Mediapro (Imagina) supera la suspensión de pagos y sale del concurso de acreedores

Mediaproducción SL (Mediapro), la empresa que gestiona los derechos de la Liga de fútbol, ha solicitado el concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos) ante las dificultades para enfrentarse a sus compromisos económicos, en especial los más de 100 millones de euros que un tribunal de Madrid ordenó abonar a Sogecable (empresa participada por el grupo PRISA, editor de EL PAÍS) por el incumplimiento del contrato de 2006 por el que compartían la explotación del fútbol.

Mediapro admitió ayer que ha solicitado el concurso -que abre un incierto proceso de tutela judicial y reestructuración- ante «una situación que puede abocar a un desequilibrio en los flujos de caja», es decir, ante su insuficiencia de fondos. El anuncio se produce después de que Sogecable solicitara, el pasado día 9, la ejecución de la sentencia del juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid, que impuso a Mediapro el pago de una indemnización de 97 millones de euros más intereses, lo que totaliza 105 millones.

Mediapro -presidida por Jaume Roures, dueña de Gol TV y con el control de GAMP, el principal accionista de La Sexta- trató ayer de darle la vuelta a la situación intentando atribuir a Sogecable la responsabilidad de tener que solicitar «la protección judicial mediante la apertura de un concurso de acreedores». Según sus últimas cuentas registradas, las de 2008, Mediapro tiene obligaciones de pago con proveedores de derechos que ascienden a 2.583 millones de euros hasta la temporada 2014-2015. Esta cifra representa 20 veces los fondos propios del grupo, que son 125 millones. Mediapro, con intereses en el cine y la televisión, pertenece al holding Imagina, entre cuyos accionistas figuran el financiero Juan Abelló o WPP, la compañía de publicidad a la que está vinculado Miguel Barroso, ex secretario de Estado de Comunicación.

Como consecuencia del acuerdo firmado en junio de 2009, que puso fin a la llamada guerra del fútbol e implicó un nuevo reparto de los partidos de la Liga, Sogecable debía abonar a Mediapro antes del pasado 15 de junio 90 millones de euros por el primer pago de los derechos de la Liga para la temporada 2010-2011 (si bien dicho pago se podía retrasar hasta el 30 de junio). Ante el «grave riesgo» de que incumpliera sus obligaciones contractuales, Sogecable reclamó a Mediapro un aval bancario u otra garantía antes de realizar el pago ante la previsión de que los derechos vuelvan a su legítimo titular Audiovisual Sport (participada en un 80% por Sogecable y en un 20% por la catalana TV3) y Mediapro no pueda cumplir el contrato de junio de 2009.

Para intentar paralizar la ejecución de la sentencia y retrasar el pago de los 105 millones, «la respuesta de Mediapro ha sido imputar falsamente a Sogecable la necesidad de declararse en concurso de acreedores», afirmó ayer Sogecable en un comunicado.

La compañía que lidera Jaume Roures respondió que se trataba de una «burda artimaña» y, en otro comunicado, acusó a Sogecable de incumplir «sus obligaciones de pago correspondientes al contrato por los derechos de emisión de la Liga de fútbol» y dio por roto el acuerdo para emitir los partidos de Liga a través de Canal + y Canal + Liga.

Distinta es la postura de Sogecable, ya que entiende que podrá emitir la Liga con normalidad, porque el contrato de junio de 2009 sigue en vigor. Sogecable manifiesta su decidida voluntad de cumplirlo, «sin perjuicio de la incidencia que en el mismo tenga la sentencia judicial».

En la misma línea, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) confió en que la solicitud de concurso de acreedores no afecte a las retransmisiones en abierto o a través de Canal + y Canal + Liga, dijo un portavoz a Europa Press.

Mediapro y Sogecable han estado enfrentados en los últimos años por la llamada guerra del fútbol. En marzo pasado se puso fin a ese enfrentamiento. El Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid estimó íntegramente la demanda promovida por AVS por el incumplimiento del acuerdo firmado en julio de 2006. Y obligó a la productora a aportar todos sus derechos a AVS. Sogecable anunció ayer que presentará una segunda demanda por los daños y perjuicios causados durante la temporada y media restante (desde febrero de 2008 hasta el final de la temporada 2008-2009)

En el comunicado difundido ayer, Mediapro afirma que el concurso de acreedores «no pone en duda la rentabilidad y viabilidad» de la compañía y que la iniciativa no tiene «ninguna repercusión en el resto de empresas del holding Imagina ni de en los grupos Globomedia y Mediapro [sic], ni en ninguna de sus filiales». Roures es el impulsor del diario Público.

UNA SALIDA A LA INSOLVENCIA

La suspensión de pagos -rebautizada como concurso de acreedores a partir de la Ley Concursal de 2003- es la vía legal a la que puede acogerse una empresa en situación de insolvencia o iliquidez, bien de forma voluntaria, o bien obligatoria, cuando quien insta el procedimiento es un acreedor.

El objetivo es poder renegociar todas sus deudas de forma global y bajo tutela judicial. A partir de entonces, cualquier movimiento de la firma, que no se puede endeudar más, requiere el visto bueno judicial y queda, asimismo, bajo la tutela de un administrador concursal que dirige el proceso de la compañía. El objetivo es que la mayor parte de acreedores pueda cobrar. Se renegocia con la banca y proveedores nuevos plazos de pago e incluso quitas (se perdona parte de la deuda) y, si hay convenio, se empieza a pagar. La normativa también establece qué tipo de deudas tienen prioridades sobre otras. La firma, para cumplir, suele verse obligada a planes de reestructuración que pasan por la venta de activos o ajustes de plantillas, entre otras medidas. Durante el proceso judicial también se depuran posibles responsabilidades de los administradores de la compañía. Cuando se ha cumplido con el convenio, la firma sale de concurso.

La crisis ha disparado el número de empresas que se declaran en concurso de acreedores en España en los dos últimos años. El último caso sonado ha sido la suspensión de pagos solicitada la semana pasada por varias firmas del grupo Marsans, que pidió el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, antes de venderlas.

‘LA GUERRA DEL FÚTBOL’

– Julio de 2006. Mediapro, Sogecable, TV3 y Audiovisual Sport (AVS) llegan a un acuerdo para explotar los derechos del fútbol para las temporadas 2006-2007 y posteriores. Mediapro aporta los derechos de todos sus clubes y AVS, los de los suyos.

– Julio de 2007. AVS anuncia una demanda contra Mediapro, después de que esta se negara a remitirle los derechos de los equipos valencianos que había adquirido a Canal 9. El presidente de Mediapro, Jaume Roures, dice que ha llegado a un acuerdo con 39 de los 42 clubes de la Liga Profesional y pide renegociar el contrato con AVS.

– Octubre de 2007. El juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid prohíbe cautelarmente a Mediapro la explotación de los derechos audiovisuales de los clubes de Primera División.

– Julio de 2008. La Audiencia de Madrid anula las medidas acordadas contra Mediapro. AVS le reclama 200 millones de euros de deuda.

– Junio de 2009. Sogecable y Mediapro sellan un pacto que garantiza a Canal + y Digital + partidos de la Liga de Fútbol y la Copa del Rey al menos durante tres temporadas.

– Marzo de 2010. El juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid condena a Mediapro a pagar a AVS 97 millones de euros por incumplimiento de contrato y a aportarle todos sus derechos.

– Junio de 2010. Mediapro presenta concurso de acreedores.

Mediaproducciones SL, la empresa del grupo Mediapro que explota los derechos audiovisuales de la mayoría de los clubes de fútbol, ha solicitado en un juzgado de Barcelona la apertura de un concurso de acreedores ante la decisión de Sogecable, comunicada el pasado lunes, de no cumplir con sus obligaciones de pago correspondientes al contrato por los derechos de emisión de la Liga de fútbol, que ascienden a alrededor de 100 millones de euros. La solicitud ha sido aceptada por el juez.

Según informó ayer a través de un comunicado la productora catalana, el impago de Sogecable, filial audiovisual del grupo Prisa, «ha provocado una situación que puede abocar a Mediaproducción SL a un desequilibrio en los flujos de caja». Ante esta circunstancia, y siguiendo «un elemental sentido de la prudencia», Mediaproducciones SL ha decidido solicitar la protección judicial mediante la citada medida.

Entre otras cosas, esta medida impedirá la ejecución de la sentencia dictada el pasado 15 de marzo por la titular del juzgado de primera instancia número 36 de Madrid, María de los Ángeles Martín Vallejo, que condenaba a Mediapro a pagar 97 millones por supuesto incumplimiento del acuerdo sobre explotación de los derechos del fútbol firmado en 2006 y a cedérselos a Audiovisual Sport, empresa controlada por Sogecable.

Mediapro tiene recurrida la citada sentencia ante la Audiencia de Madrid, instancia que ya ha dado la razón a la productora catalana en las dos ocasiones anteriores en las que presentó recurso frente a sendas resoluciones de ese mismo juzgado también centradas en el conflicto por la gestión de los derechos audiovisuales de la Liga en el marco de la conocida como la guerra del fútbol.

Por otro lado, como señala Mediapro (algunos de cuyos accionistas son editores del diario Público), el «grave incumplimiento contractual» que supone por parte de Sogecable el impago de sus obligaciones «implicará que Canal+ y Canal+ Liga no podrán emitir los partidos de la Liga de fútbol de primera y segunda división la próxima temporada».

Mediaproducción SL, por su parte, seguirá explotando los derechos de la Liga «con total normalidad», como ha hecho hasta ahora. De hecho, el concurso de acreedores «no pone en duda la rentabilidad y viabilidad de Mediaproducción SL, puesto que la misma ha estado motivada, únicamente, por la decisión de Sogecable de no hacer frente a sus obligaciones de pago». Asimismo, la empresa de Mediapro «ejecutará todas las acciones legales que estén en su mano para exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados».

La productora deja claro que el concurso de acreedores no afectará en absoluto a los grupos Mediapro y Globomedia, que conforman a su vez el holding Imagina, ya que sus efectos se limitan a Mediaproducciones SL. Además, la actividad ordinaria de esta última empresa «no se verá afectada por la apertura de este proceso concursal y continuará como hasta el momento».

Por su parte, Sogecable reconoció en un comunicado que debería haber hecho efectivo este mes un primer pago a Mediapro por los derechos de la Liga para la próxima temporada, según el acuerdo que firmaron ambas sociedades en junio de 2009, y por el que ya abonó en su momento las cantidades correspondientes a la temporada pasada. Sin embargo, señala que, antes de pagar, ha decidido solicitar a Mediapro «un aval bancario u otra garantía suficiente» ante la previsión de que los derechos vuelvan a Audiovisual Sport, como indica la sentencia del juzgado número 36 de Madrid, recurrida por Mediapro.

Por último, fuentes de la Liga de fútbol expresaron su confianza en que la situación se solucione y no acabe afectando a las retransmisiones de la próxima temporada

El mismo día en que la selección española de fútbol amagaba con dar un disgusto a la afición y debutaba con mal pie en el Mundial de Sudáfrica, luego felizmente rectificado, la compañía Mediaproducción, filial de Mediapro, y a su vez esta filial 100% de Imagina, donde se reúnen todos los propietarios de la cadena Sexta de televisión, el financiero Abelló y la agencia de publicidad WPP, solicitaba la suspensión de pagos ante los tribunales. La cuestión carecería de importancia, si Mediapro no fuera la sociedad que ha contraído multimillonarios compromisos con los clubes de fútbol, a despecho de los contratos firmados por ella con Audio Visual Sport y en una actitud que le llevó a ser condenada a indemnizar con más de 100 millones de euros a esta última empresa y a poner a disposición de la misma los derechos de los clubes.

La insolvencia de Mediaproducción, consecuencia de su aventurada política empresarial, amenaza a la financiación del fútbol español en un momento en el que las deudas de este difícilmente pueden ser aliviadas, como ha sido costumbre, mediante la utilización del erario público, salvo que alguien pretenda que es más importante la política del pan y toros que el mantenimiento del ya maltrecho Estado de bienestar. No se puede decir que la opinión pública, los responsables oficiales -tanto los del Gobierno central como los de las autonomías- y el mercado en general no estuvieran avisados al respecto. Pero hasta ahora solo las instancias judiciales han servido para poner orden en estas guerras mediáticas en las que se han ventilado -y al parecer evaporado- grandes cantidades de dinero y que se han beneficiado de la habitual pasión de los poderes políticos por contar con medios de comunicación serviles.

En cualquier caso no hay mal que por bien no venga y las dificultades económicas por las que atraviesan las empresas de Jaume Roures y sus socios pueden ser ocasión para que el Gobierno siga la estela judicial y se decida a poner, él también, orden en la competición y en el mercado audiovisual español después de tanto desorden como el propio Ejecutivo ha propiciado en los últimos años.

Lo que le faltaba a La Moncloa es que a la quiebra de tantas empresas se le añada ahora la del fútbol. Seguro que hay maneras de evitarlo, pero la temporada próxima está a la vuelta de la esquina y queda muy poco tiempo para hacerlo.