La investigación a Alberto González Amador por fraude a Hacienda despierta gran atención mediática por ser el novio de Isabel Díaz Ayuso

“Mi hermano podría haber ganado cantidades ingentes de dinero durante la pandemia”, confesó Isabel Díaz Ayuso hace apenas unas semanas. “Mi carrera política le perjudicó”.

En su momento, la frase sorprendió. ¿En qué cabeza cabe que alguien que se lleva 234.000 euros en una sola operación –el sueldo medio de diez años de un trabajador– haya podido ser “perjudicado”? Con los datos que hoy publica elDiario.es, esa sensación de agravio de la presidenta de Madrid y su pobre hermano se entiende mucho mejor. Porque para ella, forrarse en la pandemia es lo normal. Algo casi cotidiano, que no merece ninguna crítica ni ningún reproche moral.

Hoy sabemos en quién pensaba Ayuso cuando hablaba de ganar “cantidades ingentes de dinero durante la pandemia”. Porque el dinero que cobró su hermano por la comisión de un contrato de mascarillas con la Comunidad de Madrid es calderilla en comparación con los dos millones de euros que se llevó, por similares gestiones, Alberto González Amador: quien un año después –las primeras noticias de la relación son de la primavera de 2021– se convertiría en la pareja de la presidenta de Madrid.

Los datos exactos los ha destapado elDiario.es: son 1.973.000 euros, el 4,5% de una compraventa de 42 millones de euros entre dos proveedores de mascarillas que, a su vez, vendían a la administración: al Gobierno central y a distintas autonomías. También a la Comunidad de Madrid.

Se da la ironía –un gran tiro en el pie– de que el propio secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, denunció ante Anticorrupción a la empresa que pagó esta comisión a la pareja de Ayuso.

¿Para qué necesitaban una empresa de Cataluña y otra de Galicia pagar una fortuna así a un intermediario? Esa pregunta aún está por responder. Pero en el propio informe de la Agencia Tributaria se dice algo bastante revelador: este intermediario “en ningún caso aparecerá ni como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo”. Su nombre no sale por tanto en ninguna adjudicación. Igual que tampoco salía el nombre de Tomás Díaz Ayuso. Pero cobrar, sí cobró.

Fue un pelotazo por el que, además, no quiso tributar.

Ese fraude fiscal de la pareja de Ayuso, que está ya en los juzgados, nació ahí: en esa enorme comisión. En el mercado persa de las mascarillas y otros productos sanitarios durante el peor momento de la pandemia. En esas “cantidades ingentes de dinero” –la gran mayoría de origen público– que se movieron sin apenas control durante la emergencia por la COVID. Lo que para la gran mayoría de las personas fue una catástrofe, para unos pocos fue un enorme botín.

También tuvo su origen en la avaricia: inherente en todo delito fiscal.

Dos millones de euros son una fortuna considerable. Más aún si es a cambio de un trabajo que consistió en una serie de videoconferencias y llamadas. La inmensa mayoría de los trabajadores –la verdadera “España que madruga”– no cobran ese dinero en toda su vida. Pero no fue suficiente para Alberto González Amador.

Después de ingresar los dos millones, intentó defraudar al fisco para no pagar los impuestos que tocaban: para llevarse 350.000 euros más. Y lo hizo de la manera más burda, no se sabe si por osadía, por ignorancia o por temeridad. Por medio de 15 facturas falsas para deducirse unos gastos de 1,7 millones por trabajos que nunca existieron en realidad. Y que en su inmensa mayoría ni siquiera se pagaron.

Hacienda se dio cuenta. ¡Cómo no! De un año para otro, la empresa de Alberto González multiplicó por seis sus ingresos pero declaró en el Impuesto de Sociedades un beneficio ridículo, de solo 8.400 euros. La Agencia Tributaria tiene alarmas automáticas ante declaraciones así. Y cuando la inspección entró a mirar el detalle, las sospechas quedaron confirmadas.

No hacía falta rascar mucho. 900.000 euros de una factura en una empresa de Costa de Marfil. Otros 600.000 euros de otra factura en México. Todas ellas, sin rastro alguno de ningún trabajo real y por importes que no se pagaron. Ambas “empresas”, conectadas por un mismo hombre de paja en Madrid, sin oficio conocido, y que cuando fue llamado a declarar por la inspección de Hacienda, primero dijo que no sabía nada y después que se le había olvidado. Todo de aurora boreal.

¿La respuesta de Ayuso? Lo esperable: presentarse como víctima sin desmentir directamente ni un solo dato de la información de elDiario.es. También mentir.

La primera mentira ha sido asegurar que el fraude fiscal ocurrió antes de que Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador fueran pareja. No es verdad. Los ejercicios en los que defraudó fueron el 2020 y 2021. Pero el fraude se comete en otro momento, en 2021 y 2022: en la declaración del Impuesto de Sociedades, que se presenta al año siguiente –igual que ocurre con el IRPF–. Y la primera noticia de que ambos son pareja es de mayo de 2021. El plazo para presentar el Impuesto de Sociedades terminó ese año tres meses después, el 25 de julio de 2021.

No es la única mentira de la presidenta de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso: “Lo que hay ahora es una investigación de Hacienda. Cualquiera que ha sido autónomo y empresario sabe que hay inspecciones”.

Falso. La inspección ya pasó. Duró casi dos años, entre 2022 y 2023. Y el fraude está probado y acreditado por la Agencia Tributaria. Lo que hay ahora es algo mucho peor: una investigación penal. Porque no hablamos de una “discrepancia con Hacienda” o de una simple irregularidad como la que se puede encontrar un “autónomo o empresario” normal.

Para que alguien sea acusado de delito fiscal, por lo penal, hacen falta dos cosas más. La primera, que el fraude sea superior a los 120.000 euros en un solo año –aquí hay 350.000 entre dos ejercicios–. La segunda: que sea intencionado, con ánimo manifiesto de defraudar. Y aquí hablamos de facturas falsas y empresas pantalla.

Isabel Díaz Ayuso: “La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue Directora General en el Ministerio de Justicia con Zapatero”.

No es solo la Fiscalía quien acusa a la pareja de Ayuso de dos delitos fiscales y otro más de falsedad documental. Es primero la Agencia Tributaria quien encuentra este fraude y que, después de pedir explicaciones a Alberto González y atender a sus recursos, lo traslada a la Fiscalía en enero de este año al detectar serios indicios penales. Y es después la Fiscalía quien presenta una denuncia en el juzgado, un mes y medio después.

Es el protocolo habitual. Lo escandaloso habría sido que la Fiscalía, ante un informe así por parte de la Agencia Tributaria, lo hubiera metido en un cajón. Es la misma Fiscalía que, hace pocos días, puso patas arriba al PSOE con su investigación del caso Koldo.

Isabel Díaz Ayuso: “Yo sabía que estaba sufriendo una inspección de Hacienda. Aquí no ha habido tramas ni redes de nada”.

Falso. Porque su pareja no es el único acusado de tres delitos penados con cárcel. También hay otras cuatro personas que están acusadas de ayudar a fabricar esas facturas falsas.

Isabel Díaz Ayuso: “Mi novio no ha podido defenderse”.

Falso. La Agencia Tributaria claro que le ha pedido explicaciones y le ha permitido presentar alegaciones. Ese proceso ha durado más de un año. En elDiario.es también le ofrecimos la posibilidad de defenderse antes de publicar nuestra información. Contactamos con él y nos colgó el teléfono: no quiso responder.

Isabel Díaz Ayuso: “Esto no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid”.

Esto tiene que ver, directamente, con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es una pregunta pertinente, que se le hace a muchos otros políticos: ¿cómo se ha pagado la casa donde vive? Porque es Isabel Díaz Ayuso quien reside en un domicilio que su pareja compró tras el pelotazo de las mascarillas y el fraude fiscal. Una casa de un millón de euros que ni siquiera ella sola se podría permitir, con su sueldo y un ahorro de 70.000 euros –fue lo que presentó en su última declaración de bienes, hace un año–.

“Estoy harta de pagar alquiler y tengo ilusión por comprarme una casa, pero en Madrid se ha disparado la vivienda”, aseguraba Ayuso en 2022. Como si el precio de las casas en la capital no tuviera que ver con las políticas que aplica su propio Gobierno, que ha rebajado la vivienda pública al mínimo mientras se opone a cualquier regulación. Incluso ha llevado a la ley de vivienda del Gobierno al Tribunal Constitucional.

“Los jóvenes de España lo tienen todo”, decía Isabel Díaz Ayuso también, ante las críticas de tantas personas que no pueden acceder a una vivienda, ni siquiera de alquiler. “Pero les falta esa cultura del esfuerzo, que se ha ido perdiendo”, explicaba también.

¿Cultura del esfuerzo? ¿Meritocracia?

Cuánta desvergüenza. Cuánta hipocresía. Cuánta doble moral.

Cómo no se nos habrá ocurrido. Lo había cantado el tipo que funge de presidente del Gobierno en aquella entrevista de Radio Nacional en noviembre de 2019, cuando le preguntó retador al periodista: «¿La Fiscalía de quién depende?¿De quién depende?». «Del Gobierno», respondió el entrevistador. «Pues ya está», concluyó triunfante el entrevistado. No se ha insistido en la profunda ignorancia que revela esta respuesta. El Gobierno propone al fiscal general, pero la Fiscalía no depende del Gobierno; está sujeta a los principios de legalidad e imparcialidad (art. 124.2 de la Constitución). A ver si con un ejemplo puede entenderlo: el presidente de la Corte Suprema de EEUU es nombrado por el presidente de la nación, pero ¿de quién depende? Pues de nadie, porque una vez nombrado, la Casa Blanca no puede removerlo. No es nuestro caso, como han demostrado palmariamente los dos últimos fiscales generales de Sánchez: Dolores Delgado y García Ortiz.

Total, que la Fiscalía filtró ayer a prensa amiga la acusación que planteó el 16 de febrero por presunto fraude fiscal contra Alberto González Amador, que es el novio de la presidenta de Madrid. ¿La Fiscalía? Pues ya está, pero tampoco es que Sánchez la necesitara. Antes que a su novio, le había tocado a su difunto padre por Avalmadrid y a su hermano Tomás por las mascarillas. La querella contra su padre (y su madre) había sido inadmitida por el Supremo a petición de la Fiscalía, y lo de su hermano fue archivado por la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea. A pesar de tanto archivo y de que la Fiscalía dependa de su persona, Sánchez acusó reiteradamente a Isabel Díaz Ayuso de corrupción, una vez desde Marruecos: «El señor Feijóo se aupó a la presidencia del PP después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto». Lo repitió dos o tres veces más en el Congreso, aunque no podría ser imputado por calumnias salvo por medio de suplicatorio ante el Tribunal Supremo.

Es muy notable que la opinión sincronizada (gracias, J.I. Wert) hacía el eco hace unos días a la vicepresidenta primera y número dos del PSOE: exigían dejar fuera de la pugna política a los familiares porque «en política no todo vale». Era su respuesta a las informaciones que iban vinculando, cada vez con más datos, a Begoña Gómez con Víctor de Aldama, comisionista y contacto de la segunda dama con Globalia, la empresa propietaria de Air Europa que fue rescatada con 615 millones de dinero público.

Hay una diferencia sustancial entre consortes. Alberto González era administrador único de las empresas acusadas por la Fiscalía. Dichas empresas no tenían relación con la comunidad que preside su pareja, ni Ayuso era administradora solidaria de ninguna de ellas. Begoña Gómez no habría podido tener el papel que apunta en la trama si no fuera la mujer de Sánchez, un presidente que declaró secretos de Estado el trabajo de su mujer, su sueldo, su horario de trabajo y sus vuelos en el Falcon. ¿Y él que dice de esto? Que Aznar mintió hace 20 años. Y los suyos tragan.

EL PRESIDENTE del Gobierno, justiciero y descontrolado, exigió ayer en el Congreso que Isabel Díaz Ayuso dimita de su cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid. Me decepcionó. Habría sido mucho más interesante que le exigiera su dimisión como novia. La reclamación del presidente parte de una investigación de la Fiscalía que acusa al novio de Ayuso de un delito fiscal. El delito se cometió, presuntamente, en los años 2021 y 2022. Según contó en su momento la afamada revista Lecturas, en mayo de 2021 Ayuso ya vivía una nueva ilusión -este imbatible sintagma sentimental- tras romper en noviembre de 2020 con su pareja, aquel peluquero Jairo. La ilusión se llamaba Alberto González, se conocieron como los de Manzoni en tiempos de peste, y él llevaba muchos años trabajando en consultorías sanitarias. No es probable que entre las primeras ocupaciones de la pareja estuviera la comprobación de su estado fiscal ni mucho menos que al primer esmegma González confesara su inminente intención de defraudar al Fisco. Aunque, ciertamente, hay perversiones peores y quién, salvo los jueces sísísí, saben lo que sucede cuando los amantes cierran la puerta.

El presidente Sánchez no tiene el menor interés en que lo tomen en serio. Él trabaja en otra longitud de onda. Aún así la única posibilidad ética de su exigencia es que supiera que Ayuso conocía las intenciones de su novio y que no le disuadió de ellas y que, una vez materializadas, no acudió a denunciarlas. Ciertamente eso no es lo que haría una amante enamorada, como enseña el mejor cine afroamericano (Anatomía de un asesinato, por cenital ejemplo), no ya cuando se trata de un anodino defraudador fiscal, sino de un asesino. Pero la responsabilidad del que hace las leyes es distinta del que solo las sufre, y arrasa con la clásica dispensa de no denunciar a los que se ama.

Lo más probable, sin embargo, es que a Ayuso le asista en este asunto la ignorancia sobre las actividades de su González. Perfectamente se ve con su peripecia el absurdo de la responsabilidad in eligendo… novio. Sin embargo, ahora ya tiene bastante información. Su novio es un presunto delincuente fiscal y el bello y fiero Maserati que conduce debe tal cantidad de impuestos al Ayuntamiento de Madrid que bien puede reanudarse entre Almeida y Ayuso la temible rivalidad de otros tiempos. Sobre la presidenta se cierne, pues, la severa hora de decidir si el amor está incluso por encima de la Comunidad de Madrid.