Pastoral a favor de que no se ilegalice Batasuna por parte de los obispos vascos Miguel Asurmendi (Vitoria), Ricardo Blázquez (Bilbao) y Juan María Uriarte (San Sebastián)

La última pastoral de los obispos vascos es un pronunciamiento político contra la Ley de Partidos que actualmente se tramita en el Parlamento y que permitiría eventualmente la ilegalización judicial de Batasuna. Ése es el transparente objetivo de esta nueva salida episcopal a la plaza pública: decir que están contra esa ilegalización. Muchas otras personas, nacionalistas y no nacionalistas, comparten esa opinión. Lo singular es que los obispos presentan como principios morales indiscutibles las muy terrenales razones que al respecto defiende actualmente el nacionalismo vasco, a las que se adhieren sin mayores reservas.

Los obispos hicieron bien en no suscribir el Pacto Antiterrorista, un acuerdo político que sólo tenía sentido como compromiso entre partidos. Ahora han cambiado de criterio y aceptan entrar en un debate estrictamente político. Lo hacen cuando los partidos nacionalistas, los democráticos y los que apoyan a ETA, se disponen a manifestarse conjuntamente, el próximo día 16, contra la Ley de Partidos. Los obispos bendicen esa oposición con argumentos de naturaleza política; respetables, pero también criticables. El principal es que, ‘sean cuales fueren las relaciones existentes entre Batasuna y ETA’, la ilegalización tendría consecuencias sombrías para la convivencia, agudizando la ‘división y confrontación cívica’.

Eso mismo pronostican los nacionalistas, pero es algo que llevan 20 años haciendo, cada vez que surge alguna iniciativa contra la pretensión de impunidad de ese mundo: desde las extradiciones, en su día, a las reformas legislativas o actuaciones de los jueces. Especialmente decepcionante resulta esa mención a las relaciones entre ETA y Batasuna: como si fuera algo indiferente a efectos de la ilegalización el que, por ejemplo, existiera una financiación común, como sostiene Garzón. El planteamiento llevaría a defender la impunidad de determinados delitos a fin de evitar reacciones que provoquen un ‘deterioro mayor’ de la convivencia y una mayor inseguridad de ‘los amenazados’.

Aunque se revista de criterio moral, es una lógica que llevaría a no enfrentarse a ETA; a no hacer nada que pueda irritar a los que amenazan y a los que cumplen las amenazas. La experiencia demuestra, además, que la impunidad no hace desistir a quienes se consideran con derecho a imponer sus ideas por la fuerza. Al respecto resulta desconcertante que los obispos pongan en el mismo plano a quienes quieren ‘imponerse por la fuerza ciega’ y a los que abogan por ‘el puro imperio de la ley’. La ley no es, en un régimen democrático, la expresión de una voluntad despótica, sino la de la ciudadanía, en defensa de la convivencia.

Esta pastoral no evita llamar terroristas a los terroristas, ni es ambigua en su condena de ETA. Tampoco rehúye concretar que las víctimas caen siempre del lado de los no nacionalistas. Sin embargo, hay más elementos de continuidad que de cambio respecto a las pastorales del hoy jubilado obispo Setién. Hay adaptación al terreno: las consideraciones de Ibarretxe sobre las víctimas o sobre el pluralismo han sido incorporadas, pero el razonamiento episcopal sigue dando por supuestos tópicos como el de que existe un déficit democrático que haría necesario un nuevo consenso; es decir, nuevas concesiones por parte de los no nacionalistas, hasta contentar e integrar a los que no aceptan el consenso forjado en torno a la autonomía.

Los obispos vascos no defienden a ETA, no son condescendientes con los crímenes ni indiferentes al dolor de las víctimas. Se limitan a proponer, como solución al drama del terrorismo, salidas favorables al nacionalismo y de probada ineficacia. Abogan por el convencimiento amistoso antes que por el enfrentamiento, pero no dicen qué hacer si ETA no acepta disolverse. Son más sensibles a los agravios de los nacionalistas por ser injustamente identificados con la violencia que a las afrentas cotidianas contra los otros.

En el País Vasco, el 77,7% de los ciudadanos se autodefinen como católicos, y un 30% se consideran practicantes. Un estudio realizado en 1987 en Vizcaya reveló que la identificación con el nacionalismo era mayor entre los curas que entre los laicos. El 64% de los clérigos decía tener un sentimiento nacionalista, y dos tercios de ellos lo calificaban como fuerte o muy fuerte. En 1998, el consejo presbiteral de Bilbao pidió por escrito al obispo Blázquez que dejase de asistir a los funerales por las víctimas de ETA dado el ‘grave riesgo de ambigüedad y manipulación’. Los obispos vascos reflejan con fidelidad ideas, sentimientos y hasta prejuicios de la mayoría nacionalista de su clero, pero no tanto los del conjunto de sus feligreses, y mucho menos los del sector de la sociedad que no comparte la fe nacionalista.

La última pastoral de los obispos vascos, Preparar para la Paz, ha desatado en pocas horas una polémica política y social sin precedentes en los últimos meses. Su postura contraria a la ilegalización de Batasuna, así como su velada denuncia sobre la existencia de torturas en un Estado democrático han merecido la condena unánime y sin paliativos de todos los partidos, instituciones y organizaciones sociales implicados en la defensa de los valores constitucionales. La parcialidad del diagnóstico en torno al conflicto violento en el País Vasco y de la singular receta para la paz basada en la claudicación de las víctimas que aportan los obispos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria es proporcional al grado de satisfacción que ha originado el documento entre los nacionalistas en general que con acierto ven en él una proyección de sus reivindicaciones políticas y en los dirigentes de Batasuna en particular.

La Conferencia Episcopal Española ha acabado de contribuir al desconcierto colectivo adoptando la postura más cómoda. Situándose al margen de cualquier responsabilidad sobre la pastoral y reconociendo a sus autores una independencia de criterio y de decisión en sus diócesis que no aplica en otros asuntos pastorales sólo demuestran un afán: preservar su pulcritud de situaciones comprometidas lavándose las manos con literalidad evangélica.

La equidistancia del máximo órgano de representación de la Iglesia española respecto al País Vasco debe, sin embargo, necesariamente quebrarse ante la declaración de los obispos. No en vano son parte integrante de la Conferencia Episcopal, que no puede esgrimir más disculpas para evitar pronunciarse sobre si está de acuerdo o discrepa con la pastoral.

Si los redactores del documento esperaban contribuir a la «desactivación del conflicto», los hechos demuestran que, de momento, «favorecen más la radicalización que la concertación», justo el efecto pernicioso que, a su juicio, provocan algunos políticos y medios de comunicación.Y no porque deje de ser sincero su condena al terrorismo, sino porque las víctimas y quienes las representan se sienten agredidos cuando los obispos equiparan indirectamente su sufrimiento con la situación de los presos de ETA.

Resulta particularmente incomprensible su descalificación a la reforma legal para la ilegalización de Batasuna. Los prelados vascos explican su rechazo en las consecuencias que tendrá para la seguridad de los miles de amenazados. ¿Acaso es posible vivir aún con menos cotas de libertad? Renunciar a la aplicación de la ley por temor a que se deteriore la convivencia sería una concesión al chantaje del terror, una garantía de impunidad que no haría más que acrecentar la sed de violencia de los terroristas y de quienes les amparan. No es extraña la protesta de Piqué ante el Nuncio del Papa ni la reacción indignada del Gobierno, que en una dura declaración ha acusado a los obispos vascos de suscribir un «compendio exacto del argumentario nacionalista» y una solución basada en el sometimiento de las víctimas ante sus verdugos. Esa sería la «infame paz de los cobardes». ¿Qué menos se les puede decir a estos prelados?

Escándalo, rabia, consternación… Me sumo a las reacciones de tantos políticos y comentaristas, de tantos ciudadanos, ante la pastoral de los tres obispos vascos. Pasadas las primeras cuarenta y ocho horas, puedo decir fríamente que se trata de una contribución histórica a la radicalización de esa guerra civil encubierta que se vive en el País Vasco. La Iglesia «vasca» es consecuente con la fama que se ha venido ganando desde los comienzos de ETA.

Porque, en efecto, éste no es un texto que sirva para la paz, como pretenden sus autores, sino para agudizar la confrontación. Es una afrenta, envuelta en sofismas tan engominados como perversos, a los partidarios de la ilegalización de Batasuna, y va a servir de caución moral a los dirigentes de esta organización, reconocida por todo el mundo, con razón, como el brazo político de ETA. La pastoral constituye un apoyo real a esta organización en la medida que intenta desautorizar la ley de Partidos.

Los que nunca condenan los asesinatos, los atentados y las extorsiones de todo tipo; los que aprovechan su situación legal para establecer de mil formas el Terror tienen la comprensión de los prelados vascos. No así las víctimas.

La pastoral condena a ETA pero apoya a su brazo político al desautorizar las medidas que permite y que exige el Estado de Derecho y que llevarían necesariamente a la ilegalización de Batasuna. Al oponerse a la ley de Partidos, las descalificaciones a ETA quedan en mera retórica. Suponen un apoyo real a Batasuna. ¿O es que después de tantas experiencias trágicas alguien, limpio de corazón, puede dudar de la condición política de Batasuna, de la ambivalencia orgánica de muchos de sus militantes, de su implicación en acciones destinadas a la creación del Terror?

En la misma medida que la ley de Partidos puede ser eficaz para ganar la batalla contra el Terror, la pastoral de los tres obispos vascos viene a impedirla o retardarla.

Hay en la pastoral no sólo una condena de este nuevo instrumento para la paz que es la ley de Partidos, sino algunas consideraciones de tipo político que podrían ser defendidas si no estuviesen relacionadas directamente con el terrorismo. Por ejemplo, se critica la identificación del nacionalismo con el terrorismo, y tendrían razón los tres obispos en abstracto, pero se equivocan en la práctica por lo que se refiere a la ley de Partidos. Porque es evidente que «el» nacionalismo de Batasuna está vinculado al terrorismo, y que éste es asumido por esta organización como medio de alcanzar los fines de aquél. Sin embargo, las palabras de los obispos vendrían a indicar que la ley de Partidos cae en el error de condenar todo tipo de nacionalismo cuando se refiere al que ha hecho del Terror la partera de un Estado independiente. Del mismo modo, ¿qué sentido tiene en la pastoral la alusión a la lengua y a la cultura vascas cuando nunca en la historia del País Vasco ha sido tan valorado todo lo euskaldún hasta el punto de convertirse no sólo en hegemónico sino en excluyente?

Se plantan los tres obispos vascos contra la voluntad de la sociedad; desafían al Parlamento; toman partido a favor de la parte que lucha contra el Estado con violencia para crear otro Estado… ¿Acaso quieren anunciarnos los tres obispos una Iglesia «nacional» vasca, propia de ese futuro Estado al que aspiran «los» nacionalistas, «estos» nacionalistas? De ese modo se perpetúa aquella guerra de religión que, según Américo Castro, diferenció el caso vasco en la guerra civil última.

Joaquín Navarro Valls, que es un hombre muy inteligente, elogió la convocatoria en Roma de los obispos norteamericanos con problemas de pederastia en sus diócesis. Juan Pablo II se dio cuenta a tiempo del efecto que las aberraciones sexuales de algunos clérigos tenían sobre la entera sociedad norteamericana. Y cortó por lo sano.

La repercusión de la pastoral de los obispos vascos sobre la entera sociedad española, no sólo sobre los fieles católicos, ha sido devastadora. El historiador García de Cortázar resumía ayer, en noticia de LA RAZÓN, la indignación generalizada porque la sociedad vasca ‘esta necesitada de un verdadero liderazgo ético, después de tantos años de encanallamiento por el terrorismo’.

Bastaría con que el Papa convocara a los tres prelados de marras a Roma para que la Iglesia recuperara ante el pueblo español una credibilidad fragilizada, en proporción no desdeñable, por un documento sacrifical y desafortunado. La opinión pública de nuestra nación cree que tres obispos acobardados se han puesto a favor de los verdugos y en contra de las víctimas, argumentnado su posición con sofismas inaceptables. Instalados contra el ‘no matarás’ de la ley de Dios, los tres prelados han causado escándalo moral en el pueblo español.

Nadie podría hoy acusar a Pío XI de intrusismo político por haber condenado en 1937 los principios con que se justificaba el nazismo. La instrucción pastoral aprobada el viernes por la Conferencia Episcopal española contiene sin duda consideraciones políticas, discutibles por definición, pero está orientada por un criterio moral y sustentada en una sólida argumentación. Seguramente han sido los reiterados pronunciamientos políticos de los obispos vascos los que han aconsejado a la Conferencia ir más allá de lo obvio, la condena del terrorismo, para entrar en terrenos políticos a fin de evitar acusaciones de otorgar callando ante un tema sobre el que, afirman, «no se puede ser neutral».

Se trata de una instrucción pastoral y no de una declaración doctrinal, que habría requerido la unanimidad. La ha habido respecto a cuatro de las cinco partes del documento, pero no sobre la que se refiere al «nacionalismo totalitario» como «matriz del terrorismo de ETA». Es en ella donde figuran las afirmaciones más polémicas, en relación sobre todo a la autodeterminación, por una parte, y a la Constitución, por otra. Que sean polémicas no significa que no estén cargadas de razones, y, en todo caso, resulta incongruente que se irriten ante ellas quienes consideraron principos éticos indiscutibles las razones nacionalistas contenidas en la pastoral de los obispos vascos de junio pasado contra la ilegalización de Batasuna.

La ambigüedad de aquel texto y otros anteriores no se refería a la condena de ETA, que era explícita, sino a la actitud ante la legalidad democrática, que se relativizaba desde la teoría de que existe un déficit de legitimidad en el sistema democrático español que sólo se superaría mediante la apertura de un proceso constituyente vasco. La Conferencia contrapone a esa teoría la afirmación de que la Constitución actual, sin ser perfecta, es el «marco jurídico ineludible» de referencia para la convivencia. El independentismo puede ser una opción legítima, pero no siempre lo es; la pretensión secesionista unilateral que prescinde de los intereses del conjunto y de valores como la convivencia y el pluralismo es condenable.

Se trata, por tanto, de una refutación, en estilo eclesial, pero en términos muy claros, de la lógica subyacente a muchos pronunciamientos de la jerarquía vasca. En un libro publicado a mediados de los noventa, Setién consideraba que tras la violencia existía un problema político consistente en el insuficiente reconocimiento de la singularidad vasca, que se manifestaba en la «no aceptación de sus facultades de autodeterminación» al pueblo vasco, por lo que «no se podrá decir que hay paz solamente porque desaparezca la violencia si es que esas otras razones políticas que existen detrás de esos planteamientos del pueblo vasco no tienen la adecuada solución».

Los obispos advierten de que no pretenden juzgar el nacionalismo en general, sino el «nacionalismo totalitario» de ETA como raíz del terrorismo que practica. No se limita a condenar los atentados, sino el fanatismo ideológico del que la violencia es expresión. El diálogo es la vía óptima para superar divergencias, pero ETA «no puede ser considerado como interlocutor político de un Estado legítimo». Hay un rechazo claro de cualquier equidistancia o pretensión de responsabilidad compartida entre quienes practican la violencia y quienes no ceden a las exigencias de las que ETA hace depender su cese.

Son argumentos presentados como emanados de valores trascendentes, pero no sólo son compatibles con una moral laica, sino ampliamente compartibles por cualquier conciencia democrática.