Golpe en La Caixa: Jordi Pujol echa por ley a Josep Vilarasau con el apoyo de los diputados de CiU y PP

Días de zozobra doctrinal, además de electoral, en el nacionalismo catalán, a cuenta del incierto destino que aguarda a los medios de comunicación escritos barceloneses (El Periódico y La Vanguardia) y al único gran paquebote financiero regional, la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (“la Caixa”). Sin banco y sin prensa, sin financiación y sin aparato de propaganda, no hay “nación” posible. Y es que muchos convergentes temen que los diarios citados acaben en manos del de siempre, del imperio Polanco, mientras la Caixa, sudario en el cual el catalanismo financiero ha enjugado su perenne fracaso a la hora de intentar construir una banca propia –como, por contra, lograron los vascos–, acabe en manos del demonio.

Días de incertidumbre para una clase empresarial que empieza a aflorar en público ciertas dudas existenciales sobre su futuro. José Manuel Lara lo ha dicho bien claro: “El empresariado catalán prefiere la independencia a la dimensión, prefiere un comercio en el Paseo de Gracia al 10% de El Corte Inglés”. En los sesenta, 140 de las 500 más importantes empresas españolas eran catalanas; hoy sólo son 51. “A nuestras empresas les falta tamaño para poder acometer proyectos que tengan poder de decisión”. Lara no se atrevió a denunciar la influencia de cierto nacionalismo reductor –en la empresa, en la universidad– en la merma de pujanza de aquella Barcelona centro de modernidad de épocas pasadas.

El epicentro del debate está hoy en la Caixa. La alta burguesía catalana lleva semanas viviendo intensamente la guerra soterrada que se viene desarrollando en torno a su presidencia. Como es normal en el estanque dorado que preside el Honorable, apenas unas gotas de la tormenta que azota a partidos políticos y sociedad civil llegan a los medios de comunicación. El PSC, volcado en defensa de la continuidad de Josep Vilarasau, exige manos fuera a una CiU que, al alimón con el PP, parece haber dictado sentencia a favor de corriente de la Ley Financiera, el cajón de sastre que el jueves vio la luz en el Congreso.

Lo curioso del caso es que, al parecer, fue el propio Vilarasau, maestro en tantas cosas, aprendiz de brujo en el difícil arte de la conspiración política, quien abrió la caja de los truenos cuando, en los albores de la citada ley, decidió visitar el Ministerio de Economía para plantear a Rodrigo Rato una idea original, según la cual la indefinición del estatuto jurídico de las Cajas podía resolverse imitando el modelo italiano, en el cual la propiedad del negocio financiero, bajo la forma de sociedad anónima, pertenece a la fundación que se encarga de la obra social, fundación que, en el caso de Caixa, él podría ocupar tras abandonar la presidencia. Porque el riesgo que tanto CiU como el propio PP estaban corriendo, alertó, es que el PSC podía ganar, va a ganar las próximas elecciones catalanas, en cuyo caso Maragall tiene candidato claro para la presidencia: Narcís Serra.

Ocurrió, sin embargo, que en la advertencia de Vilarasau había gato encerrado, porque el ministro se enteró de que don Josep andaba al mismo tiempo vendiendo la misma burra, pero con distinto cabezal, al propio PSC, pactando su continuidad al frente de la institución durante un par de años más, al cabo de los cuales se retiraría a la Fundación siendo sustituido por… ¡Narcís Serra! Rato se apresuró entonces a pasar la información a los amigos de CiU. Jordi Pujol abandonaría el Palau de Sant Jaume para siempre, pero en el viaje se llevaría del brazo a su ilustre enemigo, Pepe Vilarasau, poniendo punto final a 23 años de poder en Caixa. Todo, antes de permitir que el PSC pueda llegar a colocar en ese sillón, tan importante en el reparto de premios y castigos del pujolismo, a uno de sus hombres.

Si bien es cierto que Vilarasau, además de haber capitaneado la transformación de la Caixa en un gran grupo financiero, ha sabido mantener una notable cuota de independencia frente a los partidos políticos y la propia Generalitat, algo inusual en la mayoría de las Cajas españolas, no lo es menos la estrecha relación que le une con el socialismo, a quien debe favores de tanta magnitud como el de las primas únicas, célebre caso en el que Narcís Serra, entonces ministro de González, salvó a la entidad de un riesgo cierto de quiebra, un favor político que vale su peso en oro, y que ahora otros tratan de reeditar con las cesiones de crédito del Santander de Botín.

Que Vilarasau es hombre de poder con duros espolones quedó de manifiesto con motivo de la dimisión de Samaranch, ocasión en la que protagonizó un golpe de mano con la convocatoria sorpresa de un Consejo extraordinario en el que, previo cambio de estatutos, se aseguró la reelección y además nombró dos delfines, los actuales directores generales Isidre Fainé y Antoni Brufau, convirtiendo automáticamente en papel mojado la Ley Catalana de Cajas que habla de una presidencia honorífica, no ejecutiva, y del nombramiento de un único director general, una afrenta que, a pesar de las gabelas proporcionadas por la obra social, nunca le perdonaría el Honorable, y que ahora le inhabilita para hablar mal de quienes piden su cabeza.

De la mano de Rato y Artur Mas, la pareja que ha llevado en todo momento la manija, empezó a gestarse la entente entre populares y convergentes en torno al control de Caixa, no sin que antes el PP se convenciera de las escasas posibilidades de jugar con éxito la carta Piqué. La regla que podía poner fuera de juego a Vilarasau consistía en limitar a 70 años –¿por qué sólo en las Cajas, y no en la banca?– la edad de los miembros del consejo, a menos que las Comunidades Autónomas con competencia en la materia legislen en contrario. Rato colocaba hábilmente la pelota en el tejado de CiU: Vilarasau, 71 años, tendría que dejar la presidencia, a menos que la Generalitat decidiera modificar su propia ley de Cajas.

Su suerte está echada, tras el aparente acuerdo verbal alcanzado entre Govern y Caixa. El afectado, dispuesto a luchar hasta el final, ha movido, sin embargo, todas sus piezas para prorrogar su mandato, ante la secreta irritación de Fainé y Brufau, partidarios de un arreglo pactado capaz de salvar los muebles de la independencia de la que ha venido disfrutando la entidad. El último intento por torcer su destino ha consistido en solicitar a sus amigos el envío de cartas a la prensa (Fabián Estapé, Leopoldo Rodés) y al propio Mas. Y en pedir el apoyo expreso del PSC, cosa que hace un excitado Maragall, lo que no logra sino irritar aún más a CiU y reafirmar su determinación de poner punto final a la historia. Su mandato, con todo, expira en junio de 2003, fecha en la que se elegirá la nueva asamblea general como culminación de un proceso electoral que dará inicio en enero próximo. El 31 de diciembre, pues, la incógnita Vilarasau se habrá despejado.

¿El sucesor? Muchos apuntan a Salvador Gabarró, ex gerente de Roca Radiadores y del influyente Círculo de Economía, y hombre sin filiación política clara, bien visto por casi todas las familias políticas. Sería una presidencia de transición, que dejaría todo el poder en manos de Fainé y Brufau. No conviene descartar, sin embargo, a Miguel Roca, intrigante nato, que cuenta con muchos apoyos. “Al PP le vendría de maravilla, y a nosotros también nos va bien”, aseguran en CiU. Inmen-so el negocio colateral que para un hombre como Roca supondría ocupar ese sillón. Sólo un problema: que si todos hablan de “despolitizar” la Caixa, lo de Roca sería la politización más desvergonzada, y el PSC tendría todo el derecho del mundo para echarse al monte.

Un nuevo reparto polémico de frecuencias radiofónicas refleja la falta de ponderación con la que se está acostumbrado a actuar la Generalitat en esta última legislatura de Pujol. Con el tosco argumento de hacerlo ‘a prueba’ ha dado esas licencias si el concurso público preceptivo. Como estamos en etapa preelectoral y esas concesiones – que significa dinero – en varios casos han ido, según la oposición, a grupos afines a CiU, el tema huele muy mal. Y más aún tras saberse que en septiembre el Ministerio de Ciencia y Tecnología recordó la Generalitat que la ley ordenaba el concurso público.

Pero no es un hecho puntual. Todo el mundo es consciente de que el Goern ha fijado un límite de edad en las cajas de ahorros hecho prácticamente a medida para forzar el relevo de Josep Vilarasau en La Caixa, al que quizá no considera suficientemente nostre. Ese trato hacia quien ha dirigido con imparcialidad e indpendencia la consolidación de la mejor entidad financiera catalana de la historia contrasta con la forma de cerrar los ojos del mismo Govern para facilitar la continuidad del síndic Mariá Nicolas, protagonista de diversas historias para no dormir en su obligación de control de las instituciones públicas catalanas.

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña ha legislado sobre las cajas de ahorro de la peor manera posible. Tras meses de jugar al escondite acerca de si utilizaría su competencia sobre el sector, ha dictado una norma sobre los consejeros de las cajas en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto autonómico. Esta vía impide un debate profundo como merece el asunto y le ha recriminado justamente la oposición. Si la prudencia aconseja no trastocar lo que funciona razonablemente -las diez cajas catalanas- y además constituye un sector sensible y decisivo, el intervencionismo debería justificarse en argumentos muy sólidos.

No los hay: sólo el nítido intento de desembarazarse de Josep Vilarasau, de 71 años, presidente de La Caixa, la primera entidad financiera catalana y tercera española. El conseller en cap, Artur Mas (con la anuencia del presidente Jordi Pujol), intentó lograrlo primero por una simple aplicación sigilosa de la Ley Financiera. Ésta incluye un tope de edad de 70 años, propuesto al PP por los propios nacionalistas. Extrapolada, impediría a Alan Greenspan ejercer su cargo en la Reserva Federal o a Luis Valls Taberner la presidencia del Banco Popular. Es, además, discriminatoria: ¿por qué en las cajas y no en los bancos? Voces del mundo económico se opusieron, y el líder de la oposición, Pasqual Maragall, frustró la maniobra al proponer una ley de corte liberal que remitía los topes de edad a lo que decidiera autónomamente cada caja en sus estatutos como ocurre ahora.

Viéndose el rey desnudo, estableció otro mecanismo más lógico: la limitación del número de mandatos. Pero como Vilarasau lleva en la presidencia apenas cuatro años, lo forzó por el atrabiliario método de sumar peras y manzanas, computar los periodos de director general y los de consejero para fijar un tope de 20 años. Esta norma es ad personam: sólo afecta en su primer ejercicio al presidente de La Caixa. La Generalitat podría haber propuesto otras reformas, para aumentar la transparencia, mejorar la rendición de cuentas a las asambleas e incrementar la eficacia de las comisiones de control de las cajas. No lo ha hecho. Sólo le interesa eliminar a quien, al parecer, no le gusta o le hace sombra.

Al margen de las distancias relativas en tamaño y rentabilidad, la diferencia principal entre los bancos españoles y las cajas de ahorro es el riesgo elevado de contaminación política en la gestión de las cajas. Los recientes alborotos suscitados en La Caixa y Cajasur son al mismo tiempo la consecuencia y el ejemplo perfecto de esta contaminación. Se trata, en el primero de los casos, de las rocambolescas maniobras de CiU para sustituir al presidente de la entidad, Josep Vilarasau, antes de que una hipotética victoria electoral de los socialistas catalanes hurtara a los nacionalistas la oportunidad de decidir quién controlará la caja en los próximos años. Y en el segundo, del juego espurio de alianzas con el PP del cura Miguel Castillejo, presidente de la entidad, sorprendido por el Gobierno andaluz en la sustanciosa tarea de autoconcederse una indemnización de 2,5 millones de euros como consuelo nada evangélico a su jubilación.

Nada bueno puede desprenderse de la manipulación abusiva -una vez más- de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, en esta ocasión de los de Cataluña, para teledirigir la sustitución de Vilarasau en principio por un consejero afín a CiU. El PP ha jugado en esta ocasión el papel de cómplice necesario en el juego de definir un procedimiento más o menos razonable, en este caso la limitación a 70 años para ocupar el puesto de consejero, para despedir al presidente anterior. La arbitrariedad del argumento de la limitación de edad queda más que patente si se recuerda que el PP se opuso a este tope cuando el Gobierno andaluz la incluyó en su Ley Financiera. No menos arbitraria es la reciente legislación catalana, que entrará en vigor en enero, que establece como límite máximo los ocho años para permanecer en el consejo de una caja. Cambios sobre cambios, sin motivos profesionales suficientes, socavan la estabilidad de las cajas y contradicen el objetivo declarado en la Ley Financiera de profesionalizar su gestión.

En el caso de Cajasur, la posición de su presidente, enfrentado al Gobierno socialista de la comunidad autónoma, parece ya insostenible después de que su superior eclesiástico, el obispo de Córdoba, Javier Martínez, haya denunciado públicamente la «intoxicación» política de Miguel Castillejo con sus alianzas poco santas con el PP y tildado de escandalosa la póliza indemnizatoria mencionada. Miguel Castillejo no debería haber apelado a la ayuda del PP para resolver un problema planteado en términos autonómicos, y también es un error grave considerar que la gestión de Cajasur puede sustraerse a las decisiones legítimas de la Junta de Andalucía. Tales despropósitos sólo podían desembocar en la desairada posición actual. A Castillejo sólo le queda la senda honorable de renunciar a su jugosa póliza jubilatoria y considerar su salida del consejo.