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El periodista de EGIN, Luis Nuñez, asegura que él fue torturado por uno de los mismos policías que, según él, es responsable de la muerte de Arregui

Escándalo por la muere del terrorista José Arregui en prisión: acusaciones de torturas mientras los mandos policiales dimiten al no verse respaldados por el Gobierno

HECHOS

El 13.02.1981 falleció José Arregui Izaguirre en el hospital penitenciario en la cárcel de Carabanchel, en Madrid.

SANTI BROUARD ASEGURA QUE ARREGUI FUE TORTURADO EN UNA BAÑERA

brouard_hb El portavoz de Herri Batasuna, Santiago Brouard manifestó su convencimiento de que la muerte de Arregui era porque había sido sometido a la tortura ‘de la bañera’.

El comisario Ballesteros, uno de los máximos responsables de la Lucha Antiterrorista ha presentado su dimisión por considerar que el Gobierno UCD no está defendiendo lo suficiente a la policía.

El día 13 de febrero de 1981 moría el terrorista José Arregui Izaguirre en la cárcel de Carabanchel. Y eran muchos los detalles que hacían pensar que el asesino – responsable de tres asesinatos  – moría como consecuencia de torturas (se le observaban hematomas en ambos glúteos, pies, muñecas y cara anterior al torax). De acuerdo a la versión policial, estos se habían producido durante su violenta detención, pero la muerte 10 días después del arresto hacía pensar que se debía a los interrogatorios. La reacción no se hizo esperar: PNV, EE, PSE-PSOE y PCE-EPK convocaron una huelga general en Euskadi como protesta por aquella muerte. “Se sigue torturando” decía un diputado del PCE en el congreso, “que se den los nombres y los apellidos” pedía el lehendakari Sr. Garaicoetxea. “Detención de los funcionarios” pidió un diputado del PSOE, mientras que el diputado de EE pedía el “encarcelamiento inmediato” del comisario Sr. Ballesteros ¿cuál era la impresión para las autoridades militares? ¿qué podían pensar  ellos  cuando  habían  sido asesinados tantos militares sin que  se convocara ninguna huelga o manifestación en su memoria?

Ni la UCD, partido en el Gobierno, se quiso mojar defendiendo  a  aquellos  guardias,  el propio ministro de Interior, don Juan José Rosón, declaró “quiero asegurar que en ningún caso serán protegidos quienes hayan incumplido sus obligaciones”. Aquellas declaraciones cayeron como una jarra de agua fría sobre la Policía, que esperaba que el ministro hubiera salido en su defensa. ¿La consecuencia? Dimisiones en cascada: el director general de la Policía, el comisario general Judicial, el de Seguridad Ciudadana, el de Documentación y el técnico hicieron las maletas y a su casa. El propio comisario don Manuel Ballesteros también dimitió “por motivos profesionales y personales, entre los motivos profesionales que se piense lo que se quiera”. Vamos que, en un momento en el que el país no tenía Gobierno, puesto que acababa de dimitir, tampoco tenía a la cúpula antiterrorista. Apenas se oyeron voces en defensa de la Policía, salvo en el programa “Protagonistas” de don Luis del Olmo de Radio Nacional. En su libro “Claves para un día de febrero” don Antonio Izquierdo presenta aquel incidente como decisivo para las tensiones en el ejército. Uno de sus personaje se indigna leyendo un editorial del YA donde acusaban a la policía de “brutalidad” y “torpeza” por la muerte del etarra. “Si esto lo dice el YA… ¿qué van a decir EL PAÍS y DIARIO16?”  

AMPLIO ECO EN LA PRENSA NACIONALISTA VASCA Y PROETARRA

PuntoYHora_Arregui La revista PUNTO Y HORA, considerada pro-etarra, dedicó amplios reportajes a la muerte de José Arregui Izaguirre, denunciándolo como ‘un crimen de Estado’, en lo que contrastaba con la poca relevancia que tendía a dar a los muertos causados por ETA…

POLÉMICA ENTRE POLICÍAS EN EL DIARIO EL PAÍS

Martorell2 En el diario de PRISA su director, D. Juan Luis Cebrián, abrió sus páginas a distintos policías para que dieran sus pareceres sobre le caso Arregui. El inspector de policía Sr. Ledesma de la Cruz escribió una tribuna denunciando torturas policias, por contra, el comisario D. Joaquín Domingo Martorell, publicó una réplica reprochando que un policía lanzara esas acusaciones sin pruebas.

13 Febrero 1981

Torturadores e hipócritas

Luis Núñez

Encubrir y silenciar la tortura me parece aún más ruin y cobarde. Me apellide Garaikoetxea, me apellide Rubial o me apellide como sea.

Ha habido últimamente varios casos notabilísimos de tortura: ¿qué dirigente de estos denunció el asunto? Silencio general. Y ha habido también otros muchísimos casos más, aunque los torturadores fuesen menos conocidos. Silencio general. Comisiones de investigación de tortura que no investigan, que no vienen al País Vasco (no es sólo aquí donde se tortura, que conste) ‘porque no es momento oportuno…’. Silencio general.

Si denuncias la tortura y naturalmente no puedes probarla (los torturadores son fascistas pero no son tontos), ¡te acusan a ti de calumniar a la policía! Silencio general. Amnesty Internacional denuncia la tortura y lo medos de comunicación ridiculizan o minimizan su testimonio.

Uno de los cinco torturadores cuyo nombre se ha publicado ahora con motivo del calvario de José Arregui me torturó a mi, personalmente, en el Gobierno Civil de San Sebastián hace nada menos que diez años. ¡Diez años torturando, amigos! Como una pura casualidad, nadie se había dado cuenta del trabajo de ese funcionario. Quien por otra parte tenía ya entonces sus jefes, que me torturaban con él. Y que ha ascendido de puesto y hoy son jefes importantes de la policía democrática.

Sólo hay una manera de oponerse sinceramente a la tortura y no dos, señores hiócritas: denunciarla incansablemente una y otra vez, darla a conocer a los cuatro vientos y dar la palabra a los torturados en los abundantes medios de comunicación que vosotros controláis. Y no permitir que se secuestren, ni se repriman, las denuncias de tortura. Todo lo demás es pura hipocresía, puro encubrimiento de la tortura.

¿Por qué os rasgáis, en realidad, las vestiduras ahora? Porqué se tortura, cosa que sabíais de maravilla, o porque esta vez los policías encargados de ella no han sabido hacerlo bien y se han descubierto dejándoos en mal lugar?

Pido a cuantas personas están honesta y absolutamente contra esa vergüenza de la tortura que dejen de apoyar a los dirigentes hipócritas de esos partidarios políticos y dejen de comprar los medios de comunicación en que se silencia la tortura.

Desde el 18 de julio del 36 se ha venido torturando, amigos, y mientras ocntinúen en sus puestos esos dirigentes cómplices de la tortura ‘se va a seguir torturando’, podéis estar seguros.

Luis Núñez

14 Febrero 1981

La tortura y la ley

EL PAÍS (Director: Javier Pradera Cortázar)

LA INDIGNACIÓN producida por el asesinato del ingeniero Ryan a manos de ETA Militar no puede servir de excusa para difuminaro poner sordina a la muerte del etarra José Arregui, fallecido en el Hospital Penitenciario, al que fue trasladado directamente desde los calabozos de la Dirección de la Seguridad del Estado, y a las alegaciones de malos tratos de otros detenidos en el mismo expediente. Por el contrario, los mismos sentimientos de horror y de rechazo suscitados por el crimen cometido por ETA Militar hace una semana exigen ahora alzar la voz para condenar esa presumible manifestación de. barbarie de unos funcionarios gubernamentales que para nada se distingue de la terrorista desde la perspectiva del respeto a la vida, los derechos humanás, la ética ciudadana y los valores democráticos.El artículo 15 de la Constitución dice de forma expresa, que todos tienen derecho a la vida y a la integridadfisica y moral y que en ningún caso puede nadie ser sometido a tortura ni apenas o tratos inhumanos o degradantes. El artículo 10 de nuestra norma fundamental subraya también que la dignidad de la persona y losderechos inviolables que le son inherentes constituyen elfundamento del orden político y de la paz social, y remite para la interpretación de los derechos fundamentales y las libertades reconocidas en la Constitución a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

De confirmarse que la muertede José Arregui, cuyo cuerpo agonizante fue entregado por el Ministerio del Interior al Ministerio de Justicia, se ha producido como consecuencia de torturas o de tratos inhumanos comportamientos penados, por lo demás, en el artículo 204 bis del Código Penal-, nos encontraríamos ante un delito cuya responsabilidad puede afectar al propio titular del Ministerio del Interior y otros altos cargos del departamento, en el caso de que los presuntos culpables no sean detenidos y puestos a disposición del juez. Más allá de la responsabilidad penal, si es que existe -como muchos presumen-, debe por eso señalarse la responsabilidad política compartida del Gobierno, que, aunque cesante, continúa en sus funciones hasta la formación del nuevo Gabinete. Porque no olvidemos que, aunque dimitido, Adolfo Suárez sigue siendo el presidente del Gobierno, y que, para mayor confusión, el candidato designado por el Rey para sustituirle es todavía vicepresidente del actual Gabinete.

A principios de diciembre, Amnistía Internacional, esa benemérita organización que ha denunciado las viola ciones de los derechos humanos lo mismo en Argentina o Chile que en la Unión Soviética o Cuba, hizo público el informe enviado al Gobierno español en septiembre de 1980 sobre torturas practicadas por algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad contra detenidos en el País Vasco y en Catalufia. Determinados órganos de Prensa cercanos al Gobierno trataron de organizar una campaña de difamación contra Amnistía Internacional semejante a la que orquestó en sus tiempos el Ministerio Fraga en torno a los casos de Julián Grimáu y de Enrique Ruano, y Televisión Española, tan diligente para escalofriar a los espectadores con las barbaries de otros países, guardaba un estricto silencio sobre el informe. Hasta la fecha, que nosotros sepamos, no se ha producido respuesta oficial del Gobierno, siempre dispuesto a levantar un muro de espesos encubrimientos en torno a asuntos como estos. No hay que remontarse muy lejos para recordar el ro cambolesco cruce de la frontera de Hendaya por un co mando de mercenarios asesinos, supuestamente depen dientes de altos funcionarios de la Dirección de la Seguridad del Estado.

El informe de Amnistía Internacional no contenía sólo un desolador inventario sobre presuntas torturas cometidas contra catorce detenidos, sino que además realizaba un atinado examen de la normativa antiterrorista, que recorta los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución, y sometía al Gobierno español una serie de conclusiones y recomendaciones destinadas a llamar la atención sobre las implicaciones prácticas en contra de los derechos humanos que llevan aparejadas las leyes de excepción y la falta de control en su aplicación por el poder judicial y el ministerio fiscal. Resulta doloroso y triste reconocerlo, pero lo cierto es que la muerte de José Arregui se ha producido en el ámbito de aplicación de esa legislación que Amnistía Internacional denunciaba como marco propicio para la conculcación de los derechos humanos.

José Arregui y su compañero Isidro Echave, detenidos el miércoles 4 de febrero y sospechosos de varios asesinatos terroristas, permanecieron casi diez días en las dependencias gubernativas totalmente incomunicados, sin asistencia de abogados ni contacto con sus familiares, tal y como autoriza la ley de Suspensión de Derechos Fundamentales de 1 de diciembre de 1980. Si bien esa disposición posibilita al juez para requerir información y conocer personalmente la situación de los detenidos, lo cierto es que no le obliga a realizar esa función de vigilancia que los hechosí por desgracia, demuestran absolutamente ¡m prescindible. En cualquier caso, desde el miércoles 4 de febrero hasta el jueves 12 o el viernes 13 de febrero, Arregui y sus compañeros de expediente permanecieron incomunicados y sin asistencia de letrados defensores en las dependencias de la Dirección de la Seguridad del Estado. Este comentario sobre unos acontecimientos de los que un Estado y una sociedad civilizados tienen que avergonzarse por razones estrictas de dignidad humana puede completarse con algunas reflexiones políticas, pese al riesgo que implica la posibilidad de que haya quien subordine las cuestiones de principio a las conveniencias de coyuntura. Parece obligado señalar que los pasos dados en las últimas semanas para la pacificación del País Vasco y el aislamiento social de ETA Militar pueden ser desandados tras la muerte de José Arregui.

Recomenzará ahora la siniestra subasta de las inculpaciones mutuas y el nauseabundo intento de justificación de los asesinatos por la ley del Talión. Esa espiral de crimen, sangre y culto a la muerte es más eficaz todavía que la Goma 2 para hacer saltar por los aires las esperanzas de paz y de democracia en el País Vasco y en el resto de España. Pero ¿será posible que el Gobierno no se dé cuenta que la obcecación en impedir que un Estado democrático tenga una policía democrática, objetivo que requiere una reorganización de los cuerpos de seguridad, es el mejor apoyo que ETA Militar ha tenido y sigue teniendo para llevar a cabo su estrategia? La gran mayoría de buenos policías profesionales, la dignidad del Estado y el respeto a nuestro pueblo merecen algo más que el silencio culpable del Gobierno y las «inmediatas órdenes» de investigar.

21 Febrero 1981

Vivir con honor

Joaquín Domingo Martorell

El trágico desenlace, muerte al parecer natural, de un miembro de la más sanguinaria, cruel y violenta organización terrorista que jamás haya padecido España, ha servido para humillar, calumniar e injuriar públicamente y con desmesurada publicidad a toda una corporación que lucha denodadamente por y para el ciudadano y, por tanto, por y para la democracia. Los conceptos vertidos por algunas personas que gozan de inmunidad y, lo que es más grave, por otras que no disfrutan de este privilegio, han sido tan duros y tajantes que han impedido el beneficio de la duda.Los artículos ¿redactados? por dos personas coincidentes en la misma corporación en la que estoy escalafonado han aumentado, aunque parezca increíble, el volumen de inmundicia que desde hace días se viene vertiendo sobre una institución que, en unión de los otros dos cuerpos hermanos, lucha minuto a minuto por y para conservar el sistema democrático, a expensas de que sus integrantes se dejen jirones de piel en cada envite con el delincuente común o con el terrorista.

En un Estado de derecho es admisíble que en el momento de la detención se puedan propinar golpes a una persona que, liberado ilegal de ETA Militar, autor de cinco asesinatos, esgrime una pistola de catorce cartuchos y se cansa de disparar. ¿De qué otra manera se le puede reducir, aparte de matándole en legitima defensa? También es admisible que se utilice la fuerza para reducirle cuando en las dependencias ataca con la cabeza, los pies y los puños a todo el que intenta acercársele. Los que combatimos el terrorismo hemos sufrido esta reacción en incontables ocasiones.

Sin embargo, resulta inadmisible que un inspector de policía escriba que en este caso concreto se le hayan propinado golpes al detenido hasta causarle la muerte, máxime cuando la autoridad judicial ha manifestado que, en principio, las causas de la muerte son independientes de los golpes recibidos. Su amigo, compañero y profesor Merino le puede explicar y calificar esta figura delictiva en la que se halla presuntamente incurso.

Fui cesado como jefe provincial de Policía de Alava debido a razones que no vienen al caso, por el señor Ballesteros cuando era jefe superior de Bilbao. Seis meses más tarde me admitió en la Brigada Central de Información, donde he permanecido durante casi dos años; por tanto, creo poseer datos para afirmar que no ha promocionado, ni con el consentimiento ni a espaldas de nadie, a ningún gangster para que asesine en Francia. La huida de unos informadores, coincidente con la salvajada de Hendaya, podría ser explicada perfectamente si el espacio de que dispongo fuese más amplio.

Es increíble que a un profesional de la policía le parezca vergonzoso que un comando de ETA tenga infraestructura en Madrid y no lo haya detectado Ballesteros. ¿Cuántos terroristas actúan apoyados en su infraestructura en Roma, Berlín, Londres, Belfast, París y un largo etcétera de ciudades, sin que los responsables de los servicios informativos los detecten? Si los ministros del Interior fuesen medianamente inteligentes, se lo achacarían al Ballesteros de turno que no los detecta.

Tras hablar de «barras» y «electrodos», que sólo existen en la calenturienta mente del señor Ledesma, demuestra las barbaridades que es capaz de cometer el ser humano cuando le ciega el odio, ya que añade: «En el Cuerpo Superior de Policía existen suficientes hombres de talante democrático para combatir el terrorismo, y reciente está el caso de Valladolid». Efectivamente, pero resuelto por Ballesteros de principio a fin: las bombas en las sedes del PSOE y CNT, Ayuntamiento y cine Cervantes, con la detención de los presuntos, autores. Y ya que nos referimos al terrorismo de extrema derecha, también descubrió la fábrica de armas de fuego, bolígrafos-pistolal, con miles de ellos intervenidos, así como la detención de un grupo de ex militantes de Falange, expulsados de dicho partido, en Colmenar, con dieciocho kilos de explosivos, quince armas cortas y de guerra e innumerable munición, y el más reciente: la detención de quince militantes del Frente de la Juventud, con todos sus cargos directivos, que permanecen en prisión, presuntos autores de diecinueve atracos, con veinte pistolas intervenidas entre otros efectos: ¿hay algún profesional que haya demostrado ser más demócrata que este señor, con arreglo al planteamiento que hace de la democracia el articulista Ledesma de la Cruz?

Si el Parlamento designase una comisión que investigue las actividades profesionales del señor Ballesteros, se encontraría con la sorpresa de que, tras su paso por San Sebastián, Bilbio y Madrid, en plena democracia, es el hombre que más,terroristas de GRAPO y ETA ha detenido, con el bagaje de multitud de asesinatos esclarecidos, cientos de armas intervenidas y miles de, kilos de Goma 2, amén de granadas de mano y, dinero recuperado de atracos «políticos», lo que obligaría a esta comisión, en un examen comparativo, a reconocer que es el número uno en cuanto a efectividad, profesionalidad y horas de trabajo que consume cada día,

Unidad de legionarios

Si no ha permitido la entrada en la Brigada Central a los hombres de la USP, supongo que es. porque esta unidad policial está compuesta por legionarios, si se me permite el simil, con exceso de testiculina, la mayoría de los cuales llevan desde las vacaciones de, verano sin disfrutar de un solo día de descanso, incluidas las fechas navideñas, y que, cuando aún no han terminado de instruir las diligencias sobre la detención de un comando, ya están viajando de nuevo al País Vasco para arrestar a otro grupo terrorista. Los hombres de la USP hasta ahora no han demostrado estar dotados de ese espíritu de entrega, sacrificio y, ¿por qué no decirlo?, de valor para estas empresas.

Ciertos hombres de Ballesteros, conmigo en calidad de supervisor y coordinador, participaron en el interrogatorio del asesino José Ignacio Arregui. Ni estos hombres ni ningún otro hicieron objeto de malos tratos al detenido, salvo que la autoridad judicial se pronuncie en contrario. Se incorporaron a los interrogatorios, horas después de haber sido detenido, cumpliendo órdenes superiores, y no precisamente de Ballesteros, sino de autoridad con, más rango, ya que el comisario general de Información estuvo durante todos esos días en el País Vasco y no participó en este servicio, entre otras cosas, porque lo realizó la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que es a la que se le debe atribuir el éxito de las detenciones.

Agradezco la gentileza del director de EL PAIS al brindarme esta tribuna; no me resta espacio para contestar a mi colega de promoción de ingreso y de oposición al comisariado, Merino de la Hoz, lo cual agradezco en parte, porque lo que le tengo que rebatir es impublicable, por lo que prefiero hacérselo saber porsonalmente.

Coincido con D’Annunzio en que «un bello morir honra toda una vida», sobre todo si es al servicio de la sociedad y la democracia.

Joaquín de Domingo Martorell es comisario-jefe de la Sección 21 de la Brigada Central de Información.

18 Febrero 1981

Asalto al Estado

Antonio Izquierdo

Eran las 16.45 cuando se levantó lentamente el telón para abrir una sesión parlamentaria que ponía en escena un largo turno de intervenciones con que agredir, verbalmente, y hasta cotas asombrosas, a los Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo inició Peces Barba, del grupo socialista. Siguió Santiago Carrillo, a quien nadie quiso recordar su pasado dentro y fuera del hemiciclo, y tras un incidente que alegaría del hemiciclo al señor Gutiérrez Mellado continuó bajo un clima de normalidad parlamentaria este desproporcionado acoso a unos funcionarios que tienen, entre otras, la misión – y la cumplen ¡vaya si la cumplen! – de proteger la vida y la integridad física de cada uno de sus acusadores…  Los teletipos vomitaban las noticias: La Puerta del Sol, donde tienen su centro neurálgico los Servicios Policiales: el Cuerpo General de Policía dimitía en pleno: desde su director general, señor Blanco Benítez, desde sus comisarios generales de Información, señores Ballesteros García, de Policía Judicial, Romero; de Seguridad Ciudadana, Novales, y de Documentación, Fernández Robles; desde la brigada Antiterrorista a la de Estupefacientes, hasta los jefes superiores de las circunscripciones regionales o los jefes de División…. Todos daban el paso al frente. La lluvia de dimisiones, al mediar la tarde, se hacía compacta, unánime.

La Institución del Estado que ha tenido que aceptar con mayor entrega y sacrificio el reto y el acecho del terrorismo marxista separatista (dirigido y al servicio, simultáneamente, del movimiento comunista internacional) ha sido puesta en entredicho por la muerte de un terrorista (Arregui). Jamás se vio una Institución tan injuriada, tan ofendida, tan despreciada por la clase política, que, a una, forman el coro monocorde del consenso que agoniza, porque ese consenso había nacido para una deslealtad histórica sin precedentes, y consumada esa operación ha quedado fuera de luego: inservible. Jamás los administradores de un Estado se han rendido a una maniobra de tan largo alcance: la de abatir la animación, el prestigio y el honor de los servidores del orden público, al tiempo que, en cuatro provincias, se toleraban manifestaciones encabezadas por terroristas encapuchados… Nadie les salió el paso.

El Congreso de los Diputados se había reunido para iniciar los trámites de la investidura para un nuevo Presidente de Gobierno. Pero la ocasión estaba ahí y había que utilizarla y el Congreso de los Diputados, en pleno, urbi et orbi, al amparo de la inmunidad, descargaba previamente toda su artillería dialéctica con una sutil habilidad: el objetivo no eran ni el Gobierno, ni el partido de la mayoría, sino una imprescindible Institución del Estado. ¿Por qué? Porque detrás de toda esta historia, que se inicia en los albores de 1976 y culmina en la dimisión del señor Suárez González, sólo existe un fenómeno de valor categórico: el asalto al Estado frente a unos políticos claudicantes, inseguros, temblorosos y torpes. Es así. España va a a la deriva, sin rumbo, por un mundo encrespado de dificultades y erizado de compromiso donde se la insulta, se la veja, se le niega el pan y la sal porque esos políticos fueron complacientes con las exigencias foráneas, que no residían, ¡claro está ya! En el enterramiento definitivo de Francisco Franco, sino en destruir en cinco años de insensatez, cuarenta años de esfuerzos, de logro, de triunfos y prestigio.

Una gran institución del Estado, la Policía, ha sido puesta en la vindicta por la muerte, todavía no esclarecida en sus últimos términos, de una terrorista. Las víctimas de ese terrorismo rozan el millar… Detrás de esa Institución vendrán otras. Todo estaba previsto. Todo estaba escrito. Pero no en el Firmamento, sino en los folios que componían los viejos pactos de Munich y los acuerdos del Partido Comunista, celebrados en Bucarest.

“Consummatum est”.

Pero, ¿por qué? ¿Por qué no solicitar antes las exigibles responsabilidades? ¿Por qué esperar la lenta agonía sin poner remedio?

Antonio Izquierdo

18 Febrero 1981

Se acepta la dimisión

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera Cortázar)

LAS DIMISIONES en cadena de varios altos cargos de la Seguridad del Estado; presuntamente motivadas por la prisión preventiva dictada contra cinco policías implica dos en las diligencias por las torturas a José Arregui, tienen una lectura política que arroja de saladoras conclusiones. Las claves de ese plante se hallan inscritas en la línea de sombra que comienza con Manuel Fraga, prosigue con Ibáñez Freire, Rodolfo Martín Villa y concluye -por ahora- con Juán José Rosón. Porque en esa zona oscura se ocultan las razones y los intereses que impidieron, cuando todavía era tiempo, adecuar, el aparato de seguridad del Estado heredado del franquismo a las necesidades, los valores y los principios de la Monarquía parlamentaria y del sistema de gobierno constitucional. La experiencia de los últimos años ha demostrado que en el escalafón del Cuerpo General de Policía hay numerosos Funcionarios demócratas y respetuosos con la legalidad constitucional que hubieran podido relevar a aquellos de los colegas de carrera, aun respetando sus derechos económicos y administrativos, que se habían distinguido en la represión política contra los adversarios, del anterior régimen (algunos de los cuales son hoy diputados, senadores y alcaldes) o que se mostraban incapaces de aceptar el nuevo marco político y jurídico al que deben servir como funcionarios públicos. Esta sociedad todavía espera una explicación satisfactoria del ex ministro del Interior Rodolfo Martín Villa, aunque sea en un artículo de memorias, por sus nupcias político-administrativas con el comisario Conesa y por su sostenida decisión de encomendar los puestos claves del aparato de seguridad del Estado a personas de las que resultaba razonable presumir convicciones antidemocráticas, cuando no conexiones con bandas ultraderechistas.

Pero esa catarata de dimisiones tiene, además de una lectura política, un diagnóstico juridico-penal, que debería ser contemplado. El artículo 199 del Código Penal sanciona con la inhabilitación a los funcionarios públicos que atenten contra la independencia de los jueces y magistrados, y las dimisiones parecen una presumible respuesta a la medida judicial de la prisión preventiva de los cinco funcionarios que participaron en el interrogatorio de Arregui. También el artículo 222 del Código Penal considera como reos de sedición a «los funcionarios encargados de la prestación de todo género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad que, suspendiendo su actividad, ocasionen trastornos a los mismos o de cualquier forma, alteren su regularidad». Y creemos que la legalidad vigente debe ser contemplada con especial atención por las autoridades en momentos tan delicados como este.

Recordemos, finalmente, que el artículo 9 de nuestra norma fundamental establece que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto de¡ ordenamiento jurídico » y que el artículo 104 asigna a los cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de «proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana».

Para conseguir que los ciudadanos acaten las leyes, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es cumplir a rajatabla con la letra y con el espíritu de la Constitución. Lo cual significa, entre otras, que los funcionarios públicos, y especialmente aquellos a quienes la sociedad encomienda el monopolio de la violencia y la vigilancia del orden, deben predicar con el ejemplo y, en su defecto, ser criticados o sancionados de manera especialmente severa. No es aceptable que, cuando unos custodios de las leyes las infringen, sus compañeros de escalafón, en un acto de solidaridad gremialista, antepongan el más estrecho espíritu de cuerpo al respeto a las leyes que custodian y a la sociedad que les ha encomendado esa privilegiada y delicada misión.

Otras lecturas tiene también esta postura de algunos destacados mandos policiales, próxima al «chantaje de Estado». Acaso la más elemental es que un cuerpo de seguridad del Estado como es el policial no puede convertirse en permanente elemento de inseguridad e inestabilidad. Es inadmisible en una sociedad occidental que, un cuadro de jerarcas, policiales -sumidos algunos de ellos en el descrédito por su protagonismo represivo en el régimen anterior, cuando no por su ineficacia en éste -alimenten con sus gestos el fuego de una crisis política.

Para dimitir tan espectacularmente es preciso, en conciencia, estar cargados de razones políticas y profesionales. No es precisamente este el caso.

En agosto de 1978, la junta nacional de la Asociación Profesional de Funcionarios del Cuerpo General de Policías daba a la opinión pública una nota en la que manifestaban reiteradamente que estaban «dolorosamente hartos» de huecas declaraciones públicas sobre la muerte de funcionarios. del orden público o del desprecio de la ley que -según ellos- se advertía en este país. Cabría ahora aducir a estos funcionarios que la sociedad española está dolorosamente harta de la falta de profesionalidad de algunos mandos policiales, que todavía no han descubierto -pese a los medios económicos puestos a su disposición- la cibernética y que garantizan sus puestos jerárquicos privatizando informaciones que sólo pueden ser propiedad del Estado. Esta sociedad puede estar dolorosamente harta de que algunos policías utilicen los malos tratos como fácil recurso sustitutorio de métodos investigativos profesionalizados. Y muchos españoles pueden estar hartos de tanto crimen común sin resolver -o falsamente resuelto- por la impericia de estos funcionarios. Cuando, mientras tanto, son sus subordinados los que caen bajo el fuego terrorista.

La hora de las dimisiones bien puede ser la hora de las aceptaciones. Entréguese la dirección de los aparatos policiales a los miles de profesionales de la policía que desean labrarse un porvenir sirviendo a un Estado moderno y democrático, persiguiendo profesionalmente a los delincuentes, e investigando menos la vida privada de ciertos políticos. Lo que no puede tolerarse es la soberbia gremial de un reducto de cargos prestos a convertir la salvaguardia de sus intereses personales en problema de Estado.

22 Febrero 1981

¿Proceso político a la policía?

Manuel Novás Caamaño

Portavoz SPP (Sindicato Profesional de Policías)

El suceso de la muerte de un presunto miembro de la organización terrorista ETA Militar, acusado de múltiples asesinatos, ha sido utilizado para distraer la atención general sobre una situación grave de crisis económica, paro, inflación, terrorismo, etcétera, a la vez que se trataba de centralizar en un hecho individual una presunta violación generalizada de los derechos humanos, haciéndolos aparecer como práctica habitual de una gran parte de los funcionarios encargados de la persecución y prevención del terrorismo.Sin entrar en el fondo del asunto, que es competencia exclusiva de la autoridad judicial y que, por consiguiente, está sub judice, no cabe duda de que nuestra Constitución proclama como derecho fundamental el de la presunción de inocencia y el del respeto al honor, por lo que cualquier juicio de valor generalizado a unos funcionarios policiales que intervinieron en una detención e interrogatorio corre el riesgo de lesionar estos derechos básicos.

Nuestro Sindicato Profesional fue el primero en pedir una investigación para aclarar una situación que ponía en entredicho la función y el quehacer policial; pero, una vez iniciada por el poder judicial, estimamos que debe ser este último quien se pronuncie, sin influencias ni interferencias, como está aceptado en una sociedad democrática con división de poderes.

Dicho lo anterior, resulta una temeridad claramente reprobable el imputar conductas delictivas a otras personas a través de medios de difusión social, cuando deberían hacerse ante la autoridad judicial, aportando las pruebas, según establece nuestra ley de Enjuiciamiento Criminal, deber que obliga más, si cabe, a funcionarios policiales cuando realizan tales denuncias.

De otra parte, se puede producir a consecuencia de estas denuncias un proceso de división interna del Cuerpo Superior de Policía, que en nada beneficia a la actuación profesional, independiente y democrática que debe imperar en su seno, por lo que se está cometiendo la negligencia de separar a los funcionarios policiales en «buenos y malos», según el prisma con que se observe.

El cuerpo, ofendido

Independientemente de lo expuesto, es evidente que los integrantes de todo un cuerpo de la seguridad del Estado se han visto ofendidos en su honor por los últimos ataques lanzados contra los mismos, pero en orden a la madurez, responsabilidad y valentía que deben imperar en el Cuerpo Superior de Policía hay que superar esta faceta y no dejarse llevar por actuaciones exaltadas, aunque estén guiadas por motivos muy altruistas.

Es por ello que el Sindicato Profesional del Cuerpo Superior de Policía, que en todo momento ha reivindicado una policía profesional, independiente y apolítica en su actuación, y que ha solicitado medios materiales, seguridad jurídica, más libertad sindical en su seno, elaboración de un nuevo reglamento, etcétera, y que persigue una seguridad para toda la sociedad, habiendo sido, incluso, expedientados algunos de sus dirigentes por errores, malos entendidos o ligeras interpretaciones por parte de la Administración, al tratar de mantener una postura independiente tiene que servir de instrumento catalizador en la presente situación conflictiva.

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