Transfuguismo: Fracasa el intento del PSOE de ‘arrebatar’ al CDS dos concejales en el ayuntamiento de Madrid, Javier Soto y Parrondo

El desembarco en la mayoría socialista que gobierna el Ayuntamiento de Madrid de dos concejales del Centro Democrático y Social (CDS) es, por ahora, el último episodio de una casi constante serie de fugas de representantes públicos de un partido a otro, en lo que supone, sin duda, un manifiesto fraude a la voluntad expresada por los electores en las urnas. Sin embargo, hay que decir que no es el CDS, el partido que ahora protesta airado por lo que considera una maniobra de acoso, el más cargado de razón para denunciar los hechos. En realidad, el grupo que lidera el ex presidente Suárez es, en una medida no desdeñable, una amalgama de tránsfugas de otros partidos que también vendieron las intenciones del electorado. Los airados dirigentes del CDS no han hecho, que se sepa, ningún asco al aluvión procedente de otras formaciones políticas que ha ido engrosando su grupo parlamentario desde las elecciones de 1986. Al margen de las protestas de turno, la realidad es que el encorsetamiento del actual sistema electoral -listas cerradas y bloqueadas y unos reglamentos que anulan la iniciativa política de diputados y concejales- consagra el predominio de los intereses de las ejecutivas de los partidos sobre los de sus representantes y en consecuencia, sobre los de los electores. De forma que ha ido tomando cuerpo una cierta degeneración del sistema de representación política que supone, también en alguna medida, un engaño a los electores, cuyos intereses son defendidos por sus representantes sólo en la medida en que ello esté de acuerdo con las previsiones de los estados mayores de los partidos. Reducida de esta forma la capacidad de iniciativa personal de los elegidos y sus posibilidades de discrepancia, no es extraño que ésta se exprese con frecuencia en el abandono del grupo correspondiente.

Pero, con todo, esta práctica política viciada plantea un problema institucional grave porque, mientras el sistema electoral español no cambie, los elegidos lo son en tanto que miembros de un partido, y es más que dudoso que puedan disponer a su libre albedrío, justificadamente o no, de esa representación. La extensión de esa práctica, si fuera aceptada acríticamente como algo normal, puede convertirse en campo abonado para la corrupción política. Porque sería muy difícil, cuando no arbitrario, determinar en cada momento si el trasvase en cuestión obedece a consideraciones de sana política o a las expectativas de cargos y prebendas no obtenidas en el propio grupo. Recuérdese, si no, lo ocurrido tras las elecciones autonómicas gallegas de 1985.

No parece, sin embargo, que éste haya sido el caso de los dos concejales madrileños del CDS. En la decisión dé éstos tiene mucho que ver la errática trayectoria de un grupo bisagra más empeñado en amenazar al equipo de gobierno con una jamás sustanciada moción de censura que en instrumentar una política positiva capaz de compatibilizar la defensa de su programa con la gobernabilidad del Ayuntamiento. La operación política consumada en Madrid vuelve a poner de relieve las carencias de un sistema cuya reforma es cada vez más urgente acometer.

Con la dimisión de Javier Soto y la vuelta al CDS de Manuel Martínez Parrondo, los concejales ‘fugados’ del grupo suarista, la situación en el Ayuntamiento de Madrid recupera en cierto modo el equilibrio perdido. No obstante, lo ocurrido es lamentable, como lo es también que Soto, el concejal dimisionario, explique su actitud como consecuencia de los ataques recibidos en los medios de comunicación «que ponían en duda su honestidad». Naturalmente que la han puesto en duda, pues el primer imperativo de un cargo público es ser fiel a sus electores. En cuanto a Parrondo esos movimientos de ida y vuelta no dejan de ser algo esperpénticos. El CDS debe aprender la lección: la retórica de la indefinición sólo conduce a estas situaciones. O se gobierna con los socialistas, o no se gobierna. Y si no se gobierna, entonces hay que hacerlo hasta las últimas consecuencias.

La marcha de Javier Soto del Ayuntamiento de Madrid se ha producido en medio de una fuerte campaña de amenazas y rumores malintencionados que se desató nada más conocerse la noticia del paso del concejal centrista al PSOE, según fuentes próximas a este político. Las llamadas telefónicas tildándole de traidor o ladrón han sido quizá el aspecto más suave de una ola de descalificaciones en la que se le ha vinculado sentimentalmente con una mujer socialista que ocupa un puesto de responsabilidad y en la que se ha llegado a asegurar que la Junta de Extremadura, en manos del PSOE, iba a «agradecer» el trasvase del concejal a las filas de Barranco con la compra de una finca de su propiedad en Cáceres.

La misiva enviada por Soto a Barranco en la mañana del lunes, en la que le anunciaba la dimisión y le informaba de la incompresión de ciertos políticos y medios de opinión hacia su honorabilidad, no traslucía la situación creada desde el mismo momento en que anunció su trasvase político. Soto habló el lunes de amenazas, de insultos y de acusaciones gratuitas, pero sin precisar el tipo de las mismas. Ayer reiteró, en distintos medios, que las opiniones sobre su decisión habían ido «mucho más lejos de lo humanamente admisible». Soto habló de infamias, suposiciones sobre prebendas y referencias a situaciones persona les o profesionales. El político niega cualquier veracidad a las acusaciones. Según dijo al dimitir, esperaba críticas, pero no un ataque en toda regla.Este ataque, según ha podido saber El PAÍS, se ha elaborado a partir de datos reales, algunos de ellos muy privados y a los que sólo tenían acceso un número limitado de personas de su entorno. Por ejemplo, casi nadie conocía que Soto llevaba un mes separado de su esposa o que hace tres años compró con créditos aún no amortizados la finca El Pinar, de 1.600 hectáreas, en Cañamero (Cáceres).

La acusación de que el concejal había sido comprado fue el primero de los rumores que circuló para explicar su abandono del CDS, y no faltó quien dijo que se había llevado una maleta con 50 millones.

El aspecto familiar también fue «tocado». La reciente separación matrimonial de Soto fue comentada a los periodistas por algunos políticos, quienes dejaron entrever unas supuestas relaciones sentimentales del mismo con una mujer que ocupa un cargo en la administración socialista.

Javier Soto pagó, mediante créditos, unos 120 millones de pesetas por la finca de Extremadura, según informa desde Cáceres Pedro Jara. La finca está gestionada por la sociedad Javier Soto Carmona SA, en la que el concejal y su esposa figuran como los mayores accionistas. El anuncio de cambio de grupo político hizo circular muy pronto las condiciones financieras de esta compra e incluso se dió como segura una operación de reventa de la misma a la Junta de Extremadura. El control socialista de este gobierno autónomo permitiría, según esta versión, «agradecer» el gesto de Soto y resolver su situación económica, enfrentado a un proceso de separación matrimonial.

El último aspecto incluido en los rumores ha sido el referido a su actividad profesional. Se ha llegado a afirmar que en el bufete que tiene este político se han tramitado licencias para desarrollar actividades en el término municipal de Madrid. Javier Soto, meses atrás, declaró que en su despacho no se hacía cargo de temas relacionados con el Ayuntamiento.

Todas estas descalificaciones han sido acompañadas de una amenaza de bomba, anuncios de palizas y llamadas a los hijos de Soto para lanzarle, anónimamente, insultos. Soto resumía lo ocurrido el pasado lunes: «Han ganado la partida los que se dedican a envilecer e injuriar. Me voy a casa».

Como ya conoce la opinión pública, en el corto espacio de cinco días adopté, como concejal del Ayuntamiento de Madrid, dos decisiones:La primera consistió en integrarme en el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Madrid, en la creencia de que era objetiva e institucionalmente necesario para asegurar la estabilidad y gobernabilidad de la ciudad, y en particular teniendo en cuenta los proyectos y realizaciones pendientes de cara a la apuesta de 1992. Las condiciones de la integración eran:

a) Mantenía mi identidad política propia, es decir, no me hacía socialista, sino que era concejal «independiente».

b) No me integraba en el grupo mixto (lo que hubiera permitido un mercantilismo con el voto), sino que lo hacía en el equipo de Gobierno a efectos, precisamente, de conseguir la estabilidad en la gobernabilidad.

c) Personalmente renunciaba a cualquier retribución que me -correspondiera por asumir la responsabilidad que se conviniera, que previsiblemente iba a ser el área de Seguridad y Policía Municipal y la segunda tenencia de Alcaldía.

Segunda decisión

La segunda decisión, adoptada el lunes, consistió en dimitir de mi acta de concejal porque no estaba dispuesto a admitir ni a tolerar que ciertos políticos y ciertos medios de opinión pusieran en duda mi incuestionable honorabilidad.

Dije entonces que las opiniones de algunos medios de opinión y de algunos políticos han ido mucho más lejos de lo humanamente admisible. No se trata ya de la amenaza vil de una bomba o de una paliza, que las ha habido. Se trata de la infamia contra la honorabilidad de la persona; de suponer gratuitamente y sin fundamento alguno que ha -existido precio o prebenda por medio; de referirse despiadadamente a situaciones personales o profesionales supuestamente irregulares, manchándolo y desconociéndolo todo; de la vileza y los insultos más degradantes hechos contra mis hijos, mis amigos y a mí mismo por teléfono y sin defensa; de la mala gracia y del mal sentido.

A partir de aquí, no deseaba aparecer otra vez en los medios de comunicación. Hubiera preferido dejar cerrado el capítulo. Pero los datos e informaciones sobre mi vida privada puestos por ciertas personas en relación con mis decisiones políticas me obligan, con la serenidad que da el contar con la verdad, a dar a la opinión pública las necesarias explicaciones.

Soy una persona humana políticamente normal. Nada han tenido que ver las decisiones políticas con mi situación personal y patrimonial. Los que en malintencionada clave política han utilizado estos datos con la técnica conocida de las medias verdades y la estrategia de oído a oído son indignos políticos y pobres personas. Lo preocupante es que ocupen o puedan ocupar puestos de responsabilidad en la vida pública o en algún partido. La sociedad no se merece estos personajes.

Utilización política

La situación matrimonial de una persona no puede ser utilizada con fines políticos y para su desprestigio. Muchas parejas pueden separarse, e incluso en algunos casos es recomendable. No veo descrédito alguno. Ha habido mala intención en usar ese dato contra mí.

La célebre finca de Cáceres se adquirió antes de ser concejal y, en efecto, parcialmente mediante un crédito hipotecario qué posteriormente se renovó y dividió y que, por supuesto, se está pagando escrupulosamente. Nunca he recibido aval de político alguno para un crédito. No he tenido jamás contacto con la Junta de Extremadura a estos fines ni mayores dificultades económicas de las normales para poner una explotación ganadera en marcha. Ahora mismo, la situación es de normalidad, y la finca constituye, a mi juicio, un modelo en su género. Jamás dejé de cumplir mis compromisos económicos, Naturalmente que gente mala puede decir que debo dinero, callándose que pago religiosamente. Es otra perversidad.

Lo de mi despacho profesional es una calumnia. No he llevado ni llevo desde mi estudio en Madrid y durante mi etapa de concejal ningún asunto que tenga que ver con el Ayuntamiento. Me importa mucho mi credibilidad como abogado, como político que fui y como persona.

Lo de mis relaciones sentimentales con una mujer socialista importante no merece ni contestación. No pregunto a las mujeres a qué partido pertenecen ni creo que esté prohibido amar a las socialistas. En todo caso, es otra media verdad que ha de provenir de personas incapaces de distinguir los distintos valores humanos, previsiblemente debido a sus íntimas impotencias de todo género.

Afirmación burda

El dato de la maleta de 50 millones es una afirmación burda. Por un millón de dólares no hubiera dejado nunca CDS. Por Madrid, gratis, sí. Por tanto, no se corresponde ni la cantidad ni las intenciones. En definitiva, se demuestra el grado de inteligencia de los intoxicadores.

Y esto es todo: normalidad en el contenido, infamia y vileza en su uso y utilización política. Me voy de la concejalía y de la política harto de la miseria de algunos, pero satisfecho de haber conocido a personas como Juan Barranco, con el que simplemente compartimos honestas reflexiones en común sobre lo mejor para Madrid y los madrileños. Aquellos políticos que ponen a todo el mundo bajo sospecha han evidenciado su propia pequeñez, y bueno será ir pensando en echarlos de la vida pública. Todo llegará.

Javier Soto, el concejal tránsfuga del CDS que no acabó aterrizando en el PSOE, se ha despedido matando o intentando matar durante el último Pleno del Ayuntamiento de Madrid. En el fondo, su postura ha consistido en justificar los cambios de casacas dentro de la esfera política. Su caso ofrecía y ofrece alguna singularidad, porque el señor Soto debía conocer el grado de aproximación que se estaba operando entre su ex partido y el Partido Popular de Fraga. Elegir ese momento para dar el salto al PSOE, aunque fuese como concejal independiente, parece traslucir un objetivo político todavía oscuro. ¿Ambición? ¿Intereses personales? La defensa del transfuguismo que otros llaman transformismo, tiene difícil explicación en un hombre inteligente y capaz como es el señor Soto. Hay derecho a cambiar de opinión y a abandonar posiciones políticas para pasar a otras, siempre que ese proceso responda a una maduración y no a los estímulos de una determinada coyuntura. Cierto que el ya ex concejal podía sentirse desalentado por el grado de indefinición o indecisión que Adolfo Suárez había aplicado al comportamiento de su partido. Pero que ese desaliento se manifestase cuando, de alguna manera, se adivinaba el acercamiento de posiciones entre conservadores y centristas no deja de resultar sospechoso. Precisamente se estaba en víspera del adiós a la indefinición política suarista en el concreto terreno del ayuntamiento de Madrid.

En su afán de defensa, explicación o justificación, Javier Soto ha intentando descalificar a los principales dirigentes centristas – Adolfo Suárez y Agustín Rodríguez Sahagún – por haber practicado antes que él mismo un determinado transfuguismo o cambio de chaqueta. El argumento no podía ser más forzado.

Cuando los señores Suárez y Sahagún abandonaron UCD – que es el partido al que Soto se refería en su última perorata edilicia – la Unión de Centro Democrático era ya un difunto político. No eran los actuales dirigentes del CDS los que abandonaban, en rigor, un partido, sino que personalmente habían sido precisamente ellos los abandonados y traicionados desde el interior de la formación que contribuyeron a organizar.

La salida de estos dirigentes del barco que habían minado no pocos centristas ilustres se hizo desde el asco a ciertas perfidias y no desde la ambición por situarse en otro partido preexistente más confortable. Realmente lo suyo fue una apuesta por la aventura que entonces empezó a llamarse – y todavía se llama – CDS. Era como abandonar una empresa ruinosa para crear otra con mayor coherencia interna y mejores perspectivas para la cuenta de resultados. Eso es muy distinto del transfuguismo. Por Suárez y Sahagún nadie apostaba entonces una peseta.

Cierto que luego cuando el CDS alcanzó o adquirió capacidad de desenvolvimiento, Adolfo Suárez se entregó peligrosamente a su viejo vicio de aislarse y cultivar la ambigüedad. Pero nunca una ambigüedad mayor que la del PSOE en el terreno de las grandes decisiones políticas. La opción del señor Soto por un partido más definido o menos oscuro en sus determinaciones sólo podía encontrar un amparo muy precario a la hora de los argumentos. La elección – siquiera momentánea o fugaz – del PSOE significaba para Soto, desde el punto de vista de la ubicación, el cambio de una organización personalista y quizá arbitraria por otra que no le va muy a la zaga.

Una finca en Extremadura y su situación familiar han sido utilizadas contra Soto era el título de una crónica (20 de abril) sobre la «fuerte campaña de amenazas y rumores malintencionados que se desató nada más conocerse la noticia del paso del concejal centrista [del Ayuntamiento de Madrid] al PSOE».Entre los rumores lanzados contra Javier Soto recogidos en la información estaba el referido a una finca de Extremadura gestionada por la sociedad Javier Soto Carmona, SA, de la que el concejal y su esposa son los mayores accionistas. El rumor era que Soto había vendido la finca a la Junta de Extremadura.

La Junta se apresura a puntualizar, para que no quepa duda: esa posible compra es un infundio y no existe relación alguna de la Consejería de Agricultura con Javier Soto Campos. Aunque efectivamente el Servicio de Reforma Agraria de Extremadura está siguiendo una política de compra de tierras para su posterior cesión a jornaleros, «no ha tenido ningún tipo de noticia sobre la mencionada finca», según escribe al ombudsman el portavoz Antonio Ventura.

El redactor jefe José María Izquierdo explica que «desde el comienzo del trabajo se deja absolutamente claro que se trata de una campaña de amenazas, infamias y acusaciones gratuitas». «En el arranque de la información», agrega, «ya se niega la veracidad de tales acusaciones, que posteriormente se detallan». Y añade que no se creyó necesario repetir esto en cada uno de los párrafos de la crónica. Si el resultado final no ha respondido a la intención, y la Junta u otra persona o institución se considera ultrajada, Izquierdo desea dejar constancia, una vez más, de que las imputaciones eran falsas. Que conste, pues. Pero…

El Libro de estilo de EL PAÍS es tajante: «Los rumores no son noticia». Sin embargo, toda la crónica estaba dedicada a recoger rumores. Se trata de uno de los pocos casos en que EL PAÍS ha incumplido la norma. Así lo admite el redactor jefe. «En esta ocasión», dice, «el planteamiento que nos hicimos en la sección, traducido en una decisión final de publicar lo que teníamos, es que en esa información íbamos a contar unos hechos: la utilización de una campaña de rumores y de acusaciones gratuitas para frenar una operación política». A juicio de Izquierdo, así se cumplía «el deber fundamental de todo medio de comunicación -contar lo que estaba pasando sobre un hecho de innegable trascendencia en la comunidad madrileña-, a la vez que se advertía sobre la falsedad de tales acusaciones».

Ocurre que si los rumores no son noticia, menos lo serán los bulos. Y éstos, además de rumores, eran bulos: noticias falsas propaladas con algún fin.