Los Estados Unidos logran capturar en la invadida Irak a importantes jerarcas de la dictadura de Sadam Hussein como al viceprimer ministro Tarek Aziz

Se habían evaporado justo antes de la entrada en Bagdad de las tropas de EE UU. Pero los jerarcas del régimen de Sadam Husein, los de la baraja distribuida por el Pentágono con sus fotos, van apareciendo en un lento goteo, muertos, capturados o voluntariamente entregados. El caso de Tarek Aziz, el duodécimo de estos 55 naipes, es el más notorio. Único cristiano en el Gobierno de Sadam, fue la cara visible del régimen en la guerra de 1991 como ministro de Asuntos Exteriores, lo que le valió su posterior ascenso a viceprimer ministro. Aziz puede aportar información valiosa sobre el paradero de Sadam Husein y de sus dos hijos, Qusay y Uday, y eventualmente, sobre las armas de destrucción masiva.

Sadam Husein sigue sin aparecer. Bush lo da por muerto o malherido. Se ha esfumado. Su captura sería un tanto para Bush, aunque probablemente Washington lo prefiera muerto, pues Sadam podría poner en aprietos a EE UU y otros países occidentales si relatara el apoyo que recibió de ellos en los años ochenta.

A estas alturas, pese a la ilegalidad de la guerra y el consiguiente caos en Irak, nadie va a llorar a ese régimen, de cuyas brutalidades, abusos y corrupción van surgiendo nuevas pruebas día a día. La cuestión que se plantea es quién va a juzgar a estos criminales y de acuerdo a qué ley. En principio, la Administración de Bush sería partidaria de que fueran juzgados por tribunales iraquíes, una vez que se pongan en marcha las nuevas instituciones. Pueden tardar y plantearse procesos con peticiones de muerte, vedadas en un tribunal internacional. En algunos casos, como el del antiguo jefe de la inteligencia exterior, Faruk Hijazi, que no figuraba en la baraja, EE UU podría juzgarle en sus tribunales si, como se supone, organizó el frustrado asesinato del ex presidente y padre del actual presidente Bush, en una visita a Kuwait en 1993.

Organizaciones como Human Rigts Watch piden poner en pie un tribunal especial internacional, avalado por la ONU, para juzgar a los integrantes del régimen iraquí. Sería más congruente que mediante una autorización especial el Consejo de Seguridad encomendara esta labor a la recién formada Corte Penal Internacional (CPI). Pero parece poco probable, ya que la Administración de Bush no sólo no reconoce, sino que se opone de plano a este tribunal. En todo caso, lo que sí requiere Irak para construir un futuro mejor es una comisión de la verdad que desvele su terrible pasado.