Golpe judicial a ETA: Desarticulada la red de extorsión de las Herriko-Tabernas con el extraño incidente del bar Faisán

La detención en Francia y España de 12 (13, según otras fuentes) supuestos miembros de la red de extorsión de ETA ilustra las ambigüedades de la situación actual: existe un alto el fuego calificado de permanente, pero la propia banda lo ha considerado -en la entrevista con los encapuchados difundida hace cinco semanas- compatible con el derecho a financiarse mediante los procedimientos habituales, porque «la lucha de liberación continúa». Mientras Otegi opina que detener a los extorsionadores es un «ataque frontal contra las esperanzas de paz», el Gobierno se dispone a comunicar al Congreso el inicio de negociaciones con la banda, dando por cumplidos los requisitos establecidos para ello, es decir el convencimiento de que el alto el fuego es total e irreversible.

Se trata de negociar la retirada de una banda que, hasta que el proceso culmine, existe como tal, aunque con el compromiso de no actuar. Ello explica una cierta confusión, aunque no conviene exagerar. El Gobierno encontrará mayor comprensión en la opinión pública si explica claramente las dificultades aparecidas. Es evidente que los pronunciamientos públicos de ETA y su brazo político no concuerdan con la idea de una retirada irreversible y sin contrapartidas. Pero más allá de las declaraciones, los datos que se van conociendo de la investigación que llevó a las detenciones de ayer apuntan a hechos del pasado, anteriores a la declaración de alto el fuego del 22 de marzo. De hecho, la propia investigación llevaba dos años en marcha. En cualquier caso, la estructura del aparato de extorsión estaba plenamente operativa, y la explicación de que se trata de pagos correspondientes a cartas anteriores al alto el fuego no convierte en legítima esa práctica mafiosa.

ETA, imitando al IRA, ha considerado alguna vez que sólo eran acciones armadas las que se reivindicaban como tales mediante el correspondiente comunicado; las realizadas discretamente para financiarse se inscribían en otro apartado. Todavía es pronto, con los datos de la operación de ayer, para saber si estamos ante una pretensión de este tipo. Si así fuera, debe rechazarse con claridad. Los encapuchados también declararon que una condición para que el proceso avance es que «cese la represión», es decir que se haga la vista gorda ante prácticas delictivas. Una quimera imposible. ETA debería haberlo comprendido ya: las detenciones de ayer prueban que el Estado de derecho sigue funcionando y que no cabe esperar otra cosa del Gobierno, la policía y los jueces.

Sólo el Ejecutivo dispone de la información necesaria para saber si ha llegado el momento de iniciar el diálogo directo con la banda. Tal vez sea ése el ámbito en que deben aclararse las ambigüedades de la situación. Pero la claridad sobre los límites (no caben contrapartidas políticas) es condición para que el proceso iniciado pueda culminar con bien algún día.

Jamás nadie imaginó que los maniobreros sin escrúpulos del socialismo gobernante llegaran a convertirse en «socios» de esos terroristas a los que otrora mataban y enterraban en cal viva al margen de la ley. Una década después de los GAL, las cloacas de Interior se han convertido en compañeras de viaje de los etarras al punto de darles el soplo para que escampen antes de la llegada las fuerzas de seguridad por orden de un juez «díscolo» con el proceso de rendición de Zapatero. Y es que el escándalo del chivatazo desde un teléfono de la Policía y del jefe de seguridad del PSOE a los miembros de la trama de extorsión de la ETA no tiene parangón en la historia de la democracia. Son los GAL al revés de Z.

Los hechos conocidos hasta ahora resultan estremecedores. El 6 de mayo de 2006, el juez Grande Marlaska ordena la detención de Joseba Imanol Elosúa, en una importante operación para desarticular la trama de extorsión a empresarios en el País Vasco. Esa mañana se iba a proceder a la entrega de dinero procedente del mal llamado impuesto revolucionario. Noventa minutos de que se inicien las detenciones, el responsable de seguridad de la formación del PSOE, Fernando Mariscal –ex coordinador en Francia de la lucha contra ETA en la etapa de Aznar–, telefoneó desde Ferraz al comisario jefe de San Sebastián en las inmediaciones del bar El Faisán donde dirigía el operativo. Al mismo tiempo, desde un teléfono que pertenece a la Comisaría General de Información, se da el chivatazo a Elosúa y todo el operativo se da al traste.

¿Quién dio la orden para que se produjera la llamada que impidió que les cogieran a los etarras in fraganti? ¿Zapatero, Rubalcaba o los dos en comandita? Porque, desde luego, a estas alturas de la película nadie se cree que la decisión la tomara un comisario político cualquiera. ¿Y qué decir de los socios parlamentarios del Partido Socialista? ¿No son acaso cómplices por su falta de exigencia de explicaciones y de responsabilidades del Gobierno, apoyando así que familias enteras sean víctimas de un chantaje infame y criminal? ¿Dónde queda la decencia de la Cámara? Todavía están a tiempo sus señorías, aunque sea por mera coartada electoral, de enmendar la legislatura de la ignominia, del cordón sanitario no contra el terror sino contra sus víctimas y el Partido Popular.

El PSOE y el Gobierno deben dar explicaciones sobre estos atentados contra el Estado de Derecho. Todos los datos antes citados proceden de informes elaborados por la Guardia Civil, convenientemente edulcorados por el juez Garzón para eximir al partido de Zapatero de culpa alguna. Los GAL al revés de Z cuentan ahora con el inestimable apoyo del juez que instruyó los sumarios del terrorismo de Estado como venganza contra Felipe González. Estos nuevos comandos policiales de Z, que evidentemente no actúan por iniciativa propia, han sido capaces de manipular informes policiales para proceder a la detención de inocentes, de dar el chivatazo a terroristas y quién sabe de cuantas cosas más.