26 febrero 1998

El juez del Supremo, Conde Pumpido, endurecerá las penas

Juicio al ‘Caso Roldán’: Luis Roldán condenado a 28 años de cárcel por haberse apropiado de 1.700 millones de pesetas

Juicio al ‘Caso Roldán’: Luis Roldán condenado a 28 años de cárcel por haberse apropiado de 1.700 millones de pesetas

Hechos

El 26.02.1998 la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia por el llamado ‘Caso Roldán’, que fue revisada por el Tribunal Supremo en 21.12.1999.

Lecturas

El 26 de febrero de 1998, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid hace pública la primera sentencia del denominado caso Roldán, que condena al antiguo director general de la Guardia Civil Luis Roldán Ibáñez a 28 años de prisión por malversación de caudales públicos, estafa, cohecho continuado y cinco delitos contra la Hacienda Pública. La resolución, presidida por el magistrado Pedro Javier Rodríguez, llega después de un prolongado procedimiento judicial iniciado a raíz de las informaciones publicadas por Diario 16 en noviembre de 1993 sobre el patrimonio injustificado del antiguo responsable del instituto armado. La sentencia también condena a Jorge Esparza Martín, antiguo directivo de la constructora Huarte y principal intermediario financiero de Roldán, a nueve años de prisión, y a Blanca Rodríguez-Porto Pérez, esposa del exdirector general, a cuatro años por encubrimiento y delito fiscal. Los otros cinco procesados resultan inicialmente absueltos, aunque el Ministerio Fiscal anuncia su intención de recurrir varias de esas absoluciones.

La investigación, instruida por la magistrada Ana Ferrer García, examina las actividades económicas desarrolladas por Roldán durante su etapa al frente de la Guardia Civil, entre noviembre de 1986 y diciembre de 1993, bajo los gobiernos socialistas de Felipe González Márquez. El procedimiento permite reconstruir un sistema de enriquecimiento ilícito que combina distintas operaciones. Por una parte, Roldán se apropia de cantidades destinadas a los fondos reservados del instituto armado, después de modificar el sistema de custodia y control contable que existía antes de su llegada. Por otra, exige comisiones a empresas constructoras interesadas en obtener contratos para levantar o reformar casas cuartel de la Guardia Civil. La sentencia considera acreditado que recibió 798,6 millones de pesetas en comisiones ilegales de Huarte-Hasa, Cubiertas MZOV, Sierra Comendador y Aspica, relacionadas con obras en 52 instalaciones. También demuestra que obtuvo dinero mediante el cobro de supuestos servicios de seguridad a empresas que trabajaban en la autovía de Leizarán, alegando que necesitaban protección frente a ETA, aunque los servicios facturados nunca llegaron a prestarse.

Para gestionar y ocultar el dinero, Roldán cuenta con la colaboración de Jorge Esparza, que administra cheques, canaliza pagos y participa en la constitución de la sociedad Europe Capital, SL, utilizada para encubrir parte del patrimonio acumulado. La investigación también alcanza a Juan Jorge Prieto Pardina, director de una sucursal del Banco Bilbao Vizcaya, que interviene en operaciones de fraccionamiento e intercambio de cheques bancarios destinadas a dificultar la identificación de los verdaderos beneficiarios. El entramado incluye cuentas en España y Suiza, adquisiciones inmobiliarias y movimientos financieros que permiten al antiguo director general disponer de una fortuna incompatible con sus ingresos oficiales. Los investigadores atribuyen a Roldán un patrimonio oculto de alrededor de 1.700 millones de pesetas, cuyo destino completo no consigue esclarecerse. La sentencia señala además la intervención del antiguo agente Francisco Paesa Sánchez, al que relaciona con la ocultación de fondos en Suiza y respecto del cual acuerda deducir testimonio para investigar un posible encubrimiento.

La causa también examina la participación de otras personas del entorno del exdirector general. Elisa Rodríguez López, antigua compañera sentimental de Roldán, y Agustín Blázquez López, relacionado con ella y con operaciones empresariales investigadas, son acusados de intervenir en cobros de comisiones. El constructor José Herminio Lastra y el directivo bancario Prieto Pardina también comparecen como procesados. Por su parte, el general Manuel Llaneras, estrecho colaborador de Roldán en la Guardia Civil, responde por acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias relacionadas con la tramitación de adjudicaciones. La Audiencia considera que no existen pruebas suficientes para afirmar que Llaneras conociera las comisiones ilegales o se beneficiara de ellas, y lo absuelve. Respecto de Elisa Rodríguez, Blázquez, Lastra y Prieto Pardina, el tribunal aprecia la prescripción de los delitos atribuidos. En cambio, considera probado que Blanca Rodríguez-Porto contribuyó conscientemente a ocultar el patrimonio ilícito de su marido y cometió, además, un delito contra la Hacienda Pública.

Durante el juicio, Roldán intenta explicar parte de los movimientos económicos alegando que las comisiones cobradas a las constructoras no estaban destinadas a su enriquecimiento personal, sino a financiar al PSOE. También sostiene que había recibido sobresueldos procedentes del Ministerio del Interior. El tribunal rechaza la primera explicación por falta de credibilidad y considera que las comisiones investigadas acabaron en su patrimonio particular. En cambio, la sentencia sí reconoce la existencia de pagos complementarios recibidos desde la Secretaría de Estado para la Seguridad, una circunstancia que pone de manifiesto la opacidad con que se gestionaban determinadas remuneraciones y fondos del Ministerio del Interior. La distinción es importante: la sentencia atribuye a Roldán una extensa actividad delictiva personal, pero también documenta prácticas administrativas y mecanismos de financiación reservada cuyo alcance institucional trasciende su conducta individual.

La sentencia de febrero de 1998 no será definitiva. El Ministerio Fiscal recurre las absoluciones y solicita que se reconozca también la falsedad documental vinculada a las operaciones de ocultación del dinero. El 21 de diciembre de 1999, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con ponencia del magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, endurece las condenas: eleva la pena de Roldán de 28 a 31 años de prisión, la de Esparza de nueve a doce años, y condena a Elisa Rodríguez y Agustín Blázquez a dos años y seis meses de cárcel por cohecho. También impone al general Llaneras ocho años de inhabilitación por prevaricación, mientras mantiene las absoluciones de Lastra y Prieto Pardina y confirma los cuatro años de prisión de Blanca Rodríguez-Porto. La resolución del Supremo cierra la vía ordinaria de recursos y consolida judicialmente la responsabilidad de Roldán por una combinación de apropiación de fondos públicos, comisiones ilegales, estafa, falsedad documental y fraude tributario.

D. Jorge Esparza Martín, el testaferro del Sr. Roldán

D. Manuel Llaneras Baquero, general.

 Dña. Blanca Rodríguez Porto, segunda esposa del Sr. Roldán

Las partes personadas y las acusaciones

El procedimiento presenta una particularidad relevante: además de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, intervienen diversas acusaciones populares, algunas de las cuales protagonizan conflictos procesales sobre su derecho a actuar con representación propia.

  • Ministerio Fiscal: representado por los fiscales Alejandro Luzón Cánovas y Daniel Campos. Solicitan inicialmente 32 años de prisión para Roldán, 15 para Esparza y cinco para Blanca Rodríguez-Porto. También formulan acusaciones contra los demás procesados.

  • Abogacía del Estado: interviene en defensa de los intereses patrimoniales de la Administración perjudicada. En determinados puntos, como la existencia de sobresueldos de Interior, mantiene criterios distintos de los fiscales.

  • Acusación popular de José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada: representada por el abogado Marcos García Montes. Es una de las acusaciones más activas. Solicita 34 años y cuatro meses de prisión para Roldán y denuncia que la Administración había ignorado informes sobre irregularidades en las adjudicaciones de obras.

  • Unión del Pueblo Navarro (UPN): presenta en octubre de 1994 una querella contra Roldán, Gabriel Urralburu y Antonio Aragón, pretendiendo actuar como acusación particular o, subsidiariamente, popular. La instructora rechaza reconocerle la condición de perjudicado directo y exige que comparta representación con la acusación popular ya personada. UPN recurre hasta el Tribunal Constitucional, que en su sentencia 154/1997, de 29 de septiembre, no aprecia vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.

  • Otros querellantes: también promueven actuaciones la Asociación de Estudios Penales, la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (AINCO), representantes de instituciones navarras, colectivos de guardias civiles perjudicados y particulares. La Audiencia limita la multiplicación de representaciones procesales para evitar la reiteración de actuaciones.

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EL JUEZ CONDE PUMPIDO (TRIBUNAL SUPREMO) ENDURECE LAS CONDENAS

juez_conde_pumpido  El 22.12.1999 el juez del Tribunal Supremo, D. Cándido Conde Pumpido, revisó la sentencia del ‘caso Roldán’ aumentando la pena contra el Sr. Roldán. La sentencia quedó así.

Primera_mujer_Roldan Dña. Elisa Rodríguez, primera esposa de Roldán, condenada a 2 años de cárcel en la revisión del caso por el Tribunal Supremo.

Las ocho personas juzgadas y las sentencias

Comparación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (26-02-1998) con la resolución del Tribunal Supremo (21-12-1999).

Procesado Sentencia de 1998 Resolución del Supremo de 1999
Luis Roldán Ibáñez 28 años de prisión 31 años de prisión
Jorge Esparza Martín 9 años de prisión 12 años de prisión
Blanca Rodríguez-Porto Pérez 4 años de prisión 4 años de prisión
Elisa Rodríguez López Absuelta por prescripción 2 años y 6 meses de prisión por cohecho
Agustín Blázquez López Absuelto por prescripción 2 años y 6 meses de prisión por cohecho
Manuel Llaneras Baquero Absuelto 8 años de inhabilitación por prevaricación
Juan Jorge Prieto Pardina Absuelto por prescripción Absolución mantenida
José Herminio Lastra Absuelto por prescripción Absolución mantenida

Desglose de los años de condena de Roldán:

Delito Audiencia Provincial (1998) Tribunal Supremo (1999)
Malversación de caudales públicos 8 años 8 años
Estafa 6 años 6 años
Cohecho continuado 4 años 4 años
Cinco delitos contra la Hacienda Pública 10 años 10 años
Falsedad en documento mercantil Absolución 3 años
Total 28 años 31 años
EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

27 Febrero 1998

Coartadas desmontadas

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

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El tribunal desmonta esa coartada dando por probado que el de Roldán fue un caso de enriquecimiento personal. También desmonta la versión de que los 1.700 millones de sus cuentas suizas habían sido entregados al secretario del ex ministro, Antonio Asunción. Ese dinero fue transferido a una cuenta de Singapur, donde se le perdió la pista. Ello remite a una cuestión peliaguda. El cumplimiento de la pena carcelaria no convierte a Roldán en legítimo poseedor de los mikllones que robó. ¿No habría forma de condicionar la aplicación de las medidas de redención a la devolución de esa fortuna?Para Mario Conde, la decisión del Tribunal Supremo de estimar muy parcialmente su recurso de casación y condenarle a cuatro años y seis meses de prisión supone un durísimo golpe. Su estrategia jurídica pasaba por ganar el caso Argentia-considerado siempre menor por su equipo de juristas- y enfrentarse al juicio principal del caso Banesto con una exculpación previa hábilmente magnificada por algunos medios de comunicación. Tal estrategia se ha venido estrepitosamente abajo: el «caso menor», la desaparición de 600 millones de pesetas pagados a la sociedad Argentia Trust por trabajos presuntamente inexistentes, puede ser una premonición de lo que puede suponer el juicio principal. En éste habrá de responder de varias estafas, apropiaciones indebidas y falsedades contables por valor de. 14.000 millones de pesetas. La existencia de este segundo frente judicial explica la celeridad con que la Audiencia decretó ayer el ingreso en prisión de Conde. Porque, con una condena que ya es firme, el ex banquero se enfrenta ahora a una petición de no menos de 35 años, lo que aumenta el riesgo teórico de fuga.

Una representación cualificada del Supremo (cinco magistrados, con el presidente de la sala a la cabeza) ha ratificado la calificación del tribunal de la Audiencia Nacional según la cual el ex banquero cometió un delito de apropiación indebida en el pago de los 600 millones. En cambio, en relación con el delito de falsedad en documento mercantil, cuatro magistrados consideran que no está probado que fuese Conde quien elaboró u ordenó la factura considerada mendaz ni que dicho documento fuera falso. El quinto juez emitió un voto particular en el que considera que los magistrados de la Audiencia Nacional tenían razón en ambas cosas: esto es, que Conde cometió apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

La sentencia es particularmente pedagógica al desmontar cuatro argumentos principales que el ex banquero ha utilizado machaconamente en los últimos meses como prueba de inocencia. Conde arguye que se le condenó invirtiendo la carga de la prueba; es decir, condenándole por no haber probado su inocencia. La sala recuerda que no existe dicha inversión: el tribunal que le condenó «sencillamente hizo constar que no había dado crédito a las explicaciones, con frecuencia contradictorias, del acusado y los testigos que declararon en la fase de instrucción y en el juicio oral».

La sentencia del Supremo destruye también el argumento de que es improcedente aplicar la calificación de apropiación indebida porque, presuntamente, Mario Conde no se habría quedado con los 600 millones. Pero los magistrados de la Audiencia Nacional no condenaron al ex banquero por quedarse con el dinero, sino porque «dispuso de bienes del banco que le correspondía administrar, sin dar ninguna respuesta apropiada y coherente sobre su uso». El tribunal tampoco admite la necesidad de una nueva comisión rogatoria como pieza

esencial de la defensa de Conde, porque fue él quien no solicitó dicha prueba en el momento procesal oportuno.

El último argumento considera una incongruencia jurídica subsumir la apropiación indebida en el delito de administración desleal, cuando en el Código Penal vigente existe la tipificación específica para la primera. La sala señala varias veces con el dedo al fiscal por haber apoyado una solución inconsistente, en el sentido de sostener que hubo delito de apropiación indebida y proponer la administración desleal por ser más benigna para el reo. Como dice la sentencia, el delito de administración desleal no ha sido creado para imponer penas más benévolas, sino para castigar unos delitos que gozaban de impunidad en el viejo código.

Luis Roldán y Mario Conde fueron, por motivos muy distintos, símbolos de lo peor de una época llena de conmociones. Han sido juzgados con todas las garantías y ahora están en prisión. La justicia podrá ser imperfecta y lenta, pero raramente olvida.

ABC (Director: Francisco Giménez Alemán)

27 Febrero 1998

Amparado en su cargo

ABC (Director: Francisco Giménez Alemán)

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Sin ningún afán de ensañamiento, cabe preguntarse si los veintiocho teóricos años de prevaricación de libertad a los que Luis Roldán ha sido condenado por el delito continuado de malversación de caudales públicos y otros de estafa, cohecho y contra la Hacienda Pública, serán bastante para purgar el daño infligido  a una Corporación del legendario prestigio de la Guardia Civil, el efecto depresivo sobre la moral de la lucha antiterrorista, el menoscabo del decoro del Estado, el quebranto de la imagen misma de España.

Confiar a un delincuente la dirección y mando del principal instrumento de que el Estado dispone para reprimir el delito y hacer prevalecer la ley es una paradoja esperpéntica que no provoca sólo el asombro y la repulsa, sino que obliga a reflexionar sobre las causas que la hicieron posible.

No cabe negar que el propio PSOE figura en posición destacada en el largo elenco de los damnificados por Roldán. Comprendemos su reacción de alivio ante la sentencia y su confianza en que esta solemne certificación de un grave error de su pasado signifique el punto de partida para una laboriosa regeneración.

Pero difícilmente cabe acoger el ‘caso Roldán’ al socorrido expediente del ‘garbanzo negro’. Es más exacto mostrarlo como el paradigma de los vicios de una época. Luis Roldán protagonizó una fulgurante carrera política sin más méritos que la militancia y el activismo partidista. La fabricación y la divulgación de un falso curriculum académico era ya una pista que debiera haber hecho saltar las alarmas. Pero Roldán permaneció al frente de la Guardia Civil durante cerca de ocho años, a lo largo de los cuales ‘desarrolló una incesante actividad delictiva, amparada en cargo público’, sin que los superiores que habían depositado en él su confianza se sintieran en ningún momento inquietados por sus abusos. Más allá de la notoria culpa ‘in vigilando’, Narciso Serra postuló la promoción de Luis Roldán a ministro del Interior.

Sin evocar la arrogancia en el ejercicio del poder, el entendimiento patrimonial de la función pública, la inclinación a considerar la Administración como un cortijo, Roldán es ininteligible. Como lo es también sin traer a colación la concepción sectaria de que Roldán no podía ser malo porque era ‘uno de los nuestros’.

La responsabilidad política y aún histórica del ‘caso Roldán’ no se agota únicamente en una sentencia, aunque resulte extemporáneo exigirla tras unas elecciones en las que el PSOE perdió el poder.

Y también parece oportuno subrayar que el ‘caso Roldán’ fue destapado por la Prensa libre, independiente y crítica. No es exagerado suponer que sin tal denuncia habría podido consumarse la impunidad. Cuando tantos desatinos se dicen y escriben sobre quiméricas conspiraciones, no es superfluo recordar el papel, mucho más garante que amenazador, que la Prensa libre representa para la salud de la vida democrática.

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

27 Febrero 1998

«Caso Roldán»: una sentencia consecuente... y con consecuencias

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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La condena impuesta por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid a Luis Roldán es muy importante: 28 años de de prisión. La más importante que ningún tribunal haya impuesto jamás a un político procesado por corrupción en la España del siglo XX.

Importante, pero para nada desproporcionada: los 341 folios que conforman la sentencia conocida ayer suponen un relato pormenorizado de hechos delictivos de extraordinaria gravedad: malversación de caudales públicos, estafa, cohecho y delitos contra la Hacienda pública realizados de manera continuada a lo largo de los casi siete años en los que Luis Roldán estuvo al frente de la Guardia Civil. Un relato apoyado en pruebas tan abundantes como contundentes.

La sentencia viene a ratificar lo que EL MUNDO sostuvo cuando tanto -y tan interesadamente- se discutía en relación a la fuente del enriquecimiento ilícito del ex director general del Instituto Armado: ¿había cobrado sobresueldos con cargo a los fondos reservados, como sostenía su defensa, o se dedicó a cobrar comisiones a las empresas que trabajaban para la Guardia Civil? Alegamos nosotros que no había necesidad de excluir ninguna de las dos hipótesis. Y ésa ha sido la conclusión que ha hecho suya el tribunal. Sostiene éste que, de hecho, Roldán aprovechó todas las posibilidades de enriquecimiento que le ofreció su cargo: se llevó lo que le dieron a título de sobresueldo con cargo a la partida de fondos reservados; se llevó también no poco de lo que le entregaron, con idéntica procedencia presupuestaria, para la realización de actividades secretas de su Dirección General; además, cobró comisiones por la concesión de contratos para la construcción o la reforma de casas cuartel y otras obras y, por último, sacó también dinero, a cambio de protección (!), a las empresas que realizaron la autovía de Leizarán.

Dice IU que Roldán ha servido de chivo expiatorio. Todo parece indicar que se ha limitado a recolectar lo que sembró. Diferente asunto es que haya otros sembradores a los que la Justicia aún no ha obligado a asumir su cosecha. En todo caso, la vía está abierta. Es de extraordinario valor, en ese sentido, que la Audiencia de Madrid haya considerado como hecho probado que Roldán cobraba un sobresueldo con cargo a los fondos reservados, y que haya juzgado que, al admitir tal sobresueldo con cargo a esa partida del presupuesto, incurrió en un delito de malversación, porque los fondos reservados únicamente deben usarse para financiar actividades de la Seguridad del Estado. Tal como afirma la sentencia: «A los efectos de la existencia del delito de malversación, escasa relevancia tiene que los caudales se los apropiara por propia iniciativa o en virtud de un previo concierto». Pues bien: si fue delito que él aceptara ese dinero, idéntico delito cometieron cuantos percibieron sobresueldos de la misma procedencia. Y si delito cometieron quienes cobraron, también delinquieron, por fuerza, quienes les pagaron. Sentada esa doctrina, el ex ministro José Luis Corcuera, que admitió haber efectuado pagos de ese género, tiene difícil escapatoria. Lo mismo que Rafael Vera. Lo mismo que Rodríguez Colorado.

Más allá del ámbito de lo jurídico, la abrumadora relación de hechos probados incluidos en la sentencia sugiere algunas reflexiones de índole política. ¿Fue Roldán la oveja negra de un rebaño felipista por lo demás impoluto? El conocimiento de la biografía del hoy condenado excluye esa posibilidad. Desde su paso de munícipe por Zaragoza, se sabía que Luis Roldán era un político más acá de toda sospecha. A pesar de lo cual -o gracias a lo cual, según algunos-, fue sucesivamente ascendido: primero, a delegado del Gobierno en Navarra, con derecho a currículo trucado; luego, a director general de la Guardia Civil. Era firme candidato a ministro del Interior cuando sus andanzas fueron sacadas a la luz por Diario 16. Roldán fue conspicuo adalid de la llamada trama navarra del PSOE, de cuyas andanzas financieras tanto se ha acabado sabiendo. A decir verdad, tampoco hubiera dicho nada a favor del equipo de González si la verdad fuera que elevó hasta lo más alto en la Seguridad del Estado a un personaje así, cuyas andanzas no resistían ni la más somera investigación. Pero no vale la pena ni tomar en cuenta esa conjetura: entre los excesos del felipismo nunca estuvieron ni la ingenuidad ni el candor desbordados. Conocían muy bien a Roldán: por eso le encargaban algunos de sus trabajos más sucios. Lo que rompió la baraja fue que acabáramos por conocerlo igual de bien todos los demás.

Dice Margarita Robles que la sentencia de la Audiencia madrileña demuestra que, en contra de todo lo que se dijo, no hubo ningún tipo de pacto entre Luis Roldán y el Ministerio del Interior, encabezado entonces por Juan Alberto Belloch. No es cierto. En todo caso, demostraría que la Audiencia no se ha sentido ligada por ningún pacto soterrado. Pero no que otros no lo hubieran hecho. Resulta en extremo significativo a este respecto que la sentencia determine que procede proseguir las actuaciones contra Francisco Paesa, por el más que turbio papel que desempeñó en toda la peripecia de Roldán. Ese inquietante personaje no ha estado a disposición de la Justicia, entre otras cosas, por la extraña protección que recibió del Ministerio del Interior, cuando Belloch ostentaba la titularidad de esa cartera ministerial.

Porque en esta sentencia, con toda probabilidad, son todos los que están. Pero, desde luego, no están todos los que son.

El dinero del que se apropió Roldán:

Procedencia o concepto Cantidad
Comisiones ilegales de Huarte-Hasa 558.878.588 ptas.
Comisiones de Cubiertas MZOV 114.357.000 ptas.
Comisiones de Sierra Comendador 106.288.285 ptas.
Comisiones de Aspica 19.140.684 ptas.
Total aproximado de comisiones acreditadas 798,7 millones de ptas.
Fondos reservados malversados Alrededor de 600 millones de ptas.
Patrimonio oculto cuya localización se investigó Alrededor de 1.700 millones de ptas.

El Análisis

Roldán, un apellido convertido en sinónimo de corrupción

JF Lamata

Hay que reconocer a Luis Roldán una extraordinaria capacidad para encontrar distintas fórmulas de enriquecimiento ilícito: apropiarse de fondos reservados, cobrar comisiones a constructoras, facturar servicios de seguridad inexistentes, ocultar dinero mediante testaferros y sociedades instrumentales y, finalmente, defraudar a Hacienda para no declarar las ganancias obtenidas. Pocos responsables públicos consiguen que su apellido termine convirtiéndose, como el suyo, en un sinónimo popular de corrupción. Pero sería un error histórico permitir que la magnitud de sus delitos sirviera para presentar el fenómeno como una desviación exclusivamente individual. La sentencia acredita responsabilidades personales muy graves, pero también deja al descubierto deficiencias en los mecanismos de control de la Administración y prácticas opacas en la gestión de fondos públicos. Otros procedimientos contemporáneos, como el caso de los fondos reservados, que alcanzará a antiguos altos cargos del Ministerio del Interior, o el caso Urralburu, que determinará responsabilidades penales del expresidente socialista de Navarra Gabriel Urralburu Taínta y de su exconsejero Antonio Aragón Elizalde, demostrarán que la corrupción de aquella etapa no empieza ni termina con Luis Roldán. Su apellido puede haber quedado como el símbolo más reconocible, pero no debe convertirse en una coartada para olvidar las demás responsabilidades.

Ironías de la vida las letras que forman su apellido, R, O, L, D, A, N, son exactamente las mismas con las que se podía formar otra palabra acorde con el caso implicado: L, A, D, R, O, N.

JF Lamata