La Generalitat de Cataluña destituye al mayor Trapero como máximo responsable de los mossos

Josep Lluis Trapero no recordaba la cantidad de veces que había cruzado las puertas de aquel edificio ya no tan moderno de la calle Diputación. Llegó el lunes con tiempo a primerísima hora de la mañana y subió al despacho del conseller Ignasi Elena. No es que no se la esperara, pero la comunicación de que estaba cesado le afectó. Trapero no es cualquiera, en su día fue el policía más conocido de España; es, desde luego, uno de los más respetados por los Mossos si no el que más, y además tiene un puesto, el de mayor, de carácter vitalicio, difícil de encajar en la jerarquía policial si se le deja sin efecto operativo. De modo que Elena tuvo buen cuidado de ofrecerle tres cargos, como asesor o como destacado representante en una fundación, pero el policía le pidió tiempo para decidir qué hacer. Sin un ápice de cortesía, apenas una hora después y cuando la noticia ya había sido publicada por dos medios de comunicación, se realizó la comunicación oficial. Acababa en ese momento casi un año de enfrentamientos abiertos entre el mayor de los mossos, especialmente refractario a las injerencias políticas en su última etapa, y el Govern.

En el complejo central de los mossos de Egara, -los policías ironizan con que es la sede de la versión catalana de Juego de Tronos-, hay agentes que aseguran haberle escuchado decir que no se lo iba a poner fácil a los políticos y también los hay qué se preguntan cómo es posible que se hayan arriesgado a cesarle con la cantidad de cosas turbias que sabe.

Lo cierto es que la trayectoria del mayor Trapero ha sido todo lo procelosa que podía ser. Tachado de traidor primero por constitucionalistas que llegaron a llamarle «el brazo armado del independentismo», una vez absuelto por la Justicia, los independentistas no le perdonaron -aunque al principio pareció que sí-, que se presentase voluntariamente ante el Supremo para declarar que tenía un plan para arrestar a Puigdemont en caso de proclamar la independencia. Después, su posicionamiento hizo el resto.

Su regreso al frente de los mossos no estuvo exento de gloria. En las instalaciones de Egara todavía resuenan los aplausos de cuando hace un año se presentó para recuperar su cargo flanqueado por su abogada Olga Tubau y por Patricia Platja, la jefa de prensa que hizo de él un personaje con la gestión de la información sobre los atentados yihadistas de 2017 en Las Ramblas.

Se ha asegurado que fue Puigdemont quien consideró que había perdido su puesto por la aplicación del 155 por parte del Gobierno de Rajoy y que era justo que lo recuperase. En cualquier caso, a su vuelta, su relación con el entonces conseller, Miquel Samper, fue buena. Durante los tres años de travesía del desierto a la que tuvo que enfrentarse tras su destitución y mientras se defendía de las acusaciones de sedición y desobediencia, se concentró en la elaboración de documentos donde desarrollaba la policía de proximidad que tenía en mente y de eso hablaba con Samper. Perre Ferrer, el director general, se dolió entonces de que se saltaba el trámite de consultar con él cuando su función era precisamente coordinar al Govern con la Policía. La llegada de Elena tras las elecciones ganadas por ERC, que mantuvo a Ferrer, sentenciaron su puesto.

No era la primera vez que ERC le consideraba de poco fiar. En la época en la que se supo que el mayor había participado en la célebre paella con Puigdemont organizada por Pilar Rahola, los dirigentes de ERC apostaban por su sustitución por David Piqué. No lo lograron porque éste falleció y Trapero se mantuvo en el cargo a pesar de que superiores a los que decía admirar se marchaban al ver la deriva soberanista. Alegó que su nombramiento no era político y que no podía dejar a la policía autónoma en aquellas circunstancias y aceptó que los independentistas hiciesen de él una especie de héroe tras los atentados. Pero los dirigentes de ERC, que, si entonces no se fiaban, tras sus declaraciones judiciales, se fiaron menos, han reconocido estos días que, «sin menoscabo de los criterios técnicos», querían al frente de los mossos a alguien que fuese «receptivo a las directrices políticas».

SIN INJERENCIAS

Sus amigos sostienen que «nunca aceptó injerencias políticas» pese a lo que pudiese parecer durante el 1-O y que esa fue la condición para regresar al cargo; sus enemigos aseguran que regresó escaldado. El hecho es que sus posicionamientos han hecho saltar chispas.

Preparó un protocolo de actuación para la intervención en los desahucios que se alejaba de la policía «social» reclamada por los independentistas presionados por la CUP y se ajustaba a la aplicación de la ley; otorgó medallas, sin consultar a sus superiores, al equipo que le libró de prisión, encabezado por su abogada, porque logró «una sentencia absolutoria que plasmó la pluralidad, la neutralidad y la honorabilidad del cuerpo»; se reunió con responsables policiales de Audiencia Nacional, Supremo y Casa Real, a quienes superiores suyos consideraban «representantes del Estado represor»; ha protestado por el traslado al departamento de Presidencia de la defensa de los policías en pleno debate sobre la gestión del orden público tras el acuerdo de investidura con los comunes y ha cuestionado los acuerdos con éstos que disminuyen la capacidad de actuación de los agentes ante los violentos.

«Observamos con preocupación que en algunos debates públicos al que tira una piedra a un policía se le otorga el título de activista», ha dicho. «Sólo pedimos respeto. No buscamos actitudes sumisas ni miedos ya superados a la policía. Defiendo el derecho de manifestación, pero me pregunto qué tiene de cambiar el mundo el hecho de lanzar piedras a la policía o quemar contenedores. ¿Cuál es el nuevo paradigma y qué tiene de transformador o revolucionario?» se preguntó en el día de les Esquadres, el más simbólico para la Policía. A eso hay que añadir la frialdad con la que públicamente trató al president en el Consell de la Policía, o que, según asegura un allegado, su posicionamiento sobre la cobertura que había que proporcionar a la familia de Canet de Mar atacada por el independentismo por el acceso a clases en castellano, discrepaba del de sus superiores.

El Govern ha señalado que quiere un cargo «más coral» y «feminizar» la cúpula de los mossos, y que el cargo vitalicio de Trapero no va con los tiempos. Y los de Puigdemont no han protestado. Se especuló con que se iba a marchar a la empresa privada pero sus amigos lo niegan como si fuera un insulto. El mayor tiene fama de disciplinado y discreto pero, dado su ascendiente, no está claro que la del Govern sea la última palabra.