El Tribunal Supremo ordena al Presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa Mendiola, disolver el grupo parlamentario de Batasuna, que ahora se denomina Sozialista Abertzaleak

El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, se opone a disolver el grupo parlamentario de Batasuna (denominado ahora Sozialista Abertzaleak, SA), ordenada por el Tribunal Supremo, por considerar que esa orden invade competencias de la Cámara. Los efectos prácticos de la disolución son mínimos (el pase de los parlamentarios afectados al Grupo Mixto), pero los de una eventual negativa de un Parlamento autonómico a cumplir una resolución judicial firme serían muy graves. Sin embargo, no hay que descartar que la retórica excesiva derramada ayer trate sobre todo de ganar tiempo para no tomar la decisión hasta después de las elecciones del próximo domingo, en las que el nacionalismo gobernante espera atraer los votos del partido disuelto.

Resulta especialmente desconcertante que Atutxa invoque la división de poderes; es precisamente ese principio el que impide al legislativo atribuirse la capacidad de no aplicar una resolución judicial, por muy en desacuedo que pueda estar con ella su presidente o el partido mayoritario. La Constitución establece (artículo 118) la obligación de todos los poderes públicos de ejecutar las sentencias firmes de los tribunales. El argumento según el cual el Reglamento del Parlamento vasco no prevé un procedimiento específico para disolver grupos parlamentarios podrá invocarse como una dificultad práctica en orden a la forma de ejecutar la sentencia, pero nunca como una razón para no ejecutarla, vulnerando ese precepto constitucional.

Si hay dificultades (por ejemplo, en relación a los derechos de IU, único componente hasta ahora del Grupo Mixto, y que en adelante tendrá que compartir tiempos y subvenciones), habrá que subsanarlas, no incumplir la resolución del Supremo. La hipótesis de que hay que reformar antes el reglamento encierra una posible trampa: esa reforma debe ser aprobada por una mayoría cualificada de la Cámara. Pero, ¿qué pasaría si la mayoría vota en contra? ¿Puede una mayoría parlamentaria dejar sin efecto una resolución judicial? El Estado de derecho no podría subsistir en esas condiciones.

El Reglamento del Parlamento vasco, en términos idénticos al del Congreso, establece que, en caso de lagunas, el presidente podrá suplir la omisión, con o sin consulta previa a la mesa y junta de portavoces, de lo que hay precedentes. Pero de nuevo se trataría de una consulta sobre la forma de ejecución, no sobre la ejecución misma. La hipótesis que relativiza la vinculación entre el grupo parlamentario y el partido disuelto podría ser defendida en abstracto, pero el Supremo, con razonamientos fundados, rechaza que tal cosa pueda predicarse en este caso; y es lógico que si se disuelve ese partido por considerarlo un apéndice legal de una estructura ilegal que dirige ETA, se impida la existencia del grupo a través del cual esa estructura actúa en el ámbito parlamentario. El nacionalismo gobernante admite la dependencia del brazo político respecto a ETA, pero se niega a sacar la consecuencia obvia de ello. Al menos hasta que pasen las elecciones.

LA RESOLUCIÓN propuesta el jueves por Juan María Atutxa y aprobada por la Mesa del Parlamento vasco daba una salida sensata al conflicto institucional suscitado por la resistencia del nacionalismo gobernante a disolver el grupo parlamentario de Batasuna, como ha instado el Tribunal Supremo. Sin embargo, el PNV y EA, con el estrambótico refuerzo del propio grupo ilegalizado, echaron ayer por tierra en la Junta de Portavoces esa posibilidad, bloqueando el cumplimiento del auto del Supremo. Quizá era ilusorio esperar una rectificación de unos partidos que han llevado tan lejos su pulso con el Estado de derecho. Pero sorprende que hayan llegado a tales despropósitos para mantener su insumisión y fabricar una coartada contra el eventual procesamiento por desobediencia del presidente Atutxa. En primer lugar, al rechazar en la Junta de Portavoces lo que sus compañeros aprobaron en la Mesa, y después, al dejar al propio Atutxa en una situación personal más que desairada.

El presidente del Parlamento ha apelado vehementemente a la «coherencia» y a la «dignidad» para resistirse a lo que consideraba una intromisión del Poder Judicial en el ámbito parlamentario.

Pero el juego de maniobras dilatorias y tejemanejes reglamentistas urdido por la mayoría gobernante para obstaculizar desde el 27 de marzo los efectos de la ilegalización de Batasuna ha sido cualquier cosa menos coherente y digno. No se ha querido acatar una sentencia inapelable, pero tampoco arrostrar las consecuencias de no obedecerla. Y, sobre todo, ha quedado demostrado que los motivos aducidos no eran esencialmente jurídicos -una interpretación absoluta de la autonomía de los poderes peligrosamente análoga a la manejada por Berlusconi en su favor-, sino políticos e interesados.

La resistencia selectiva a los efectos de la ilegalización de Batasuna fue útil para pescar entre sus votos el 25-M, y le resultaba conveniente al nacionalismo gobernante para atenuar la reacción radical ante la pérdida de sus alcaldías el 14 de junio con la constitución de los nuevos ayuntamientos. La salida reglamentaria propuesta por Atutxa desmontó su anterior afirmación de que no la había y puso de manifiesto que, más allá de la hojarasca leguleya, el principal problema para dar cumplimiento a la resolución del Supremo era la falta de voluntad de hacerlo. Con la decisión adoptada ayer en la Junta de Portavoces por el PNV y EA ya no caben más quiebros y se abre una confrontación institucional de consecuencias imprevisibles.

La negativa respuesta dada por el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, al conminatorio ultimátum del Supremo para que llevase a efecto en el plazo de cinco días «sin demora, pretexto o consideración de clase alguna» el requerimiento de 20 de mayo de su Sala Especial -esto es, la disolución del Grupo Parlamentario de la ilegalizada Batasuna, rebautizado desde hace poco más de un año como Sozialista Abertzaleak (SA)- aspira no sólo a eludir el cumplimiento de la orden judicial sino también a blindarse frente a una eventual acción penal. Esa línea jurídica defensiva del PNV y EA en la Cámara de Vitoria -un buen ejemplo del arte de cortar un pelo en el aire- marcha en paralelo con una simétrica ofensiva política.

El sistema pluralista de libertades garantizado por la Constitución combina de forma a la vez inextricable y contradictoria dos tradiciones diferentes: la democracia representativa y el Estado de derecho. La pugna del PNV y EA con el Supremo se desenvuelve en ambos planos: mientras el principio democrático sirve de fundamento a su reivindicación de la autonomía parlamentaria y de la inviolabilidad de los diputados por las opiniones y los votos expresados en el ejercicio de sus funciones, el imperio de la ley les ofrece la oportunidad de explotar los vacíos, intersticios o puntos ciegos del ordenamiento jurídico.

La estrategia leguleya de Atutxa dictó en primer lugar una reforma -ratificada por la Mesa (el «órgano rector» del Parlamento formado por el presidente, los dos vicepresidente y los dos secretarios)- del Reglamento de la Cámara para que los diputados integrados en un determinado grupo parlamentario pasen forzosamente al Grupo Mixto cuando el partido en cuyas candidaturas fueron elegidos sea disuelto o suspendido por sentencia firme: esta medida permitía llevar a efecto la disºolución de Batasuna ordenada por el Supremo. Pero el Reglamento exige que las resoluciones de carácter general dictadas por el presidente para interpretar dudas o suplir omisiones cuenten con «el parecer favorable» no sólo de la Mesa sino también de la Junta de Portavoces (compuesta por los representantes de los grupos parlamentarios). Con una traviesa voltereta, PNV y EA cambiaron el sentido de su voto entre las dos estaciones del trayecto: sus diputados se opusieron en la Junta a la reforma que sus compañeros de partido habían aprobado en la Mesa con la supuesta -y falsa- intención de cumplir el requerimiento judicial. El objetivo de la argucia era doble: no llevar a efecto la disolución de Batasuna y tratar de salvar a Atutxa de una posible querella criminal. La vía seguida para proteger al presidente del Parlamento vasco de una persecución penal individualizada es ingenioso y tiene cierto fundamento legal: dado que las instituciones forman y expresan su voluntad -una antiquísima ficción ideada en Roma para equipararlas con las personas físicas- mediante sus órganos representativos y decisorios, que necesitan recurrir a la regla de la mayoría para pronunciarse cuando son colegiados, el fiscal deberá dirigir su acción contra la Mesa y la Junta de Portavoces.

La irritación despertada por la maniobra procesal de PNV y EA entre gentes ajenas a las sutilezas jurídicas puede resultar comprensible, sobre todo si se recuerda que su apelación al Estado de derecho camina en paralelo con la invocación al principio democrático. No obstante, sería deseable que los miembros del Gobierno desplegaran mayor mesura al afrontar el problema: el ministro de Justicia olvida que su lugar en el organigrama del Estado no es la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y se comporta como la Reina de Corazones -«que les corten la cabeza»- de Alicia en el País de las maravillas. Sin restar importancia al plante de la Cámara vasca ante el Supremo, parece necesario recordar la existencia de un elemento artificioso que da un cierto aire de irrealidad al conflicto y le resta gravedad: ocurra lo que ocurra en el futuro, los siete diputados de Batasuna conservarán sus actas y seguirán ejerciendo sus derechos parlamentarios (incluida la percepción de su sueldo) hasta que la Cámara vasca llegue al final de su mandato en 2005 o sea disuelta por Ibarretxe.

El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, ha comunicado al Tribunal Supremo la «imposibilidad» de cumplir la orden de disolución del grupo Sozialista Abertzaleak (SA). Sin embargo, Atutxa no tenía que disolver ningún grupo. Eso ya lo había hecho el propio Tribunal. Lo que se le pedía era que comunicase a los diputados de SA que por orden del Supremo quedaba disuelto su grupo, aunque cada uno de ellos conservaría el acta de diputado. Y sólo tras esa comunicación, con la que podía darse por cumplido el trámite de ejecutar la sentencia, habría llegado el momento de plantear, de acuerdo con el reglamento interno (incluidas las previsiones sobre eventuales lagunas en su articulado), la cuestión de la adscripción de esos diputados al Grupo Mixto. Ya sin plazos perentorios.

Pero Atutxa no sólo ha desobedecido la orden del Supremo sino que lo ha hecho de manera que el grupo disuelto participe en cuanto tal, a través de la Junta de Portavoces, en la votación sobre si la Cámara acata o no la resolución judicial. Es absurdo desde cualquier planteamiento jurídico, y también desde la lógica democrática, pero coherente con la estrategia actual del nacionalismo. Es ya evidente que Ibarretxe y los suyos no van a esperar a contar con mayoría para plantear su proyecto soberanista; lo están aplicando ya, en todo lo que pueden o les dejan. La negativa a acatar una sentencia con la que están en desacuerdo por razones políticas corresponde a la misma lógica rupturista en nombre de la cual su Gobierno ha decidido unilateralmente, según se ha conocido estos días, dejar de pagar una parte del Cupo; y en nombre de la cual se proponen dar valor a los votos nulos a fin de acomodar a la disuelta Batasuna en determinados ayuntamientos que se constituyen el próximo sábado.

Que eso se haga desde una institución que se supone aspira a que los ciudadanos cumplan las leyes -y paguen los impuestos- resulta insólito y aparentemente suicida. Pero de momento no les va mal; como al que se tira desde el sexto piso y al pasar por el cuarto dice: «Por ahora voy bien». Por ahora, la estrategia de desafío soberanista está permitiendo al nacionalismo instalado ganar siempre: o ceden los demás, por responsabilidad, para evitar un conflicto, y entonces el resultado se considerará terreno conquistado; o no ceden, y eso permite avanzar un peldaño más en la estrategia de ruptura con el Estado.

Es la gravedad de ese desafío lo que explica el gesto de autoridad de Zapatero respecto a la Diputación de Álava. El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno dijo que su partido sería «un muro» frente al plan soberanista de Ibarretxe. Los resultados del 25-M situaron la parte más visible de ese muro en la provincia de Álava, donde las fuerzas constitucionalistas conforman, si actúan juntas, una clara mayoría. Ponerla en riesgo por el empeño de Javier Rojo en ser diputado general era ofrecer un flanco demasiado fácil a los ataques del PP contra la falta de claridad y autoridad política de Zapatero.

La propuesta de Rojo (Ayuntamiento para el PP y Diputación para el PSOE) habría tenido sentido en el marco de un acuerdo general entre socialistas y populares vascos que ofreciera a los votantes alaveses del PP el incentivo de ver reforzada la alternativa constitucionalista al nacionalismo: un objetivo que sin duda hacen suyo, al igual que buena parte de los votantes socialistas. Pero la actual dirección del PSE no está segura de seguir deseando ese reforzamiento. Tampoco de no desearlo. Por eso no estableció una política de alianzas común para todo el territorio vasco, sino un criterio de manos libres que acreditase la bandera tras la que habían desplazado al anterior secretario general bajo la acusación de seguidismo respecto al PP: ni con unos, ni con otros. Pero no tener una política clara de alianzas equivale a no tener política.

Por eso, con la que está cayendo en Euskadi, y aunque no supiera la que le esperaba un día después en la Asamblea de Madrid, Zapatero tenía buenas razones el lunes para intervenir directamente en el lío en que se habían metido los socialistas vascos a cuenta de la Diputación de Álava.

La Fiscalía General ha presentado una querella por desobediencia contra el presidente y dos miembros de la Mesa del Parlamento vasco, por su negativa a materializar la disolución del grupo parlamentario de Batasuna decidida por el Tribunal Supremo. La decisión es grave, porque abre un conflicto institucional de consecuencias imprevisibles; pero nadie podrá alegar sorpresa porque la justicia no podía ceder frente a la pretensión de que una mayoría parlamentaria pueda llegar a bloquear la aplicación de una resolución judicial con la que está en desacuerdo por motivos políticos.

La estrategia soberanista de Ibarretxe tiene un componente rupturista respecto a la legalidad constitucional. El terreno elegido para evidenciar esa insumisión es el compartido con el mundo radical: sobre todo, lo relacionado con la ilegalización judicial de Batasuna. Esa estrategia implica provocaciones que o bien hagan retroceder al Estado o bien escenifiquen la ruptura. La eventual inculpación del presidente del Parlamento vasco no sería contradictoria con esa estrategia. Incluso podría dar un pretexto para la disolución anticipada de un Parlamento en el que Ibarretxe no tiene la mayoría que necesitaría para dar vía libre a su propuesta soberanista.

La querella era previsible desde el momento en que el Supremo aclaró cualquier posible duda sobre el alcance de su sentencia: lo que se requería a Atutxa no era la disolución del grupo parlamentario, ya decidida, sino «los simples actos de materialización» de la misma mediante la incorporación de sus parlamentarios al Grupo Mixto. Según el último auto del Supremo, cuya argumentación asume la querella, Atutxa cometió un fraude de ley al idear un artificio por el que se condicionaba el trámite a su aprobación por la Junta de Portavoces, en la que contaba con un voto que resultó decisivo al propio grupo disuelto.

El panorama que se abre es sombrío, pero al menos ha entrado en una vía jurídica: el Tribunal Superior del País Vasco, competente por afectar el caso a aforados, deberá decidir si admite la querella a trámite y, si lo hace, dilucidar si el comportamiento de Atutxa y quienes le secundaron incurre en la desobediencia del artículo 410 del Código Penal. ¿Se atreverán los nacionalistas a extender la insumisión al Tribunal Superior de Justicia de Euskadi?

La querella presentada por la Fiscalía del Estado contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, por negarse a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak (SA), sucesor de la ilegalizada Batasuna, parece haber provocado en el seno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no sólo una legítima discrepancia jurídica sobre sus fundamentos, sino también una muy preocupante fractura ideológica y política en torno al hecho mismo de su admisión o no a trámite. Constituiría una quiebra muy grave del Estado de derecho que el enfrentamiento que mantienen los Gobiernos central y vasco en torno a esta querella, como en general sobre el proceso de ilegalización de Batasuna y sus consecuencias, se trasladara mecánicamente al interior del Tribunal de Justicia del País Vasco, poniendo en entredicho su independencia y cegando cualquier posibilidad de encauzar el conflicto mediante la ley.

En este sentido, no se comprende bien, quizá porque no se ha explicado suficientemente, que la misma Sala de lo Civil y Penal que se pronuncia en un primer momento a favor de una querella presentada sobre los mismos hechos contra Atutxa por el extraño colectivo Manos Limpias se divida después en dos ante la admisión de la más fundamentada querella de la Fiscalía del Estado. Seguramente ello explica el recelo con que el fiscal ha acogido la designación de la llamada Sala de Discordia (ampliación de la antigua con tres nuevos magistrados para deshacer el empate) y su decisión de impugnarla ante el Consejo del Poder Judicial, que ha decidido dejarla en suspenso cautelarmente hasta verificar si su designación se atiene a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En contra de lo señalado por el consejero vasco de Justicia, Joseba Azkárraga, que ha imputado nada menos que «actitudes mafiosas» al Consejo del Poder Judicial, este órgano es el competente para resolver un conflicto que atañe exclusivamente al funcionamiento interno de un tribunal y que nada tiene de jurisdiccional. En todo caso, este conflicto no debería ir a mayores, pues la ley predetermina claramente la forma en que ha de constituirse este tipo de sala de justicia.

Ni los gobernantes de Madrid ni los de Vitoria pueden actuar como si pudieran prejuzgar, y predeterminar en su caso, la decisión del Tribunal Superior vasco. Deberían cesar de inmediato pronunciamientos como el de Mayor Oreja, que enmarca este nuevo conflicto judicial en un supuesto proceso de secesión ya en marcha en el País Vasco, o como el de Arzalluz contraponiendo un «independiente» Tribunal de Justicia del País Vasco a un «sumiso Tribunal Supremo» que maneja Aznar. Los jueces del Tribunal Superior vasco deben salir del círculo infernal en el que pretenden encerrarles unos gobernantes que a veces parecen perder cualquier sentido de la prudencia y de la sensatez. Deben actuar con la independencia que la ley y los ciudadanos les exigen, basando en argumentos de derecho, y sólo en ellos, la decisión que adopten, cualquiera que sea.

Cualquiera que hubiera sido la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto de la querella por desobediencia presentada por el fiscal contra Juan María Atutxa y los miembros de la Mesa del Parlamento Gorka Knorr y Kontxi Bilbao, habría provocado encontradas interpretaciones políticas. En el fondo de la iniciativa del fiscal late un conflicto institucional que no ha encontrado las vías adecuadas para resolverse, que no son, desde luego, las del estrecho marco de un proceso penal.

Pero una cosa son las interpretaciones políticas de una decisión judicial y otra su descarada instrumentación política por los actores enfrentados que se sitúan tras ellas. Es inadmisible que desde el Gobierno vasco se lance el mensaje de que la admisión a trámite de la querella «no es fruto de la independencia judicial» y que desde el Gobierno, por boca del ministro Michavila, se anticipe la acción de la justicia, dando por hecho que «el Parlamento vasco está presidido por una persona que está imputada por un delito muy grave». De momento, Atutxa no es un imputado, sino sólo un querellado, y las diligencias que se abren a partir de ahora pueden concluir de diverso modo, sin excluir su sobreseimento o archivo.

Son, en todo caso, consideraciones jurídicas y no políticas las que deben sustentar cualquier juicio medianamente fundado sobre la decisión del tribunal.Ninguna duda puede caber de que son este tipo de consideraciones las que han guiado tanto a la mayoría de los magistrados que han optado por la admisión de la querella como a la minoría que se ha pronunciado en contra. La diferencia estriba en que los primeros han ajustado su decisión a las estrictas exigencias de admisión de una querella, que son su fundamentación en hechos aparentamente delictivos, la clara especificación del delito cometido y la legitimación de quien la formula.

En cambio, los magistrados de la minoría han introducido cuestiones que sólo en la instrucción de la querella o, en último término, en el juicio oral deberían ser debatidas y en su caso demostradas: que Atutxa se vio imposibilitado de cumplir la orden del Supremo por la votación de la Junta de Portavoces o que el grupo Sozialista Abertzaleak se diferencia de la ilegalizada Batasuna. Pero esas y otras cuestiones son las que constituyen el objeto del proceso y cuyo debate hurtarían los magistrados de la minoría con su rechazo de la querella.