Tragedia del avión Yak-42 del Ejército español: mueren todos los pasajeros y se identifican mal sus restos

Los 62 militares españoles fallecidos trágicamente a su regreso de Afganistán recibieron ayer unos honores sin precedentes, presididos por el Rey. El homenaje que horas antes les rindió el Congreso, a instancias de Zapatero y de Aznar, dejando para otros días sus escaramuzas parlamentarias, también estuvo a la altura de la tragedia. Ayer fue un día de luto, no sólo para las Fuerzas Armadas, sino para toda España.

Las Fuerzas Armadas españolas hace años que han dejado de ser un problema y se han labrado una nueva respetabilidad en las operaciones de paz en el mundo entero. Ese nuevo papel contrasta con los serios interrogantes que pesan sobre la falta de medios que este accidente pone en evidencia. Los fallecidos formaban parte de lo mejor que tienen las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Si se les ha puesto en riesgo por unos medios de transporte deficitarios, se habrá incurrido no sólo en un absurdo, sino en una grave irresponsabilidad. El Gobierno tiene ahora la obligación de aclararlo en una investigación oficial que no deje ni un solo punto por dilucidar ni una responsabilidad por depurar.

Hasta ahora no se conoce la causa precisa del accidente, aunque lo único seguro es que ha habido un fallo humano o técnico. Sea culpa del avión o del piloto, al descartarse inicialmente otras hipótesis, las precauciones tomadas han demostrado ser insuficientes y los interrogantes abundan. ¿Por qué acudir a una empresa ucrania, de fiabilidad dudosa, a través de un intermediario contratado por una agencia de la OTAN, y no haber intentado siquiera que el servicio fuera prestado por compañías aéreas españolas o de países de la UE, además de estudiar otras rutas alternativas más seguras? ¿No sería más pertinente que Defensa tuviera medios propios para transportar a sus soldados, o en todo caso acudir a empresas fiables? Las declaraciones del ministro Trillo al defender la excelencia del avión ucranio Yakólev 42 o su polémica con la OTAN, resultan fuera de lugar y más parecen un intento de desviar las responsabilidades que de encarar el desastre.

Hay unos hechos que no tienen vuelta de hoja. España se ha comprometido a realizar misiones de paz a miles de kilómetros del territorio español, en un momento de reducción presupuestaria que afecta muy especialmente a los medios con que cuenta el Ministerio de Defensa. Nuestras Fuerzas Armadas, ya profesionalizadas, están desplazando en misión a estos países a personal especializado, que suma a su intrínseco valor humano su destacada preparación. Es razonable que sus familiares se pregunten si estos profesionales reciben el trato y la consideración que merece su esfuerzo, el riesgo y el sacrificio que hacen asumiendo disciplinadamente las tareas que les asigna el Gobierno. Tienen derecho a saberlo. Cuando se asumen compromisos militares en el mundo hay que estar a la altura de los compromisos adquiridos.

El ministro de Defensa ha escogido la huida hacia adelante y se ha colocado en posiciones poco comprensibles y menos defendibles en el asunto del transporte aéreo subcontratado para los militares españoles, que ha saltado a la palestra con tintes escandalosos tras la tragedia de Turquía.

Aunque aún esté por demostrarse que la inseguridad de los aviones ucranianos fletados por su Ministerio fuese la causa directa del accidente que costó la vida a 62 militares españoles, los datos que se han ido conociendo revelan la gran precariedad de ese sistema de transporte, que provocaba desde hace tiempo la preocupación de sus usuarios. Cuando Federico Trillo desvió las peticiones de responsabilidades hacia la Alianza Atlántica, que según él había «seleccionado, revisado y mantenido e inspeccionado en todos sus requerimientos de vuelo» el avión accidentado, el portavoz de la OTAN replicó que su agencia especializada sólo sirve de intermediario entre las compañías aéreas y los gobiernos aliados. El ministro reaccionó airadamente al desmentido, pero la OTAN lo ha mantenido, especificando que se limitaba a comprobar que cada avión poseía los certificados de vuelo expedidos por su país; en este caso, Ucrania. Cuando se supo que otro miembro de la Alianza, Noruega, había cancelado hace mes y medio su propio contrato con la misma compañía UM Air, y que lo hizo atendiendo a las quejas de sus propios militares, surgieron de inmediato nuevos interrogantes: ¿Qué sucede con los conductos de comunicación en las Fuerzas Armadas españolas para que no lleguen las mismas quejas -que una diputada socialista conocía hace ya meses- a la superioridad, o al menos para que no se reaccione como lo han hecho los noruegos? Y, de paso, ¿qué sistemas de control e información posee la OTAN para que no llegase a los demás miembros la insatisfacción de Noruega con una compañía aérea cuyos aviones estaban en malas condiciones?

Toda esta impresión de gestión chapucera de algo tan importante como la seguridad en los desplazamientos de nuestros militares -destacados hoy en medio mundo- planeaba ayer sobre el tensísimo funeral en la base de Torrejón de Ardoz, con algunas imprecaciones contra el Gobierno y más específicamente contra el propio Trillo.Este ha escogido la vía de negar la evidencia, y eso, en democracia, puede acarrear un precio. Ante dramas como éste deben imperar la sensibilidad, la sinceridad y la asunción de responsabilidades.De ese acto presidido por la tensión, ante los féretros alineados sobre la pista, preferimos quedarnos con la imagen de la Reina -confortando, con lágrimas en los ojos, a las familias de las víctimas- que con ninguna otra. Doña Sofía volvió a dar un ejemplo de compasión y humanidad que contrasta con tantas estridencias.

El ministro Trillo no logró despejar en su comparecencia en el Congreso las principales dudas sobre las condiciones de seguridad en que se efectúan los traslados de militares españoles en misiones de paz. Lo que ahora está en cuestión son, por supuesto, los motivos del accidente en el que perecieron 62 profesionales del Ejército, pero también las condiciones en que se contratan y realizan los vuelos. Del accidente en sí, el ministro se limitó a repetir una letanía de datos ya conocidos por todos, amparándose para no dar más detalles en la investigación que ya ha iniciado su ministerio. Aún peores fueron sus confusas explicaciones sobre el sistema de contratación de los aviones y la actuación del Gobierno tras el siniestro. Insistió Trillo una y otra vez en la responsabilidad de la OTAN, olvidando deliberadamente que las condiciones de seguridad en las que se mueven los militares españoles competen, en primerísimo lugar, al Gobierno al que sirven.

A juzgar por los elogios que dispensó a la compañía ucrania, cabe preguntarse por qué ha suspendido su contrato. Atrapado en las muchas contradicciones en que ha incurrido el Gobierno tras el accidente, la intervención de Trillo se enfrentó a una oposición bien armada de argumentos y datos, a los que el ministro nunca dio cumplida respuesta. El portavoz del PSOE, Jesús Caldera, no se limitó a una crítica genérica, sino que le recordó al ministro, con abundancia de datos, que ya en el mes de abril su partido planteó a Defensa la necesidad de hallar soluciones a las malas condiciones en que se hacían esos traslados, ante el malestar existente en las Fuerzas Armadas. Nada se hizo. Caldera exigió la creación de una comisión de investigación que aborde no sólo las causas del accidente de Turquía, sino el deficiente sistema de contratación, de cuyos fallos clamorosos responsabilizó al ministro de Defensa por negligencia o por una inexcusable falta de vigilancia. ¿Es posible que quejas tan extendidas como las que hemos conocido no llegaran nunca a los máximos jefes militares?

Las críticas al ministerio se repitieron desde CiU y Coalición Canaria, para acabar con la petición de dimisión del ministro expresada por el portavoz de IU, Felipe Alcaraz. Hay motivos, tras la sesión de ayer en el Congreso, para exigir más concreción y soluciones al ministro de Defensa; y para rechazar el nuevo intento de culpar a la oposición de los errores del Gobierno: acusarla, como hizo el portavoz del PP, de estar «jugando con el dolor de las familias» de las víctimas es simplemente una indignidad.

Los familiares de los 62 militares españoles que fallecieron en un Yak-42 ucranio quieren la verdad, toda la verdad que pueda conseguirse sobre aquel accidente. Y no sólo los familiares, sino todos los ciudadanos, que tienen derecho a conocerla y exigir responsabilidades a quienes tomaron las decisiones que condujeron al desastre. Los familiares, además, quieren «más tacto y cariño», según sus propias palabras. Pero Federico Trillo, el titular de Defensa, no ofrece ni una cosa ni otra; ni la verdad ni un mejor trato a las familias de los fallecidos. Y así llevamos cinco meses de contraste indignante entre las frases ampulosas y la realidad.

El último episodio es el desplazamiento de un grupo de familiares al escenario turco de la tragedia, en un viaje ofrecido por un club de fútbol, y no por Defensa, que les permitió encontrar en la zona del accidente enseres personales de los suyos, incluidas placas de identificación. Esto último prueba que, en contra de lo que dijo Defensa, la zona no fue «peinada» meticulosamente, e incluso abre dudas sobre la correcta identificación de los cadáveres entregados a las familias en féretros herméticamente cerrados. Trillo, que afirma comprender «el dolor de los familiares», debería preguntarse si con su actitud no lo está agudizando.

El Congreso ha conocido una serie de denuncias efectuadas por militares sobre las condiciones en las que se efectuaba el transporte aéreo del contingente español en Afganistán. Aluden a «puertas de emergencia totalmente obstruidas», «apariencia de deterioro y falta de mantenimiento» en un tren de aterrizaje y otros problemas, todos conocidos por los altos mandos, que señalaron que estaban afectando a la moral de la tropa. Pero Trillo aseguró que no existían quejas sobre la seguridad de estos vuelos, aunque sí sobre su confort. Y tan sólo suspendió el alquiler de estos aviones ucranios y rusos «a causa de la alarma social».

Los datos conocidos sobre aquel vuelo son infaustos. Uno solo de los fallos de información o de las irregularidades respecto a la caja negra, los seguros, el horario de la tripulación o las condiciones del vuelo es suficiente para preguntarse en qué condiciones trabajan nuestros soldados. Este Gobierno les asigna una serie de misiones en el exterior sin dotarles de los medios necesarios. Pero Aznar y los suyos piensan que lo irresponsable no es que las cosas funcionen mal, sino denunciar que las cosas funcionan mal y pedir que se arreglen.