Reino Unido: La policía mata por error al joven Jean Charles de Menezes confundiéndole con un terrorista en un país traumatizado por el 7-J

El primer ministro británico, Tony Blair, ha pedido disculpas por la muerte del joven brasileño Jean Charles de Menezes, de 27 años, al que la policía confundió con un terrorista suicida, disparándole siete tiros en la cabeza mientras permanecía inmovilizado en el suelo. Su ministro de Exteriores, Jack Straw, ha prometido una indemnización a la familia de la víctima. El Gobierno británico reconoce que la expeditiva actuación policial fue un error. Pero ni las disculpas ni la indemnización prometida pueden cerrar un caso que plantea numerosas incógnitas sobre el modo de proceder policial, y mucho menos saldar las posibles responsabilidades por una muerte que, según las circunstancias en que se produjo, no parece que fuera inevitable. Todo indica que hubo más que un error racionalmente admisible en circunstancias en que la policía se enfrenta a una decisión extrema en la que debe elegir entre matar a alguien que puede ser inocente o arriesgarse a un gran atentado.

Blair ha pedido apoyo para las fuerzas de seguridad, abocadas a actuar en un clima de amenaza terrorista cierta e inmediata, en el que la eventual presencia de suicidas introduce un factor aleatorio de difícil control. Pero ese apoyo no puede convalidar cualquier actuación policial. Esta muerte no sólo debe ser investigada por los órganos policiales, como ha anunciado Londres, sino por la justicia, la única que puede dilucidar si se produjo o no una ejecución extrajudicial, inadmisible en un Estado democrático.

La orden de «disparar a matar» contra el sospechoso de ser terrorista suicida puede ser un nuevo factor de alarma ciudadana si se traduce en muertes tan absurdas y difícilmente explicables como ésta. Se desconoce, por ser secreto, el protocolo de actuación de dicha orden, pero sólo sería admisible en circunstancias muy concretas y previamente definidas, en las que el error, siempre posible, pudiera justificarse por una evaluación fundada del riesgo que se pretendía evitar.

Esas circunstancias no parecen concurrir en este suceso. Si era sospechoso, ¿por qué no se le detuvo al salir del edificio vigilado por los agentes, y, en cambio, se le permitió subir a un autobús y después entrar en una estación de metro, sabiendo que eran los lugares de mayor riesgo para la seguridad? Sería inquietante que el principal dato que se tuviera en cuenta fuera la tez morena de De Menezes, porque indicaría que la población de origen no europeo se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad.

Queda la duda de si la policía pudo neutralizar ese posible riesgo actuando con mayor diligencia y sin necesidad de causar la muerte de un inocente. Por eso, roza el escándalo que la orden de «disparar a matar» merezca el apoyo en España del presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, algo verdaderamente asombroso en quien preside el máximo órgano jurisdiccional del país y que, dada la amenaza global del terrorismo islámico, podría verse abocado a juzgar casos parecidos.