La Iglesia despide como Profesoras de Religión en una mujer de Almería por casarse por lo civil con un hombre divorciado y a otra de Málaga por irse de copas

El despido de la profesora de religión católica en un colegio público de Almería por haberse casado por lo civil con un divorciado constituye un retazo de la España oscura, que tan bien describió Antonio Machado, incrustado en la sociedad española de nuestros días. Que algo así pueda suceder en la España actual, con una Constitución democrática que protege los derechos fundamentales de la persona, no sólo invita a la reflexión. Obliga a que los poderes públicos, las fuerzas políticas y los sindicatos tomen cartas en el asunto para que tamaña muestra de intolerancia y arbitrariedad no pueda llevarse a cabo impunemente.

¿Cómo ha podido cometerse tamaña intromisión en la intimidad y en la libertad personal de esta profesora de religión con las graves consecuencias de su despido? La Iglesia católica ha conseguido del Estado, como desarrollo interpretativo de los acuerdos de 1979 con la Santa Sede, un régimen laboral especial para los profesores de religión en los centros públicos que parece amparar abusos como un despido por cuestiones relacionadas con la vida privada. Llama la atención que este régimen, que endosa al Estado la carga financiera de la enseñanza de la religión y que atribuye a la Administración pública la condición de empleador de quienes la imparten, permita en la práctica que el control de la situación laboral de estos enseñantes quede en manos de los obispos.

El despido de la profesora de religión de Almería (abandono inmediato de las clases con promesa de readmisión cuando normalice su situación matrimonial) no es obra de la Administración educativa, que paga sus salarios, sino del delegado episcopal de Enseñanza de la diócesis almeriense. Al atropello que supone despedir a una trabajadora por algo que atañe a su vida personal se añade en este caso una evidente extralimitación en sus funciones por parte de la Iglesia. El último convenio económico-laboral de los profesores de religión en la enseñanza pública (firmado entre el Gobierno del PP y el epìscopado español en 1999) atribuye a la Iglesia la propuesta y el examen de idoneidad de estos enseñantes, pero mantiene a todos los efectos el carácter laboral de su contratación a cargo del Estado, de acuerdo con diversas sentencias del Supremo. La Iglesia católica no puede pretender la ayuda estatal, económica e institucional, para la enseñanza de su doctrina y actuar después al margen de las leyes del Estado en sus relaciones con los trabajadores que la imparten. La Constitución y el Estatuto de los Trabajadores amparan a la profesora de Almería.

El de Resurrección, casarse con un hombre divorciado. El de María del Carmen, vivir «amancebada». Ellas son dos de los 15.600 profesores de Religión controlados ahora por la Iglesia a través de inspectores.Los colegios religiosos de pago no preguntan, en cambio, si sus alumnos son hijos, también, del pecado

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Alto, delgado, metido en la cincuentena, pelo cano y gafas, José Blanco no parece un inquisidor. Ni lo parece ni quiere serlo.Este sacerdote madrileño, muy conocido en los ambientes escolares de la archidiócesis (llegó a ser delegado de enseñanza), pasará este curso de profesor de Religión a supervisor. En otras palabras, junto a cinco compañeros, se convertirá en inspector de los casi 400 profesores de Religión de la provincia eclesiástica de Madrid, que aglutina a las diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá.

Dice que eso de inspector no le gusta. «Nuestra función primordial», explica conciliador, «es ayudar y apoyar a los profesores. Evidentemente, eso exige también una cierta dosis de control, pero la labor de vigilancia no es lo prioritario ni lo más importante». Sin embargo, los profesores de Religión madrileños tiemblan ante la noticia. «Es una vuelta de tuerca más. Si ya estábamos controlados, ahora intentarán fiscalizar aún más no sólo nuestras clases sino también nuestras vidas», dice un responsable de la Federación Nacional de Profesores de Religión (FEPER) que prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a perder su puesto de trabajo.

La archidiócesis de Madrid contará, pues, a partir de este curso con tres supervisores (José Blanco, Antonio Salas y Francisco González); la diócesis de Getafe, con dos, y la de Alcalá de Henares, con uno. Estos inspectores se vienen a sumar a los ocho coordinadores (con sus respectivos equipos) de enseñanza que hay en cada una de las ocho vicarías en las que está organizada territorialmente la archidiócesis madrileña. «Hasta ahora nos atosigaban; a partir de ahora no nos van a dejar vivir. Tengo compañeros homosexuales, otros que viven en pareja sin estar casados o que se han casado con divorciados que ya no saben qué hacer para seguir ocultando su situación a los inquisidores del arzobispado», dice un docente. En aplicación de las directrices aprobadas el pasado 27 de abril por la Conferencia Episcopal, este cuerpo de inspectores se va a poner en funcionamiento este curso no sólo en Madrid, sino en todas las diócesis de España.«La Iglesia está creando una doble inspección con la que pretende inmiscuirse en la vida privada de los profesores», denuncia el sindicato CCOO.

Pero no ha hecho falta que este cuerpo de supervisores haya comenzado a funcionar para que Resurrección Galera comprendiera qué quería decir el máximo órgano de los obispos en su dictamen del pasado abril cuando, en 12 artículos, detallaba pormenorizadamente la forma de vigilar la calidad de la enseñanza de los profesores de religión, «su testimonio de vida cristiana» y su «identidad católica». Hasta hace unos días, Resu no era más ni menos que una eficiente profesora de Religión a la que sólo conocían sus alumnos y compañeros del colegio Francisco Ferrer Guardia, en la localidad almeriense de Los Llanos de la Cañada. Pero el obispo de Almería, Rosendo Álvarez, la ha lanzado a la fama por no haber renovado su contrato para el curso 2001-2002. El motivo, haberse casado con un hombre que se divorció hace 26 años. Para el prelado, Resurrección no reúne una de las condiciones exigibles para defender la doctrina cristiana cual es «dar testimonio de vida».

«Estoy destrozada. Me duele el alma». A Resurrección Galera, de 36 años, se le llenan los ojos de lágrimas y se le entrecorta la voz explicando su «desgracia».Hija de una familia muy religiosa de Almería, estuvo muy vinculada a la Iglesia desde niña. Fue catequista durante muchos años, hizo Magisterio, aprobó los cursos para conseguir la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI) y ha estado dando clases de Religión los siete últimos años. Con mucha dedicación, buena capacidad pedagógica y excelente sintonía con sus alumnos. «Mi relación con el obispado», añade por si fuera poco, «también era excelente».

Hasta hace un año. Había conocido a un traductor alemán, Johannes Romes, que llevaba 12 años en Almería. Como Resu, era católico.En 1968 Romes se había casado en su país y, siete años después, se había divorciado. El traductor y la profesora se gustaron, se enamoraron, y hace un año se casaron en el Juzgado de Paz de Níjar. Lo que no esperaba la profesora es que uno de los momentos más felices de su vida fuese a convertirse en el arranque de su particular via crucis.

«Si no me hubiese casado por lo civil, hoy seguiría dando clases», explica Resurrección. Más aún, el delegado de enseñanza del obispado almeriense, Antonio Rueda, antes de que se casase, le propuso que renunciase por escrito a su puesto de trabajo, que esperase la aprobación de la nulidad de su pareja para casarse y, después, que regresase a dar clases. «Pero yo no creía en absoluto que me guardase mi puesto de trabajo y, en segundo lugar, en Alemania un proceso de nulidad tarda entre 4 y 5 años y cuesta 3 millones de pesetas. No tenía el dinero ni las ganas de esperar tanto tiempo para casarme con el hombre al que amo», dice la profesora despedida.

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¿Y LOS ALUMNOS?

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«Durante un año», prosigue, «me sentí presionada y perseguida por el delegado del obispo, pero nunca pensé que llegara a cumplir sus amenazas. Se me vino el mundo encima. Pensé en mi familia, tan religiosa, en el crédito hipotecario que acabábamos de conseguir y que tenía que pagar, en mi trabajo, en mis alumnos y en la Iglesia a la que quiero, y me sentí destrozada».

Porque, además de echarla a la calle, en el obispado la hicieron sentir como una delincuente. «Me trataron con desprecio y sin respeto alguno. Trataban de justificar su fechoría culpándome.Yo pensaba que si estuviésemos en la Edad Media, me hubiesen quemado en la hoguera. Sólo repetían, una y otra vez, que la ley estaba de su parte. ¿Qué ley prohíbe enamorarse? La de Cristo, no. Pero los obispos me llaman adúltera». Así le llamó públicamente el obispo de Málaga, Antonio Dorado, mientras algunos curas de Almería la tachaban de «concubina» en sus homilías.

Todas estas infamias le han hecho llorar, le han roto el alma, le han hecho perder la confianza en la jerarquía, pero no hacen tambalear ni su fe ni su amor a la Iglesia. Y no está sola. Aparte de su entorno, sindicatos, como USO, UGT y CCOO, partidos como PSOE e IU, y hasta movimientos eclesiales, como la Iglesia de Base y Comunidades Populares, están de su lado y apuntan directamente a la revisión del pacto Iglesia-Estado.

Su caso ha suscitado un clamor en toda España y ha vuelto a reavivar el debate sobre la enseñanza de Religión en los centros públicos, sobre la necesidad de modernización de la Iglesia española y sobre sus arbitrariedades y ambigüedades. No sólo en su política de contratación de profesores.

Desde que, en 1981, la ley abrió la espita de las rupturas conforme a Derecho, en España se han producido 472.914 divorcios. En la actualidad, por cada dos parejas que se casan una se separa.Y a pesar de esas elevadas cifras, el 80% de los matrimonios siguen siendo por la Iglesia. No importa que sólo un 14% de los jóvenes españoles se declare practicante: a la hora de ir al altar nadie les pregunta acerca de su «testimonio de vida».

Tampoco importa mucho en las secretarías de los colegios religiosos.En el curso 1999-2000 más de 835.000 alumnos cursaron estudios en centros vinculados con la Iglesia. A sus padres jamás se les preguntó si eran católicos o si estaban divorciados. Antonio se casó hace dos años por lo civil con María Jesús, que se acababa de divorciar y tenía una niña de su anterior matrimonio. Cuando este año fueron a un colegio de los Escolapios «de los caros» a matricular a su hija, nadie inquirió si era de un anterior matrimonio, ni siquiera si estaba bautizada. «Sólo se nos dijo genéricamente que era un colegio católico. Eso sí, se nos detalló minuciosamente los diversos capítulos de la factura mensual», dice la madre.

La ristra de datos podría seguir: la Iglesia bautiza a 1,5 millones de niños al año, aun sabiendo que la mayoría de los padres no va a educar a sus hijos en la fe. Cada año se celebran unas 300.000 primeras comuniones, convertidas en ritos sociales más que en sacramentos, como denuncian los propios curas. Todos los domingos se reparten en las iglesias españolas más de 9 millones de comuniones, sin que los curas pregunten a los comulgantes si están divorciados, en pecado o amancebados… Y en ese panorama es en el que la diócesis de Almería ha dicho que una mujer casada por lo civil con un divorciado no vale para dar clases de religión.

El batacazo a Resurrección Galera ha servido para que salgan a la luz otros casos. A los pocos días de saberse que el obispado de Almería no incluía en su lista de profesores para este curso a Galera saltó de nuevo la liebre de una docente despedida.Esta vez en Canarias. Otra mujer, y también por motivos morales, «por conducta pecaminosa», es decir, por estar divorciada y convivir con otro divorciado.

María del Carmen Galayo Macías, de 54 años, cursó Magisterio, estudió Teología, consiguió la idoneidad eclesial y comenzó a dar clase de Religión en distintos institutos de Canarias. Se casó con un arquitecto y tuvo un hijo y una hija. «Durante años fui objeto de vejaciones, malos tratos e insultos por parte de mi marido, que me obligó a entrar en la secta destructiva Aztlan, de la que es uno de los máximos dirigentes. Reaccioné a tiempo y salí, pero mis dos hijos siguen dentro. Para salir de aquel infierno me separé judicialmente de mi marido y me dediqué a mi vida y a mis clases».

Tiene 14 años de profesora a sus espaldas. Pero un día se enamoró de su pareja, Jaime Rubio, y decidieron vivir juntos. Al poco tiempo le llamó el vicario de la diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, y le hizo llegar un lacónico mensaje: «Vives amancebada con un hombre y en pecado, y, por tanto, no puedes dar clases de Religión».

María del Carmen estuvo dos días sin comer, pero ahora ya no tiene fuerzas ni para llorar. «Las lágrimas las reservo para mis hijos que siguen embaucados en la secta de su padre». Pero ella, que también dice tener la «conciencia muy tranquila porque no estoy pecando sino amando», está decidida a llevar su caso ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Entretanto, denuncian los profesores de Religión laicos, hay muchos curas secularizados a los que no se pone pega. Una encuesta de la propia Conferencia Episcopal reconoce que un 2,5% de los profesores de Religión son curas o frailes que han abandonado la sotana. La clase de religión suele ser una forma con que la jerarquía paga a un cura secularizado los servicios prestados.En principio no hay problema, pero algunos de estos sacerdotes, contra la doctrina canónica, no han recibido la necesaria dispensa papal y están casados por lo civil.

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CONTROL

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Es una más de las arbitrariedades para los profesores de religión que trabaja en las escuelas públicas. Aunque los contrata y paga la Administración, es cada diócesis la que elabora anualmente las listas de profesores, la que decide si al año siguiente un profesor merece seguir o no. Y la Iglesia, como prueba la creación del cuerpo de supervisores, no está dispuesta a perder el control sobre lo que se enseña en las aulas ni sobre entre quién se reparten los 56.000 millones de pesetas que suponen los honorarios de todos los enseñantes de la asignatura.

El resultado es que los docentes no tienen derechos laborales, sus contratos son por un año y les pueden despedir sin indemnizarles y sin alegar las razones. «La situación que se está produciendo es consecuencia de un sistema perverso de libre designación del profesorado por parte de los obispados por el que se cometen continuas arbitrariedades», asegura Luis Guridi, presidente de FEPER.

A pesar de ello, cada vez son más los licenciados que llaman a las puertas de la Iglesia en busca de la missio o autorización para poder dar clases de la asignatura. Cobran lo que un profesor interino, es decir catorce pagas anuales de 269.303 pesetas brutas por una jornada de 18 horas lectivas a la semana y en la actualidad constituyen un cuerpo de 15.600 docentes. Pero aunque crezca el número de candidatos, la puerta eclesial se estrecha cada vez más para entrar y se ensancha cada vez más para salir. Los ejemplos de los últimos días son elocuentes.

Con Resurrección Galera y María del Carmen Galayo, Francisca Urbano, profesora de religión de Monda (Málaga) desde 1990 se ha llevado los titulares de esta semana. Aunque a ella no la despidieron por casarse con un divorciado, sino por «no ir a misa y salir de copas» y, por tanto, haber dejado de ser «un buen testimonio de vida cristiana». Así se lo dijo el delegado de enseñanza, Victoriano Planas, añadiendo que debía mirar en su interior, en su «comportamiento moral», siempre según la afectada.

Francisca no quiere creer que su puesto de concejal de IU desde hace dos años haya tenido que ver en la decisión del obispado, pero sospecha que ésa pueda ser la causa no confesada de su despido.Porque ella asegura que cumple con sus obligaciones de católica, que va a misa regularmente y que, efectivamente, «cuando termino mi trabajo hablo con mis compañeros y me tomo un refresco, una cerveza o lo que haga falta». Casada y con dos hijos, y muy querida en toda la zona, se vio de inmediato apoyada por padres, vecinos, alumnos, sindicatos y partidos. Los padres retirarán a sus hijos de la clase de Religión «hasta que vuelva Paqui».

Pero en la diócesis de Málaga hay más profesoras puestas en la calle. Eva enseña religión en el colegio Ciudad Jardín de la capital malagueña. Hace unos meses contrajo matrimonio civil con Juan, otro profesor divorciado. Motivo más que suficiente para que el delegado del obispo la borrase de las listas para este curso.

Y es que las causas de despido de los profesores de Religión pueden ser de lo más variado, pero generalmente se alude a razones «morales», como en los casos de las cuatro profesoras. O como en el de José Antonio Fernández Martínez, que colgó la sotana y contrajo matrimonio civil, del que nacieron cinco hijos, en 1985. Su situación era conocida en el obispado de Murcia, pero se le permitió dar clases de Religión en el instituto de Mula hasta 1997, año en que se le destituyó fulminantemente. ¿Motivo? Haber salido fotografiado en un periódico junto a su mujer y sus hijos. Tres años después, un juez ordenó la readmisión de José Antonio. La sentencia afirma que el obispado «vulneró el principio de igualdad». El obispado ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que acaba de fallar en contra del trabajador.

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TRIBUNALES

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En otras ocasiones, los despidos episcopales llegan para acallar a algún rebelde. Francesc Joan Viger, de 46 años, fue contratado durante 13 años de forma ininterrumpida. Pero, cuando el delegado episcopal de Barcelona descubrió que Viger era vicepresidente de la Associació de Professors de Religió, un foro pedagógico y sindical que aglutina a más de 400 profesionales en Cataluña, lo echó a la calle. El pasado mes de febrero, un juez ordenó al Departament d’Ensenyament y al arzobispado su readmisión «en las mismas condiciones», tras calificar de «discriminador y represivo» su despido.

En los tribunales de muchas provincias españolas hay decenas de casos pendientes de profesores de Religión. Sólo en Canarias, el año pasado se despidió a 7 profesores y tres de ellos fueron a magistratura.

Pero son muchos los que tiran la toalla. M.J.H., una profesora de Religión de la diócesis de Getafe, casada y con dos hijos, estuvo a punto. Tras 11 años de dedicación, las cosas comenzaron a torcerse para ella, cuando se negó a hacerle un favor a la delegada de enseñanza, María Eugenia Iriarte, una hermana de la Caridad de cuyas arbitrariedades hablan muchos docentes. A M. J. le redujeron a la mitad sus clases.

Interpuso una demanda, la ganó, pero ni la Administración ni el obispado la han cumplido. «Todas estas tensiones me ocasionaron problemas y estuve de baja psiquiátrica cinco meses. Pero estoy dispuesta a luchar por mi trabajo o por la extinción de mi contrato».

«Estamos en una situación de desamparo y de indefensión total.Nos contratan como un favor personal del obispo. Vives atemorizada todo el año. Esto es una auténtica esclavitud. O peor aún, una esclavitud silente, porque si hablas te quedas sin puesto de trabajo», dice la profesora de Getafe, que teme ser represaliada por estas simples declaraciones.

La situación en la diócesis de Getafe es paradigmática del miedo con el que viven los 15.600 profesores de Religión de las 68 diócesis españolas. Según fuentes de la FEPER y varios testimonios de profesores que quieren conservar el anonimato a toda costa «Nos jugamos el pan de nuestros hijos» , la hermana Iriarte «se cree la dueña del cortijo, nos trata como a esclavos y pisotea nuestros derechos y nuestra dignidad como personas».

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SIN EXPLICACIONES

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El pasado miércoles, los 150 profesores de religión de Getafe fueron convocados a una reunión por la monja delegada, en la que les volvió a amenazar y a repetir que la Iglesia no tiene por qué dar explicaciones de los despidos que hace de sus profesores de Religión y que ella puede echar a alguien «simplemente porque me caiga mal».

Es también en esta diócesis del sur de Madrid donde a algunos profesores se les pide una especie de impuesto revolucionario.«La delegada solicita a algunos profesores que depositen el 0,6% de su sueldo para el obispo y el que se niega sabe que va a tener problemas», comentan miembros de la FEPER.

Sin llegar a los extremos de Getafe, los delegados para enseñanza de las 68 diócesis tienen tres listas. Una blanca en la que van anotando las calificaciones de todos los profesores. Otra roja, en la que figuran los más díscolos. Y otra negra, a la que pasan los condenados a perder su puesto de trabajo. Con baremos exactos y perfectamente puntuados. Por ejemplo, ser catequista se premia con dos puntos y ser miembro de Cáritas, con uno.

«Somos como los temporeros de la fruta o de la vendimia, siempre a expensas de un patrón caprichoso, que nos somete a todo tipo de controles e imposiciones y nos puede poner de patitas en la calle cuando y como quiera», aseguran fuentes de FEPER. O como, más descarnadamente aseguran en el sindicato UGT, «los obispos se han convertido en la mayor empresa de trabajo temporal de España». Y sus 15.600 profesores de religión en colegio públicos en los temporeros de Dios.

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POR AMANCEBADA. María del Carmen Galayo, de 54 años, ha enseñado Religión en institutos canarios durante casi tres lustros. Divorciada de su primer marido, que la maltrataba y la introdujo en una secta, se casó con otro hombre. Al poco recibió un mensaje de la diócesis: «Vives amancebada con un hombre y en pecado; no puedes dar clases de Religión». Está dispuesta a llevar su caso al Tribunal de Estrasburgo.

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POR TOMAR COPAS. Francisca Urbano ha caído de las listas de profesores de Religión de la diócesis de Málaga para este curso «por no ir a misa y tomar copas». Ella asegura que va a misa regularmente y que, efectivamente, al salir del trabajo queda con los compañeros y toma «un refresco, una cerveza o lo que haga falta». Sospecha que su cargo de concejal de Izquierda Unida pueda tener que ver con la decisión.

No deja de ser incongruente que el mismo juez de lo social que ha declarado procedente la no renovación de su contrato de la profesora de religión católica en un colegio público de Almería, Resurrección Galera, por haberse casado por lo civil con un divorciado, admita como un hecho ‘cierto y probado’ que la razón de ese despido fue su matrimonio. Si la razón fue ésa, ¿cómo un juez, sujeto como todos los poderes del Estado a la Constitución, puede darla por buena a la hora de decidir sobre la ruptura de un contrato laboral, por más especial que sea el que rige para los profesores de religión en la enseñanza pública en virtud de los acuerdos Iglesia-Estado de 1979?

El juez reconoce expresamente el trato discriminatorio del régimen laboral establecido en el convenio firmado en 1999 entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para los profesores de religión en la enseñanza pública. Admite incluso que vulnera el trato de igualdad reconocido constitucionalmente, así como el derecho fundamental a la intimidad. Pero no saca las consecuencias pertinentes al situar los acuerdos Iglesia-Estado por encima de la Constitución y del Estatuto de los Trabajadores. Es de esperar que esas consecuencias las saquen otras instancias judiciales, o el Tribunal Constitucional, declarando nulo un despido a todas luces arbitrario y que vulnera derechos fundamentales de la persona. La resolución judicial les pone en bandeja argumentos sólidos para dar ese paso, en línea con resoluciones precedentes.

No es poco, desde luego, que el juez que ha avalado el despido se haya distanciado de los peregrinos argumentos aducidos por el abogado del Estado, defensor de las tesis de la Iglesia. Causa sonrojo que este representante de la Administración admita sin más la llamada ‘coherencia de vida’ -la fidelidad a la doctrina de la Iglesia- como causa objetiva del despido, de la misma forma ‘que podría despedirse a un profesor de religión islámica por divulgar su afición a comer carne de cerdo’. Eso podría ocurrir en un Estado confesional, pero no en uno aconfesional. O en el ámbito interno de la Iglesia, pero no en la enseñanza pública, pagada y tutelada por el Estado.

Resucita vigorosamente el manojo de muecas grotescas que empareja a los ministros de Dios en la tierra con una pandilla de trasnochados finiseculares. Resucitan de ese sueño silencioso que administran con la sabiduría oportunista que siempre les ha caracterizado: parece que han sido infectados por la bacteria de los tiempos, tan cruel, pero reaccionan recurrentemente y saben colocarse donde les corresponde. Resucitan de la ceniza de la transigencia y se alisan alborotados la sotana ante el pavor de haberse manchado de algún blanco nuclear. Resucita el gusto por la arenga, por la invectiva, por la soflama. Una profesora de Religión sale a tomar copas con sus compañeros y eso es suficiente para que ese manojo de equilibristas pida fulminantemente su despido, su excomunión civil, su apartamiento: el Ministerio de Educación, cobarde y bajuno, solo sabe decir, vergonzosamente, que ese asunto no le compete y que debe limitarse a seguir consignas. Valiente pandilla de majaderos unos y otros. Braman los resucitados por asuntos como este y son incapaces, en cambio, de ajustarle las variables a un cura del norte que niega un responso a un asesinado por el terrorismo que alguno de ellos colaboró en crear. Braman los resucitados por un quítame allá un condón y se callan cínicamente ante el comportamiento sexual de muchos sacerdotes con calentura. Braman los resucitados por la convivencia y la justicia y nada objetan acerca de lo que predica el obispo de Gerona (Gerona, Gerona, no pasa nada, ya lo escribió así Don Benito en sus Episodios), el cual mantiene que un buen cristiano sólo tiene que hablar en catalán y nada más que en catalán, incluso a quienes no lo entiendan. Braman contra una joven almeriense que solo ha hecho que enamorarse y se atreven a compararla con un talibán que pretendiera enseñar democracia: ninguno ha deshecho el asalto a la razón de ese obispo atolondrado.

Resucita la intolerancia de unos cuantos ante el silencio de tantos otros (obispos incluso) que me niego a creer que piensen así: son gregarios y callan, pero deberían hablar, decir que ellos no tienen nada que ver con los que quieren enterrar el sentido común a golpe de insensateces. Que hablen esos curas, que digan que no son así, que hablen los obispos disidentes si tienen lo que hay que tener, que salgan de ese armario histórico en el que unos cuantos quieren volverles a encerrar. Vamos, vamos ¿no nos iba a hacer libres la verdad?

No dejan de resucitar a diario argumentos suficientes para que acaben sintiéndose los mártires de una cruzada anticlerical, que es lo fácil, lo zafio. Que reflexionen y reaccionen, si se atreven, que es lo valiente, igual que reaccionaron cuando hubo que retirar el dinero de Gescartera. Veloces como el rayo. Como el rayo avisado.