Caso Juana Rivas: condenada a cinco años de cárcel y a la pérdida de la patria potestad de sus hijos por desobediencia a la justicia

Y en la de todas las personas de buena voluntad. Porque no podemos consentir que una vez más se ponga en peligro la vida, la salud y el bienestar de unos niños, entregándolos a la insania de un padre maltratador.

Este 8 de agosto todos y todas debemos manifestarnos en la puerta de los juzgados, allí donde estemos, exigiendo que Juana pueda vivir con sus hijos en paz. Porque ese día la jueza –y una mujer tenía que ser- del número 3 de Granada ha impuesto a la madre que hoy debe entregar a su exmarido, condenado por maltrato, sus dos hijos -de 3 y 10 años. Como es ciudadano italiano se los llevará a su país. Y todo este drama mientras el Tribunal Supremo todavía no se ha posicionado sobre el caso tras el recurso de Juana, y suponiendo que se ha aprobado un  pacto de Estado donde se prohíbe entregar la custodia de menores al padre que sea maltratador.

La jueza ha señalado la entrega de los dos menores para las 16.30 horas del día 8 en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, al que deberán ser llevados por la madre a fin de que el padre los recoja  y traslade a Italia, donde tiene su «residencia habitual».

Porque el Patriarcado está triunfante en esta nueva ofensiva de los machistas. Los tribunales se llenan de casos en los que jueces y juezas se niegan a proteger a los menores de padres violentos, abusadores sexuales e incluso homicidas.

Veintiséis niños han sido asesinados por su padre cuando convivían con él cumpliendo el régimen de visitas impuesto por algún juzgado. Ángela González Carreño presentó 51 denuncias antes de que el padre asesinara a la hija de 8 años, en la tarde de visita que impuso el juez.

José Bretón quemó vivos a sus dos hijos, Ruth y José, en su finca de Córdoba cuando se los llevó la tarde de visita que impuso el juez.

Daniel Ubiel Renedo asesinó hace dos años a sus dos hijas, Amaia y Candela con una radial y un cuchillo, después de haberles proporcionado unos calmantes, que en el caso de la mayor de 9 años no tuvieron efecto, ya que hubo señales de lucha cuando intentó librarse de la cinta adhesiva con que la había atado. Ubiel había llamado previamente a la madre para decirle que pensaba matar a las hijas para vengarse de ella.

La serie de asesinatos de niños y niñas perpetrados con absoluta crueldad por sus propios padres a fin de hacerle daño a la madre excede de la crónica de un siglo XXI. Solamente en los ritos satánicos y las sectas fanáticas de la Edad Media encontramos hechos semejantes.

Y sin embargo, en el primer tercio del siglo XXI las mujeres seguimos teniendo que defendernos de los ataques de agresores machistas, jueces y juezas formados en los más reaccionarios principios patriarcales que, amparándose en su libertad de criterio, dictan resoluciones que dejan en la indefensión a las madres y a los niños, fiscales que no cumplen con su mandato de proteger a los débiles y legisladores que no piensan modificar las normas legales vigentes, ni aún para garantizar la seguridad de los menores.

Las feministas no sabíamos que los avances conseguidos, tan largas y penosas luchas, durante el siglo XX, para reconocer a las mujeres como ciudadanas con igualdad de derechos con los hombres, podrían revertirse de forma tan cruel y desaforada. Como dice Susan Faludi, la reacción de los sectores machistas de la sociedad no se ha hecho esperar.

Si algún reconocimiento se otorgó a las mujeres en tiempos bien difíciles como los de la dictadura fue el de que indiscutiblemente eran buenas madres y en los procesos de separación se les entregaba la custodia de los menores sin vacilaciones. Ha sido alcanzar la legalización de la igualdad cuya implantación en la sociedad se supone, por eso incluso tuvimos un ministerio de Igualdad y una ley que la garantiza, para que a las mujeres se les achacaran toda clase de maldades, a través de perversas campañas de difusión de la más atrasada ideología patriarcal.

A partir del momento en que se difunde la consigna de que la igualdad se ha instalado en nuestra sociedad, se hace más aguda la discriminación social respecto a los hombres. Ya no basta con que los salarios sean el 30% más bajos que los de los hombres, ni que apenas tengan poder político ni económico, que las violaciones se hayan multiplicado y que la mayoría sufran explotación laboral y acoso sexual, ahora hay que convertirlas en sujetos detestables.

Se ha difundido la especie de que las mujeres presentan denuncias falsas de maltrato; se las acusa de influir malévolamente en los hijos para separarlos de su padre, según un delirante diagnóstico de padecer el SAP, que ninguna autoridad médica ha reconocido, y se les imponen multas y penas de cárcel si no cumplen las órdenes judiciales de entregar sus hijos a un padre violento y peligroso que puede acabar con su vida. Y cuando obediente y mansamente las más sumisas cumplen lo ordenado por el juzgado y el progenitor los asesina, nadie es responsable del incumplimiento del deber de protección que tiene el Estado, según nuestros preceptos constitucionales.

La tutela judicial efectiva que tan pomposamente impone la Constitución es una declaración vacía para los 500 niños que han quedado huérfanos porque el padre mató a la madre, para los más de 60 que han sido asesinados por su propio padre, para las 1.200 víctimas de feminicidio que hemos contado en los últimos diez años.

Como en un remedo de los tiempos siniestros de la persecución de las brujas, las mujeres están siendo víctimas, cada vez en mayor número, de la insania de maltratadores y asesinos, de jueces y fiscales que se complacen en perseguirlas y castigarlas, de funcionarios y médicos y trabajadores sociales que creen que su labor consiste en investigar la maldad de las mujeres en vez de protegerlas, de legisladores que mantienen las normas patriarcales.

Y se cometen cada vez más frecuentemente  infanticidios ante la indiferencia de los responsables de proteger a nuestros niños.

No fue fácil, me imagino. La sala llena de activistas del género a favor de Juana Rivas, porque es mujer, porque es madre. Como millones, por otra parte. Como si ser madre y mujer te convirtiera de inmediato en una víctima inocente sin más. Ni pruebas, ni preguntas, ni testimonios harían falta, en su teoría. Como si no hubiera habido madres en la historia de la Humanidad que, incluso creyendo que hacían lo mejor para sus hijos, resultó que les hacían daño. Pese a la presión ambiental,te atreviste a preguntar que, si Francesco Arcuri era semejante maltratador, cómo fue lo de volver con él y tener un segundo hijo. Porque eres fiscal y tu labor es precisamente cuestionar, porque te has formado para tratar de tener el máximo de piezas del puzzle para luego hacer tu petición de condena, porque crees que la acusada tiene todo el derecho a defenderse, a decir, por ejemplo, que volvió engañada, porque aquello era una relación tóxica de amor y odio,que es algo habitual en las víctimas de maltrato. Lo que le hubiera dado la real gana. La acusada en este procedimiento de sustracción de menores tiene todo el derecho a defenderse, incluso con la mentira. Es una mayor de edad responsable y capaz de explicarse ante preguntas incómodas.

Pero no, ahora resulta que las que tuiteaban con #JusticiaFeministaParaJuanacreen que no hay derecho a esa pregunta de la «fiscala», que se nota que tú, mujer, no tienes perspectiva de género porque, con ella, no te hubieras atrevido a cuestionar así a Juana. Casi mejor llegar allí entonces con un informe redactado y convenientemente sellado por los que imparten la doctrina y este otoño darán cursos online sobre neomachismo, esa etiqueta que sirve para todos los que cuestionan aspectos de la Ley Integral de la Violencia de Género. Puede parecer anecdótico, pero no lo es, porque este caso, el de Justicia para Juana, ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que se le retire la custodia a cualquier hombre condenado por maltrato ocasional, que no continuado. Como el padre de los hijos de Juana Rivas, que aceptó una condena de nueve meses por una pelea. ¿Cuántos condenados por el artículo 153 a penas de menos de un año se verían así privados de la custodia compartida de sus hijos? ¿Cientos, miles?

Cuando entró en el juzgado, Juana Rivas dijo: «Espero que se haga Justicia». Yo también. Justicia, sin «feminista», sin perspectiva de género. Por eso, yo sí te creo, hermana fiscal. Porque me sé historias de superación de mujeres fiscales y jueces, de orígenes humildes, con aspiraciones de impartir justicia, apasionadas de la ley, que tienen que leer cómo se les coloca de meros engranajes de unos tribunales opresores y machistas, como si ellas no tuvieran criterio propio, libre albedrío, como si no pudieran pensar distinto a las que integran una supuesta sororidad donde está prohibida la disidencia. Porque las conozco que no necesitan ningún cursillo ideológico para saber que juzgan a personas, hombres y mujeres. Porque la historia de la feminización de la Justicia en este país es un éxito que se ha conseguido con codos, cabeza y mérito y, ahora, pretenden denigrar al sistema llamándolo «patriarcal». Y quiero creerte, hermana, porque tengo hermanos, amigos e hijos a los que deseo que, llegado el caso, se les juzgue sin perspectiva de género.

Francesco Arcuri no habla. Dice que por sus hijos. El mayor tiene 12 años y no quiere que, en Google, se avergüence de nada de lo que su padre haya podido decir.

Hermana fiscal, lo de hoy no ha sido fácil. Nunca lo es cuando hay que elegir entre lo fácil y lo correcto. O lo difícil y lo correcto. Creo que Juana Rivas lo sabe.

En la película Amistad, de Steven Spielberg, el abogado de unos esclavos africanos -sometidos a juicio por asesinato de unos negreros- que intenta todo tipo de estrategias para salvarlos de la horca, incluso considerarlos jurídicamente como simples mercancías, es amonestado por el representante del grupo abolicionista que lo ha contratado, que no solo afirma que el caso ha de tratarse exclusivamente como un asunto moral, sino que llega a deslizar que, para su causa, quizás sea mejor que los esclavos finalmente sean condenados y ejecutados.

Cuando Juana Rivas siguió malos consejos y decidió que era buena idea no devolver a sus hijos a su padre y a su domicilio familiar, cometió un primer error. Cuando dos meses después de llegar a España presentó una denuncia en una jurisdicción incompetente, a la espera de que se remitiese a Italia, para crear una causa que justificase su decisión, cometió un segundo error. Cuando, tras obtener la custodia de los hijos por el tribunal competente, el padre inició un procedimiento internacional de devolución, que provocó una decisión de un tribunal español, ratificado por una Audiencia Provincial española, sobre la base de un informe psicosocial realizado por peritos españoles, y Juana Rivas decidió no cumplir con la decisión, cometió un tercer error. Cuando reiteradamente desobedeció las órdenes de diferentes tribunales que le daban, una y otra vez, plazo para cumplir, cometió un cuarto, un quinto, un sexto error. Cuando dio el paso de ocultarse con sus hijos, casi durante un mes, cometió un séptimo error.

Todos esos errores pudieron deberse a empecinamiento o a malos consejos recibidos. Pero lo más grave es que España se llenó de abolicionistas con levita que le trasladaban a Juana Rivas la idea de que su causa era la de todos. Esos abolicionistas no eran unos cualesquiera: un presidente del Gobierno, una presidenta de una Comunidad, ministros, diputados, presidentes de partidos, alcaldes, famosos opinadores. Todos ellos decían ser Juana, solidarizarse con Juana y comprender a Juana.

Por supuesto, ninguno de ellos sabía, ni sabe, quién es Juana en realidad o qué le pasó. Ni quién es Francesco Arcuri, o quiénes son esos dos niños que primero fueron arrancados del contacto con su padre y más tarde se van a ver privados de su madre. Qué van a saber. Pontifican, pero sobre ideales abstractos construidos usando a Juana, a sus hijos y al monstruoso torturador del que había que salvarlos como arquetipos adecuados para la causa. Todo es bueno para el convento: si Juana logra lo que quiere, el activismo triunfa sobre la justicia patriarcal; si es condenada y tiene que pagar, su sangre regará el patriótico campo de los ideales. En un ejemplo perfecto de derecho penal de autor, lo que menos importaba eran los hechos o las conductas concretas. Importaba que él era un hombre, condenado en el pasado por maltrato, y ella una mujer. Perfecto para los panfletos. Perfecto para una campaña veraniega de televisión y prensa, una borrachera de falso y fatuo sentimentalismo que permitía a millones ponerse del lado correcto a la hora del telediario.

Suelo decir a mis clientes acusados de algún delito que solo yo estoy de su parte. Nadie más. Grábense esto a fuego, por si acaso. Ni los que sinceramente creían ayudar a Juana Rivas, ni, menos aún, los que viven de la cosa pública y de chiringuitos que solo se autojustifican si la realidad se ajusta al credo sobre el que han medrado, están ni han estado de su parte. De su parte solo habría estado un abogado que hubiera hecho su trabajo. Uno que no velase por todas las mujeres, o por todos los niños, o por todos los seres puros, o por la civilización occidental, la salvación de la Humanidad o la causa de las víctimas abstractas. Uno que velase por su cliente; que le hubiese explicado: «si haces esto, Juana, es muy probable que termine cayéndote una pila de años de prisión y que, de paso, te prohíban ver a tus hijos, que crecerán sin ti, sin tu amor, sin tu preocupación, sin tu esfuerzo, sin tu influencia. ¿Quieres jugarte eso?».

También en Amistad, los esclavos presos, al ver desde la cárcel cómo un grupo de abolicionistas se acerca, se preguntan quiénes son; hasta que se arrodillan y uno de los esclavos presupone: «están enfermos». Luego los abolicionistas empiezan a cantar un himno religioso y, entonces, otro proclama: «¡son artistas!». Pero el primero añade: «pero, ¿por qué parecen tan miserables?».