3 junio 1985

Se constituye la Unión Progresista de Fiscales para acabar con el predominio de Fiscales conservadores en la Asociación de Fiscales

Hechos

D. Fernando Jiménez Lablanca fue elegido Primer Presidente de la Unión Progresista de Fiscales.

03 Junio 1985

La Unión Progresista de Fiscales

EL PAÍS (Editorialista: Javier Pradera)

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AYER SE constituyó en Madrid la Unión Progresista de Fiscales, nueva agrupación voluntaria de funcionarios del ministerio público compuesta mayoritariamente por el sector de la Asociación de Fiscales que abandonó esa organización -a raíz de su III Congreso, celebrado en Valencia el pasado mes de diciembre-, como consecuencia de sus discrepancias respecto a los criterios organizativos internos. Aplicando de manera coherente los principios entonces invocados, la nueva asociación -que ha elegido presidente a Fernando Jiménez Lablanca, prestigioso fiscal de sala del Tribunal Supremo- afirma la naturaleza democrática de su funcionamiento y organización, declara su carácter pluralista y reconoce la libertad de expresión de todos sus afiliados, individual o colectivamente. Pero la Unión Progresista de Fiscales, al tiempo que dibuja sus propias señas de identidad, no adopta actitudes aislacionistas, sino que se propone la coordinación con las demás asociaciones de funcionarios del ministerio fiscal y con las agrupaciones surgidas en el marco de la Administración de justicia, en especial con los movimientos asociativos democráticos acordes con su espíritu.Aparte de su coordinación, con las restantes entidades de la Administración de justicia, la Unión Progresista de Fiscales anuncia su propósito de «establecer relaciones» con la red de asociaciones cívicas y sindicales que componen el cuerpo social, a fin de conectar con las preocupaciones y con los problemas de nuestra colectividad. Esa elogiable voluntad de acercamiento de la nueva agrupación de fiscales a las organizaciones intermedias, a través de las cuales se articulan y expresan los intereses y las ideas de la sociedad, es compatible con la afirmación de su «independencia respecto a los poderes públicos, partidos políticos, centrales sindicales y organización jerárquica del ministerio fiscal». Además del aseguramiento, en la actuación del ministerio público, de los principios de imparcialidad y legalidad, la Unión Progresista considera uno de sus objetivos la tarea de promover «la defensa y plena realización de los principios, derechos y libertades consagrados en la Constitución» y «la satisfacción áel interés social, la defensa de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos y la protección de los sectores marginados de nuestra sociedad». Este lenguaje y esas intenciones no pueden sino ser recibidos con satisfacción por la gran mayoría de los ciudadanos, acostumbrados durante demasiados años a contemplar con temor o con recelo a los titulares del ministerio público y a vincularlos exclusivamente con labores acusatorias y represivas.

Entre los objetivos que atañen al funcionamiento de la Administración de justicia, la Unión Progresista de Fiscales trabajará para promover la independencia de los órganos que integran el poder judicial y su legitimación democrática, para perfeccionar el servicio público de la Adminstración de justicia en función de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos y para lograr que la ejecución penitenciaria de las sentencias respete los derechos fundamentales de los internos y posibilite su futura reinserción social. Mientras la Asociación de Fiscales se ha declarado partidaria de un ministerio público independiente del poder ejecutivo y ajeno a las directrices políticas, la Unión Progresista matiza las posturas críticas ante los riesgos inherentes a la estructura vertical y disciplinada de la carrera fiscal y subraya la necesidad de defender los derechos de los fiscales «particularmente frente a los acuerdos que, por vía de la dependencia jerárquica, limiten irijustificadamente su actuación conforme al principio de legalidad o su estabilidad profesional». En cualquier caso, la creación de esta asociación de fiscales, estatutariamente comprometida con el objetivo de «contribuir a establecer una sociedad democrática avanzada», es otro motivo de esperanza para quienes piensan que, en una sociedad plural y democrática, este tipo de asociaciones juegan un papel capital para impedir los abusos del poder.