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Importantes detenciones en Madrid, Murcia y Castilla y León

Operación Púnica: Desmantelada una red de corrupción liderada por Francisco Granados, la antigua mano derecha de Esperanza Aguirre Gil de Biedma

HECHOS

El 27.10.2014 se produjo una cadena de detenciones preventivas dentro de una operación de la Fiscalía Anticorrupción.

LOS ENCARCELADOS POR ‘LA TRAMA’ DE CORRUPCIÓN:

granados_consejero D. Francisco Granados, ex Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ex Secretario General del Partido Popular madrileño y ex alcalde Valde

Redada_MarcosMartinez D. Marcos Martínez Barazón, Presidente de la Diputación de León y Presidente del Partido Popular de León desde hacía cinco meses (reemplazó el 30.05.2014 a la asesinada Dña. Isabel Carrasco).

Redada_Boza_Valdemoro D. José Carlos Boza. Alcalde de Valdemoro desde el año 2011, la alcaldía que antaño ocupó el propio D. Francisco Granados. Perteneciente al Partido Popular.

Redada_JoseAAlonso D. José Antonio Alonso. Ex alcalde de Cartagena. Perteneciente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), partido por el que fue diputado en el Congreso entre 1989 y 1996.

Redada_MariolaMartinez Dña. Mariola Martínez. Concejala de Festejos del ayuntamiento de Murcia. Perteneciente al Partido Popular.

Redada_AgustinJuarez_Collado D. Agustín Juárez. Alcalde de Collado Villalba. Perteneciente al Partido Popular.

Redada_JoseMariaFraile_Parla D. José María Fraile. Alcalde de Parla. Perteneciente al PSOE. El Sr. Fraile accedió a la alcaldía reemplazando a su amigo  D. Tomás Gómez cuando este fue elegido líder del PSOE madrileño-. Logró mantener la alcaldía en 2011 gracias al apoyo de Izquierda Unida.

Redada_Rodriguez_Casarrubuelos D. David Rodríguez, alcalde de Casarrubuelos, perteneciente al Partido Popular (PP).

Redada_Cubas_TorrejondeVelasco D. Gonzalo Cubas Navarro, alcalde de Torrejón de Velasco, perteneciente al Partido Popular (PP).

Redada_Sanchez_SerranillosDelValle D. Antonio Sánchez, alcalde de Serranillos del Valle, perteneciente a la formación política Unión Democrática Madrileña (UDMA).

REACCIONES POLÍTICAS

aguirre_elche La presidente del PP en Madrid, Dña. Esperanza Aguirre pidió disculpas públicamente ante los ciudadanos por haber nombrado Secretario General del PP a D. Francisco Granados el mismo día de su detención aunque recordó que hacia tiempo que había perdido su confianza (lo había destituido fulminantemente en 2011 sin aclarar los motivos) y se distanció de los alcaldes detenidos.

tomas_gomez_2007 El secretario general del PSOE madrileño, D. Tomás Gómez, compareció visiblemente desbordado por la detención de su amigo D. José María Fraile, quien a parte de su sucesor al frente del ayuntamiento de Parla era compañero suyo desde la infancia y expresó su deseo de que no fuera verdad su aplicación corrupta junto a D. Francisco Granados, aunque reconoció que ‘todas las personas pueden cambiar’.

28 Octubre 2014

España no puede vivir con el bochorno diario de la corrupción

EL MUNDO (Director: Casimiro García-Abadillo)

EL DESMANTELAMIENTO de una nueva trama de corrupción política con ramificaciones en varias ciudades, la detención de medio centenar de personas y la realización de registros en decenas de edificios públicos, constituyen la gota que colma el vaso de la indignación entre los ciudadanos. Es difícil imaginar qué más cosas pueden estar podridas en España después de todo lo que ya ha salido a la luz. Son demasiados los días en los que la prensa dedica la práctica totalidad de sus portadas a asuntos de corrupción. La semana pasada acabó con la imputación del ex secretario general del PP, Ángel Acebes, y con más revelaciones acerca de los pagos en dinero negro en la sede popular. Comenzamos ésta con la investigación al alcalde de Barcelona, el nacionalista Xavier Trias, por una cuenta en Andorra –hoy aportamos el número–, y enseguida hemos conocido la Operación Púnica.

Estamos ante una trama que es un calco de Gürtel. Dos personas –David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca– con contactos políticos en el ámbito municipal, provincial y regional, mediaban para que determinados empresarios consiguieran contratos públicos para la gestión de servicios. Entre los detenidos se encuentra Francisco Granados, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y persona de confianza durante años de Esperanza Aguirre. El pasado mes de febrero Granados tuvo que dimitir como senador después de que EL MUNDO destapara que tenía una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros. Hoy informamos de que, al menos, es beneficiario de dos. Otros implicados en la Operación Púnica son el presidente de la Diputación de León, seis alcaldes madrileños y el ex alcalde de Cartagena José Antonio Alonso.

Los informes de Anticorrupción indican que la red obtuvo adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años. Los políticos implicados –por ahora los hay del PP, del PSOE y de un grupo independiente– cobraban supuestamente comisiones de en torno al 3% de cada contrato. De las averiguaciones practicadas se deduce que ese dinero no tenía otro destino que su lucro personal.

Consciente de que la situación se torna ya insostenible, el PP anunció ayer la suspensión inmediata de militancia de todos los implicados en la macrorredada. Es un cambio de criterio, pues hasta ahora la dirección popular se negaba a actuar con esa celeridad apelando a la necesidad de salvaguardar la presunción de inocencia. Aunque el caso también salpica al PSOE, los socialistas aprovecharon la circunstancia de que haya más militantes populares señalados en esta operación para descartar que vayan a firmar con el PP un acuerdo contra la corrupción. Es un error no firmar un acuerdo que suponga elevar el listón penal y ético para los políticos corruptos. La cuestión es que el pacto no será creíble si antes no se depuran responsabilidades sobre los casos que ahora están en los tribunales.

Una cosa es cierta: el celo con el que están actuando la Fiscalía Anticorrupción y la Policía y la Guardia Civil, demuestra que el Estado de Derecho funciona y que el Gobierno no ha obstaculizado su trabajo, como sí ha ocurrido en otras épocas. Ahora bien, el comportamiento indigno de algunos políticos –demasiados ya– y la sensación de que sus partidos no han hecho todo lo que estaba en sus manos para arrancar de raíz la corrupción, genera hartazgo entre los ciudadanos y beneficia a los movimientos populistas. PP y PSOE pueden estar perdiendo el último tren para convencer a la opinión pública de que su apuesta por la regeneración democrática y la honradez es sincera. Después será tarde para lamentarse.

28 Octubre 2014

Amenaza al sistema

EL PAÍS (Director: Antonio Caño)

Un nuevo episodio de corrupción cayó ayer —una vez más— sobre los hombros de unos ciudadanos que asisten, entre indignados y resignados, al estallido de escándalos en los que están implicados políticos de todo el espectro, pero sobre todo del Partido Popular. La macrooperación que inició la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil condujo a la detención de decenas de personas que, presuntamente, han participado en una trama de comisiones sobre contratas por un valor de 250 millones de euros en los dos últimos años.

Las comisiones no se destinaron, aparentemente, a financiación irregular de partidos; se desviaron para el “lucro personal” de los acusados. Francisco Granados, uno de los hombres fuertes del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, seis alcaldes de Madrid —cuatro del PP, uno del PSOE, el de Parla, y un independiente— y el presidente de la Diputación de León, también del PP, están entre los detenidos, además de empresarios y mediadores. La reacción de ambos partidos fue fulminante: los implicados serán suspendidos de militancia y se les pedirá su dimisión.

Por si faltaban más pruebas, esta investigación demuestra que la corrupción alcanza a todas las formaciones con responsabilidades de Gobierno en los distintos niveles de la Administración en las últimas décadas. De la extensión territorial de sus tramas, el número de imputados y la gravedad de los delitos se deduce que no es un epifenómeno indeseable que engrasa y acompaña la actividad política, sino parte intrínseca del propio sistema.

Las oportunidades de corrupción crecieron de forma exponencial con la construcción del Estado autonómico y la potenciación de la vida municipal, sin el acompañamiento del refuerzo del control de un creciente gasto público. Y ello coincidió con una fuerte competencia de partidos de nueva planta —la base de estabilidad de la democracia— necesitados de generosas (y opacas) fuentes de financiación. También los pactos entre formaciones de ideologías dispares, incluidos a veces los sindicatos, han sido caldo de cultivo de acuerdos corruptos o de compraventa de voluntades para asegurar el consenso o encubrir actividades dudosas. La lentitud de la justicia, la inutilidad de las auditorías de cuentas, la incapacidad de los Parlamentos para controlar e investigar a los Ejecutivos, la negligencia e incluso complicidad de los Gobiernos y la autoindulgencia generalizada de los dirigentes de los partidos hicieron el resto. Nada ni nadie frenó cuando todavía se estaba a tiempo la extensión creciente de la podredumbre que iba pasando de una manzana a otra hasta alcanzar al cesto entero.

El carácter sistémico de la corrupción proporciona fácil y demagógica munición a quienes propugnan una ruptura, no con el sistema corrupto, sino con el constitucional, incluso para buscar soluciones de signo opuesto a la democracia. Confundir la corrupción con el consenso constitucional alcanzado en 1978 es el más perverso de los resultados que pueden cosechar los corruptos. Los partidos políticos todavía mayoritarios tienen que ser conscientes de su responsabilidad en estos momentos y situarse, si es que aún están a tiempo, en la vanguardia de una regeneración auténtica, no de la farsa que algunos pretenden. Ya que no pueden impedir la investigación de sus actividades delictivas, algunos prefieren, como Sansón, perecer bajo las columnas del templo con todos los filisteos.

Queda el consuelo de que algunos instrumentos del sistema aún funcionan: la trama descubierta ayer lo fue porque hubo funcionarios públicos que han cumplido con su obligación. Pero quienes insisten en mirar para otro lado y relativizar el problema parecen no entender que los políticos corruptos son, también, enemigos genuinos de la democracia y del consenso constitucional.

28 Octubre 2014

Acabar con la corrupción

LA RAZÓN (Director: Francisco Marhuenda García)

La sociedad española fue sacudida ayer por la noticia de una nueva macrooperación judicial contra una trama de corrupción política de grandes dimensiones y que afectaría transversalmente a alcaldes y representantes de los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, así como a varios empresarios que actuaban de conseguidores para la adjudicación de contratos públicos de obra y servicios a cambio de una mordida que iba, directamente, a los bolsillos de los implicados. El descubrimiento de esta nueva red – cuyo origen hay que buscarlo en una investigación por blanqueo de capitales incoada hace seis meses por la Fiscalía de Suiza -, y consignando todas las cautelas previstas en nuestro ordenamiento jurídico con respecto a la presunción de inocencia de los acusados, ha provocado una reacción política inusual, por lo fulminante de la misma, con la suspensión de militancia y exigencia de renuncia a sus cargos de los imputados por parte de las direcciones del Partido Popular –cuyo comité de derechos y garantías también ha expulsado a los miembros del partido que emplearon las tarjetas opacas de Caja Madrid– y del PSOE. Se trata de una decisión acertada que envía un mensaje correcto a una opinión pública que hace tiempo que ha perdido su capacidad de asombro y que empieza a considerar que el problema de la corrupción se ha hecho sistémico, contamina a toda la clase política y contra la que los ciudadanos están indefensos. Una percepción que si bien no responde a la realidad, puesto que los mismos hechos de ayer demuestran el buen funcionamiento de las instituciones del Estado, sí extiende una visión desmoralizadora de nuestra democracia, al tiempo que socava la confianza de la ciudadanía en el sistema de partidos, que articula la representación política tal y como establece la Constitución. El hartazgo social, al que no es tampoco ajena la situación de crisis económica que ha sacudido con dureza a amplias capas de la población, corre el riesgo de convertirse en un caldo de cultivo del que surjan movimientos demagogos de carácter providencialista, que medran con sus recetas ideológicas del siglo pasado –todas fracasadas– a costa del desánimo ciudadano. Es una amenaza que ya se perfila en el próximo horizonte electoral español y que tiene cercanos precedentes en democracias avanzadas como la francesa, la británica o la italiana. Sin pretender minimizar ni un ápice la gravedad de la corrupción que afecta al ámbito público español, con casos especialmente graves como el de los ERE de Andalucía, la trama Gürtel o el entramado societario de la familia Pujol, es preciso reconocer que su percepción social se ha desmesurado tanto por la lentitud de nuestro sistema judicial, que se demora años en complejos macroprocesos en los que se hace imposible distinguir con equidad comportamientos individuales, como por la actitud de las distintas formaciones políticas implicadas que, lejos de unirse en una batalla por la ética y la transparencia, han utilizado la corrupción que afecta a los otros como arma arrojadiza en la pugna partidaria. Es ese «y tú más» que ningún beneficio puede aportar a la sociedad y que lleva a los ciudadanos a la conclusión contraria de que todos los políticos son iguales. De ahí que no seamos capaces de entender la actitud del PSOE que ayer, en pleno choque de la opinión pública por la trama corrupta desvelada, anunció que no pensaba negociar el pacto anticorrupción que ha propuesto a las distintas formaciones parlamentarias el Partido Popular. Un acuerdo que, además, viene precedido por la aprobación por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de varias medidas positivas, como la Ley de Transparencia, destinadas a moralizar la gestión pública y a dificultar en lo posible la actuación de los corruptos. Medidas que demuestran, cuando menos, la voluntad del Ejecutivo para poner fin a esas prácticas irregulares y que deberían ser respaldadas por la oposición. Por supuesto, no se trata de prestar apoyo político al partido adversario, si es lo que teme el PSOE, sino de llevar a cabo con el máximo consenso las reformas que precisa el sistema institucional español para ser más eficaz contra la malversación de los caudales públicos, entre ellas, la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, imprescindible para acelerar los procedimientos y hacerlos más transparentes a la opinión pública. Sólo desde ese compromiso de colaboración, sin partidismos, recuperará la sociedad española su confianza en la clase política.

28 Octubre 2014

Madrid: fosa séptica

Raúl del Pozo

Ayer, Madrid, como en los tiempos de Lázaro, volvió a ver cosas asombrosas que no se enterrarán en la sepultura del olvido: un trajín de pulseras, harleys y sirenas estalló en la redada del año en la que hicieron preso a Francisco Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre, chapado, junto al presidente de la Diputación de León, el alcalde de Valdemoro (PP), el de Parla (PSOE) y 51 más entre corregidores y personas. Fueron trincados por tarugueo y astillas, como bellacos y galloferos, ediles y barandas que daban mordidas del 3% a ladrilleros. La Policía hizo bien su trabajo, en vez de trincar a puretas, como el otro día, que aligeran carteras para completar la pensión y enseñar a los jóvenes a ser piqueros, por fin buscaron a los grandes ladrones de la Villa y Corte.

A media mañana llamé a Esperanza Aguirre, que estaba en la Fundación Jiménez Díaz. Había ido a acompañar a otra persona. Me dijo que acababa de recibir el mensaje de la detención por teléfono. No quiso hacer comentarios, pero yo sé que le desagradaba Granados y no sabía cómo quitárselo de encima. Nunca le gustó su estilo, sus intrigas en la gestapillo, ni sus veleidades de broker: «En Valdemoro teníamos dificultades, encontramos a Francisco, hijo de un agricultor, parecía honesto». Llegó a ser el número tres. Ayer, la Guardia Civil lo detuvo como a un trilero en la Operación Púnica.

«El Gobierno regional de Madrid ha estado sentado sobre una fosa séptica» me dijo Antonio Miguel Carmona, candidato por el PSOE a la alcaldía de Cibeles. Y yo me imaginé que paseábamos sobre un alcantarillado de aguas negras y pozos ciegos. ¿Acaso llegarán a encontrarse restos humanos entre el cemento y la mierda?

Me cuentan que Ignacio y Granados son dos pillos, que se espiaban el uno al otro y enviaban las filtraciones al PSOE. Qué pena que caminemos sobre una fosa séptica, con lo hermoso que estaba Madrid en la espléndida mañana de otoño, entre el dorado fulgor de los árboles, como un laúd suave. Keats nos recuerda que jamás la poesía de la tierra se extingue en un octubre de hojas áureas. ¿Quién dijo que el otoño es la decadencia de la belleza? Lo que está en decadencia es el sistema, y si no hacen algo para evitarlo el PP se descompone. César Luena, del PSOE, declaraba: «Si Mariano Rajoy quisiera reunirse con su equipo tendría que ir a Soto del Real o a la Audiencia Nacional». Lo decía horas antes de que la Guardia Civil detuviera a un alcalde de su partido. Añadió en su discurso: «Hay un amplio margen entre los que se fuman un cohíba y los que montan barricadas para asaltar el cielo».

Los cohíbas los fuman también los dirigentes de su partido que tienen agujeros en los pulmones de tanto chupar los puros de Fidel. Hubo cohíbas y pastizarra para todos, pero las del bery, trena o maco van por el PP ahora. Personas muy cercanas a Aznar sospechan que la última estratagema es culparle de la corrupción: «Me da la risa cuando amenazan con mirar hacia atrás. Que miren y se encontrarán».

El Análisis

¡STRIKE TRES ELIMINADA! (PERO...)

JF Lamata

Cuando estalló la primera fase del caso Gürtel, con la implicación de alcaldes peperos, Dña. Esperanza Aguirre se amparó que ella no les había nombrado «estaban ya cuando yo llegué», una forma de pasarle el muerto a sus antecesores en el PP madrileño (D. Pío Garcia Escudero, D. Ricardo Romero de Tejada, etc.). Cuando el caso alcanzó a su consejero Sr. López Viejo, la Sra. Aguirre tuvo que reconocer que a este sí que le había nombrado ella, pero jugó la carta de «todos nos podemos equivocar una vez». Ahora le tocaba el turno al consejero D. Francisco Granados, que había sido su fiel mano derecha en el PP madrileño. La Sra. Aguirre repitió la jugada «todos nos podemos equivocar dos veces», pero ya era un strike tres. Digamos que eran errores suficientemente fuertes como para poner fin a su carrera política. Y, sin embargo, según todas las encuestas que circulaban por medios de la capital resultaba la Sra. Aguirre seguía siendo una de las políticas del PP más queridas por la militancia, en especial la militancia madrileña.

J. F. Lamata

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