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Su detención supone el derrubamiento de toda la causa contra Dolores Vázquez como supuesta autora del crimen

La policía detiene al británico Tony King como auténtico asesino de Rocío Wanninkhof y, además, de Sonia Carabantes

HECHOS

El 20.09.2003 la policía aseguró que el británico Tony Alexander King, confesaba ser el autor material de Sonia Carabantes y Rocio Wanninkhof.

LA CONDENA A DOLORES VÁZQUEZ EN ENTREDICHO

dolores_vazquez Dolores Vázquez

Al aparecer Tony King, el juicio contra Dolores Vázquez, que llegó a ser condenada a 15 años de prisión como autora material del asesinato de Rocío Wanninkhof quedó en entredicho. La causa contra Vázquez sería sobreseída, aunque la madre de Rocío Wanninkhof, Dña. Alicia Hornos, seguiría convencida de su implicación en el caso.

21 Septiembre 2003

La parte horrible de un hombre "normal"

Francisco Peregil

Vivía a la espalda del cuartelillo. Si los guardias civiles de Alhaurín el Grande hubiesen querido detener en su casa a Tony Alexander King no habrían tenido que caminar más de dos minutos. Pero Tony era tan normal, tan respetuoso con todo el mundo, que alguna vez que acudió al cuartel lo hizo como si la cosa no fuera con él. «Para lo que ustedes deseen, estoy a su disposición», decía a los agentes de Alhaurín.

Los guardias civiles no aclaran para qué le llamaron alguna vez. Sólo dejan entrever que alguna vez le llamaron. En apariencia, Tony era lo que todos los vecinos definen como un hombre normal: un tipo callado y cariñoso que aconsejaba a Adán, el niño de su compañera sentimental, que no se peleara con los amigos; era uno de esos hombres que trabajaba sus ocho horas en el bar de camarero, que cocinaba alguna vez para su compañera, que la iba a recoger al hotel donde ella trabaja y que… de vez en cuando tomaba unas copas, algunas pastillas y salía con el coche a la feria de algún pueblo próximo.

La parte abominable de Tony A. King afloraba con la ayuda del alcohol y el éxtasis. Para los investigadores de la policía que consiguieron interrogarlo antes de que la Guardia Civil lo reclamara, no hay ninguna duda: el móvil de los asesinatos de Rocío Wanninkhof y Sonia Carabantes ha sido sexual. «Aunque no violase a sus víctimas, King sacaba placer mediante tocamientos sobre el cuerpo de ellas después de muertas», indicaron fuentes de la investigación.

Pero toda la sangre fría que King ha mantenido durante cuatro años, todo el control de sí mismo que ha necesitado para fingirse imperturbable mientras veía en los informativos imágenes de los asesinatos de Sonia y Rocío, se diluyó en dos jornadas de interrogatorios. A la policía ya le había confesado en un primer momento que estaba borracho y bajo el efecto de las pastillas el día en que fue a la feria de Coín, aquel mismo día en que murió Sonia Carabantes. Y a la Guardia Civil terminó de confesarle todo.

Este británico de 38 años contaba en su país con varios antecedentes policiales desde 1992 por robos y lesiones, pero en España parecía haber rehecho su vida. Tuvo una relación, de la que nació una hija de siete años a quien solía visitar los sábados. Y desde hacía cinco meses vivía con Mariluz Gallego, también separada y con dos hijas y un hijo. Con los hijos de Mariluz Gallego, Tony también se mostraba la mar de cariñoso.

El pequeño Adán, de 10 años, soportaba el pasado viernes las burlas y los insultos de sus compañeros en el recreo. El viernes lloró en el recreo. «Tenéis que saber que la pobre criatura no tiene culpa de nada», regañaba una madre a los otros niños. Al salir de clase alguien le preguntó a Adán que cómo era Tony, y Adán dijo que regular, aunque reconoce que con él se portaba bien.

«Tony era un cielo con mis hijas», declaró Mariluz Gallego a Canal Sur ese mismo día. En los locales comerciales que frecuentaba también aseguran que era dulce y cariñoso.

Su jefe y uno de sus mejores amigos, el británico Simon Bowers, propietario del bar donde trabajaba King de camarero, declaró el jueves que Tony era un buen empleado, que todo el mundo lo apreciaba, que bebía como cualquier persona normal y que no era violento. Antes de que llegase un periodista británico y Simon Bowers le cediera en exclusiva todas sus declaraciones, el antiguo jefe de Tony aseguró haberle visto llegar con arañazos en las manos al día siguiente de haber ido a la fiesta de Coín. «Es un bastardo. Si es verdad lo que la policía dice deberían dejarlo en manos de los padres de la víctima».

Tony había trabajado como jardinero por la Costa del Sol, sin terminar de asentarse en ningún sitio. «Yo le conocí en un restaurante de Mijas-Costa, El Chicken Shack, donde yo tocaba los bongos. Él trabajaba allí de camarero», señaló Simon Bowers. El jefe de Tony declaró que Tony A. King trabajó para él durante un año, después se marchó y volvió en agosto.

El hombre «normal» se paseó como uno más durante cinco meses por Alhaurín el Grande, una localidad de 18.000 habitantes censados entre los cuales hay empadronados 2.500 extranjeros. En Alhaurín hay muchos chavales ingleses de piel blanca y pelo rubio, bilingües, que reniegan de su compatriota. Son hijos de unos padres que en su día quedaron encandilados con la belleza y el sol de la zona y decidieron quedarse para siempre. «Ni lo conocíamos ni tenemos deseo de conocerlo», señalaban algunos adolescentes.

Tony es alto, fuerte y apuesto. Parecía seguro de sí mismo. No le temblaban las piernas al pasar ante el cuartelillo.

Pero en un momento dado, la policía debió de recibir un soplo. Y entonces cinco agentes se abalanzaron sobre King. La policía le había ganado la carrera a la Guardia Civil. Pero el instituto armado lo reclamó ante el juez del primer juzgado de Coín, Gonzalo Alonso, y el juez hizo que los agentes de la policía se lo entregaran a sus colegas de la competencia.

Ni con toda la pericia de Sherlock Holmes, ni siquiera con la ayuda de sus lupas más potentes se habría podido descifrar la información que el simple cristal de un intermitente en un coche reveló sobre su compatriota Tony Alexander King. «Los guardias que hicieron la inspección ocular en el lugar del crimen no vieron la sangre que había en el cristal. Nos lo entregaron para que averiguásemos la marca y el modelo del vehículo. Era un hilillo tan minúsculo que estaba inserto justo en uno de los nervios del diseño. Además, el color del cristal, entre naranja y rojo, hacía más difícil aún su visión. Tuvimos que usar microscopios para detectarla. Pero fue vital aquello. Dése cuenta que es la única muestra pura del ADN del detenido. Porque en la otra muestra, en la que se encontró en las uñas de Sonia Carabantes, se hallan mezclados el ADN de la víctima y el de su agresor», señala el teniente coronel Montes, jefe de la sección de Criminalística de la Guardia Civil.

Hay un momento luminoso en esta oscura historia de crímenes. Y es cuando los agentes de Criminalística de la Guardia Civil introducen en el ordenador los datos del ADN recogido en el intermitente. En la pantalla de la computadora apareció algo irrefutable: la persona que dejó rastros de sangre en el intermitente hallado en el lugar del crimen de Sonia se había fumado un cigarro en el lugar en que mataron cuatro años antes, aquel 9 de octubre de 1999, a Rocío Wanninkhof.

La dichosa colilla tan recurrente como elemento de acusación en tantas películas policiacas ha sido determinante en este caso. La colilla del cigarro Royal Crown ya no existía, quedó destruida al extraer el ADN. Pero la información que portaba sobre la saliva del hombre que fumó quedó dormitando durante cuatro años en el disco duro del ordenador.

«Hasta hace pocos años, viendo una colilla en el lugar del crimen sólo se podía decir: aquí han estado fumando», señala el teniente coronel Montes. «El guardia que la cogió, la cogió sin saber exactamente para qué valdría. Dése cuenta de que aunque en España estamos trabajando con muestras de ADN desde 1992, hace cuatro años, cuando mataron a Rocío, no estaba tan asimilado este método de trabajo, ni entre los agentes, ni entre los jueces, ni los abogados y fiscales».

Hasta ahí todo muy bien. Pedro Pedro Apalategui, el abogado de la que hasta esta semana era la principal sospechosa, ha alabado en público la profesionalidad de los guardias encargados de verificar las pruebas del ADN. Pero tanto Apalategui como Dolores Vázquez, a la que la madre de Rocío Wanninkhof señalaba incluso ayer como responsable de la muerte de su hija, se lamentan de cómo hasta el último momento la Guardia Civil ha intentado involucrarla en un crimen del que siempre se declaró inocente.

Ahora, ¿quién le devuelve a Dolores Vázquez los 17 meses que pasó en prisión? Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía suspendiera el juicio con jurado popular en el que la condenaron a 15 años de prisión, Dolores ha tenido y tiene que presentarse cada semana en el juzgado de Fuengirola, no puede abandonar la provincia de Málaga sin permiso del juez y ha depositado una fianza de 30.000 euros.

Cuando compareció ante la prensa, un día antes de que el autor de ambos crímenes confesara que lo había hecho en soledad, Vázquez se quejaba del «linchamiento» social al que la Guardia Civil trataba de someterla otra vez al filtrar noticias que la vinculaban falsamente con Tony Alexander King.

Ahora podrá vivir más tranquila.

01 Octubre 2003

Lo que enseña el 'caso Wanninkhof'

Perfecto Andrés Ibáñez

Las vicisitudes del caso Wanninkhof, después de concentrar buena parte de la atención pública durante los últimos años y de rendir una alta tasa de rentabilidad a comunicadores que, sin miserias y carnaza, tendrían poco o nada que comunicar, reanima la polémica del jurado -con toda razón, nunca cerrada- y aviva también el conflicto latente en materia de justicia entre las dos principales fuerzas políticas.

Para los que se oponen, sólo políticamente, al jurado, el asunto parece «llovido del cielo»: es una muestra más del fracaso de todo un mal diseño de justicia por el que debe pagarse un precio. Y en este terreno, tan abonado, una perla impagable: ¡por algo será andaluz el escenario!, a cargo del ministro de Justicia. (Habrá necesitado unos días de descanso para reponerse del esfuerzo de imaginación). Para la oposición y, en general, para los defensores del jurado, actuando en la misma clave política, el caso depara responsabilidades para todos, porque lo que ha tenido lugar es «un fallo generalizado» y se estaría utilizando a la polémica institución como chivo expiatorio. Y a todo esto, como telón de fondo y para que no falte de nada, el naufragio de un tan rimbombante como fantasmagórico pacto de Estado que se hunde sin haberse enterado siquiera de que la del Código Penal es una reforma con ruptura.

Lo primero que enseña el caso Wanninkhof es que la presunción de inocencia es una lección constitucional socialmente nunca aprendida. Con toda probabilidad, porque en la difícil pedagogía necesaria no se ha invertido el más mínimo esfuerzo. O peor aún, porque en medios públicos, si alguno se ha hecho, ha sido, invariablemente, en sospechosa defensa propia y de los propios. Y, además, tratando de extender abusivamente la garantía al plano político, para arrojar sobre ella una carga de desgaste y de descrédito que en modo alguno merece.

Esto, cuando resulta que la presunción de inocencia, si ocupa el centro ideal del sistema penal es por razones que desbordan el marco del proceso y la acreditan como un valor cultural de primer orden, al margen del cual resulta impensable una convivencia de calidad. Y, en contra de lo sugerido por algún ministro de Interior de infausta memoria, no es un invento de jueces iluminados, sino un logro civilizador que lleva siglos de historia acudiendo puntualmente a la cita de las mayorías progresistas, en momentos de crecimiento democrático. El problema es que ese benéfico impulso suele agotarse pronto, y -gobierne quien gobierne- se convierte justo en el contrario, invariablemente, por razones de mal entendida seguridad. A lo que contribuye, también por sistema, una visceral supuesta demanda de justicia, tan insaciable como fácilmente manipulable y regularmente manipulada, con intensa proyección sobre el palacio de justicia.

El caso que motiva estas líneas es todo un test al respecto. En él emergieron indicios de delito que no podían ser desatendidos y que hacían difícil evitar a la inculpada la experiencia del banquillo. Pero su odiosa utilización instrumental en el tribunal de la opinión pesó sobre la causa de forma muy negativa, agravando la posición de aquélla. Ya condenada de forma inapelable por esa voraz instancia informal; hoy escenario habitual de procesos paralelos, que fácilmente se convierten en proceso para lelos por su carácter subcultural y por la clase de actitudes que propician.

Como siempre que la sensibilidad ciudadana es golpeada por hechos de violencia tan odiosos, también aquí era de esperar una reacción masiva como la que se produjo. El problema, sobreañadido, es que, según suele ocurrir, estuvo ausente el contrapunto de intervenciones públicas comprometidas y capaces de aportar algún elemento de reflexión en medio de tanta víscera; de manera que el campo quedó todo entero abandonado al amarillismo informativo y formativo.

Pero el caso Wanninkhof obliga sobre todo a reflexionar acerca de las dificultades del enjuiciamiento por jurado, en general y en supuestos de semejante naturaleza.

Investigar delitos y juzgarlos es siempre algo delicado y, desde luego, en ocasiones así, nada fácil. Más hoy cuando ir en contra de la opinión resulta arriesgado por la difusa propensión al linchamiento del juez incómodo. Después de que, entre nosotros, esa lamentable dedicación se haya difundido como deporte propio de sujetos públicos en todos estos años. De manera que la pedagogía oficial en tema de independencia judicial no le va a la zaga en cuestión de calidad a la de la misma fuente en materia de presunción de inocencia.

Creo que puede muy bien afirmarse que el tribunal no profesional carece de capacidad para interponer una mediación técnica y de experiencia entre las sugestiones de ambientes tan cargados y tan constrictivos como el descrito y la propia conciencia moral y jurídica. Que es por lo que, en él, el riesgo de desviación objetiva del juicio sube sensiblemente de nivel. En esta objeción, si correctamente planteada, no hay nada de corporativo, en contra de lo que demagógica y tediosamente suele sugerirse. Porque el juicio judicial tiene un marco normativo y, en éste, lo que importa es por ser jurídicamente relevante. Pero en el asunto hay también otra dimensión, con mucha frecuencia desatendida, que concurre siempre y que encuentra su ápice en supuestos como el que se examina. Me refiero a la relativa a la prueba y su valoración, y a la justificación de ésta.

La preocupación por el tema es antigua y recorre la historia de la jurisdicción, en tanto que actividad institucional de saber/poder (Ferrajoli); en la que idealmente el ejercicio del segundo debe legitimarse por la calidad del primero. Porque, en efecto, una sentencia sólo puede ser justa si se funda en una reconstrucción veraz de los hechos. Pues bien, fruto de esa preocupación es un afán por trasladar al ámbito de la jurisdicción el caudal de cultura que en materia de obtención de conocimiento empírico ha dado tan buenos resultados en otros campos de la experiencia y en el de la ciencia. Esto como único modo de erradicar con eficacia juicios judiciales emotivos, intuitivos u oraculares; y de oponer un muro de racionalidad a los pronunciamientos mediáticos y a las demandas justicialistas.

Se trata de una exigencia de método impuesta por la presunción de inocencia como regla dejuicio -con serias implicaciones deontológicas- que reclama del juzgador un esfuerzo crítico activo para erradicar las propias impresiones adquiridas al margen del análisis del cuadro probatorio, y otro equivalente para evaluar los elementos de éste con rigor inductivo. Un esfuerzo que se sabe imprescindible y que hoy requiere de los jueces de profesión -hasta hace poco cómodamente instalados en una concepción de la libre convicción propia del jurado- un riguroso reciclaje en la epistemología del juicio. Porque éste tiene reglas de derecho, pero, antes aún, otras por las que debe regirse la adquisición de conocimiento empírico, que aquí han sido muy desatendidas.

Son reglas que deben imperar en la valoración de la prueba y en la justificación de la decisión en materia de hechos; y cuyo uso permite dar razón del porqué del sentido de ésta. Y puede decirse ya que, en los países de nuestro ámbito y no sin trabajo, se han abierto un camino en curso en la experiencia judicial bajo la forma de una nueva cultura de la motivación. Ahora bien, se trata de una cultura que, sin ser propiamente jurídica, es realmente incompatible con la institución del jurado, en la medida que reclama un aprendizaje hecho de conocimiento específico y de experiencia.

El caso Wanninkhof lo ha puesto de manifiesto a gran formato: las posibilidades de error en el juicio son tanto mayores cuanto menor es la capacidad de operar racionalmente con los resultados de la prueba, y de justificar discursivamente la resolución que se adopte.

Podrá decirse que se trata de un caso excepcional, y ciertamente lo es. Pero, en cambio, el veredicto no razonado, la justificación de la convicción apenas sugerida o expresada en términos balbucientes, de forma que hace dudar con fundamento de la calidad de la misma, es algo de todos los días. Con la consecuencia de que, desde la perspectiva de la presunción de inocencia como regla de juicio y del deber de motivación, el estándar que impone el juicio con jurado sea, inevitablemente, de una constitucionalidad débil.

10 Octubre 2003

El 'caso Wanninkhof': lo oculto

Vicente Molina Foix

Al leer el artículo de Perfecto Andrés Ibáñez «Lo que enseña el caso Wanninkhof» (EL PAÍS, 1 de octubre), he sentido, aun compartiendo sus bien razonados argumentos, un desconsuelo. Las limitaciones de los jurados populares y la quiebra de la presunción de inocencia son, como señala el magistrado, problemas muy arduos, en este momento agravados por la alarmante luz que los datos del caso Carabantes ha proyectado sobre el caso Wanninkhof, y su artículo hace justa referencia a la «odiosa utilización instrumental» que un autoproclamado y arrogante «tribunal de la opinión» ciudadana hizo velada o abiertamente a partir de los (débiles) indicios que acusaban a Dolores Vázquez. Pero ante la reiteración de gravísimos errores judiciales y policiales en asuntos en que el supuesto delito se mezclaba con un determinado perfil sexual de los acusados es hora, me parece, de que se persigan y no sólo se lamenten esos extraños excesos de celo cometidos en las investigaciones e instrucciones de casos que, como en su día el Arny y ahora el Wanninkhof, acaban eximiendo de toda culpa a los acusados, siempre, claro está, después de haberles hecho sufrir una brutal lapidación pública de la que ninguna instancia judicial o policial les protegió. Es cierto que asistimos, yo diría que casi a diario, al horrendo espectáculo de la condena y ejecución sumaria frente a las cámaras y micrófonos radiofónicos de personas inocentes o inocuas; lo grave, sin embargo, lo verdaderamente aterrador, es que la marea negra del soplo culposo, la trama de intereses o ideologías particulares y la insinuación maliciosa (el innuendo inglés) afecte también a los magistrados y mandos de los cuerpos policiales, tan responsables de esclarecer la verdad de un delito como de amparar la integridad moral de quien todavía es sólo sospechoso.

Hay que desterrar el instinto en las actuaciones legales. El instinto queda pintoresco en esas señoras andaluzas que encontraban «antipática y fría» a Dolores Vázquez y en esos hombres mayores de la plaza de un pueblo que se extrañaban de verla tan «machirula». Seca. Dura. Lesbiana. ¿Por qué no, pues, asesina? La condición sexual de Dolores jugó desde el primer momento un papel dominante (y me temo que determinante) en todo el proceso, así como en las revelaciones periodísticas y artículos de opinión de grandes firmas, no todas de derechas, que prejuzgaron repugnante y erróneamente a los más famosos implicados del caso Arny (el morbo general contaba además en ambas circunstancias con carnaza extra: en el caso Wanninkhof, la antigua relación amorosa de la acusada con la madre de la chica asesinada, y en el caso Arny, la presencia de menores que al final ni resultaron serlo). También el instinto tiene una buena tradición en el género policiaco: Sherlock Holmes, Poirot o Carvalho, héroes de un mundo de ficción en el que, para desgracia de los españoles, han estado viviendo -sin la grandeza, la eficacia deductiva y el acierto final de aquellos detectives privados de novela- nuestras fuerzas de seguridad destacadas en Andalucía.

Formidables super-jefes de la Guardia Civil como el capitán Fustel (buen nombre literario), comisarios probos que se patean las calles hasta no dejar piedra sin levantar ni colilla desatendida, fiscales y jueces encarnizados en su olfateo de pistas falsas, como aquella tristemente célebre María Auxiliadora (otro nombre novelesco para la historia escrita de la infamia) instructora del caso Arny. Funcionarios osados e incompetentes a los que podríamos hoy sumar al ministro Acebes, que aunque civil tiene el temple marcial de un legionario y ha afirmado que la inocente Dolores Vázquez reunía el más verosímil «perfil delincuencial». Otro alarde de instintiva.

En el caso Wanninkhof se ha producido, evidentemente, una escandalosa desconexión informativa entre los cuerpos policiales, un mal funcionamiento de la investigación, una chapucería fiscal basada en la pobreza de pruebas directas y no meramente indiciarias, un veredicto infundado que dará armas contundentes a los enemigos del jurado popular, de nuevo puesto en entredicho ahora con ocasión del caso Maremàgnum (el asesinato del ecuatoriano arrojado al mar por los porteros de una discoteca de Barcelona), donde varios candidatos han sido rechazados en la selección por expresar lo que -es de temer- muchos españoles piensan: «Que hay demasiados inmigrantes» (el sudaca pobre, el vendedor ambulante negro y el marica visible son figuras ante las que el instinto de una buena parte de la ciudadanía siente un recelo similar). El Gobierno de Aznar, según su costumbre, rehuirá toda la responsabilidad que le toca en el desaguisado, y no sé si las voces sensatas de magistrados como Perfecto Andrés conseguirán que el aparato judicial reconozca lo mohosos y defectivos que están sus resortes; nunca lo hizo en el caso Arny (ni tampoco, desde luego, la prensa manchada por las injurias vertidas contra los exculpados), un caso en el que, además, se produjeron en todo momento violaciones -impunes- del secreto de sumario, convirtiendo las comparecencias previas ante la jueza de cantantes, figuras televisivas y humoristas acusados en suculentas orgías de paparazzi.

Dolores Vázquez será indemnizada, a cargo del contribuyente, por los 17 meses de injusta cárcel padecidos. ¿Qué compensación le espera en la restitución de su intimidad violada, su tranquilidad personal rota, la estima social perdida? No la tendrá, como no la tuvieron aquellos hombres del Arny implicados con falsedad por unos jóvenes y desdichados prostitutos (instigados algunos de ellos en sus acusaciones por policías sevillanos). La sentencia absolutoria es poco para el inmenso daño causado por esa mezcla de ineptitud institucional, innuendo sexual y malsana curiosidad de un pueblo cada día más educado en la venta de lo privado y la maledicencia. Por eso, como en otras esferas de nuestra vida social desengañada o desconfiada de la Gran Política, se impone que sean los propios amenazados quienes, con su pequeña voz civil, pidan muy alto una justicia que castigue (ejemplarmente, penalmente) no sólo actuaciones erróneas, sino mentalidades discriminatorias. No me cabe duda de que, en un caso como éste que hoy ocupa la atención del país entero, han de ser las asociaciones gays y lesbianas las protagonistas de la movilización, dado el inequívoco «perfil delincuencial» homófobo de los que detuvieron, persiguieron, prejuzgaron, juzgaron y culparon a Dolores Vázquez.

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