Pedro J. Ramírez, director de DIARIO16, encarcelado por orden del juez Félix Alfonso Guevara (durante una hora y media)

Don Federico Carlos Sainz de Robles. Excelentísimo señor:

En la puerta de uno de los lóbregos calabozos existentes en el subsuelo de los Juzgados de Instrucción de la Plaza de Castilla puede leer ayer, en medio de pintadas soeces impropias de esta comunicación, la queja de dos mujeres que alegaban que el juez las había retenido tres días en tan inmundo recinto ‘por hacer de putas’ y, sin embargo, había puesto en libertad, pocas horas después de ser detenidas, a personas acusadas de robar grandes cantidades de dinero.

Usted conoce de sobre la rotunda línea editorial de este periódico que yo dirijo en defensa de la independencia y autonomía del poder judicial en un momento como éste, en el que otra instituciones del Estado – y concretamente el poder ejecutivo – parecen tratar de recortarlas.

Pero tampoco se habrá escapado, sin duda, a su fina sensibilidad de intelectual la percepción de que amplios sectores de nuestra sociedad no se sienten en absoluto molestos ni preocupados por la repercusiones que en la judicatura pueda tener ese conflicto.

Así como en otros países democráticos la ciudadanía ve en sus magistrados el mejor baluarte de los derechos y libertades públicas, parece obvio que en España la clase judicial aún debe liberarse de su nefasta imagen como brazo represor de la dictadura. Sin entrar en excesivos dibujos, todas las encuestas revelan que el hombre de la calle piensa que la administración de la justicia es en España tan lenta e ineficaz como arbitraria. De sobra sabemos usted y yo que la disparidad de criterios de los jueces es el coste inevitable de una transición sin ruptura que ha supuesto la coexistencia de leyes viejas con leyes nuevas y mentalidades democráticas con mentalidades totalitarias. Ninguna anécdota debe ser, por tanto, elevada a la categoría de regla general, y nada más lejos de mi intención que pretender algo parecidos a partir del desgraciado episodio que me tocó vivir ayer por la mañana. Cuando en este país continúan existiendo tantas situaciones injustas, tantas detenciones y procesamientos irregulares, una hora y media de calabozo no pasa de ser una incomoda anécdota, sin ningún valor en sí misma

Si que lo tiene, sin embargo, en cuanto a síntoma de abuso con que miembros concretos de la magistratura emplean los enormes márgenes de discrecionalidad que sobre la felicidad y desdicha de los individuos les conceden las leyes y de ahí que con este largo preámbulo me permita proclamar su atención como presidente del Consejo General del Poder Judicial. Si yo no hubiera sido el director de un periódico importante, es decir, si no me hubieras beneficiado de las entrañables muestras de solidaridad que en todos los medios de comunicación suscitó mi súbita detención, es decir, si yo hubiera sido un anónimo Juan Español, uno de tantos como quedan enganchados en los apolillados engranajes del aparato judicial, probablemente a estas horas en vez de poder escribir esta carta de nuevo desde mi despacho tendría que contentarme con añadir mi propio agravio en la pared del calabozo al de las mujeres detenidas ‘por hacer de putas’.

Los hechos son elementalmente tozudos. Durante los cinco años en que vengo ejerciendo como director de DIARIO16 he comparecido en no menos de cien ocasiones ante los distintos Juzgados de Instrucción. En la mayoría de los casos – y desde luego en el de ayer – mi utilidad se ha reducido a corroborar que la autoría de un artículo objeto de querella correspondía a quien lo firmaba, pues como usted bien sabe existiendo un autor reconocido, nuestro ordenamiento penal exime lógicamente de toda responsabilidad al director de la publicación. Pese a que en numerosas ocasiones he tenido la sensación de estar perdiendo miserablemente mi tiempo y el del juzgado, nunca he dejado de cumplir con mi deber cívico de auxilio a la justicia.

Tampoco tenía ayer la menor intención de hacerlo, aunque el singular magistrado Guevara considerara necesario tratarme como a un escurridizo delincuente. Al parecer, es cierto que hace varias semanas se recibió en el periódico una primera citación  – con varios defectos formales, todo sea dicho – que probablemente quedó traspapelada. Es, en cambio, absolutamente falso – en contra de lo que aseveró el juez decano Salvador Domínguez, tratando de justificar a su colega ante las cámaras de TVE – que yo hubiera firmado esa citación.

En vez de enviar una segunda citación, como regular y razonablemente hacen la totalidad de los magistrados, l juez Guevara ordenó a la Brigada de la Policía Judicial que procediera a i presentación forzosa el pasado lunes. Me consta que tan insólita demanda llamó la atención personal del ministro del Interior y los principales altos cargos de su Departamento.

Hallándome ausente de Madrid, funcionarios del Cuerpo Superior de Policía se presentaron en mi domicilio – causando la natural alarma entre mis familiares – y en la sede social del periódico. El hecho de que regresaran con las manos vacías debió ser suficientemente frustrante como para que el juez Guevara dictara orden de detención contra mi persona.

Enterado a mi vuelta de lo ocurrido yo mismo decidí comparecer ayer por la mañana ante el Juzgado número 22 con objeto de aclarar cualquier equivocó y fue precisamente el abogado de DIARIO16 quien, a través de un encuentro casual, con uno de sus oficiales, puesto en conocimiento del juez Guevara que yo estaba en el edificio y que, tan pronto como declarara ante otro Juzgado acudiría a su despacho. Tal información movilizó al señor Guevara, quien se ocupó personalmente de que fuera detenido en los pasillos, dictando a las once y once minutos auto de ingreso en los calabozos y ordenando a la Policía que me condujera esposado a tal destino. El comportamiento amable de todos los funcionarios implicados en el trámite fue, por cierto, un buen contrapuso para aplacar mi indignación en ese momento.

‘¿Qué es lo que ha pasado desde las once y once minutos hasta ahora?’, le pregunté a su señoría cuando hora y media después me hacía comparecer ante él y me comunicaba que estaba en libertad. Su respuesta fue tan confusa como su conducta, pero en ella incluyó estas palabras textuales: ‘Sucede que mañana y pasado son días de fiesta y aunque podría retenerle durante setenta y dos horas, no en cuestión de que por un capricho se quede usted tres días detenido’. Fíjese usted: ¡Por un capricho! Coincidirá conmigo que escuchar esa palabra de labios de un juez y verla convertida en móvil su actuación jurisdiccional es una de las experiencias más desagradables por las que intelectualmente puede pasar una persona con convicciones democráticas.

¿Cuántos caprichos judiciales han labrado la desgracia de ciudadanos libres de toda culpa? Ya comprendo que no es competencia ni probablemente está al alcance del Consejo General del Poder Judicial responder a esta pregunta, supongo, sin embargo, que sí estará entre sus competencias disciplinarias tomar nota de los episodios concretos e impedir la reincidencia.

Como puede observar, DIARIO16 no publica hoy ningún editorial al uso, pidiendo al Gobierno que tome medidas o al Parlamento que le ponga la camisa de fuerza a quien actúa como un loco. Nuestra reacción se circunscribe a esta carta que, al ir dirigida a usted, supone un nuevo acto de confianza en la capacidad del Poder Judicial para ganarse por sí mismo, antes o después, con inevitables avances y retrocesos, el respecto de los españoles.

En espera de sus noticias, le saluda atentamente.

Pedro J. Ramírez

La detención y posterior puesta en libertad del director de DIARIO16 se enmarca en una actividad creciente de los tribunales por querellas y demandas contra la Prensa, interpuestas, a veces, por particulares; en ocasiones, por el fiscal del Estado, y últimamente, incluso por determinados ministros del Gobierno de Felipe González. La arbitraria medida del juez Alfonso Guevara, precedida de una orden de captura contra Pedro J. Ramírez que el Ministerio del Interior se vio incapaz de cumplimentar, pese a que el director del diario goza de una escolta policial, es algo más que una broma de mal gusto: se inscribe de forma directa en un marco de agresiones a la Prensa y amenazas a la libertad de expresión, crecientes en los últimos meses, y que disfrutan de la complicidad del poder político y de la inanidad intelectual del portavoz del Gobierno, teóricamente encargado de las relaciones de la Prensa con el Ejecutivo.Siempre hemos defendido la necesidad de que los medios de comunicación se sometan responsablemente al imperio de la ley, que debe defender a la sociedad de los abusos que en nombre de la libertad se cometan. Pero la libertad de expresión está precisamente para defender a los ciudadanos de los abusos cometidos en nombre de la ley. En nombre de la ley -y el orden, faltaba más-, este Gobierno ha alumbrado una normativa antiterrorista que incluye, anticonstitucionalmente y con la complicidad de casi toda la clase política, la eventual censura previa de los medios de comunicación en su forma más obscena: cierre de las instalaciones sin sentencia previa de un juez. Pero también ha echado a rodar una ley de protección de la intimidad, la imagen y el honor que, cuando todo el mundo creía debía de servir para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder -escuchas telefónicas policiales o del CESID, entre ellos-, es utilizada por policías y ministros contra los profesionales de la información.

Por lo demás, los periodistas aún tenemos los periódicos y las radios para defendernos, pero ¿qué tienen a mano los ciudadanos, maltratados tantas veces por el aparato administrativo de la justicia con una pertinacia y una frialdad dignas de mejor causa? El cambio democrático no ha llegado ni a jueces ni a fiscales. Esto no es nada nuevo. Pero por eso mismo la detención de nuestro colega es algo más que un desagradable incidente: es el símbolo y la demostración de que tampoco en esto los 10 millones de votos parecen haber servido para gran cosa.