El cierre de los Altos Hornos de Sagunto aprobada por el Gobierno de Felipe González desata la ira de los trabajadores afectados

La manifestación de los trabajadores de Altos Hornos del Mediterráneo, que viajaron a Madrid a fin de protestar contra las proyectadas medidas de reconversión de la factoría de Sagunto, degeneró en un enfrentamiento entre un sector de los manifestantes y las fuerzas de orden público. La agresividad verbal y las tentativas de algunos manifestantes de cortar el tráfico rodado son rechazables pero no pueden justificar la dureza de los métodos empleados por los cuerpos de seguridad, a las órdenes de un Gobierno cuyos miembros pertenecen a un partido apellidado socialista y obrero. Los responsables de ello harían bien en no convertir en realidad la teoría de Martín Villa de que a los ministros del Interior de cualquier régimen les unen muchas más cosas entre sí de las que les separan.El saneamiento de la empresa pública y la coherencia de una política orientada a devolver competitividad internacional a nuestra producción precisan, según parece, de reajustes drásticos en la siderurgia integral. La sensibilidad democrática exige no añadir agravios innecesarios a las quejas de quienes, por la insensatez de las decisiones tomadas para expandir el sector siderúrgico cuando había comenzado ya la crisis del petróleo, ven en peligro la continuidad de sus puestos de trabajo. Si una parte de éstos puede perderse, lo que conviene es estudiar contrapartidas y soluciones alternativas. Los botes de humo o las porras son los peores procedimientos imaginables para convencer a unos trabajadores a quienes no cabe atribuir responsabilidad por la eventual inviabilidad de la planta de Sagunto, y que pagarán el precio de la dejación de algunos profesionales de la empresa pública que continúan, sin embargo, mereciendo la confianza del Gobierno y que no han rendido cuentas a nadie por sus erróneas decisiones. Se puede rechazar la crispación de los trabajadores, pero se debe comprender, al menos. Contestarla con la crispación de los guardias es lo improcedente.

Los costes políticos y los problemas morales que lleva consigo el reajuste de un aparato productivo sobredimensionado, cuyas pérdidas tienen que ser sufragadas por todos los españoles, constituirán, por lo demás, una pesada carga para el Gobierno, que se ha encontrado de manos a boca con la herencia de los excesos triunfalistas del pasado, que pueden llevar a este país a la bancarrota. Carlos Solchaga está mostrando el coraje político del que careció el último Gobierno de UCD, siempre dispuesto a comprar tranquilidad a corto plazo mediante despilfarradoras transferencias a sectores en quiebra que no hacían sino agravar, a plazo medio, la situación de nuestra economía. Pero el valor del ministro de Industria para defender sus tesis no implica que le asista la razón en todos y cada uno de sus planteamientos. Es necesario que el supuesto carácter inevitable de las medidas que se adopten en Altos Hornos del Mediterráneo quede probado de manera plena y fehaciente. También es preciso que las soluciones avanzadas por los trabajadores de Sagunto sean escuchadas, analizadas y replicadas. Y, finalmente, es indispensable que los problemas de la siderurgia integral sean examinados de forma conjunta, incluyendo Altos Hornos de Vizcaya y Ensidesa en el paquete.

Solchaga ha anunciado su propósito de establecer un programa concertado para la siderurgia integral que instrumente, entre otras cosas, una reducción de la producción, lo que implica una disminución del empleo. En estos momentos, mientras España sigue importando productos siderúrgicos, nuestros excedentes de acero encuentran enormes dificultades para la exportación, como consecuencia del proteccionismo internacional y de nuestros elevados costes comparativos. Pero la reestructuración de Altos Hornos del Mediterráneo no exige sólo un plan de conjunto que incluya a las otras dos plantas de siderurgia integral, localizadas en Bilbao y Avilés. También requiere la coherencia de la política gubernamental en las restantes áreas y la solidaridad de otros centros de decisión económica. Resulta difícil olvidar, a este respecto, la contribución que el electoralismo del PSOE regaló al enconamiento del conflicto de Presur. Y también es necesario recordar que la empresa pública continúa siendo en nuestro país una piedra de escándalo, por su ineficiencia y despilfarro. Las alzas salariales de la Renfe, por encima del límite superior de la banda salarial, aguardan una explicación por parte del ministro de Transportes, y hay datos para suponer que la contención salarial tampoco está siendo respetada en otras empresas públicas por quienes administran los fondos de los contribuyentes pero no quieren desgastarse políticamente. Los platos rotos de la crisis no los deben pagar ni sólo los trabajadores ni sólo un sector de ellos, ni tampoco sólo un sector de ministros que -como Solchaga- parecen dispuestos a dar la cara, incluso si se equivocan. El Gobierno responde solidariamente, en su política, ante el Congreso de los Diputados, y es tarea de su presidente dirigir la acción del Gabinete y coordinar las funciones de sus miembros. Para bien o para mal, el ministro de Industria no debe ser transformado en la cabeza de turco de una política de reajuste con importantes costos sociales, cuya aprobación y refrendo corresponden al Gobierno en pleno.

No es fácil para los medios de comunicación próximos al Poder la tarea de explicar y analizar la situación política y económica. La dificultad de esta papeleta aparece cotidinamente en la línea editorial que Javier Pradera imprime a EL PAÍS y que tiene que rizar le rizo de la incoherencia y la contradicción, justificando al mismo tiempo una tesis y la contraria, justificando al mismo tiempo una tesis y la contraria. Señalar, por ejemplo, como se señalaba ayer en un editorial sobre Sagunto, que el Gobierno se ha encontrado de manos a boca con la herencia de los excesos triunfalistas del pasado’, es querer trasvasar a la famosa difícil situación heredada la irresponsabilidad de un programa electoral demagógico con que el socialismo ganó las elecciones generales.

La tensión social creciente comporta un grave problema de orden público y autoridad política. Criticar que el Gobierno haga frente a sus responsabilidades como hace nuestro colega porque ‘sus miembros pertenecen a un partido apellidado socialista y obrero’, es abogar por la irresponsabilidad. La obligación de mantener el orden pública está por encima de los apellidos de cualquier Gobierno, y la historia del socialismo europeo aparece repleta de ministros del Interior célebres, como el alemán Noske o el francés Mosch, que supieron hacer frente a la agitación social alentada y dirigida por los comunistas.

Es precisamente la existencia de este incipiente pulso comunista lo que se quiere enmascarar con la esgrima de argumentos contradictorios. Los hechos de Sagunto, con la participación destacada de, CCOO y la manifestación contra la OTAN, promovida por los comunistas, son los claros síntomas del inicio de una política de cerco y acoso al Gobierno desde la izquierda instrumentada por la presión soviética. Aprovechando la doble contradicción del socialismo – programática, entre el texto electoral y la práctica gubernamental, y política entre diferentes ministros – el comunismo explota la oferta que el PSOE hiciera en su campaña.

Se trata de agudizar estas contradicciones, para la derrota del sector más pragmático, encabezado por los señores Boyer y Solchaga, y para potenciar, consecuentemente, al sector radical, abierto a la idea de una política de unidad de la izquierda de unidad de la izquierda, en lo social, en lo económico y en la defensa.

El principal obstáculo no lo tiene el PSOE por la derecha, como el jefe de opinión de EL PAÍS argumenta, sino por su izquierda. Este pulso comunista, basada en una amplia estrategia de movilizaciones (Vigo, Gijón, Sagunto, ocupaciones de fincas en Andalucía…), porque en un brete al progresismo de salón. La izquierda verdaderamente democrática tiene que definirse. Y tiene que hacerlo en la defensa de la autoridad que las libertades necesitan. Otra cosa es que el Gobierno socialista tenga que pagar con estos conflictos las facturas, ante los saguntinos y ante muchos más, de las promesas que hizo para llegar a ser Gobierno.