Fuerzas policiales liquidan a los principales asesinos de la banda Comandos Autónomos Anticapitalistas (etarras independizados de la cúpula de ETA) en el Puerto de Pasajes

El tiroteo producido anteanoche en el puerto guipuzcoano de Pasajes, a cuyas resultas perdieron la vida cuatro presuntos militantes de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, se originó, según noticias procedentes del Ministerio del Interior, por la resistencia de los terroristas, que embocaban la dársena en un bote de remos, a obedecer la orden de alto dada por un destacamento, apostado en la orilla, de los Grupos Especiales Operativos de la Policía Nacional. Las trabas puestas a los periodistas, situadas en la línea de política desinformadora aplicada por el Ministerio del Interior en los últimos tiempos, arroja unas dudas tan innecesarias como alarmantes sobre el desarrollo exacto de los hechos.Cabe avanzar, en cualquier caso, una conjetura y un temor a propósito de ese dramático suceso. De un lado, parece altamente probable que los GEO estuvieran sobreaviso de la llegada a Pasajes del bote tripulado por los presuntos terroristas. La afirmación policiaca de que al menos un miembro del grupo habría estado implicado en el asesinato del senador socialista por Guipúzcoa Enrique Casas refuerza esa hipótesis. De verificarse esa razonable suposición, cabría concluir que los servicios de información de los cuerpos de seguridad han mejorado su eficacia y están en condiciones ya de adelantarse, en ocasiones, a los propósitos terroristas.

El aspecto realmente preocupante de esa inquietante hipótesis no es tanto que la reconocida peligrosidad de los miembros de los Comandos Autónomos o de ETA Militar impulsara de forma ciega a las fuerzas de seguridad -en este caso, un cuerpo de elite, preparado para arrostrar las más duras pruebas- a protegerse preventivamente, sin reparar en medios, del fuego de los presuntos terroristas. La cuestión central sería establecer si la envenenada consigna de la guerra del norte ha sido interiorizada por el Gobierno socialista hasta el punto de sustituir los procedimientos de orden público, adecuados para reprimir las criminales manifestaciones degenerativas del bandolerismo político, por técnicas propias de un auténtico conflicto bélico. Porque, en tal caso, los ideólogos de ETA podrían jactarse de haber logrado imponer al Estado democrático sus sangrientas teorizaciones, que instalan el terrorismo de las bandas armadas en la perspectiva de una larga guerra de liberación nacional. Seguimos creyendo, sin embargo, que el objetivo del combate de nuestro Estado democrático contra la violencia criminal de esos grupos marginales no puede consistir en matar a los terroristas (tal y como podría inferirse del suceso de Pasajes), sino en conseguir que los terroristas dejen de matar.

De confirmarse -como parece- que los tripulantes del bote ametrallado eran miembros de los Comandos Autónomos, que se disponían a desembarcar para perpetrar nuevos atentados, esa siniestra organización habría mostrado las fisuras de su infraestructura clandestina y sufrido una severa derrota. Sobre los Comandos Autónomos Anticapitalistas han circulado versiones contradictorias, desde quienes consideran a esa banda como la segunda marca de ETA Militar hasta los que afirman que la rivalidad en el crimen entre ambas organizaciones es cierta y enconada. El miércoles pasado, miembros de la mesa nacional de Herri Batasuna celebraron en Bilbao una conferencia de prensa para declarar, entre otras cosas, que ETA Militar «nunca ha atentado contra miembros del PSOE» y para derivar implícitamente hacia los Comandos Autónomos las responsabilidades del asesinato de Enrique Casas. Según Ziluaga, «da lo mismo que sean de los Comandos Autónomos que los propios GAL» las siglas que promueven la llamada guerra sucia. Es cierto que los Comandos Autónomos constituyen una organización dedicada al terrorismo difuso e indiscriminado, cuyas sangrientas acciones pueden llevar hasta la exasperación el clima de inseguridad de una colectividad. Pero que Herri Batasuna desautorice de esa forma, bien sea por cálculo táctico, bien sea- por convencimiento, a los Comandos Autónomos implica el monstruoso sarcasmo de que el nacionalismo radical reivindique para los abominables crímenes de ETA Militar -remedando la descripción del Estado propuesta por Max Weber- el monopolio de la violencia ilegítima.

En esa escalada del horror que asola al País Vasco, el asesinato, ayer, en Biarritz de Javier Pérez de Arenaza, familiar, al parecer, de Domingo Iturbe Abasolo, uno de los máximos dirigentes de ETA Militar, lleva las claras huellas de los turbios Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). El crimen se produce pocos días después de la explosión, también en Biarritz, de una bomba que acabó con la vida de un hombre todavía no identificado, pero cuya pertenencia a los GAL es algo más que una sospecha. Quienes auspicien, financien o encubran a esa nueva banda terrorista, que ha sustituido las normas del derecho por la ley del talión o el desempeño honrado de una profesión por el sucio negocio del crimen, se hallan tal vez todavía a tiempo -antes de alcanzar el punto de no retorno- para reflexionar sobre la insensata dinámica política que la persecución ilegal de los terroristas en territorio francés puede desencadenar en España.

La utilización de procedimientos criminales para combatir a los criminales y el empleo de métodos terroristas para combatir a los terroristas no sólo es indigno de una sociedad civilizada y de un sistema democrático, sino que puede, además, sobreponer al desafío lanzado por ETA un cruce de venganzas dentro de la sociedad que haga definitivamente irreversible el clima de discordia civil y de enfrentamiento entre comunidades.

Con Tal y como estaban las cosas, fue justo y conveniente que la UCD perdiera el poder. Lo malo es que también perdió la oposición, en beneficio de un planteamiento mucho más radicalmente derechista y dando pie a una crispación de la vida pública, cada día más palpable.

Política y periodísticamente, la contestación al Gobierno socialista está orquestada de acuerdo con los más genuinos principios de aquello que vino en llamarse el «franquismo sociológico». El evidente aunque limitado incremento de la delincuencia viene siendo manipulado al servicio de una ofensiva sin escrúpulos, en la que se reivindican unos conceptos de «paz» y «orden» muy similares a los vigentes en el antiguo régimen.

De acuerdo con el esquema reflejado en los editoriales de los dos vetustos colegas que cada mañana compiten por arrebatarle lectores al diario EL ALCÁZAR, la sociedad española se divide en «gentes de orden», «maleantes» e «intelectuales marxistas». Según esa teoría, desde hace varios años, y en especial desde la victoria electoral del PSOE, los «maleantes» no dan abasto violando, robando y asesinando con total impunidad a las «gentes de orden», gracias al libertinaje moral, social y legal patrocinado por los «intelectuales marxistas».

La receta que se propone es bien sencilla. A los «maleantes» -sean terroristas, sean simples chorizos- hay que combatirlos con las armas en la mano, devolviendo a las Fuerzas de Seguridad, y especialmente a la esforzada Benemérita, la suficiente confianza como para recurrir a la vieja tradición de disparar primero y preguntar después. Además hay que neutralizar su caldo de cultivo, persiguiendo el consumo de drogas -sin distinción entre el «caballo» y el «porro»-, la homosexualidad, la pornografía y demás formas de degeneración humana. En cuanto a los «intelectuales marxistas» -concepto que, por supuesto, incluye a casi todas las voces liberales de la cultura y el pensamiento español actual-, ya va siendo hora de ponerlos en su sitio, aunque para ello haya que recurrir -con idéntico estilo y hasta con las mismas plumas imperantes hace veinte años- a todo tipo de insultos, calumnias y mezquindades.

Por fin la derecha española -la montaraz, la genuina, la que periódicamente se autodestruye- parece haberse reencontrado con su lenguaje. Y es que en los primeros seis meses de poder socialista -fundamentalmente a instancias de esos tibios «compañeros de viaje», los democristianos del PDP- el énfasis de la crítica al Gobierno se centraba en la acusación de que bajo su mandato se estaba produciendo un «recorte» de las libertades. Como divertimiento para salones de familias ricas no estaba mal pensado -Fraga, Robles Piquer, Arespacochaga: esos esforzados paladines de los derechos humanos y la libertad de expresión-, pero, naturalmente, no se lo creían ni ellos y a sus bases el asunto les dejaba más bien frías.

Ahora es otra cosa, pues de lo que se trata es de protestar por la ola de degradación que nos invade, por la erosión de los valores tradicionales de la familia y por la demoniaca conjura marxista para desplazar al reino de Cristo de la católica España, mancillando al mismo tiempo la sagrada unidad de la patria. Los mismos que anteayer tildaban al Gobierno de totalitario, hoy lo tachan de permisivo y reclaman que ponga en marcha el «rodillo socialista» hasta aplastar a toda esa calaña de navajeros, drogotas, punkies y etarras que contaminan nuestras calles.

Aniquilada por blandengue la UCD, provisionalmente desvanecido el burdo espejismo golpista, la España eterna, la derecha de toda la vida, está vertebrándose para pedir lo que ha pedido siempre: ¡mano dura! Con el dinero de todos los empresarios Carlos Ferrer -quién lo iba a decir hace años, tan inglés él en apariencia- financió primero el partido del catastrofismo e intenta financiar ahora el periódico del catastrofismo. Es la teoría del cuanto peor mejor, con la palabra «libertad» como careta. Resulta que el PSOE es el «totalitario», pero el poder se transmite en la CEOE por cooptación -Cuevas-Chernenko- de idéntica manera a como sucede en la nomenklatura soviética. Resulta que el PSOE es el que coarta el derecho a la información y la libertad de la empresa informativa -que de hecho lo hace-, pero son los mismos supuestos paladines de la «economía de mercado» los empeñados en censar y controlar a la profesión periodística mediante un nuevo carnet franquista.

Lo que, por supuesto, no están dispuestos a admitir los altos funcionarios de la patronal es que uno de los elementos que más coadyuvan a la escalada en la inseguridad ciudadana es la fidelidad del Gobierno a una política económica tan acorde con sus intereses como, en mi opinión, acertada. Cuando uno de cada cinco españoles está en paro -dos millones y medio de desempleados en total- es inevitable que, con drogas o sin ellas, con una u otra ley de Enjuiciamiento Criminal, exista una minoría que elija la senda de la delincuencia. Es uno de los costes de esta estrategia de ajuste, ortodoxamente capitalista y liberal, basada en dar prioridad a la lucha contra la inflación y a la reconversión industrial, frente a la alternativa de crear artificialmente puestos de trabajo.

Si el Gobierno alcanzara los ochocientos mil nuevos empleos prometidos, sin duda que disminuiría la delincuencia. ¿Y de qué manera conseguirlo? Friendo, aún más, a impuestos a las clases altas y medias. ¿Están la CEOE, las organizaciones de comerciantes, los autopatronos, dispuestos a que se emprenda esa vía, auténticamente socialista, basada en el elemental principio de quitarles a los ricos y darles a los pobres?

¡Qué cosas pregunto! Naturalmente que no están dispuestos. La derecha española quiere todas las ventajas del sistema de libertades, pero ninguno de sus inconvenientes. Economía de mercado, pero con gendarme incorporado. Y han creído encontrar su hombre, su «caballo de Troya», en el impulsivo e ingenuo ministro Barrionuevo, al que no cesan de llenar de elogios, mientras vilifican al titular de Justicia, Fernando Ledesma.

Uno y otro representan los dos polos de esa conveniente tensión entre idealismo y realismo que cabe esperar de un proyecto político mínimamente renovador. Si Ledesma se ha equivocado, como parece que así ha sido, en la oportunidad y literalidad de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal -que no en el fondo del asunto-, también lo hizo Barrionuevo con el «peinado» del barrio del Pilar o con la pretensión de convertir a los arrendatarios de pisos en confidentes policiales. El verse obligado a rectificar una decisión mal calculada no basta para descalificar a unos políticos que inevitablemente tenían que pagar su bisoñez administrativa.

Hoy por hoy el riesgo que planea sobre la democracia española es que se rompa el punto de equilibrio y la libertad empiece a ser sistemáticamente sacrificada en aras del principio de autoridad. Felipe González ha comentado muchas veces que el orden público puede ser en España el verdadero talón de Aquiles de un Gobierno de izquierdas y, por otra parte, sería absurdo negar que en la opinión pública va abriéndose paso un clima distinto al imperante en los ilusionados momentos fundacionales del nuevo régimen.

Hace cinco años la emboscada de Pasajes habría suscitado un debate parlamentario con el «terrorismo de Estado» a vueltas. Son ya tantas las iniquidades cometidas por ETA que, hoy por hoy, muchísimos ciudadanos de muy diversa ideología están dispuestos a aprobar a ojos ciegos lo ocurrido, considerando totalmente secundario el análisis de si hubo o no oportunidad de capturar vivos a los miembros del comando acribillado por el GEO. Mucho me temo que si se hiciera una encuesta rigurosa sobre los crímenes del GAL en el País Vasco-francés, el resultado sería todo un espaldarazo de la opinión pública, incitándole a proseguir su macabra escalada de represalias.

¿Qué tiene de extraño en este contexto de terror contraterrorista que los datos de todos los ciudadanos estén siendo almacenados, como hoy se explica con todo detalle en este periódico, en la red informática de los Cuerpos de Seguridad del Estado y que baste un «error burocrático» para reactivar la memoria de ese león durmiente que es el «Estado policía» y que, digan lo que digan las leyes de cada momento, siempre considerará el activismo político como un delito a reprimir?

Barrionuevo debe ser consciente de que tiene ante sí una fiera insaciable. Hoy le piden la persecución del «porro» -¿cuántos han fumado él y sus colegas del Consejo de Ministros?-; mañana, el acoso de vagos, homosexuales y drogadictos, mediante la reposición de la siniestra ley de Peligrosidad Social. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿La impunidad para el policía que torture a un terrorista? ¿La vista gorda para el ciudadano que trate de linchar a un delincuente? ¿La medalla del mérito civil para quien mate a un atracador? Cuidado, cuidado. Todo eso es la antesala del fascismo.

Pedro J. Ramírez