Jordi Pujol impulsa desde el Parlament la creación de Col.legi Professional de Periodistes de Catalunya

UNA LEY del Parlament catalán ha creado el Col.legi Professional de Periodistes de Catalunya, corporación que pretende encuadrar -nunca mejor dicho- a los periodistas de la comunidad autónoma. Todos los grupos parlamentarios prestaron entusiasta respaldo a la norma, que ha recibido elogios de la Asociación de la, Prensa de Barcelona y del presidente de la Federación de las Asociaciones de la Prensa de toda España. En ese clima de aparente unanimidad y regocijo, Agustí Bassols, consejero de Justicia de la Generalitat, presentó la ley como «el mejor regalo de cumpleaños» que los políticos podían hacer a los periodistas barceloneses para conmemorar el 75º aniversario de su asociación profesional y como Una merecida recompensa de las instituciones autonómicas a quienes «también contribuyeron al tránsito de la dictadura al actual régimen democrático». Pues muchas gracias, señor Bassols; ahora vamos a pensar los periodistas qué cosa le regalamos a usted. No podía faltar a. esa cita con la euforia él portavoz de los socialistas catalanes, y el comunista Ribó se unió al, festejo con el comentario -no, sabemos si adulatorio, o, mordaz, tal como están las cosas- de que, finalmente, la profesión periodística «queda equiparada a otras profesiones liberales».Un gigantesco equívoco se ha deslizado, sin embargo, en ese intercamb¡o de regocijos y parabienes: pues la nueva ley dice aspirar «a dar cumplimiento a una necesidad muy sentida dentro de la profesión periodística para el mejor servicio de la sociedad», cuando en realidad esta cuestión de la colegiatura, o de la licencia, la titulación y el carné para ejercer el periodismo divide abiertamente a los profesionales y no es una aspiración, sino una polémica profunda, lo que sugiere. También una imposibilidad práctica mientras haya periodistas dispuestos a defender los principios liberales y democráticos de la libre expresión y a abandonar toda tentación corporativista. Lo que sí es verdad, en cambio, es que la tan aplaudida norma del Parlament tiende a instrumentar una necesidad muy sentida dentro de la clase política: conseguir que los periodistas presten un mejor servicio al poder y a las estructuras del establecimiento, bajo pretexto de hacerles más responsables, profesionales, académicos y dignos. No debe entonces el lector suponer, aburrido, que se encuentra ante un problema gremial, sino ante una discusión de fondo sobre la posibilidad de exigir, requisitos previos o no que faculten para el ejercicio profesional del derecho a la libertad de expresión. Eso supondría la limitación de facto de ese derecho de los ciudadanos en beneficio de una clase o casta profesional, la de los periodistas.

La colegiación obligatoria de los profesionales de los medios de comunicación ha sido, siempre un objetivo vehemente codiciado por los Gobiernos y la clase política, deseosos de disciplinar la libertad de información y de meter en vereda a la Prensa; también, una meta alta mente apreciada por los padrinos del periodismo, interesados en reforzar sus posiciones gremiales de poder mediante el control de las vías de acceso al trabajo en diarios, revistas y radios. Las demandas que se alzaron durante el franquismo desde sectores profesionales progresistas por la conversión de las asociaciones de la prensa en colegios venían justificadas por un hecho: a la sazón, dichas asociaciones estaban encuadradas en el verticalismo sindical y los periodistas demócratas contemplaban con envidia las facilidades de acción que los colegios profesionales tenían en los últimos años de la dictadura frente a la camisa de fuerza que los sindicatos franquistas suponían. Hoy nada de eso tiene sentido. La cursi obsesión por dignificar la profesión periodística a través de la exigencia de una titulación universitaria obligatoria ha perdido fuerza a medida que la masificación de la enseñanza superior ha devaluado los diplomas oficiales, sin hablar de la triste experiencia de las facultades de Ciencias de la Información. Porque no es un problema de dignidades, sino de formación y de responsabilidad: por eso, los países democráticos se esfuerzan a la vez en garantizar una formación universitaria a los periodistas y la mayor movilidad social posible para el acceso a la profesión sin ningún tipo de requisito previo. Los periodistas no hacen sino ejercer de manera profesional un derecho que es de todos y que a nadie puede ser negado: el de informar. Es cierto que la ley del Parlament renuncia al requisito de una licenciatura concreta ,y admite vías no universitarias -al menos durante una etapa transitoria- para tener acceso a la condición de periodista colegiado y que no establece que la colegiación sea obligatoria, sino voluntaria. Sin embargo, el núcleo de la aberrante figura del profesional con carné si gue inspirando el invento aprobado con sospechosa unanimidad por todos los grupos políticos catalanes. Y la sola contemplación de ver a los políticos legislar, con sonrisas y parabienes, de manera especial para la Prensa repugna a la conciencia liberal.

La libertad de asociación resulta incompatible con los mecanismos orientados a convertiren coercitiva la pertenencia a una organización profesional, y la libertad de información quedaría irremediablemente dañada por la imposición a los periodistas de un artilugio como el proyectado por el Parlament. El artículo 20 de nuestra norma fundamental reconoce y protege el derecho de todos «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier medio de reproducción y «a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». Ese mismo artículo encomienda a una futura ley la regulación del «derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de esas libertades», pero nada dice -como es lógico- de la absurda posibilidad de que una norma aprobada por las Cortes Generales o por un Parlamento autonómico pudiera secuestrar la libertad de información para entregársela como patrimonio gremial a los socios de un colegio. Por lo demás, esa ley prometida no tiene por qué ser, específicamente una ley de Prensa -que sería siempre una ley contra la Prensa-: bastaría con modificar convenientemente las leyes de enjuiciamiento y la legislación laboral para garantizar el secreto profesional y la cláusula de conciencia de los periodistas. Por eso resulta significativo que estos políticos a los que se les llena la boca de elogios y las manos de regalos de cumpleaños para los chicos de la Prensa se apresuren a querer colegiarnos a todos y escapen como de la peste de ese reconocimiento legal -que la Constitución exige- de derechos tendentes a garantizar una mayor seguridad jurídica a los profesionales y a sus fuentes y un mayor volumen de información, por tanto, a la sociedad.