La Audiencia Nacional cierra el ‘caso Rumasa’ absolviendo a José María Ruiz Mateos y al resto de acusados de los delitos de falsedad

TODAS LAS decisiones judiciales han de respetarse, pero algunas dejan un poso de insatisfacción difícil de evitar. José María Ruiz-Mateos y cuatro ex directivos de Rumasa resultaron absueltos ayer por la Audiencia Nacional de la acusación de dos delitos de falsedad documental cometidos en las cuentas de la compañía. Esta sentencia absolutoria cierra la cadena de procesos judiciales del caso Rumasa, expropiada en 1983 por el Estado para evitar su quiebra y el peligro de una crisis en el sistema financiero español. La sentencia de la Audiencia en nada cuestiona la legalidad de la expropiación decidida por el primer Gobierno socialista, cuya constitucionalidad está avalada por la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 1986; tampoco desmiente la necesidad de la intervención estatal, justificada y respaldada por las auditorías e informes económicos independientes que analizaron la catastrófica situación financiera del holding de la abeja.La absolución es una triste victoria para Ruiz-Mateos, sus directivos y los numerosos alborotadores callejeros y mediáticos que han aplaudido sus artimañas durante más de catorce años. La sentencia considera probado que las pérdidas de los bancos adquiridos por Rumasa «trataban de encubrirse mediante unos asientos contables en unas subcuentas llamadas de avisados, en que se anotaban unos efectos inexistentes pendientes de cobro»; que se inventaron «unas fingidas cuentas de crédito en las que se harían figurar como deudoras empresas importantes», y que Rumasa tenía, además de la contabilidad oficial, otra «contabilidad privada, interna e informal, para dar a conocer la real situación financiera a los socios». El engaño a los depositantes y a las autoridades financieras eran, como puede apreciarse, las normas probadas de conducta en Rumasa. Si, a pesar de tales hechos probados, la Audiencia ha absuelto a Ruiz-Mateos es porque en su opinión las numerosas falsificaciones y la doble contabilidad no supusieron «lesión efectiva ni peligro de daño económico para los fingidos deudores», ni se originó Iesión patrimonial». Ruiz-Mateos se ha beneficiado por otra parte, en este juicio, de la despenalización de la falsedad documental cometida por Rumasa y sus empresas, en virtud de la cual se cometían errores intencionados en los impresos de declaración a la Seguridad Social.

La modificación de algunas normas jurídicas y, sobre todo, la limitación de delitos por los que podía ser juzgado, impuesta por la justicia alemana para conceder su extradición, han beneficiado a Ruiz-Mateos y otros acusados. Gracias a tales condiciones, el primero sólo ha podido ser juzgado en España por dos delitos menores respecto a las acusaciones de fondo sobre su gestión en Rumasa. A pesar de tales ventajas, Ruiz-Mateos no ha ahorrado insultos a los jueces y otras instituciones del país, agresiones vejatorias, amenazas mafiosas y triquiñuelas legales para retrasar los juicios y burlar y burlarse de la acción de la justicia. Ruiz-Mateos ha sido absuelto y nada hay que oponer a tal decisión; pero sus tropelías y payasadas han quedado bien a la vista para los ciudadanos.