La princesa Leonor alcanza la mayoría de edad y jura la Constitución como heredera al trono, jefatura del Estado y Ejército

EL juramento de la Constitución por la Princesa Leonor como heredera al Trono, que este martes tendrá lugar en el Congreso de los Diputados, constituye una reafirmación del espíritu constitucional de 1978 en su manifestación más pura, que no es otra que la Monarquía parlamentaria. La Corona, representada por el Rey Felipe VI, acude a la sede de la soberanía nacional para dar continuidad al compromiso con la Constitución asumido por el Rey Emérito Juan Carlos I, continuado después por su hijo, y hoy renovado por la Princesa Leonor. Se trata, por supuesto, de un acto cargado de mensajes simbólicos, pero es un simbolismo lleno de contenido político e histórico en la medida en que, una vez más, la Corona representa la estabilidad institucional del Estado y encarna la unidad de la nación. Lo simbólico –como las banderas, los juramentos, los himnos– es esencial en la historia de las democracias, sean monárquicas o republicanas, y su desmerecimiento solo contribuye a socavar la legitimidad de las instituciones.

España es una Monarquía parlamentaria, no una democracia con un Rey en la Jefatura del Estado. La Corona no es una opción circunstancial del consenso constituyente de 1978, sino un elemento esencial y propiciatorio de ese consenso. La democracia española nació como Monarquía parlamentaria y sólo se explica con este fundamento político, gracias al cual nuestro país ha gozado del más amplio período de paz, progreso y convivencia pacífica.

Este es el contexto histórico en el cual la Princesa Leonor va a jurar su lealtad a la Constitución, al alcanzar su mayoría de edad, como heredera de la Corona, a la que garantiza así la continuidad dinástica. Su juramento ante los representantes de la soberanía nacional, diputados y senadores reunidos de forma plenaria en el Congreso, es un nuevo acto de servicio de la Corona a España, incondicional, absoluto y sin las limitaciones del partidismo. Esta ajenidad respecto del debate político y, al mismo tiempo, su imbricación con el orden constitucional que emana de la soberanía residente en los españoles son la fuente de autoridad que permite a la Corona, como afirma la Constitución, arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones democráticas. Y ahí radica la permanente necesidad de la Corona como garantía de los principios constitucionales, los que están escritos y los que no lo están, pero que son inherentes al sistema democrático, a la primacía de la ley, a la igualdad entre los ciudadanos y a la unidad de España, patria que la Constitución declara como común e indivisible de todos los españoles.

En las palabras sencillas de un juramento de la Constitución por quien está llamada a ser la futura Reina de España se conjugan todos los anhelos de una nación que quiso ser una sola y regida por una democracia liberal y un Estado de Derecho. España no es un proyecto en eterna discusión, salvo en las mentes de quienes ignoran su propia identidad, sino una realidad histórica, política y nacional firmemente asentada en un orden constitucional que sólo la deslealtad de los obligados a defenderlo puede diluirlo en el magma de los intereses partidistas. En efecto, el acto de hoy es histórico porque España recibe el juramento de su futura Reina, y la Constitución de 1978 suma la esperanza de la continuidad en la jefatura del Estado de una persona que recibe el legado de la historia de España sin otra ambición que la de servirla con la generosidad y la lealtad que se merece.

Leonor de Borbón y Ortiz cumplió ayer 18 años y juró la Constitución para formalizar lo previsto en la Ley Fundamental. Con su juramento ante diputados y senadores, la princesa de Asturias dio un paso más en una trayectoria personal y profesional llamada a dar continuidad a una institución, la Corona, que configura la forma política de nuestro Estado como monarquía parlamentaria. La sesión, ordenada bajo la liturgia de las grandes ocasiones, contó con un discurso de la presidenta del Congreso de los Diputados, que apeló a la España plural al incorporar citas en catalán, euskera y gallego de los poetas Vicent Andrés Estellés, Felipe Juaristi y Xohana Torres. Francina Armengol tuvo además un recuerdo para Gregorio Peces-Barba que, en su condición de presidente del Congreso, fue el encargado de tomar juramento a Felipe VI en 1986. Dos hombres hace 37 años, dos mujeres ayer. También eso forma parte de la evolución de un país regido por una Constitución que aún recoge, paradójicamente, la preeminencia del varón en la sucesión al trono.

La sesión conjunta de las Cortes Generales contó con ausencias tan significativas como la de don Juan Carlos. El daño que el comportamiento del rey emérito ha hecho a la Corona justificaba que ayer no ocupara un puesto de honor. Felipe VI dijo en su proclamación en ese mismo lugar que inauguraba una Monarquía renovada para un tiempo nuevo. Y es esa máxima la que exige mantener todas las prevenciones frente a una presencia institucional, la de su padre, que resultaría improcedente y de difícil explicación ante la ciudadanía. No fue esa, sin embargo, la única ausencia. Los representantes de los partidos nacionalistas (PNV, Bildu, Junts, ERC y BNG) decidieron no acudir. Tampoco estuvieron presentes varios diputados de Sumar ni los ministros Ione Belarra, Alberto Garzón e Irene Montero, ausencias más difíciles de entender en su condición de miembros del Gobierno de todos los españoles, también de los monárquicos. La representación de las comunidades autónomas contó con todos sus presidentes salvo la titular cántabra, la popular María José Sáenz de Buruaga —que tenía Consejo de Gobierno para aprobar los presupuestos de la región para 2024—, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. A la jura del príncipe Felipe sí asistieron José Antonio Ardanza y Jordi Pujol, otro signo evidente del diferente contexto entre uno y otro acontecimiento, y una prueba de la responsabilidad de trabajar por la cohesión de los españoles que tienen hoy todos los actores políticos.

Los actos institucionales de ayer tuvieron su continuidad en el Palacio Real, donde el Rey impuso a su hija el collar de la Orden de Carlos III, que acuña como lema las palabras virtud y mérito. Fue ahí donde la Princesa leyó una alocución en la que confirmó tanto su compromiso con los principios democráticos como su intención de observar “un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos”.

No son palabras vacías las que recoge el discurso más importante que ha pronunciado hasta ahora la heredera de la Corona. Con ellas demuestra entender el nivel de honorabilidad que se le exige como futura jefa del Estado. En ese contexto, y bajo esa promesa, adquiere sentido la petición que formuló a la ciudadanía: “Confíen en mí”. En pleno siglo XXI, y como demuestran las presencias, ausencias y matices de la jornada de ayer, la confianza que la Princesa pidió a los españoles no será una concesión graciosa, sino el resultado, por su parte, de un ejercicio de ejemplaridad, transparencia democrática y comprensión de un mundo complejo y en continua evolución.