16 octubre 2017

Les acusa de ser responsable de los destrozos de los coches de la Guardia Civil que realizaba registros para intentar desactivar el referendum unilateral del 1 de octubre

La Audiencia Nacional encarcela a los líderes de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez y del Ómnium, Jordi Cuixart

Hechos

El 16.10.2017 ingresaron en prisión D. Jordi Sánchez y D. Jordi Cuixart por decisión de la juez de la Audiencia Nacional, Dña. Carmen Lamela.

Lecturas

El 16 de octubre de 2017 por orden de la juez de la Audiencia Nacional Dña. Carmen Lamela Díaz, son encarcelados D. Jordi Sánchez Picanyol, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y D. Jordi Cuixart Navarro, presidente de Omnium Cultural, investigados por ser dos líderes sociales con gran influencia tanto en Junts, como en ERC, como los grandes instigadores del procés, el intento de disolver el Estado español proclamando de manera unilateral la independencia de Catalunya mediante un referéndum ilegal. ‘Los Jordis’, como se les apoda, convocaron manifestaciones para rodear edificios públicos e impedir la actuación de los funcionarios de justicia.
La Audiencia Nacional también investiga a D. Josep Lluís Trapero Álvarez, mayor de los Mossos de Escuadra, la policía autonómica catalana, por posible complicidad en el procés, aunque contra él no se ha dictaminado detención, pero si se le ha prohibido salir de España.

EL MAYOR TRAPERO QUEDA EN LIBERTAD PERO SERÁ INVESTIGADO

 D. Josep Lluís Trapero, máximo responsable de los Mossos de Escuadra será también investigado en la misma causa por la que han sido encarcelados ‘los Jordis’ pero en su caso no se le mantendrá en prisión bajo fianza.

17 Octubre 2017

La justicia actúa

EL PAÍS (Director: Antonio Caño)

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Prisión para Sànchez y Cuixart por el altercado del 20-S en la Generalitat

La Audiencia Nacional decretó este lunes prisión incondicional contra Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) como medida cautelar para asegurar su disponibilidad ante la justicia en el proceso que se sigue contra los dos activistas por el presunto delito de sedición. Ambos organizaron los masivos desórdenes que los días 20 y 21 de septiembre impidieron a la agente judicial (y a los policías que cumplían las órdenes de registro del juzgado número 13 de Barcelona) salir del Departamento de Economía de la Generalitat, que los manifestantes habían rodeado tras la convocatoria de ambos dirigentes separatistas.

La dureza de esta medida puede generar contestación de sus organizaciones. Pero al mismo tiempo recuerda que violar gravemente la ley no sale gratis en un Estado democrático. Al jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, la juez le ha impuesto medidas cautelares más ligeras (presentación quincenal al juzgado, retirada del pasaporte, prohibición de viajar al extranjero). E igual tratamiento ha dispensado a la intendente Teresa Laplana. Son medidas muchísimo menos graves que la prisión incondicional que pedía la fiscalía para ambos. Pero no por ello dejan de generar un perjuicio a su imagen personal y, en tanto que miembros de la cúpula de los Mossos, también un baldón, siquiera a título provisional, para el propio cuerpo.

No sucede todos los días en Europa que unos jefes policiales sean acusados de sedición, de alzarse contra la aplicación de leyes o resoluciones judiciales en un contexto tumultuario. Es una figura que castiga acciones graves contra el orden público: justo aquel que deben defender las fuerzas y cuerpos policiales de toda adscripción.

Estos acusados siguen gozando de la presunción de inocencia. Pero ahora acompañada de indicios acrecentados de responsabilidad. Corresponde a su libre albedrío considerar si su continuidad en los cargos menoscaba el funcionamiento del cuerpo que dirigen. Una reflexión que deberían autoaplicarse, incluso antes que ellos, sus mandos políticos, el consejero de Interior, Joaquim Forn, y el director Pere Soler, destacados y ruidosos paladines de la subversión antidemocrática. Es de esperar que la investigación analice sus actuaciones, instrucciones y silencios, contrarrestando así la posible percepción de que pagan la factura del caos los ejecutores más que los conjurados de primer nivel y últimos instigadores del golpe a la legalidad.

Desde nuestro punto de vista, unos y otros —los mandos policiales sometidos a investigación y sus jefes políticos— deberían abandonar cuanto antes sus puestos para empezar a restablecer la normalidad democrática en Cataluña.

17 Octubre 2017

El «procés» entra en prisión

ABC (Director: Bieito Rubido)

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Dos presos preventivos y dos imputados con prohibición de salir de España son los primeros pasos de una justicia penal que tenía que intervenir con firmeza

El ingreso en prisión provisional de los máximos dirigentes de Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, es la consecuencia legal inevitable de su participación activa en los tumultos de los días 20 y 21 de septiembre. La perseverancia del Ministerio Fiscal ha dado sus frutos. Según el auto de prisión, ambos responsables separatistas organizaron y planificaron la agitación callejera que desembocó en el acoso a los agentes de la Guardia Civil que estaban registrando la Consejería de Economía. Megáfono en mano, arengaban a una turba enardecida que quería impedir el cumplimiento de la orden judicial de entrada y registro, como un episodio más en la escalada contra el orden constitucional. En esto consiste el delito de sedición. Esta prisión provisional expresa la gravedad de lo que está ocurriendo en Cataluña y avisa a otros de lo que puede suceder. Por esta vez, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se ha librado. La juez Lamela no ha visto indicios claros de su intervención directa en la pasividad cómplice de los policías autonómicos ante la Consejería de Economía. Es una valoración respetable, pero muy discutible, porque Trapero, como superior jerárquico de los Mossos, tenía a su alcance haber dado las órdenes necesarias para evitar el acoso y asedio a la Guardia Civil y sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, el auto que pone a Trapero en libertad insiste en que solo se ha valorado lo sucedido entre el 20 y el 21 de septiembre. Desde entonces han pasado muchas más cosas, como la trampa de los Mossos a la Policía Nacional y a la Guardia Nacional el día del referéndum. Trapero sigue bajo la lupa de la justicia.

Dos presos preventivos y dos imputados con prohibición de salir de España son los primeros pasos de una justicia penal que tenía que intervenir con firmeza. Pero a los jueces sólo les corresponde una parte de la respuesta al separatismo catalán. El resto sigue dependiendo de una acción constitucional directa de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para poner fin a la insurrección institucional de la Generalitad de Cataluña.

17 Octubre 2017

Una mala noticia

LA VANGUARDIA (Director: Marius Carol)

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La juez Carmen Lamela dictó anoche prisión incondicional sin fianza para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, máximos dirigentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, respectivamente. El major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la intendente de este cuerpo Teresa Laplana habían sido previamente puestos en libertad con medidas cautelares, tras presentar declaración, también en la Audiencia Nacional, y a pesar de que el fiscal pidió prisión incondicional para ellos.

La decisión de la magistrada, que había citado a los mencionados tras imputarlos por presunto delito de sedición, añade un nuevo, inoportuno y preocupante elemento de tensión al conflicto que enfrenta al Govern de la Generalitat con el Gobierno central. Incluso el PSC, que no ha apoyado la hoja de ruta del independentismo fuera de la ley, calificó la medida de desproporcionada. Es una muy mala noticia. Dicha tensión puede trasladarse ahora fácilmente de despachos institucionales y juzgados hacia la calle, donde las posibilidades de que la situación se descontrole se multiplican. Ojalá no sea así. Pero el riesgo existe. Ayer se convocaron ya concentraciones y paros para hoy. Los líderes de la ANC y Òmnium participaron, ciertamente, en la concentración ante la Conselleria d’Economia, el 20 de septiembre. Pero se hace difícil entender que ahora se dicte prisión para quienes se han distinguido organizando unos Onze de Setembre masivos y pacíficos.

El día de ayer no había empezado mal. Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, respondió por carta a primera hora al requerimiento del Gobierno. En ella, no aclaró si en la sesión del Parlament del día 10 proclamó la independencia o no, como se le pedía. Esta misiva, presidida por la invitación al diálogo, causó frustración en Madrid. En su respuesta, Rajoy insistió en que la requerida aclaración era absolutamente necesaria y emplazó al president a darla el jueves.

La primera impresión, tras leer las cartas, fue que seguíamos donde estábamos. La Generalitat pretendía negociar la independencia, y el Gobierno, la restauración del orden constitucional. Sin embargo, era también digno de mención el buen tono de estas cartas, así como el de las declaraciones que las acompañaron. El de la misiva de Puigdemont era conciliador. Rajoy, en su respuesta, hacía menos concesiones, pero no cerraba todas las puertas. Ni uno ni otro se habían precipitado, y la situación no parecía empeorar. Esa era la buena noticia a mediodía. Cierto es que el reloj avanzaba inexorable y que el plazo para conocer el alcance de la aplicación del 155 iba a demorarse tan sólo hasta pasado mañana, jueves. También lo es que ningún 155 sería de fácil digestión para la Generalitat, puesto que menoscabaría las facultades del Govern. Ahora bien, el estilo de las cartas dejaba margen para la esperanza.

Pero al trascender la orden de prisión para Sànchez y Cuixart esa esperanza se debilitó. Ahora será más difícil que se abra camino. Lo hemos dicho y reiterado: este conflicto sólo se resolverá con diálogo. Para que sea posible, Puigdemont debe entender que no cabe imponer la independencia sobre la ley. Y Rajoy –como sugirió ayer el abad de Montserrat–, que en nada ayudará humillar al Govern y al independentismo, aunque la ley le dé en esta partida más bazas que a Puigdemont. La hora es crítica, pero no altera nuestro criterio: no se trata de que gane una de las partes, sino de que ambas dialoguen y, así, todos los catalanes dejemos de perder. Ya hemos perdido mucho. Y podemos perder más aún.

17 Octubre 2017

Los «Jordis»: El estado no acepta chantajes

LA RAZÓN (Director: Francisco Marhuenda)

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Es comprensible que los independentistas crean que el Ministerio Público actúa al dictado del Gobierno, dado que sus recién aprobadas leyes de desconexión esbozan un futuro Estado catalán sin división de poderes, pero los hechos son otros y aquí no valen «relatos», sino ajustarse a la Ley. El Fiscal de la Audiencia Nacional pidió prisión incondicional para el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, sin embargo, la juez instructora, Carmen Lamela, le ha impuesto medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y personarse cada quince días en el juzgado. Y lo mismo hizo la Fiscalía con los presidentes de la ANC y Omnium, pero en este caso la petición sí fue aceptada por la magistrada, por lo que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han ingresado de inmediato en prisión. Ha quedado totalmente claro que de nada sirve presionar para que la acción de la Justicia sea al gusto de los independentistas, no sea que lo consideren una provocación. Los tiempos que marcan los tribunales no son los de la política y querer vincularlos es una forma inadmisible de chantaje. La investigación por estos delitos de sedición prosiguen y en ella no van a interceder las falacias de Puigdemont en su carta a Mariano Rajoy en la que dice que lo que ofreció al Gobierno fue abrir un diálogo –aunque fuese mediante una declaración, o no, de independencia–, dando por válido y vinculante el referéndum ilegal del 1-O. El Estado de Derecho debe funcionar.

17 Octubre 2017

Un descrédito para España, una vergüenza para Europa

ARA (Directora: Esther Vera)

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El independentismo aguantó ayer la respiración hasta conocer la decisión sobre Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que ayer se convirtieron en los primeros dirigentes catalanes encarcelados por este proceso político. El escenario ha cambiado y el Estado parece decidido a aplicar una única receta con Cataluña: la represión. Qué inmenso error! ¿De verdad alguien cree que Sánchez y Cuixart, representantes de la sociedad civil que ha organizado las manifestaciones más cívicas y pacíficas que se han visto en Europa en los últimos años, pueden ser acusados ​​de sedición? La justicia española, mediatizada por una fiscalía a las órdenes del PP, ha cometido quizás el error más grave desde la restauración de la democracia: Sánchez y Cuixart han sido encarcelados por motivos políticos. Un descrédito para España y una vergüenza para Europa.

Antes de este triste capítulo, el presidente de la Generalitat había resuelto la primera incógnita de la jornada: la respuesta al requerimiento sobre si había declarado la independencia o no. Como estaba previsto, Carles Puigdemont convirtió la contestación no en un simple sí o un no como le reclamaba Madrid, sino en una llamada al diálogo y una propuesta concreta: la de una reunión entre los dos presidentes.

La carta no cayó nada bien en Madrid, aunque la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, evitó el tono crispado de otras ocasiones y alargó el ultimátum a Puigdemont hasta el jueves a las diez de la mañana. Parecía que se abría un período de distensión, pero se terminó de manera brusca con la noticia del encarcelamiento de los líderes del ANC y Òmnium.

Empiezan, pues, unos días de alto voltaje, con protestas en la calle y presión a los políticos, que deberán calibrar bien cuál debe ser el próximo paso. Sánchez y Cuixart, de manera acertada, hicieron públicos mensajes, luego que se conoció su destino, en el que llamaban a mantenerse serenos y unidos en estos momentos tan difíciles de digerir para una mayoría de la población.

El gobierno español es prisionero de sus sectores más duros (es especialmente lamentable el papel que está jugando Cs en estos momentos, situándose a la derecha del PP) y piensa que puede someter Cataluña pasando por encima de los derechos individuales y colectivos. Qué falta de visión histórica! No se da cuenta que, en el mejor de los casos, sólo puede retrasar el que cada día convierte en inevitable.

17 Octubre 2017

Nos dejaréis un erial

Enric Hernández

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Cientos de empresas en fuga, incluidas las multinacionales y las sociedades cotizadas en bolsa. Miles de millones de euros de ahorros discretamente transferidos, física o virtualmente, a sucursales bancarias lejos del territorio catalán. Inversores buscando negocios inmobiliarios en entornos más apacibles que la tumultuosa Barcelona. Las reservas turísticas desplomándose. Restaurantes vacíos o semivacíos día y noche. Pedidos industriales cancelados. Trabajadores de brazos cruzados. Cierres de empresas, por mudanza o liquidación. Paro. Pobreza. Desolación.

Bienvenidos a esta Catalunya que, como presagiaba su himno, al fin volvió a ser “rica y plena”, solo que no supo gozar de sus éxitos y prefirió tirarlos por el desagüe. Y, con ellos, el bienestar de las generaciones venideras.

Quizá el encarcelamiento de los activistas del independentismo Jordi Sànchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium) –un error político de libro, inexcusable bajo la coartada de la división de poderes– sea la chispa que prenda el definitivo incendio social. O tal vez no, tanto da. Porque los pirómanos de ambos extremos llevan demasiado tiempo preparando la quema como para ahora buscar cabezas de turco togadas.

El conflicto viene de más lejos, pero el auto de prisión de Sànchez y Cuixart empezó a redactarse, metafóricamente, hace dos años. Tras la amarga victoria de Junts pel Sí en las ‘plebiscitarias’ del 27-S, Artur Mas mendigaba el voto de la CUP a su investidura y transigió en que el Parlament se declarase en rebeldía: no obedecería a la justicia ni acataría las leyes españolas, solo las catalanas. En pos de la supuesta libertad del pueblo catalán, la mayoría parlamentaria y sus satélites privados estaban dispuestos a violar leyes. Es decir, a delinquir.

Poner urnas no es delito, pero sí desobedecer la orden del Constitucional de no hacerlo. Como no es delito protestar ante una institución, pero sí impedir que los poderes públicos –sean policías o parlamentarios– ejerzan su función. Así lo pensaba la Generalitat hace cuatro años, cuando pidió penas de prisión para los responsables del asedio al Parlament del 2011, a los que acusó de un delito contra las instituciones del Estado. Eran otros tiempos.

PARA NO VOLVER
Un país cuyo gobierno promete saltarse la ley no es de fiar para empresas ni para particulares. Si encima organiza un referéndum unilateral y promete declarar unilateralmente la independencia, la fuga de capitales está asegurada. Catalunya, el territorio más bancarizado de España hace una década, solo conserva hoy franquicias financieras. Las empresas trasladan primero la sede social, luego la fiscal (adiós a sus impuestos) y, al final, su cuartel general. Como sucedió en Montreal, se van para no volver.

Hoy calláis los del ‘Espanya ens roba’, los que a tantos engañasteis asociando independencia a abundancia y ocultando los costes de transición. No os responsabilizáis de que debamos pagar la factura por adelantado, sin que vuestra Arcadia se atisbe siquiera. Y en herencia nos dejaréis una Catalunya arruinada, un verdadero erial.