25 septiembre 1993

El Gobierno del PSOE sostiene que Miren Gurutze Yanci murió de un ataque cardiaco y Xaber Kalparsoro al caer de una ventana cuando trataba de suicidarse

Mueren en comisarias los etarras Miren Gurutze Yanci y Xabier Kalparsoro y Herri Batasuna denuncia que es un crimen de Estado

Hechos

  • El 26 de septiembre de 1993, fallecía en Bilbo Xabier Kalparsoro, tras caer por una ventana desde la comisaría de Indautxu

Lecturas

El Gobierno del PSOE sostiene que Miren Gurutze Yanci murió de un ataque cardiaco y Xaber Kalparsoro al caer de una ventana cuando trataba de fugarse.

D. José Luis Corcuera, ministro de Interior, defendió a la policía frente a las acusaciones de tortura de Herri Batasuna.

25 Septiembre 1993

Un regalo a ETA

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

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LA SIMULTANEIDAD de la muerte por infarto de la presunta colaboradora de ETA Miren Gurutze Yanci, mientras permanencía detenida, y el estado crítico del presunto etarra Xabier Calparsoro tras arrojarse, en un aparente intento de fuga, por una ventana de unas dependencias policiales añade dramatismo e inquietud a hechos que ya lo serían por separado. Son hechos muy graves que exigen que las autoridades y responsables policiales aporten de imnediato los resultados de una investigación realizada con las suficientes garantías sobre las circunstancias en que se han producido.Las notas policiales hechas públicas sobre ambos sucesos insisten en su carácter fortuito. En principio, no hay por qué dudar de ello. La versión oficial es verosímil y coherente. Pero es imprescindible despejar plenamente las sospechas de que ambos hechos o alguno de ellos hayan podido producirse de otra manera. De ahí la urgencia de que la autoridad judicial intervenga para establecer la verdad de lo sucedido. El Gobierno en su conjunto, y los ministros de Interior y de Justicia en concreto, han prometido celeridad y transparencia en la investigación. Y el de Interior, además, se ha. adelantado a solicitar una comparecencia informativa ante el Congreso de los Diputados. Ante hechos así no cabe otra reacción en un Estado de derecho. Nada anhela tanto ETA como conseguir que el Estado de derecho deje de serlo e imite sus propios métodos con la coartada de la eficacia.

Más arduo es evitar la manipulación interesada que ETA y sus propagandistas intentarán hacer de estos hechos. Haya o no algún tipo de responsabilidad en su comisión -eso es lo que menos importa a los terroristas-, este tipo de sucesos les viene como anillo al dedo a sus estrategas para dar apariencia de verosimilitud a su tesis de las dos violencias: esa artificiosa búsqueda de paralelismos -el secuestrado y los presos- que alimenta su paranoia.

En estos momentos es inevitable el recuerdo del llamado caso Arregui: el fallecimiento, bajo torturas, de un activista en enero de 1981, inmediatamente después de que el asesinato del ingeniero Ryan provocase la mayor movilización de masas contra ETA hasta entonces conocida. También ahora la movilización popular es mayor que nunca. La memoria de aquel trágico episodio, y lo que siguió, debe inspirar la respuesta democrática a la tragedia de ayer: la única que cabe, la de la transparencia.

28 Septiembre 1993

No es por los etarras; es por todos nosotros

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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Lo que se juega en la seriedad, rigor y profundidad de la investigación que se realice sobre el trato recibido por Miren Gurutze Yanci, Xabier Galparsoro y María José Lizarribar durante su trágica estancia en dependencias policiales es mucho más que la determinación de los actos de unos funcionarios concretos. Está a prueba la credibilidad del Estado de Derecho. Cierto es que González anunció ayer que la investigación llegará a sus últimas consecuencias. Pero eso no resulta particularmente tranquilizador. Ya empeñó su palabra en ocasiones similares, en las que la claridad brilló al final por su ausencia, como muy bien recordará el diputado socialista Baltasar Garzón, que aún porta sobre sus espaldas la cruz -la «X»- de los GAL. Pero, a cambio, González no ha dejado de lanzar advertencias, como las formuladas desde el primer momento por el titular de Justicia sobre la conveniencia de que estos sucesos no puedan «ser manipulados por los partidarios de la violencia». Resulta desalentador que tanto desde las filas del Gobierno como desde las de la oposición se confundan tan lastimosamente los términos del problema. El domingo, Arzalluz puso más énfasis en subrayar la falta de legitimidad de los amigos de ETA para criticar muertes y torturas que en oponerse él mismo a ellas. Ayer, Aznar aseguró que su partido «no paseará el cadáver de ningún terrorista por el Congreso de los Diputados», como hizo el PSOE cuando estaba en la oposición. ¿Ofrecía con ello la posibilidad de mirar para otro lado «por razones de Estado»? Parecen olvidar unos y otros que reclamar que los funcionarios policiales cumplan estrictamente con la Ley, y penarlos si no lo hacen, no es asunto relacionable con la mayor o menor energía con que se condene y luche contra el terrorismo: que tiene que ver exclusivamente con la mayor o menor firmeza con que se asuman los fundamentos del Estado de Derecho. Sólo IU, exigiendo una investigación a fondo y reclamando la depuración de las eventuales responsabilidades, ha demostrado entenderlo. Porque no se trata de dar la cara por tales o cuales presuntos terroristas, por más que éstos tengan igual derecho a la protección de la Ley. Se trata de defender al conjunto de la ciudadanía. Se trata de defendernos a nosotros mismos en el plano de los principios éticos. Y de defender nuestro derecho a que con el dinero de todos no se financie la transgresión de las normas que los legisladores han dictado para protección de las libertades individuales y colectivas. La bárbara lógica del «ojo por ojo» -entendible como reacción visceral, y hasta explicable como fenómeno de masas en una sociedad que aún no ha completado su aprendizaje democrático- resulta del todo inaceptable en quienes tienen el deber de velar por la pureza del sistema democrático. Veremos si hoy demuestran su disposición a cumplir con ese deber.

29 Septiembre 1993

Corcuera se explica

EL PAÍS (Director: Joaquín Estefanía)

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QUIZÁ HAYA Motivos para desconfiar de la versión ofrecida por José Luis Corcuera, pero no hay ni uno para creer a sus acusadores: los que estos días llaman asesinos a los partidos firmantes del Pacto de Ajuria Enea, y cómplices a Gesto por la Paz y a los convocantes de la manifestación contra el secuestro de Iglesias Zamora. El ministro del Interior reaccionó con rapidez, solicitando una comparecencia en el Congreso, y al someterse ayer a las preguntas de los parlamentarios adelantó su compromiso de dimitir si, contra lo por él sostenido, la investigación judicial demostrase en su día la existencia de torturas. Es un comportamiento democrático. Además, su versión de las circunstancias en que se produjeron las muertes de Yanci y Galparsoro es coherente. En todo caso, más que cualquiera de las que pudieran imaginarse como alternativas.En el caso de Galparsoro, la única hipótesis alternativa sería la de que fue torturado hasta casi matarlo, y arrojado por la ventana para desviar la atención respecto a las causas de su muerte; o sea, un nuevo caso Grimau. Pero, a diferencia de aquel caso, en plena dictadura, hoy puede investigarse con detalle, especialmente mediante una autopsia con todas las garantías, sobre las causas reales del fallecimiento, y si hubiera huellas de torturas serían fácilmente detectables. Por lo que se sabe hasta el momento, no existen tales trazas. Pero si se excluye la hipótesis de la defenestración para ocultar la tortura, sólo queda la de que fue arrojado sin más, para matarlo. Pero entonces no lo habrían arrojado desde un segundo piso, donde las posibilidades de sobrevivir son considerables. Es una hipótesis absurda. Mucho más que la ofrecida por Corcuera.

En el caso de Yanci, la hipótesis de una muerte directa por torturas, como en el caso de Joseba Arregui, en 1981, es excluida por la autopsia. Queda la posibilidad de un proceso de muerte natural, pero desencadenado por malos tratos. Esa hipótesis no puede ser rechazada mientras no se conozcan los análisis de las vísceras y otros que se están realizando. Desde la intuición resulta, de todas formas, poco verosímil a la vista de las precisiones ofrecidas por Corcuera respecto a la atención médica de que fue objeto. Pero si queda algún margen para la duda es porque el tercer caso, el de María José Lizarribar, presta credibilidad a la posibilidad de malos tratos a todos, o algunos de los detenidos, en los primeros momentos tras su captura. No se trataría de algo comparable a lo de Arregui -muerte por tortura-, pero quedaría abierta la posibilidad de malos tratos, un delito tipificado en el Código Penal. Corcuera lo niega incluso en el caso de Lizarribar, y presenta algunas pruebas documentales de peso. Pero la propia detenida, actualmente en Carabanchel, declaró haber sido víctima de malos tratos, y al juez Bueren le pareció lo suficientemente verosímil como para ordenar fotografiar los hematomas que presentaba.

La versión de Corcuera puede considerarse, entonces, la de una de las partes. Sus explicaciones son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, pero no constituyen la última palabra. Así lo reconoció el propio ministro al condicionar su versión a los resultados de las investigaciones judiciales en curso. La investigación judicial es, por su propia naturaleza, contradictoria y con capacidad para indagar en cualquier dirección que se considere de utilidad para el esclarecinúento de los hechos. Y, además, en un Estado de derecho es la que tiene que decir la última palabra sobre hechos y conductas que, al menos en apariencia, pudieran haber infringido la ley.

En todo caso, lo que era exigible al Gobierno no era tanto una versión definitiva e inapelable de lo sucedido como su firme voluntad de esclarecerlo. Y esa voluntad, avalada por el compromiso de dimisión del ministro, fue visible en la sesión de ayer. Una versión definitiva de los hechos como resultado del proceso judicial deberá indagar, con arreglo a los métodos propios de la justicia, no sólo sobre las causas inmediatas de las muertes, sino sobre todos los interrogatorios realizados y si en ellos fueron respetadas garantías tales como la asistencia de abogado y los controles médicos pertinentes.

02 Octubre 1993

Gurutze Yanci falleció de muerte natural, sí, pero...

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

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La autopsia del cadáver de Miren Gurutze Yanci revela que la detenida -que no «presunta etarra», y menos aún «etarra», como algunos insisten en decir, pese a que nadie haya sustanciado nunca acusaciones de semejante gravedad contra ella- falleció de muerte natural. Lo habíamos dado por supuesto desde el principio, pero es buena cosa comprobar, informes técnicos en mano, que no hubo ningún maltrato que agudizara o precipitara su enfermedad. Lo que queda por investigar es si, como ha dicho Juan María Bandrés, existió negligencia en el trato médico que se le dispensó. Si, de haberla conducido a un centro médico en cuanto manifestó los primeros síntomas del infarto que se le venía encima, hoy estaría viva. Lo cual obliga a plantearse las pautas policiales que se siguen al respecto. Corcuera dice que los ciudadanos «normales» no tienen mejor atención médica. Pero los ciudadanos libres pueden intentar conseguirla por sus propios medios. Los detenidos, en cambio, dependen de que la Policía se los asegure. Porque, si no, pueden morirse