Fracasa un intento de la compañía pública rusa Lukoil de apoderarse de Repsol YPF mediante un pacto con Luis del Rivero (Sacyr)

La intención del gigante ruso Gazprom de comprar el 20% de Repsol que ha puesto a la venta Sacyr -extremo confirmado oficialmente ayer por el Gobierno ruso al español-, esconde una operación que va mucho más allá de lo meramente empresarial y a la que el Ejecutivo debería oponerse de plano. Está en juego nada menos que el control del mercado de la energía en Europa y, de hecho, España debería buscar si fuera necesario el auxilio de Bruselas para paralizar esta operación. A través de Gazprom, Rusia ya tiene una posición de dominio en el suministro energético en Centroeuropa, y lo ha empleado como arma política en sus disputas con la UE. El negocio sería redondo para Gazprom, ya que tras la caída de la Bolsa, Repsol vale hoy casi la mitad de lo que valía hace dos años, cuando Sacyr compró el 20%. Además, la constructora, asfixiada por las deudas y la crisis inmobiliaria, acude al mercado en una posición clara de debilidad. Pasar a gobernar el 20% de Repsol, le abriría a Gazprom las puertas para introducirse también en Gas Natural (de la que la petrolera es accionista) y conquistar así una posición estratégica también en España. Hay que tener en cuenta que Gazprom es una empresa estatal que aprovecha su fortaleza para intentar comprar una empresa privada, lo que le permite competir con ventaja. Además, de prosperar la operación, estaríamos ante el dislate de que decisiones vitales sobre el mercado energético español pasarían a adoptarse en el Kremlin.

El gigante ruso del petróleo Lukoil está a punto de llegar a un acuerdo con Sacyr y las cajas catalanas para comprar un 30% de Repsol. La inmobiliaria Sacyr posee un paquete del 20%, que está deseando vender para reducir su fuerte deuda. El restante 10% saldría de La Caixa y Caja Cataluña. No estamos ante una mera transacción empresarial en la que se produce una compraventa de acciones sino ante una operación estratégica encaminada a controlar el mercado español de la energía. La compañía rusa Gazprom ya tiene una importante posición dominante en Centroeuropa, a lo que se uniría la entrada de Lukoil en Repsol, que le daría la llave de acceso a España y Latinoamérica. El negocio sería, además, redondo para Lukoil porque Repsol vale hoy menos de la mitad que hace dos años cuando Sacyr adquirió el 20%. El tiempo ha demostrado que la entrada de Sacyr en Repsol, auspiciada desde el Gobierno, ha sido un craso error porque la inmobiliaria de Luis del Rivero es hoy sumamente vulnerable financieramente y necesita vender su paquete. Lukoil, al igual que Gazprom, es una empresa controlada desde el Gobierno ruso, que ha hecho una fuerte apuesta política por desarrollar un sector de la energía con tentáculos en la UE. Por ello, de prosperar esta operación, estaríamos ante el dislate de que decisiones vitales sobre el mercado de la energía español pasarían a adoptarse en el Kremlin. El Gobierno está obligado a impedir la entrada de Lukoil en Repsol si quiere mantener el control sobre este sector estratégico. Para ello podría contar con el apoyo de la UE, que tampoco puede bendecir una operación tan lesiva para los intereses europeos. Zapatero, que efectuó ayer profesión de americanismo, debería hacer lo posible para que Repsol siga siendo una sociedad «española y privada», como ha defendido el propio ministro de Industria.

La hipótesis de que la compañía petrolera rusa Lukoil adquiera hasta el 30% del capital de Repsol vuelve a poner sobre el tapete el temor de Europa al agobiante dominio del gas y el petróleo de Rusia sobre los mercados energéticos europeos, y las debilidades de la política energética española, que ha dilapidado varios años de tranquilidad corporativa sin que se hayan podido consolidar los controles de capital español sobre las empresas estratégicas de la energía. Ahora se aprecian con claridad las debilidades de asociar una empresa constructora como Sacyr, afectada hoy por las urgencias crediticias propias del crash inmobiliario, a la estabilidad corporativa de un grupo energético como Repsol, tan importante para los intereses españoles.

Sólo la importancia de esos intereses justifica que el Gobierno español tenga la última palabra en esta operación, por más que sea un negocio privado. Pero hay más argumentos. Repsol no es sólo una empresa dominante en el mercado de los combustibles, líder por su capacidad de refino y una avanzadilla inversora en América Latina. Además, está situada en el punto neurálgico del mercado del gas y de la electricidad en España, puesto que posee una participación del 30% en Gas Natural y participará, a través de esa cuota, en la adquisición de Unión Fenosa. El desembarco de Lukoil en Repsol obligaría casi de inmediato a considerar una separación accionarial de Repsol y Gas Natural, para evitar que el grupo ruso controle de una tacada el meollo del mercado energético español.

La percepción del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la negociación de Sacyr con Lukoil es muy poco matizada. Considera que Lukoil es una empresa privada, puesto que la estadounidense ConocoPhillips es su accionista principal. Pero no es lo mismo una empresa privada en Europa, donde se respetan las fronteras entre los intereses públicos y privados, que en Rusia, donde los grupos privados también pueden convertirse en instrumentos de presión para obtener ventajas políticas sobre otros países. Rusia tiende a utilizar su producción de petróleo y gas para presionar e imponer sus razones estratégicas, y de ahí nacen las reticencias de los Gobiernos y las autoridades comunitarias a dejar entrar capital ruso.

El presidente debe recordar sobre todo que el Gobierno tiene la responsabilidad imperativa de garantizar el suministro energético de la población; y que esa responsabilidad implica que no puede haber desabastecimiento de petróleo o gas porque los intereses de suministro de otro país o sus tácticas políticas se impongan sobre las necesidades españolas. Por ello, cabe concluir que Lukoil no es el mejor socio para Repsol. Quizás el Gobierno cree que estos graves inconvenientes pueden prevenirse con una estricta exigencia contractual de prioridad de suministro y aportaciones financieras. Pero debe ser consciente de que es muy probable que esas garantías no sean suficiente para evitar la percepción de que el centro donde se tomarán las decisiones será el Kremlin.

El intento de Lukoil por hacerse con el control de Repsol está poniendo en evidencia las debilidades del capitalismo español y, más concretamente, la falta de una política industrial en el sector de la energía.

Ayer, en unas ambiguas declaraciones, Zapatero afirmó que sería «bueno» que Repsol siguiera siendo española, pero no sólo no descartó su adquisición por parte de Lukoil sino que además dio la impresión de que preparaba el terreno para justificarlo. El presidente resaltó que la multinacional americana ConocoPhillips es el mayor accionista de Lukoil con el 20%. No es así. Quien realmente controla esta empresa es su fundador y alma mater: el oligarca ruso Vagit Alekperov, amigo de Putin y dueño de periódicos y cadenas de televisión. Alekperov posee personalmente el 20,4% de Lukoil y su socio Leonid Fedun, propietario del Spartak de Moscú, tiene el 9%. Ambos -ex altos cargos de la antigua Unión Soviética- dirigen la compañía desde 1990.

Zapatero aseguró también que Lukoil es una sociedad «privada», lo que en la Rusia de Putin significa muy poca cosa, dado el control que ejerce el Kremlin sobre las grandes compañías.

Si el Gobierno no lo remedia, existen muchísimas posibilidades de que Sacyr y La Caixa vendan sus participaciones a Lukoil, muy interesada en el mercado español y en Latinoamérica, donde ya tiene negocios con Hugo Chávez en Venezuela.

El más interesado en que esta operación se materialice es Luis del Rivero, presidente y accionista de Sacyr, inmobiliaria ahogada por una fuerte deuda. Paradójicamente, Del Rivero fue elegido por el Gobierno para hacer de caballero blanco en Repsol en unos momentos en los que se rumoreaba que varias multinacionales del sector querían comprar la empresa española. Ahora, Del Rivero busca desesperadamente un comprador de su paquete del 20%, sin importarle lo más mínimo su carnet de identidad.

Algo similar se puede decir de La Caixa, que durante mucho tiempo fue el accionista de referencia de Repsol. Con problemas de liquidez, la caja catalana quiere marcharse cuanto antes de la petrolera española.

Fue La Caixa la que colocó a Antonio Brufau al frente de Repsol. Brufau decía hace diez días que Repsol iba a seguir siendo una empresa «española y privada», pero ahora ha cambiado de opinión y acepta la entrada de Lukoil. No deja de ser paradójico que el gran teórico de la construcción de un gran grupo español de la energía con proyección internacional sea ahora quien esté dispuesto a vender Repsol a un oligarca ruso. Triste papel el suyo. Por último, queda el Banco Santander, también interesado en que la operación se cierre para poder cobrar su deuda con Sacyr, a la que financió la compra del paquete en Repsol.

Nadie parece estar a la altura de las circunstancias y el resultado puede ser catastrófico para los intereses nacionales porque Repsol es una empresa estratégica desde su creación por José Calvo Sotelo en 1927 bajo la denominación de Campsa. Fue privatizada en tramos durante los 90, aunque el Estado retuvo una acción de oro hasta hace muy poco.

Zapatero tiene la obligación de defender la españolidad de Repsol, que posee un 24% de Gas Natural y es la pieza clave que permitiría a la oligaquía rusa hacerse con el control del mercado de la energía en nuestro país. Creemos que sería una estupidez política entregar Repsol a los amigos de Putin, pero si Zapatero alberga alguna duda haría bien en leer la entrevista que publica hoy EL MUNDO con el presidente de Georgia que explica cómo Rusia quiere utilizar la energía para recuperar su antigua influencia en el mundo.

A medida que se conocen nuevos detalles sobre la entrada de Lukoil en Repsol, mayores son los ángulos oscuros de una operación que a día de hoy parece cantada y ante la que, inexplicablemente, el Gobierno se lava las manos. Tal como se está pergeñando la negociación, el gigante ruso se haría con el control de la primera petrolera española sin invertir ni un solo euro.

La Caixa estaría dispuesta a poner parte del dinero necesario para que el polémico oligarca Vagit Alekperov compre una buena porción de las acciones de su holding Criteria (9%) en Repsol y de las de Sacyr (20%). A cambio, Lukoil las pagaría a un precio que dobla el de su cotización actual en el mercado y asumiría la deuda contraída por la insolvente constructora de Luis del Rivero. A Antonio Brufau, presidente de Repsol puesto por la Caixa, y al Grupo Santander -que ahora negocia directamente con Lukoil en calidad de máximo acreedor de Sacyr- les da mucha más seguridad la compañía rusa, pese a que sólo ofrece como garantía las acciones de la propia petrolera española y pese a que su valor en Bolsa es poco mayor que el de Repsol.

De persistir el sorprendente silencio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los accionistas minoritarios serían los grandes excluidos y, por tanto, los perjudicados. Por eso han pedido que la entrada de Lukoil en Repsol se haga mediante una Oferta Pública de Acciones (OPA). Legalmente, es obligatorio que toda operación de adquisición de acciones que supere el 30% de una compañía, o que suponga la modificación de la mitad de su consejo de administración, se realice mediante una OPA. Sin embargo, la Caixa y el Grupo Santander ejercen como auténticos padrinos de una maniobra de ingeniería financiera poniendo en bandeja la entrada de Lukoil en Repsol justo hasta el límite del 29,9%. De este modo, facilitan a Lukoil la entrada en Repsol sin tener que someterse a la presentación de una OPA. El acuerdo también comprendería limitar la presencia rusa en el consejo de administración muy por debajo de su participación en la petrolera, con el objeto de maquillar la realidad, vencer posibles resistencias y llevar a buen puerto un negocio que sólo resultaría redondo para los grandes accionistas.

La operación es legal, pero de llevarse a cabo modificaría sustancialmente el mapa energético español abriendo además a Lukoil la puerta del sector gasístico, ya que Repsol es accionista mayoritario de Gas Natural.

María Teresa Fernández de la Vega adujo ayer que el Gobierno se conforma con que «los directivos» sigan siendo españoles, lo que supone tanto como dar luz verde a una operación a la que se opuso frontalmente la víspera el ministro de Industria, Miguel Sebastián.

Es inaudita la complacencia del Ejecutivo ante una operación de alto riesgo, que supondría tanto como dejar en manos del Kremlin -y de una compañía vinculada a muy turbios personajes- parte del control energético del sur de Europa. Sobre todo si comparamos la actual anuencia de Zapatero con su oposición la pasada legislatura a que la compañía alemana E.ON se hiciera con Endesa.

Felipe González manifestó ayer su «total rechazo» a la entrada de Lukoil en Repsol. En este caso, no podemos estar más de acuerdo con el ex presidente del Gobierno ante una operación que sólo beneficiará a algunos peces gordos, a costa de un sector clave para los intereses generales.

La probable entrada de Lukoil en Repsol ha sacado al descubierto la endeblez y las miserias de la política económica del Gobierno. Según revela hoy Casimiro García-Abadillo, La Moncloa paró en 2006 la venta de un 10% de la petrolera española a esta misma compañía rusa alegando, con buen criterio, su valor estratégico. ¿Cómo es posible que vender un 10% fuera inaceptable entonces y sólo dos años después el Gobierno dé por buena la venta del 30%? Es más, ¿cómo pueden el Ejecutivo y el PSOE decir por boca de De la Vega y de José Blanco que, al tratarse Lukoil y Repsol de dos empresas privadas, el Gobierno «no puede intervenir», cuando abortó una operación con los mismos actores en la legislatura pasada?

Antonio Brufau había negociado en 2006 la venta del 10% de Repsol a cambio de garantizarse el suministro de crudo, ya que la empresa pasaría a controlar parte de los pozos de Lukoil. Fue un amigo personal de Zapatero, Javier de Paz, quien comunicó a Brufau que el presidente no apoyaba la operación, extremo que le confirmó la Oficina Económica de La Moncloa, dirigida por el hoy ministro Miguel Sebastián.

Zapatero reivindicaba entonces su idea de los «campeones nacionales» en sectores estratégicos; sólo habían pasado unos meses desde que el Gobierno interviniera de forma decisiva en la OPA sobre Endesa. A la vista de los hechos, parece claro que a lo que en realidad aspiraba el presidente era a que el sector energético estuviera controlado por personas de su confianza.

Como caballero blanco para Repsol, Zapatero eligió a un ladrillero, el dueño de Sacyr, con el que La Moncloa ya había intentado un fracasado asalto al BBVA. Con un crédito sindicado de 5.200 millones de euros y aportando las acciones como única garantía -así cualquiera-, Luis del Rivero compró el 20% de Repsol. Ahora, cuando se ha visto al borde de la quiebra, Del Rivero ha intentado vender su participación en Repsol, pero no a cualquier precio, sino dando un pelotazo. Ha negociado con varias petroleras, pero sólo Lukoil le da más de lo que él pagó hace dos años, pese a que hoy aquellas acciones se han depreciado casi hasta la mitad. ¿No es éste un motivo más para que el Gobierno desconfíe de las intenciones de la compañía rusa?

Ni la oposición de la mayoría de los partidos a la venta de Repsol -del PP a IU, de UPyD al BNG-, ni las críticas que ha desatado dentro del PSOE y del propio Gobierno -como las expresadas por Felipe González y Miguel Sebastián- parece que vayan a hacer cambiar de opinión a Zapatero. Da la impresión de que la consigna es salvar a Del Rivero a toda costa y solventar el problema al Santander -su gran acreedor-, no vaya a ser que quiebre Sacyr y su dueño dé detalles sobre todo el tinglado, incluido el compromiso que -según ha llegado a decir en privado-, tenía del Gobierno de adjudicarle un gran volumen de obra pública por haber contribuido a solucionar «el lío del AVE a Barcelona». De aquellos polvos vienen estos lodos, porque en definitiva la llegada de Lukoil no servirá sino para tapar la chapuza de ese capitalismo de amiguetes que el Gobierno improvisó. Todo un escándalo que nos retrotrae a los tiempos de los pelotazos de los Albertos, con el agravante de la dimensión internacional que supone echarse en manos de los hombres de Putin.

En toda esta historia habrá llamado la atención que José María Aznar, que en su mitin del sábado ante los jóvenes del PP criticó con dureza al Gobierno -«no tiene principios»- y a Mariano Rajoy -«en política no se está para heredar ni para empatar»-, no dijera ni una palabra del gran asunto del momento. ¿Tendrá algo que ver con sus idas y venidas a Moscú?

Lo malo del intervencionismo generalizado en la economía internacional es que resulta fácil caer en los argumentos de tipo excepcional: sólo el sector financiero, sólo por una vez, sólo por un tiempo limitado, sólo con carácter especialísimo y justificado. Por supuesto, la realidad impone a veces rectificaciones en determinados principios, y en los de la economía de mercado, cuya naturaleza se basa en la experiencia misma de la realidad, siempre incompleta y siempre sujeta a rectificación, todavía más. Pero ojo: si los argumentos excepcionales se generalizan, que es lo que pasa con el socialismo de todo a cien mil millones de Blanco y Caldera, hay que mirar más de cerca la excepción, no sea que el respeto a lo singular se convierta en arbitrariedad discrecional. Pero el caso Lukoil es para mí el caos: voy de la desconfianza al rechazo y del rechazo a la aversión sin alcanzar jamás convicción firme ni animadversión fija. Si era para escapar de Gazprom, me parecía bien, pero leí el reportaje sobre el mafioso Kazhenko, uno de sus principales accionistas, y me pareció mal. Leí luego el editorial de nuestro periódico denunciando una operación del Santander y la Caixa para que alguien asuma las deudas que con ellos tiene Sacyr-Vallehermoso. Y hubiera compartido su indignación de no recordar que aquí -aunque con la necesaria cuanto difícil transparencia- se ha defendido editorialmente el rescate de la Banca, al que me opongo. ¿Y es mejor el dinero quitado a los españoles que el robado por los rusos?

¡Uf! Bueno es tener unos mismos valores y distintas opiniones, pero lo excepcional mata los valores: en el mercado y en la realidad.

En la duda, uno se fía de los enemigos intelectuales y políticos. Si ellos apoyan, se opone; si se oponen, apoya. ¿Que Zapatero apoya la operación Lukoil? Lo lógico en un liberal es oponerse. ¿Pero y si Rajoy, enemigo jurado del liberalismo y que respalda incondicionalmente el intervencionismo financiero sociata, se opone? Apoyémoslo, sólo faltaría. Sin embargo, Keynesiño Blanco ha acusado a Rajoy de echar Repsol al mercado, como si lo hubiera echado a los perros. Nada que apoye Pepiño, si es cierto, es bueno, y si es bueno, es cierto; ¡combatamos, pues, la pepiñización lukoiliana repsolina! ¡Mas, oh, ah, también la combaten González y el separatista galaico Quintana! ¿Habremos de apoyarla? Sí, porque Quintana ha dicho a través de la Diputación coruñesa que el uso del castellano es una forma de violencia de género y una majadería semejante no debe tolerarse. Pero, ahora que caigo, Quintana es el socio de Touriño, léase Pepiño, en la liquidación de España. ¿Apoyar a Pepiño contra Quintana y Touriño? ¡Qué disparate!

¿Hay algo peor que tener que decidir si ganan los malos o los malos? Sí. Impedir que la mafia rusa se haga con Repsol y que, como Endesa, se lo quede la Cosa Nostra italiana.

La noticia de la portada de hoy en EL MUNDO dejará probablemente boquiabiertos a un buen número de lectores: el Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo público dependiente del Ministerio de Economía, no sólo prestó 350 millones de euros en 2006 a Luis del Rivero para hacerse con el 20% de Repsol sino que además sirvió de broker como uno de los colocadores del préstamo. El crédito ascendía a 5.175 millones de euros y finalmente fue suscrito por un consorcio de 42 bancos y cajas, encabezado por el Santander, Citigroup y Caja Madrid, que fueron quienes asumieron las mayores cantidades.

Rara vez el ICO ha prestado dinero -y menos una suma tan elevada- para compraventa de acciones de sociedades privadas y en operaciones de tan alto riesgo. Por ello, su importante papel en la entrada de Sacyr en Repsol es la prueba irrefutable del interés del Gobierno en que Del Rivero tuviera una participación en Repsol a pesar de no existir ni la más mínima sinergia entre las actividades de las dos empresas.

En realidad, fue el Gobierno el que empujó a Del Rivero a entrar en el accionariado de Repsol como caballero blanco y para ello le ayudó a conseguir una financiación que estaba fuera de su alcance. Y fue el protagonismo del ICO en ese crédito sindicado el argumento decisivo para que otros bancos y cajas accedieran a prestar tanto dinero a Del Rivero sin otra garantía que las acciones que compraba.

Meses antes, el Gobierno había vetado la compra de un 10% de Repsol por parte de Lukoil a cambio de la explotación de yacimientos petrolíferos. En una nota emitida ayer por Repsol, se reconoce que se discutió la compra de ese paquete y luego se afirma que Antonio Brufau, presidente de la compañía, «no recibió indicación alguna por parte de ninguna persona ni de instancia externa» para rechazar la oferta de Lukoil en 2006. Ni siquiera se desmiente que Javier Paz, amigo personal de Zapatero, visitara a Brufau para hablar del asunto.

La desganada nota de Repsol, destinada a salvar la cara al Gobierno sin desairar a este periódico, no es creíble ni verosímil. Lo cierto es que el Gobierno vetó en 2006 la entrada de Lukoil y luego propició la operación con Del Rivero. Pero lo esencial es que la información que hoy publica EL MUNDO revela una instrumentalización de los recursos del Estado al servicio de un empresario privado y para una operación con tintes especulativos.

Resulta muy difícil de entender por qué el Gobierno intervino hace dos años en la composición del accionariado de Repsol -como lo hizo para impedir el desembarco de E.ON en Endesa- y ahora dice que no puede hacer nada para frenar a Lukoil, una empresa controlada por la oligarquía rusa y teledirigida desde el Kremlin.

Quien tenga dudas al respecto no tiene más que leer las propias declaraciones de Vagit Alekperov, el presidente y principal accionista de Lukoil, a un diario británico el pasado 7 de octubre, en las que explica cómo su compañía va a disponer de los recursos del Estado ruso para comprar activos en el exterior. Claro que Lukoil ni siquiera va a necesitarlos en España si resulta que los acreedores de Sacyr -incluido el ICO- aceptan que se subrogue la deuda y La Caixa le presta el resto. Vivir para ver: el Estado español financiando a un protegido del Kremlin para que se avenga a controlar nuestro sector energético.

Operación de control de daños. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, y Repsol salieron ayer al paso de la información publicada por EL MUNDO, según la cual Zapatero vetó hace dos años la entrada de Lukoil en la empresa española en favor de Luis del Rivero.

Miguel Sebastián dijo que la irrupción de Sacyr en Repsol, que se produjo cuando él era todavía responsable de la Oficina Económica de Moncloa, «fue voluntaria, respondiendo a una decisión estrictamente empresarial». Por su parte, Repsol afirmó en una «nota aclaratoria» que la decisión de romper con Lukoil se produjo en el mes de enero de 2007, cuando ya había tenido lugar la entrada de Sacyr en el capital de Repsol.

La precipitación en la maniobra para enmascarar la verdad hace que los argumentos utilizados sean, como mínimo, poco convincentes. Señala la nota de Repsol que los contactos con Lukoil se produjeron «a finales de 2006». Esta indefinición es reveladora.

Primero, porque Sacyr anunció la compra del 9,2% de Repsol el 16 de octubre de 2006 y luego, el 26 de noviembre, hizo público que había elevado su participación al 20%. Sigamos con las fechas. Zapatero reveló que Sebastián sería el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid el 26 de octubre de 2006. David Taguas se hizo cargo de la Oficina Económica el día 6 de noviembre. Es decir, entre el primer y el segundo anuncio de compra de acciones por parte de Sacyr.

Si fuera cierto lo que dice la nota de Repsol (que Lukoil no se descartó hasta el mes de enero de 2007) Sebastián no tendría por qué haber sido informado de ese asunto. En todo caso, en la información publicada por EL MUNDO no se dice que la persona que confirmó la información que dio Javier de Paz a Brufau fuera Miguel Sebastián personalmente, sino un alto cargo de Moncloa.

Pero sigamos. La venta a Lukoil (que ofrecía indudables ventajas para Repsol) se paró para dejar entrar a Del Rivero (Sacyr). Como se comprueba por la propia nota de Repsol hay un momento («a finales de 2006») en que confluyeron las dos negociaciones. De hecho, el paquete del 10% que tenía localizado Brufau para vendérselo a Lukoil fue el que se le colocó a la empresa constructora.

Pero ahora viene lo más importante. El crédito de 5.200 millones que obtuvo Sacyr para comprar el 20% de Repsol se firmó el 21 de diciembre. El ICO no solamente participó en la sindicación con 350 millones de euros, sino que hizo de agente de la operación.

Preguntas:

– Si no hubiera sido por indicación del Gobierno, ¿por qué Brufau prefirió como accionista a un constructor en lugar de optar por una compañía que le garantizaba el suministro de crudo en un momento en que se esperaban subidas de precios?

– Si el Gobierno no hubiera intervenido en favor de Del Rivero, ¿por qué entonces el ICO entró a financiar la operación con 350 millones de euros e hizo de agente de la misma?

– Si no hubiera recibido dichas indicaciones, ¿por qué el ICO no exigió más garantías que la de las propias acciones? Argumentar, como hizo ayer el ministro Sebastián, que el Gobierno «no interviene en operaciones empresariales» cuando estamos hablando de Luis del Rivero, que recibió el apoyo de Moncloa para hacerse con el control del BBVA, es sencillamente un sarcasmo.

En el año 2006, Miguel Sebastián y el presidente del Gobierno defendían la creación de campeones nacionales en el sector de la energía.

Por esa razón, ambos alentaron la entrada de empresarios de otros sectores (fundamentalmente, constructores) en Repsol y en Endesa.

Sebastián, como ministro de Industria, se opone a la compra del 30% de Repsol por Lukoil y en eso es coherente con lo que pensaba en 2006. El presidente, sin embargo, ahora no opina lo mismo.

Estamos de acuerdo con Sebastián, pero lo que ocurre ahora es consecuencia de cómo se hicieron las cosas en 2006.

La vicepresidenta del Gobierno inauguró ayer en Madrid el Fórum Economía & Sociedad Abierta, que promueven el Corriere della Sera y la Universidad Bocconi -la más prestigiosa de Italia en relación con la investigación económica- en colaboración con EL MUNDO, Expansión, la Universidad Carlos III y ESADE. María Teresa Fernández de la Vega hilvanó un discurso de altura intelectual en el que reivindicó la socialdemocracia como «garante de la estabilidad». «La mano invisible del mercado necesita la mano bien visible del Estado», dijo. Coincidimos con ella en que es imprescindible el Estado como regulador, pero disentimos si lo que reclama es más intervención o convertir al Gobierno en protagonista de la vida económica.

La gravedad de la crisis ha servido de pretexto a los ideólogos del estatismo para censurar los fundamentos de la economía de mercado bajo la falsa premisa de que es necesario refundar el capitalismo. En realidad, de lo que se trata ahora es de perfeccionar los mecanismos reguladores, no de cambiar una filosofía que tanta prosperidad ha generado. Precisamente muchos de los males de la economía en España -y el intento de compra de Repsol por Lukoil es el mejor ejemplo- no vienen de la dejación de los poderes públicos, sino de su injerencia. El intento del presidente Zapatero por tratar de arrebatar el control de empresas privatizadas a personas supuestamente vinculadas al PP es lo que le llevó a intentar el asalto al BBVA, a Endesa y a Repsol. De ahí surgió el absurdo de convertir a un constructor como Luis del Rivero en el primer accionista de la petrolera. El objetivo se logró involucrando incluso a un organismo oficial como el ICO, cuyo presidente no tuvo más remedio ayer que decir que su obligación es «hacer lo que le diga el Gobierno».

Los hechos vienen a demostrar así que el disparate del papel que Del Rivero desempeña en Repsol es hijo del intervencionismo y no del libre mercado, y esa evidencia ha empujado al Gobierno a un callejón del que no sabe cómo salir. Por eso, Zapatero dice un día que va a defender el «ADN ideológico» de la socialdemocracia -como hizo en el Comité Federal del PSOE- y al siguiente descarta mediar en la venta de Repsol con el argumento de que es partidario de «intervenir lo justo» en economía. Su discurso liberal de ayer se producía, paradójicamente, sólo unas horas antes del alegato de la vicepresidenta a favor del Estado.

En realidad, si Del Rivero hubiera entrado por su cuenta en Repsol, no existiría el problema. Como quien le introdujo fue el Gobierno, ahora él exige que la Moncloa le saque del lío, si quiere evitar que venda a los rusos. Por eso se atreve a pedir ayuda para que la Caixa le compre Itínere y por eso el Ministerio de Industria baraja que el Tesoro asuma la deuda de Sacyr dentro del plan de ayuda a la banca. La constructora debe 18.550 millones de euros, y si no vende su participación en la petrolera antes de que acabe el año entrará en quiebra. Eso dejaría muy tocadas a las entidades financieras que le prestaron el dinero para esta aventura con el aval de saber que el Gobierno estaba detrás de la operación. Si, como pedía ayer De la Vega, el Estado actuara de verdad como regulador, no permitiría a Lukoil optar a la compra de Repsol -puesto que pertenece a un mercado vedado como el ruso que impide la reciprocidad- y mucho menos en las condiciones que plantea, absolutamente inaceptables para cientos de miles de accionistas minoritarios, que serían estafados al quedar excluidos de una operación de la más perversa ingeniería financiera.

Si Zapatero defiende que los problemas empresariales «tienen que tener soluciones empresariales», si de repente se ha despertado liberal, no es por convicción, sino porque antes, con su intervencionismo, alumbró el monstruo de Del Rivero. Y si se expone al desgaste que genera tanta contradicción, no es por redimir al constructor, sino por salvarse a sí mismo de una situación que nunca se habría producido si su mano bien visible -ahí queda su rastro- no hubiera mecido la cuna.

El principal argumento empleado por el Gobierno español para escurrir el bulto en la venta de Repsol a Lukoil, según el cual sólo puede intervenir «lo justo» en operaciones entre empresas privadas, quedará hoy ridiculizado en Caracas. Dmitri Medvédev y Hugo Chávez estamparán su firma para crear el primer grupo energético de Latinoamérica, con la entrada de Lukoil y Gazprom por parte rusa y de la estatal Pdvsa del lado venezolano. ¿Puede el presidente Zapatero seguir presentando a Lukoil -un instrumento político y estratégico en manos de Putin- como una empresa privada cualquiera y en igualdad de condiciones que el resto?

Hay una ironía más. Las mismas autoridades que han amenazado y han creado tantos problemas a Repsol en Venezuela, se alían ahora con los posibles compradores de la petrolera española. ¿Estaba pensando Zapatero ayer en la nueva alianza ruso-venezolana cuando advertía a Rajoy en el Congreso de que hay que defender a Repsol no sólo en nuestro país, sino también «en Venezuela» y allí donde obtiene «el petróleo que consumimos»?

Mientras el Gobierno sigue echando balones fuera, los principales acreedores de Luis del Rivero, encabezados por La Caixa, presionan al constructor para que venda su 20% de Repsol a los rusos. Mientras Zapatero se enreda en circunloquios del tipo «el Gobierno va a defender que Repsol y que las empresas que están en esa participación de referencia, sean por supuesto, con dirección española», la entidad presidida por Isidro Fainé se muestra dispuesta a comprarle a Del Rivero Itínere, su empresa de autopistas, lo que salvaría al constructor de la quiebra.

La última posición que tímidamente abandera Zapatero demuestra hasta qué punto está fuera de la realidad. El presidente vería bien la entrada de Lukoil en Repsol si fuera en calidad de accionista minoritario. Pero esa opción ni la contemplan los rusos -que nunca pagarían las acciones a casi el doble de su precio real si no fuera para tener una posición dominante-, ni la contempla Del Rivero -que si malvende su participación en Repsol irá a la quiebra a final de año-, ni la contemplan tampoco sus acreedores, que en el caso concreto de La Caixa, también tiene gran interés en vender sus acciones para hacer caja.

Zapatero se ha metido en un lío del que es actor principal. Fue él quien indujo imprudentemente la entrada de un constructor en Repsol. Las cajas y los bancos que corrieron a apoyar esa operación al ver que la auspiciaba el Gobierno no quieren pagar ahora el elevadísimo coste de las maniobras de aprendiz de brujo del presidente. A estas alturas, el mal menor, la única solución aceptable para evitar que Repsol pase a manos del Kremlin y para tratar de evitar también un daño gravísimo a las entidades financieras involucradas, sería que el Gobierno buscase un socio económico alternativo a Lukoil entre nuestros aliados europeos. No es tarea fácil, desde luego, en la actual situación de crisis y por los precios que ambicionan Del Rivero y La Caixa. Pero Zapatero tiene el deber de explorar todas las posibilidades para defender los intereses españoles y enmendar, en la medida de lo posible, su error.

El intento de entrada de la petrolera rusa Lukoil en el capital de Repsol se ha convertido, como suele pasar en las operaciones empresariales estratégicas, en una riña política estridente. Con el transcurso de los días, la operación ha entrado en una fase letárgica, que se explica en parte por la rectificación de los entusiasmos iniciales del Gobierno y en parte por las dificultades evidentes de financiar casi 9.000 millones de euros.

Se cierre o no finalmente la subrogación a Lukoil de la deuda de Sacyr por el 20% del capital de Repsol más la compra de otro 9,9% del capital, el mercado energético español ha mostrado una vez más la extremada debilidad de sus estructuras accionariales, que convierte a las empresas en objetivo fácil para cualquier inversor extranjero. Y el Gobierno ha dado muestras otra vez, como en el por tantas razones penoso caso de Endesa, de falta de criterio e incapacidad de actuar con rapidez y discreción para cortar un problema en la primera petrolera española.

La irrupción de Lukoil es difícil de explicar en términos corporativos y financieros. Ya es discutible que el accionista Sacyr pretenda obtener el doble del precio de mercado. No sólo porque los accionistas minoritarios sientan que se lesionan sus derechos, sino porque da pie a preguntarse qué obtiene Lukoil por la puerta de atrás cuando por la puerta principal paga más de lo que debe -eso sí, con deuda- y, en teoría, se aviene a una representación política de sólo el 10%.

Lukoil es una pésima solución para Repsol por varias razones. Supone un factor de riesgo para el principal criterio de la política energética española, que es la garantía de suministro de petróleo y gas, puesto que, por más que se llame privada, responde directamente a los intereses del Gobierno ruso. Y éstos pueden chocar hoy, mañana o pasado con los intereses del Gobierno español. Pero es que la empresa rusa tampoco es una garantía de estabilidad accionarial para Repsol. Su reputación financiera es discutible y su gestión económica e industrial más bien deficiente. Su permanencia en el accionariado de Repsol sería, en el mejor de los casos, tan volátil como la de Sacyr.

Se deduce fácilmente que el Gobierno español no debería haberse expuesto alcaso Lukoil. No es cierto que sea la única opción disponible; en el peor de los casos, podría haberse negociado una solución transitoria en la que los bancos acreedores tomasen el capital a cambio de una salida ventajosa pactada en el momento de encontrarse un comprador. Ahora, los agobios de Sacyr, la torpeza del Gobierno, las prisas inexplicadas de otros accionistas y la histeria de la oposición han enturbiado el expediente Lukoil. El primer paso para aclararlo obliga a poner en claro si el Gobierno tiene algún compromiso con Sacyr. Y si se puede hacer sin recurrir a una comisión de investigación, en la que se corre el riesgo de montar un alboroto político que enturbie todavía más el caso, mejor que mejor.

El Gobierno conoce ya la vía legal para impedir que Lukoil se haga con un 30% de Repsol, una operación que modificaría cualitativamente el mapa de nuestro sector energético y frente a la que Zapatero no pueda lavarse las manos sin más. El Ejecutivo podría apelar a la propia ley rusa relativa a inversiones extranjeras en sus industrias estratégicas, y al principio de reciprocidad que recoge la nueva directiva europea sobre energía, para frenar a Lukoil sin que nadie pueda tachar a España de intervencionista.

Nuestro embajador en Moscú, Juan Antonio March, envió el pasado 21 de noviembre un informe clasificado como «reservado» a los ministerios de Exteriores y Defensa, en el que alertaba de que la nueva normativa rusa permite al Kremlin vetar aquellas operaciones que supongan que una compañía extranjera controle más del 10% de una de sus empresas estratégicas.

Cabe recordar que la entrada de Lukoil en Repsol convertiría a los rusos en accionistas mayoritarios y que les permitiría nombrar a 5 de los 16 consejeros, lo que supone nada menos que el 30% de la dirección de la petrolera española. Además, el embajador hizo especial hincapié en que la propia Repsol está pendiente en la actualidad de que Moscú le autorice algo relativamente menor, como es un acuerdo con la rusa Rosneft para adquirir el 23,9% de participación en un proyecto de exploración petrolífera.

Ahora entendemos por qué desde hace una semana el vicepresidente económico, Pedro Solbes, viene haciendo referencia a la «necesidad de considerar elementos como la reciprocidad y otros» al analizar la posible entrada de Lukoil en Repsol. También el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Javier Solana, ha dicho que «hay que llegar a un acuerdo de reciprocidad entre Europa y Rusia»; e incluso el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ha invocado este principio, que permitiría restringir las inversiones de países terceros en el sector energético.

El silencio del Ejecutivo sólo puede entenderse como un respaldo tácito a la entrada de Lukoil en Repsol. El Gobierno no puede salvaguardar el interés particular de Sacyr -y de sus acreedores- en reducir sus casi 20.000 millones de deuda en detrimento del interés general. El PP presentó ayer en el Congreso la solicitud de una comisión de investigación para aclarar cuál ha sido la «intermediación política» del Ejecutivo, por qué Jesús del Rivero ha sido el constructor más favorecido por el Gobierno y el PSOE en la adjudicación de obra pública, y hasta dónde llegó la intervención del ICO para facilitar la entrada de Sacyr en el accionariado de Repsol.

Apoyamos esta comisión parlamentaria y pedimos también al Gobierno que exija a Moscú igualdad de trato en nuestras relaciones comerciales estratégicas. Por otro lado, la constructora de Del Rivero vendió ayer su filial de autopistas -Itínere- a Citigroup, una operación con la que reduce en un 37% su deuda y con la que gana tiempo para seguir negociando con Lukoil… si el Gobierno no hace nada por hacer valer el principio de reciprocidad ante Rusia.