Nace la nueva gran caja de ahorros catalana La Caixa bajo la dirección de Josep Vilarasau y presidida por Samaranch

EL PROYECTO de fusión entre La Caixa y Caixa de Barcelona -que persigue la creación de la mayor entidad financiera española- tiene un evidente relieve histórico. De concluirse según lo previsto, la dimensión de la nueva entidad permitirá una mayor capacidad de competencia, economías de escala, diversificación territorial y de negocio y, por tanto, desconcentración de riesgos. Y sancionará además la vitalidad del mundo de las cajas de ahorro, que ha desempeñado durante mucho tiempo el triste papel de cenicienta del sistema financiero. Las cajas están vivas y pretenden proyectarse hacia una actividad de banca total sin perder sus raíces, esto es, su carácter de banca de familias, orientada a las economías domésticas, al crédito personal o al préstamo hipotecario.Si el horizonte de esta megafusión tiene una impronta positiva para las finanzas españolas y para las entidades en cuestión, adolece también de algunas zonas de sombra. Entre ellas figuran los interrogantes técnicos, que van desde los típicos de una fusión bancaria (el encaje de redes y estructuras, y el necesario mantenimiento del empleo) hasta la complejidad jurídica de asegurar una estructura de poder en entidades sin propietario evidente y cuyo marco legal está cambiando. Y figura también una cuestión estratégica: ¿hasta qué punto este proyecto de fusión se percibe como algo más que un simple remedio para algunos males domésticos, como las dificultades creadas en La Caixa por los seguros de prima única o la exigua rentabilidad de la Caixa de Barcelona, producto de la larvada inestabilidad de su dirección? Es de esperar que el desarrollo de los hechos despeje la duda de si son éstos los elementos desencadenantes de la fusión y no un diseño completo de modernización y redimensionamiento.

Así como al conjunto del sistema financiero español, la fusión en curso reporta indudables ventajas para las finanzas catalanas, en su plataforma más sólida: las cajas de ahorro, tradicionalmente más potentes que en el resto de España, lo que compensa en parte el escaso número de entidades bancarias propias. El subsector del ahorro autóctono (5,3 billones de pesetas) representa un tercio del conjunto español. Un refuerzo de las entidades de cabecera es, directamente, un refuerzo de la capacidad financiera propia. Y supone, indirectamente, desactivar el sentimiento de frustración de tantos sectores sociales basado en la presunta ineptitud financiera de los catalanes.

Estos efectos inducidos por el proyecto de fusión son tanto más sugerentes por cuanto la iniciativa de la misma nace del marco estrictamente financiero y no de algún otro tipo de reflexión sobre la cosa pública. Y nace de la mano de un sector de la burguesía catalana, que ha mostrado un cierto cuidado por desmarcarse de posiciones políticas concretas, lo que no debe suponer la interposición de obstáculos por ninguno de los niveles de la Administración. Reforzar las estructuras propias ante los nuevos escenarios de la internacionalización de la economía -camino iniciado ya en otro ámbito por iniciativas como la del Banco Bilbao Vizcaya- no implica necesariamente un planteamiento de nacionalismo financiero más o menos metapolítico, como se ha venido discutiendo algo abstractamente en Barcelona durante los últimos meses. Puede suponer, simplemente, una mejor utilización de los recursos e instrumentos disponibles.

Desde este punto de vista, llama la atención el hecho de que las dos cajas a punto de fusión sean las entidades con mayor índice de crecimiento. Este dato, en sí positivo, ha de completarse con un análisis de la calidad de ese crecimiento. La unificación de entidades que se persigue debiera redundar en una mejora de esos índices y también en una búsqueda más dinámica del papel de dichas instituciones en la economía real. Lejanos ya los años del antiguo régimen, en que las cajas actuaban como meras cosechadoras del ahorro popular para aplicarlo en la financiación de los oligopolios y del sector público, todavía no se han acercado bastante los tiempos en que la apuesta por el desarrollo multisectorial y la internacionalización sean ejes esenciales de su actividad.

LA CREACIÓN de la supercaixa da cuerpo a la primera entidad financiera del país. Es la segunda gran fusión del sector en España, tras la del Banco Bilbao Vizcaya. Y constituye un acontecimiento: ilustra bien los avances del difícil proceso de adaptación de la economía española a la comunitaria de 1993.La nueva Caja de Ahorros y de Pensiones de Barcelona (La Caixa) afronta tres retos. El primero es la construcción de un conglomerado de este tamaño (será la segunda caja europea), en medio de un piélago de pequeñas y medianas empresas y con un predominio de la cultura de pyme. Las instituciones financieras, incluso las más orientadas a las economías domésticas, constituyen, junto a las multinacionales o los grandes consorcios privados, elementos de vertebración en economías como la catalana y la española, en las que esos puntos de referencia son escasos.

El segundo reto es definir una estrategia adecuada al acelerado cambio de escenario de estas instituciones. Las cajas han sido sobre todo bancos de familia. Su inversión se ha canalizado al crédito a la vivienda, a la inversión en algunos valores y a la financiación del déficit público. De las dos entidades originarias, La Caixa venía siendo la más prudente, o más conservadora, mientras que la Caixa de Barcelona estaba algo más orientada a la economía real. El resultado será un mayor compromiso en empresas industriales y de servicios. Desde este punto de vista, la participación de la nueva caja junto con Repsol en el futuro consorcio del gas (requisito previo para esta fusión) resulta un elemento estimulante de política energética, industrial y, al cabo, financiera. Todo ello no implica que opciones estratégicas de este tenor puedan multiplicarse al compás de eventuales caprichos de cualquier Administración, sea central o autonómica.

El tercer reto es aumentar la eficacia en la gestión. Episodios como el de los polémicos seguros de prima única -aunque La Caixa no haya sido la única en hacerlos, como algunos parecen sugerir- no deben repetirse. La nueva gestión tiene ante sí además un escenario nada fácil: una más amplia diversificación territorial de su red, hoy muy concentrada en Cataluña.

Estos retos pueden resumirse en uno: en esta operación se pone a prueba también la aptitud financiera de los catalanes, la capacidad de establecer con éxito sociedades de ahorro y crédito de gran dimensión desde motivaciones profesionales, y no desde planteamientos político-ideológicos. Es éste un asunto que ha ocupado bastantes páginas en la literatura económica de este país. Tantas, que, si su solución se revela positiva, estaremos ante un hecho histórico para la cultura económica catalana -habrá un motivo de peso para arrinconar nostalgias y victimismos- y española -habrá un motivo de peso para modificar el insano estereotipo que acompaña a los catalanes con los tópicos del individualismo y la estrechez de miras-.

La actuación oficial en este caso ha sido similar a la emprendida en otros: las cifras de exenciones fiscales entran dentro de lo razonable, pero sería deseable un menor margen para la discrecionalidad gubernamental en estas intervenciones. En esta ocasión hay que añadir un parabién: ha funcionado la cooperación entre los diversos niveles de gobierno competentes. A la Administración central correspondía determinar y conceder las facilidades fiscales; a la Generalitat, la autorización de la fusión y la aprobación de los nuevos estatutos. Sólo imaginar los perjuicios que hubiera ocasionado que cada Administración hubiera emprendido caminos opuestos, lo que no es tan inhabitual en este país, pone los pelos de punta. Lo contrario, y en un asunto tan complejo y sensible, es un buen síntoma de madurez institucional.

Cuando, al inicio de la operación, hace ahora algo más de un año, todo eran reticencias, especialmente planteadas por algunas autoridades de la Generalitat, calificamos como positiva esta fusión. Ahora, que todo son encomios y sonrisas, con el mismo aplomo se debe alertar sobre algunos problemas de la supercaixa: la dificultad que entraña la fusión de dos culturas (aunque en este caso hay una preponderante, que sería necesario modernizar); el peligro de estancamiento del pasivo en el momento de unificar las redes (habrá que considerar con rigor la rentabilidad de cada oficina); las apetencias de dominio, especialmente desde ámbitos políticos, que despierta una entidad tan importante y con unos estatutos bastante conservadores, que otorgan gran predominio a sistemas de autorreproducción de su grupo dirigente; la enorme tarea requerida para poner a la altura las cuentas de explotación, una vez acabada la captación de recursos invertidos en primas únicas, cuya reorientación hay que consolidar y rentabilizar… No es poco lo que queda por hacer.

LOS ÓRGANOS de gobierno de la Caja de Pensiones (La Caixa) y la Caixa de Barcelona, primera y tercera entidades de ahorro de España, decidieron formalmente ayer aprobar el proceso de fusión iniciado hace unos meses y ultimado en sus líneas esenciales desde mediados del pasado mes de junio. La caja resultante constituirá la primera entidad financiera española por su tamaño, con unos depósitos de 3,7 billones de pesetas.Conviene no caer en falaces idolatrías del tamaño como reflejo de simple potencia o de elemental y desnudo poder; pero con mayor fuerza aún hay que recordar que uno de los principales retos pendientes de la economía española (y particularmente de la catalana) es la lucha contra el raquitismo empresarial, sobre todo frente al mercado único europeo de 1993.

Esta megafusión de dos grandes cajas consagra además un protagonismo hasta ahora insuficientemente destacado. El olvido público venía siendo particularmente injusto para el subsector ahorro: no debe olvidarse que constituye la única parte del sistema financiero que no ha causado problemas serios a la economía española, a diferencia de la banca, cuya última crisis costó al país casi dos billones de pesetas. La capacidad de emprender un tal proyecto revela, por otra parte, una madurez importante de un tipo de institución económica que no tiene dueños conocidos y con problemas bastante numerosos de encaje legal de toda su ordenación.

En el caso de La Caixa-Caixa de Barcelona, la fortaleza de su proyecto de fusión se apoya naturalmente en el tamaño; en el refuerzo de la capacidad de expansión a través del aumento de los recursos propios que reportarían las exenciones fiscales previsibles; y en la clarificación del mercado (existen actualmente 11 cajas sólo en Cataluña). Pero se apoya además, paradójicamente, en sendas debilidades: la necesidad de La Caixa de restructurar rápidamente su pasivo tras el desgraciado episodio de los seguros de prima única, y la urgencia de la otra entidad de dotar de una nueva fortaleza a su tambaleante liderazgo.

A diferencia de otras fusiones, en ésta ha resultado muy chocante el lenguaje especialmente prudente de sus protagonistas, que a cada paso parecían estar pidiendo perdón a la autoridad competente -en este caso, entre otras, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña-, por no haberle informado de sus intenciones incluso antes de empezar a albergarlas. Esta autopenitencia ha servido para satisfacer una de las principales obsesiones del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en este asunto: afianzar las competencias utonómicas sobre el sector ahorro y específicamente sobre las autorizaciones para realizar fusiones.

Pero afianzada esa competencia -lo que es correcto- hay que recordar que en realidad no es única: los papeles de las distintas Administraciones (Generalitat, Banco de España, Hacienda) se superponen. Y resulta imprescindible un consenso básico de todas ellas para resolver adecuadamente casos como éste. Difícilmente habrá fusión si no hay exenciones fiscales a las plusvalías afloradas, decisión que compete al Gobierno central. Y si éste de ninguna manera podía ignorar el papel autonómico en el asunto, también es preciso señalar que el Gobierno de Pujol dificilmente puede prohibirla, como ha insinuado con sus reticencias iniciales, porque no tiene instrumentos para resolver por sí solo, sin contar con las autoridades monetaria y fiscal, los problemas que suscitarían un cerrojazo a la fusión en la menos sólida de las dos entidades.

Estas precisiones político- adiministrativas no constituyen, sin embargo, el núcleo esencial de lo que está ocurriendo. Ocurre, simplemente, que la tan cacareada sociedad civil -en este caso en su segmento económico- se responsabiliza de sí misma, soslaya los intervencionismos más o menos disfrazados de discurso civilista crecientes en la vida pública catalana y se prepara para el nuevo orden económico europeo.