José Ramón Lasuén se convierte en el quinto diputado de Alianza Popular que abandona la formación desde las elecciones

En el debate público sobre la sucesión de Fraga, la discusión se centra casi exclusivamente en torno a quién pueda hacerlo mejor: Herrero de Miñón o Hernández Mancha.

Y los argumentos utilizados suenan a , y son, arbitrarios personalistas e insolidarios: en casi ninguno se precisa en qué sentido debe ser mejor el candidato.

La situación así creada es similar a la que experimentaría un auditoria al que se le dieran razones para elegir, por ejemplo, entre Lawrence Olivier y Charles Chaplin, pero que se refirieran exclusivamente a su personalidad, i. e., son guapos, cultos, simpáticos, etcétera, sin haber previamente decidido qué tipo de representación, trágica o cómica, querría escuchar la audiencia.

Si de verdad quieren ser auténticos, responsables y eficaces, los postulados de ambos candidatos deben justificar sus propuestas no en base a la personalidad, sino a la funcionalidad de sus candidatos. Tienen que explicar qué es lo que creen debe ser AP en el futuro, por qué y para qué, y después probar que su candidato es quien mejor puede llevar a cabo ese proyecto.

He dicho ‘casi exclusivamente’ porque hay un tercer candidato, Fernando Suárez, que, aunque con menores apoyos, ha sido más coherente. En la revista ÉPOCA, manteniendo una posición contraria a la que aboceté en este periódico hace unos días, ha indicado que AP debería reformarse para restaurar la línea histórica de la política conservadora social que va desde Maura a Franco, pasando por Primo de Rivera, pero sobre bases auténticamente constitucionalistas.

Creo que, efectivamente, [Fernando] Suárez es la persona más adecuada para intentar poner en práctica ese ideario, que por brevedad el otro día califiqué de franquismo democrático: tiene la experiencia necesaria para conocerlo y la competencia técnica y la voluntad democrática de implantarlo.

No puedo apoyar, naturalmente, su posición, porque, primero, ideológicamente, he estado en contra de ese programa toda mi vida. Y, además, prácticamente, no creo que sea viable en democracia instaurar por mayoría un sistema político confesional en lo cultural, centralista y orgánico en lo político, autárquico e intervencionista en lo económico y social en lo laboral; simplemente porque respeto lo suficiente a Maura, Primo de Rivera y Franco, para pensar que se pueda triunfar donde ellos no tuvieron éxito.

Pero he de defender tanto su derecho a intentarlo como su deber de proponerlo y, por supuesto, a que representa esa corriente dentro de la nueva derecha siempre que, como corresponde a la realidad, se plantee en términos minoría. Más aún cuando es el único de los candidatos que ha tenido la coherencia científica, moral y política de abordar el debate en sus justos términos.

Decía el otro día, en efecto, que no es posible sustituir a Fraga sin reformar AP. Ni en equipo ni individualmente. ¿Por qué? Porque Fraga es, sin duda alguna, el mejor de todos los fraguistas. Si, con su dimisión, Fraga ha reconocido la imposibilidad de que triunfara el fraguismo (es decir, esa mezcla de franquismo democratizado con ardimientos democratacristianos, liberales y socialdemócratas, que él cristalizó por impulso de ciertos poderes fácticos), no tiene ningún sentido pensar que cualquier otro fraguista, individual o colectivo, pueda llevarlo a mejor fin.

Sólo hay por consiguiente dos opciones abiertas para AP: el continuismo o la reforma.

En el primer caso, quienes quieran que AP siga siendo el vehículo del fraguismo deben reconocer claramente cuáles son los objetivos y medios básicos de su opción: primero, están abogando por ser un partido testimonial y marginal que no contará en la reorganización inevitable de la derecha política española y, segundo, que no pueden tener otro mejor líder que Manuel Fraga; en lugar de buscarle sustitutos, lo que tienen que hacer es convencerle para que vuelva.

Quienes crean que AP debe seguir contando como fuerza esencian en la conformación de la nueva derecha, pero no como socio mayoritario, sino como uno más, están obligados, científica, moral y políticamente a explicar a sus compromisarios y electores como hay que reformar AP, es decir: quién debe hacerlo y para qué.

Ese es el debate necesario que, sin embargo se quiere eludir.

José Ramón Lasuén.

Por dos veces en el transcurso de las dos últimas semanas José Ramón Lasuén ha expuesto en las páginas de ABC sus preocupaciones por el futuro de Alianza Popular y su siempre bien recibido consejo sobre la muy difícil sustitución de Manuel Fraga. Entre ambos pronunciamientos aún ha tenido tiempo, mi agudo compañero, en la docencia y, hasta hace bien poco, en el Parlamento, de advertir que si las soluciones de nuestro Congreso no resultan de su plena satisfacción seguirá la moda de ir con su credencial de diputado al Grupo Mixto del Congreso.

Nunca habría yo pedido al ABC un hueco en sus columnas para debatir cuestiones internas de mi partido si no fuera porque Lasuén, con elogios formales que agradezco, me cita por mi nombre y rebate mis tesis, no sin desfigurarlas previamente, lo que – por supuesto – le facilita mucho las cosas. Como el lector poco avispado seguramente ignora que Lasuén preside el Partido Social-Demócrata que es uno de los federados con Alianza Popular, conviene dejar claro, de entrada, que sus respetables opiniones no dejan de constituir una sutil injerencia en asuntos internos de otro partido, si bien comprensible por las indudables consecuencias que para todos tiene un Congreso tan importante como el nuestro. Quizá éste es el momento de reconocer la admirable elegancia con que se está comportando José Antonio Segurado, respuetoso siempre con las decisiones de las demás formaciones políticas, por muy próximas que estén a la suya.

Vuelvo al tema. Conforme con Lasuén en que ésta no es cuestión de personas, y menos de personalismos, sino de proyectos, no puedo estar conforme con sus posteriores simplificaciones, especialmente con la hábil treta de teñir el conjunto de mi actitud con el color que se desprende de unas muy concretas y sectoriales mías.

Estoy harto de oír que en el centro—derecha es mucho más lo que une que lo que separa, y así pienso yo también. Estoy harto de contestar que para distinguir a Fraga de Martín Villa, a Martín Villa de Alzaga, a Alzaga de Osorio y a Osorio de Segurado hay que llegar a matices, porque en las grandes cuestiones los acuerdos son fáciles. Sin negar que las biografías inciden en la credibilidad de las propuestas, es falso que las propuestas sean incompatibles entre sí.

Lo mismo ocurre en el seno de nuestro partido. Cualquier puede, sin dificultad, elaborar un programa en cuyo noventa por ciento estén de acuerdo Fernández Albor, Herrero de Miñón, Alfonso Osorio, Abel Matutes, Félix Pastor, José Manuel Romay, Hernández Mancha, García Tizón, Aznar, Isabel Tocino, Gonzalo Robles y tantos otros que harían la lista interminable. De donde resulta que los amtices se reducen – se han reducido siempre – a muy concretos y parciales aspectos de nuestras propuestas a la sociedad. Permítaseme ser un poco más explícito.

Alianza Popular es un partido democrático que se mueve inequívocamente en el marco de la Constitución. Ahí no se producen discusiones de futuro, por diversos que hayan sido los camins para llegar al presente. Quien sostenga – y Lasuén lo sostiene – que yo defiendo un sistema centralista y orgánico en lo político no dice la verdad. Me contraría tener que recordar mi clara alineación en lo que se llamaba aperturismo en las últimas etapas del régimen anterior, o mi tenazmente silenciada participación en la reforma política de 1976, para impedir que ahora me atribuyan nostalgias y afanes de retroceso. Eso no está en el debate y traerlo a colación son ganas de confundir.

Alianza Popular defiende las libertades y los derechos de la persona. Mal hacen quienes utilizan a las personas, ignorando que ése es el mayor atentado a su dignididad. Entre esas libertades entra, claro es, la libertad de la cultura. ¿Quién que me conozca puede creer a Lasuén cuando asegura que pretendo instaurar por mayoría un sistema política confesional en lo cultural? Ni lo pretendo yo ni se lo he oído a nadie en el seno de mi partido.

A mí no me ruboriza recordar que Maura reconoció el derecho de huelga, que Aunós elaboró el Código de Trabajo, o que Franco implantó el Seguro de Enfermedad. Hay pusilánimes que prefieren no aludir a nada de esto porque ‘quita imagen’. Aquí y ahora hay que comprometerse, y una cosa es que la justicia social no impida el progreso económico y otra bien distinta pretender que para lograr progreso económico haya que renunciar a cualquier pretensión de justicia social. Una cosa es que defendamos la empresa y otra bien distinta que sean los sectores menos sensibles del empresariado los que nos digan lo que tenemos que hacer.

Estas son las posturas, y muy malo será que no se aclaren. Lo demás es retórica y personalismo. A mí no me interesa quién lo hace, sino el qué y cómo de los que vamos a hacer. Lo que tengo bien claro es que Alianza Popular debe salir fortalecida y unida de esta crisis, y por mí no va a quedar. Yo estoy con Herrero de Miñón, cuya ponencia política, cuya capacidad de comunicación admiro sin reservas. Estoy incluso y en muy buena medida con José Ramón Lasuén, que tanta sabiduría económica puede aportar a un buen gobierno. No me parece difícil que cada uno ponga su buen sentido al servicio de una tarea común rechazando actitudes excluyentes. Porque si lo que ofrecemos al electorado son actitudes excluyentes, lo probables es que acabe por excluirnos a todos.

Fernando Suárez