsto que mañana se informe a los consejeros sobre la operación.

La dirección de Telemadrid prefirió no comentar la medida hasta el anuncio oficial, previsto para el próximo viernes.

Las autoridades europeas que velan por la libertad del mercado y el derecho a competir en igualdad de condiciones han abierto un expediente sobre el acuerdo de Cablevisión, el pacto entre CANAL PLUS (empresa de Jesús Polanco y el grupo del diario EL PAÍS) y la compañía Telefónica, para determinar si es correcto o no. Otra empresa de nuestro país, ANTENA 3 TV (liderada por Antonio Asensio, editor del Grupo Zeta) había presentado una queja internacional contra ese acuerdo. Su argumento es que resulta discriminatorio que el soporte técnico público español de los futuros enlaces por cable no sea neutral respecto a todas las compañías programadoras y se asocie con una de ellas.

El expediente de la Comisión Europea no es el único problema legal de Cablevisión. El tribunal español de Defensa de la Competencia debe pronunciarse antes de finales de febrero sobre este tema. Lo que está en juego son las reglas de una competencia justa. Para ANTENA 3 TV, el pacto de Cablevisión supone una concentración empresarial que pone a las comunicaciones por cable en un riesgo de monopolio.

El Partido Popular respalda esta postura. Considera que el Gobierno socialista incurrió en un trato a favor al aceptar que Telefónica se aliase con CANAL PLUS y no sea un operador neutral respecto a todas las compañías interesadas en difundir programas a través del cable. Aznar dice que replanteará le tema, para que haya verdadera igualdad de oportunidades entre todas las empresas españolas optantes, si llega al Gobierno.

Ante esa situación, varias entidades que tenían previsto entrar a formar parte de Cablevisión han decidido aplazar cautelarmente su decisión. Ésa ha sido la prudente actitud de TELEMADRID, Iberdrola, Caja Madrid y Prensa Española, la empresa editora del diario ABC.

PRISA, SOCIEDAD holding propietaria al 100% de la empresa editora de EL PAíS, firmó en julio de este año, a través de su participada Canal +, un acuerdo con la Compañía Telefónica a fin de operar conjuntamente en el cable. Este contrato ha generado una oleada de reacciones y un debate de proporciones considerables entre representantes del sector y la vida política. Independientemente de sus vinculaciones societarias, EL PAÍS estima que las cuestiones planteadas encierran una gran trascendencia, y merecen una discusión abierta en función de los intereses generales de los ciudadanos.La polémica desatada en torno a la ley del cable, y los concursos convocados al respecto por varios Ayuntamientos del PP, es un buen ejemplo de cómo el clientelismo político y la ignorancia pueden aliarse contra los intereses generales de la ciudadanía. Ésta asiste, así, a una batalla campal entre los diversos partidos sin entender muy bien de qué se trata, pero asumiendo dos mensajes radicalmente falsos en su planteamiento: el primero, que el debate gira, primordial o exclusivamente, en torno al futuro, de la televisión por cable. El segundo, que se trata de proteger los intereses de los inversores pequeños frente a los de las grandes corporaciones.

Los proyectos para dotar a nuestro país de una o varias redes de comunicaciones en banda ancha, capaces de transportar un gran número de señales y de servir como soporte a las comunicaciones avanzadas y a los servicios telemáticos y audiovisuales del futuro, responden a la necesidad de modernizar nuestras infraestructuras en las telecomunicaciones si queremos contar con un instrumento vital en los planes de desarrollo. A ello hay que añadir la decisión de liberalizar el mercado de la telefonía básica a partir de 1998, en regla con lo recomendado por la Comisión de Bruselas.

La implantación de dichas redes digitales -construidas en alto porcentaje con fibra óptica y que necesitan además apoyarse en los satélites de comunicaciones- supone unas inversiones costosísimas, rentables sólo a muy largo plazo. Los ingresos posibles provenientes de las televisiones de pago que operen a través de estas redes no bastarán, en ningún caso, para amortizarlas. El teléfono, el fax, la transmisión de datos, los servicios interactivos de valor añadido, permitirán, en cambio, un volumen de facturación suficiente que justifique la rentabilidad de los proyectos, aunque siempre a largo plazo.

La pérdida del monopolio por parte de Telefónica, a partir de la fecha citada, permite suponer que una parte de su actual negocio -algunos creen que hasta un 20%- podrá migrar a medio plazo a operadores alternativos. La desregulación de las comunicaciones en los países occidentales. y los enormes recursos financieros que generan las compañías telefónicas de todo el mundo permiten a éstas la búsqueda de mercados adicionales. España es, además, una puerta posible para el ingreso de las operadoras norteamericanas en la Unión Europea.

Falta de sentido común

Una cuestión de esta naturaleza debería haber merecido un tratamiento mejor por parte de los partidos políticos y los medios de comunicación. El Gobierno socialista ha tardado varios años en ponerse de acuerdo con algunos partidos de la oposición sobre cuestiones mínimamente necesarias a la hora de ordenar el mercado de las telecomunicaciones. La fronda de leyes diferentes emanadas a este respecto por los diversos Gabinetes de González pone de relieve una falta de sentido común y de información muy preocupante, sólo comparable a la ignorancia enarbolada a última hora por diputados de otros partidos y por los alcaldes del PP.Cuando se habla de liberalizar el mercado, en realidad lo que se pretende, en todos los países donde reinaba el monopolio, es dar entrada a otro u otros grandes operadores que permitan, mediante la competencia, mejorar la política de precios y las prestaciones y servicios al consumidor. En una palabra, una mayor eficiencia y un menor abuso a los clientes. Pero es necesario conjugar esa política con la garantía de universalización del servicio para todos los ciudadanos, cualquiera que sea su condición social o su ubicación geográfica.

Los nuevos operadores que acudan a un mercado como el español tratarán de concentrar su negocio allí donde el tráfico de la red es más rentable: en las zonas industriales y de servicios en las que se hallen asentadas las grandes compañías e instituciones financieras, que son las que proveen de un mayor flujo a la red. La intervención del Estado debe servir para garantizar que las áreas más depauperadas del país -o de cada ciudad- no son desatendidas y que un tipo de servicio universal mínimo es garantizado a todos los contribuyentes. Por eso la limitación que la ley en curso -pendiente de aprobación por el Senado- establece en el sentido de que los operadores de cable sólo puedan acceder a un millón y medio de usuarios atenta contra los intereses de los sectores más débiles y empobrecidos de la población.

Harán bien los grupos parlamentarios en eliminar una cautela semejante, que tampoco será útil en el caso de la televisión por cable, pues igualmente eliminará del disfrute de servicios cinematográficos o deportivos a un gran número de ciudadanos, encareciendo, por lo demás, el precio a aquellos que estén abonados. La limitación citada resulta discriminatoria, pero es apoyada, paradójicamente, por los partidos de izquierda en nombre de la lucha contra la concentración de medios de comunicación. Sin embargo, lejos de evitarla, contribuirá a aumentar esa concentración y a que se manifieste no sólo en la propiedad de los medios, sino también en la composición de los grupos de usuarios. En realidad, estas disfunciones se producen en gran parte debido a la precipitación con que la ley se ha consensuado. Que una norma legal de esas características se tramite por procedimiento de urgencia parece del todo improcedente.

La desorientación que la ley sugiere no es nada, sin embargo, si la comparamos con la rebelión que los Ayuntamientos del PP se han decidido a protagonizar. En primer lugar, llama la atención que un partido que no cesa de repetir que su mejor y mayor programa es el cumplimiento de la ley se ponga a vulnerar ésta de tantas y tan obvias maneras. Los Ayuntamientos no tienen atribuciones ni sobre las comunicaciones ni sobre la televisión, los concursos que convocan son ilegales, y no resistirán el menor empellón jurídico de cuantos se sientan perjudicados por ellos.

En segundo lugar, es lamentable que un partido que se apresta a gobernar el país se atreva a producir una confusión tan grave en un terreno de crucial importancia como el de las telecomunicaciones. El futuro de nuestras empresas, de nuestra economía, de nuestra salud y de nuestra educación depende en gran medida de cómo se desarrollen los planes para dotar a España de infraestructuras de banda ancha para las comunicaciones. Quién, cuándo, cómo y para que se debe cablear son cuestiones delicadas y sustanciales que merecen un debate serio, y no tanto ruido y confusión.