Se descubre la Operación Kitchen: Villarejo filtra que policías de la cúpula del PP espiaron y robaron material a Luis Bárcenas para proteger al Gobierno Rajoy

La Policía Nacional puso en marcha en 2013 un dispositivo que tuvo como objetivo arrebatar el arsenal del ex tesorero del PP Luis Bárcenas contra el partido en plena guerra de éste contra la formación que presidía Mariano Rajoy. Este operativo, que está siendo investigado en estos momentos por la Audiencia Nacional, fue bautizado internamente como Operación Kitchen y se saldó con el robo, entre otra documentación sensible, de las agendas personal y de trabajo de Bárcenas, con todos sus contactos.

EL MUNDO ha tenido acceso a buena parte de los documentos intervenidos al ex tesorero a mediados de 2013, cuando éste puso en marcha el traslado de la información sensible de la que disponía al despacho de su abogado.

Dicha documentación todavía no había sido aportada por el ex tesorero a ninguno de los juzgados que le investigaban –posteriormente entregó una parte– y el dispositivo policial, que estuvo integrado, entre otros, por el comisario José Manuel Villarejo, en ningún momento puso la misma a disposición de la Audiencia Nacional.

Durante el traslado de la selección de documentos comprometedores, el conductor de Bárcenas, Sergio Ríos, captado como confidente por la Policía, fotocopió íntegramente una caja de documentación. Acto seguido la puso en manos del dispositivo dirigido por Villarejo, que en el momento de su detención albergaba en su domicilio documentación relacionada con la citada Operación Kitchen, bautizada así en referencia a los confidentes próximos a la familia, a los que se les denominaba en clave «cocineros».

Este periódico ha tenido acceso a estas pruebas, tal y como fueron entregadas a los mandos policiales. Las integran todos y cada uno de los apuntes de la agenda del ex tesorero, de la que en esta página se reproduce una muestra.

El ex alto cargo del PP incorporó a la selección que puso a buen recaudo todas las anotaciones relacionadas con la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, con quien mantenía una guerra abierta. Asimismo, entre la documentación interceptada por el chófer de la familia Bárcenas se hallaban numerosos manuscritos vinculados con la financiación ilegal del PP de Madrid a través de la entidad Fundescam así como numerosas tarjetas en las que el ex tesorero realizaba anotaciones relacionadas con el material comprometedor que disponía contra el partido.

Este periódico ha tenido acceso además a los partes de seguimientos ilegales realizados por la Policía a la familia Bárcenas para intentar determinar dónde depositaban su documentación comprometedora.

En este sentido, la Policía llevó a cabo un seguimiento exhaustivo el 15 de agosto de 2013 a los Bárcenas en el que se localizó un intercambio de material con un individuo que no pudo ser identificado.

Los comisarios que integraban la denominada Operación Kitchen solicitaron las imágenes de las cámaras de la estación de metro de la plaza de la República Argentina de Madrid y confeccionaron un informe interno. Estas imágenes han sido exhibidas por este periódico al propio Bárcenas, en estos momentos en prisión, que asegura desconocer la identidad del individuo que fue seguido por la Policía.

Asimismo, este periódico ha tenido acceso al cuestionario que remitió la Policía al chófer del ex tesorero para que explicara el referido intercambio a las 14.32 horas del 15 de agosto junto al restaurante Arturo situado en la zona. «Preguntadle si le entregó algo a esa persona», dejó por escrito la Policía en referencia al conductor. También se le requirió que acreditara si llevó a la familia a la «zona de la sierra de Soria/Burgos» y si hizo lo propio con «algún otro miembro de la familia después de ingresar en prisión».

Entre la documentación sustraída se encontraban los conocidos como Papeles de Rosalía, redactados por la mujer de Bárcenas y desvelados en 2015 por El Español. En ellos se hacía referencia a pruebas de pagos de obras en negro en casa del ex presidente del Gobierno que tampoco fueron judicilizados.

La Policía aprovechó el ingreso en prisión preventiva de Luis Bárcenas en junio de 2013 para sustraerle abundante documentación comprometedora contra el PP. A pesar de que el operativo bautizado como operación Kitchen fue puesto en marcha meses antes, cuando el ex tesorero rompió con la formación que presidía Mariano Rajoy y comenzó a aflorar sus célebres papeles, obtuvo sus mayores réditos a partir del verano.

Fue entonces cuando un grupo de comisarios se apoderó de las pruebas documentales más sensibles. Gracias a la colaboración del chófer del matrimonio Bárcenas, Sergio Ríos, la Policía arrebató las agendas del ex senador del PP antes de que éste entregara una parte a la Audiencia Nacional para reforzar su declaración. Especialmente en lo que respecta a la acusación contra María Dolores de Cospedal de amañar el contrato de basuras de Toledo para financiar irregularmente al partido.

En estas agendas quedan reflejadas todas las citas de quien fuera máximo responsable de las finanzas del partido con empresarios. Pero también todos y cada uno de sus encuentros personales, así como los viajes, comidas y compras que realizaba en diferentes países del mundo.

Los Bárcenas recopilaron todo el material sensible a su disposición, entre el que se encontraban además numerosas tarjetas en las que el ex tesorero había realizado anotaciones de su puño y letra resumiendo operaciones ilegales efectuadas por el PP.

El conductor Ríos interceptó para la Policía, entre otros, un documento en el que Bárcenas anotó una serie de cuestiones que podían afectar a la formación con la que en ese momento se encontraba enfrentado. Y es que cabe recordar que a principios de ese año afloraron los denominados Papeles de Bárcenas con la contabilidad B del PP y EL MUNDO destapó el pago sistemático de sobresueldos en negro a la cúpula. Tras el apoyo inicial del PP a Bárcenas la relación entre ambas partes saltó por los aires y el ex responsable de las finanzas del partido pasó al ataque. No en vano, en julio de ese año este periódico desveló los mensajes que se intercambió con Rajoy en los que este último le trasladaba su apoyo tras conocerse su fortuna suiza.

Entre el material confiscado sin su consentimiento se encuentran anotaciones que hacen referencia a «Escorial-Agag», en clara referencia a la boda de la hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar. Pero también el contacto del «sastre» Manuel Calvo de Mora al que, como llegó a confesar Bárcenas en sede judicial, se le encargaron trajes a Mariano Rajoy que fueron sufragados, siempre según su testimonio, con cargo a la caja B del partido.

Bárcenas explicó que este sastre era quien le confeccionaba los trajes a un destacado miembro del partido de quien el presidente ensalzaba su elegancia.

También queda reflejado en este documento una anotación, de puño y letra del ex tesorero, en la que se alude a «300.000 euros» y a «Álvaro». Con toda seguridad se alude a la entrega de fondos relatada por Bárcenas en sede judicial por parte del constructor Juan Miguel Villar Mir que, según añadió, le fue contada por su entonces jefe Álvaro Lapuerta.

Este último le precisó que el empresario puso mucho empeño en que Mariano Rajoy tuviera conocimiento directo del pago en negro, que fue negado tajantemente por Villar Mir.

Entre los papeles interceptados por el dispositivo policial se encuentran, asimismo, varios contratos entre el PP y empresas proveedoras que sirvieron para financiar irregularmente al partido. Algunos de estos acuerdos los vinculaba Bárcenas a imposiciones realizadas por Cospedal para beneficiar a su entorno directo.

La operación Kitchen está siendo investigada desde ayer por el juez De la Mata tras las revelaciones de EL MUNDO. Pero de manera paralela por el instructor del caso Villarejo, tras incautarse en su domicilio los recibos de pagos al chófer con fondos reservados.

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FOTO TITULADA

A LA CAZA DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’ EN EL METRO DE MADRID. La Policía puso en marcha un dispositivo para localizar la información comprometedora contra el PP en poder de Bárcenas. Este operativo obtuvo las imágenes de un individuo en la estación de metro de República Argentina que llevaba un paquete que se había intercambiado con la familia del ex tesorero el 15 de agosto de 2013.

QUE LA JUSTICIA se apoye en el periodismo de investigación para progresar en su labor es el mejor aval para nuestro trabajo de fiscalización del poder. Así ha vuelto a ocurrir con la relevante información que este diario ha publicado en referencia a la denominada operación Kitchen, que así se llamó el operativo policial orquestado para arrebatar a Luis Bárcenas la comprometedora información que obraba en su poder. El juez que investiga la contabilidad B del Partido Popular, José de la Mata, ha requerido a EL MUNDO una copia de la agenda de trabajo del ex tesorero del PP y de las notas –hasta ahora inéditas– que reflejan pagos en negro, respetando en todo caso el secreto profesional que ampara el ejercicio de la función periodística.

Este periódico ha publicado una copia de la agenda de Bárcenas, que fue sustraída por su antiguo chófer, captado como confidente por el Ministerio del Interior en un operativo pagado con dinero de los fondos reservados y encabezado entre otros comisarios por el ahora encarcelado José Manuel Villarejo. Se trata de hechos extraordinariamente graves, por cuanto postulan la instrumentalización de la Policía Nacional por parte del Gobierno para beneficiar la estrategia de defensa de su partido. Desviar dinero de todos los españoles para pagar las maniobras de espionaje policial de un partido cercado por la corrupción constituye un escándalo difícil de minimizar cuyas consecuencias penales a nadie se le ocultan. La más paradójica de todas ellas podría ser incluso la nulidad de la causa que mantiene a Bárcenas en prisión, pues la Policía tuvo acceso a material probatorio al margen del control judicial.

En cuanto a las consecuencias políticas, cuando acaba de arrancar una campaña electoral en Andalucía que entre otras cosas dirime la correlación de fuerzas entre PP y Ciudadanos, también son evidentes. Sería injusto achacar nada de esto a Pablo Casado, pues Gürtel concierne a las etapas de Aznar y de Rajoy; pero de Casado esperamos una actitud tajante que separe sin contemplaciones al PP actual de su peor versión del pasado. Tras prestarse al cambalache del CGPJ con el PSOE, no debe permitirse nuevos errores que minen su crédito regenerador.

PRIMERA ESCENA

A las puertas de un burdel

(O CÓMO EMPIEZA TODO EN EL PROSTÍBULO DE LA DINAMITA DEL 11-M TRAÍDA DE LA MINA CONCHITA)

Apartahotel Discoteca Erótica Flower’s, uno de los mayores prostíbulos de toda España. Apenas 26 kilómetros a las afueras de Madrid. Uno de esos supermercados del sexo que comercian con el cuerpo humano y cuyos servicios van desde «los espectáculos eróticos más brutales de Madrid», hasta las «habitaciones con profesionales», pasando por la posibilidad de ver «en pantalla gigante el fútbol mientras se asiste a un striptease» o contratar una «zona vip exclusiva para despedidas de solteros o fiestas privadas» o un «área de tapeo desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la madrugada» perfectamente asistida.

El gran burdel está vinculado al grupo empresarial La Florida S.L., que posee muchos otros templos repartidos a lo largo y ancho de la geografía española, como la clásica sala Riviera de Castelldefels (Barcelona), conocida por ser la catedral del sexo de Cataluña.

Pero fue allí, en el Flower’s madrileño, en el número 2 de la calle Rosa de Lima del municipio de Las Rozas (a la altura del kilómetro 26 de la carretera de La Coruña), donde Sergio Ríos Esgueva, conocido hoy como el chófer de Bárcenas, comenzó su andadura como colaborador de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y lo hizo, quizá sin saberlo, de la mano de otro experto y profesional acreditado en esta materia: el que fuera colaborador de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y testigo en el proceso judicial de los atentados del 11-M, Mario Gascón Aranda. Los dos trabajaban como porteros del Flower’s. Y allí empieza todo.

Sergio Ríos es natural de Ceuta, donde nació en 1975. Cumplirá el próximo 20 de enero 44 años. Robusto, moreno, no muy alto, fue militar profesional y desde siempre se ha mantenido en muy buena forma física. Es asiduo a los gimnasios y practica el running como entrenamiento de las carreras populares en las que participa, su otra gran pasión. Cuando acabó su relación con el Ejército se vinculó al mundo de la noche. Fue portero de locales y discotecas y recaló en el Flower’s. Allí, en las cancelas del burdel, inició su vinculación con Gascón. Era su jefe.

Antes de ser carne de titulares de prensa, Mario Gascón fue fraile mercedario, agente de la inteligencia militar, se infiltró en grupos de insumisos y de extrema izquierda en los 80 y pasó después a ser director de discotecas, locales gays y puticlubs por toda España: en Barcelona, Madrid, Valencia… Dejó huella tras sus pasos por el People’s de Orihuela, el Lovely de Madrid y, cómo no, el Flower’s de la carretera de La Coruña. Él ha recalcado que su trabajo en estos locales lo hizo siempre en colaboración directa con «los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado» ya que «la información y la lucha contra la delincuencia se realiza en este tipo de lugares». Hace unos años concretó su actividad en una entrevista con City Fm Radio: «He hecho trabajos de información de todo tipo: narcotráfico nacional e internacional, tráfico de armas, delincuencia común, atracos, robo de diamantes, sicarios colombianos. Algunos con más éxito y otros con menos. Siempre con el conocimiento de la Guardia Civil. Algunas veces me pedían servicios concretos».

Según Gascón, el más famoso de estos «servicios concretos de información» tuvo lugar precisamente en la discoteca Flower’s. Y fue el encuentro celebrado el 6 de marzo de 2003 entre José Emilio Suárez Trashorras y Antonio Toro (ambos integrantes de la trama asturiana del 11-M) con Rafael Zouhier (otro condenado por aquellos atentados y captado entonces por Gascón como confidente de la UCO). En ese local, Trashorras le entregó a Zuhier una muestra de explosivos y detonadores robados de la mina Conchita, material que acabó en manos de la Guardia Civil. Sucedió que, según declaró en el juicio el agente de la Benemérita que controlaba a Gascón y a Zuhier, «la muestra del explosivo no se llegó a analizar porque otro agente, a simple vista, dijo que era dinamita en mal estado». Esa Goma-2, según la sentencia, fue la que estalló en los trenes el 11-M.

La información en los puticlubs, según Mario Gascón, fluye. Y los que trabajan en seguridad, como hicieron él y Sergio Ríos en aquellos años, pueden obtener mucha por su acceso a los clientes, a las chicas, a lo que hablan los clientes con las chicas, a los pagos que se realizan con tarjetas, al trapicheo de drogas… y se obtiene mucho aviso fresco, bueno y de primera mano. Es una fuente, según él, impagable para la Policía y la Guardia Civil.

Según ha confirmado Mario Gascón a Crónica, «Sergio Ríos trabajó como portero y como seguridad de Flower’s durante 2003. Allí coincidió con Rafael Zuhier y con otro Sergio en ese tipo de labores. Puedo asegurar que no trabajaba para la UCO, pero sí daba a entender que seguía manteniendo algún tipo de relación con el Ejército. Yo creo que ya informaba a la Policía». ¿Infiltrado ya entonces, o simple fanfarrón?

Mario Gascón se ha visto inmerso en los últimos años en diferentes problemas legales. Primero tuvo discrepancias económicas con los propietarios de los locales nocturnos en los que trabajaba. Más tarde, se vio involucrado en un ajuste de cuentas entre colombianos con el resultado de un muerto. También fue detenido en Honduras en 2009 por un presunto delito de «boicot electoral» al impedir en unas elecciones votar a la gente. Y el pasado mes de junio, en Zaragoza, fue detenido por un presunto delito de narcotráfico tras recoger junto a otra persona un paquete con 600 gramos de cocaína. Gascón quita importancia a esto último: «Me quisieron tender una trampa pero ya está todo aclarado»…

SEGUNDA ESCENA

Al volante de Bárcenas

(O CÓMO RÍOS LLEGÓ A VER POR EL RETROVISOR A LUIS EN EL COCHE DEL PARTIDO)

La existencia de Sergio Ríos, el chófer, tampoco se queda corta en aventuras y, como veremos, en episodios dignos, algunos de ellos, de las mejores novelas de John Le Carré. Sobre todo tras su implicación en el presunto robo de documentos, papeles y agendas del que fuera tesorero del Partido Popular, actualmente en prisión condenado por el caso Gürtel, Luis Bárcenas. Al trabajar para la familia Bárcenas y, según la Fiscalía, ser captado por la banda de los comisarios Villarejo y García Castaño para traicionar al político popular, es más que apropiado el apodo que le ha sido asignado: el Topo.

Después de su paso como portero de noche de Flower’s (hizo las mismas tareas en otro prostíbulo madrileño de la carretera de Burgos), en abril de 2006 Sergio Ríos pasa las pruebas de vigilante de seguridad convocadas por la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior, y empieza a trabajar como vigilante en empresas relacionadas con la construcción. Se conoce su relación con varias que realizan promociones en la localidad madrileña de Valdemoro, lugar donde se traslada a vivir y donde, años después, será padre de un niño con su pareja, P. Martínez.

Todos los datos apuntan a que fue en Valdemoro donde estableció un primer contacto con los dirigentes del Partido Popular. En 2004 Francisco Granados, que había sido alcalde del municipio desde 1999, es nombrado secretario general del PP de Madrid y consejero de Transportes de la Comunidad. Sólo cuatro años después Sergio Ríos mete la cabeza en el entorno de la formación, coincidiendo con que Granados es nombrado consejero de Justicia e Interior. En ese 2008, el ex portero del burdel fue contratado para vigilar un descampado, el solar donde se había proyectado construir la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid.

Ese servicio de vigilancia se concedió a una empresa mixta en la que tenía participación el grupo Serygur, que en el año 2008 pasó a denominarse Alium. Las empresas del grupo Serygur cobraron por este trabajo cerca de un millón de euros. Así quedó certificado en la comisión de investigación que la Asamblea de Madrid abrió para cuantificar el agujero negro del macroproyecto fallido de Esperanza Aguirre.

Al frente del grupo Serygur aparece Álvaro de la Cruz, cuyo nombre es mencionado en el sumario del caso Gürtel como supuesto receptor de 30.000 euros de la «caja B» de Francisco Correa. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) le vinculó también con Luis Bárcenas. Según la Policía, el ex tesorero del PP habría presionado presuntamente al entonces consejero madrileño de Justicia, Alfredo Prada, para que la concesión por 700.000 euros de la seguridad del descampado de la Justicia fuera para Serygur.

Como director de seguridad del Campus de la Justicia fue nombrado Andrés Gómez Gordo, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, con un sueldo de 6.000 euros limpios al mes y una indemnización tras la liquidación del proyecto de 30.000 euros. De ahí, Gómez Gordo fue contratado como asesor de seguridad de Francisco Granados y Sergio Ríos como conductor del consejero.

Esta relación entre Gómez Gordo y Sergio Ríos es importante porque es la que explica su contratación posterior como chófer de la familia Bárcenas. En 2010 el inspector se reincorporó a la Policía y ocupó un puesto en el gabinete de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Al año siguiente, 2011, María Dolores de Cospedal le lleva consigo al Gobierno de Castilla-La Mancha, para ocupar el puesto rimbombante de «director de análisis y documentación». Aunque, en realidad, se dedicaba a la suyo: la seguridad y la información.

Por aquellas fechas, cuando Cospedal compaginaba su cargo de presidenta manchega con la secretaría general del PP, estalla el caso Gürtel, con la implicación posterior de Luis Bárcenas. En este contexto, Cospedal decide pagarle los gastos del coche y del conductor al ex tesorero y, por recomendación de Andrés Gómez Gordo, se contrata a Sergio Ríos como chófer. Así llegó a ver por el retrovisor Ríos a Bárcenas en el coche del partido: un Audi A6 con los cristales tintados. Aunque también, en ocasiones, se ponía al volante del vehículo particular de los Bárcenas: un Audi Q7.

TERCERA ESCENA

El chófer se mete hasta la cocina…

(O CÓMO EL COMISARIO VILLAREJO ‘ASALTA’ Y CAPTA AL CHÓFER EN PLENA CALLE)

En todos los relatos de espías aparece el factor humano. Este elemento también es importante en la historia de nuestro chófer. Resulta que el distanciamiento entre Bárcenas y el PP se fue produciendo poco a poco: en 2009 el ex tesorero se desvincula del partido tras su imputación en la red de financiación ilegal del PP, pero mantiene su escaño de senador. Fue al año siguiente, 2010, cuando renuncia a su escaño de senador y el partido anuncia que deja de pagarle su defensa y, se sobreentiende, también el coche y el chófer. Pero esto no fue así, por lo menos hasta junio de 2013, cuando estalla la información de sus cuentas secretas en Suiza: más de 48 millones de euros. A partir de este momento la guerra es total entre Bárcenas y Cospedal. Y en medio se encuentra Sergio Ríos, asistiendo al combate.

A Bárcenas le retiran el coche y el chófer del partido, pero Ríos decide quedarse con la familia, a la que ha cogido afecto y con la que lleva al menos tres años de servicio. Además, le siguen pagando sus honorarios.

Es el momento en el que la figura de Ríos se hace más popular al acompañar a Bárcenas en todas sus comparecencias judiciales, abriendo y cerrando las puertas de su Audi Q7. Pero también llegan los momentos más difíciles, cuando Bárcenas es enviado a prisión en junio de 2013 y, finalmente, cuando canta la Traviata ante el juez Ruz, desvelando que toda la contabilidad en negro del PP publicada era cierta.

Por entonces Ríos ya trabaja sólo para la familia, centrándose en Rosalía Iglesias, la mujer del ahora preso. La demostración de que, pese al bloqueo judicial de sus cuentas, la familia sigue disponiendo de cash es que desde la prisión de Soto del Real Bárcenas adquiere por 92.000 euros un nuevo coche: un Range Rover 4.4 TDV8 que, cómo no, pone a las manos de quien él piensa que sigue siendo un persona de su confianza, Sergio Ríos.

Pero dejaría de ser así. Según lo publicado durante los últimos días por EL MUNDO, Sergio Ríos fue captado como topo por los comisarios Enrique García Castaño y José Villarejo en una operación que la Policía Nacional puso en marcha ese mismo año, 2013, con el objetivo de arrebatar el arsenal documental que el ex tesorero del PP pudiera tener en contra de su partido. Este operativo policial, bautizado como Kitchen porque entraron «hasta la cocina» del ex tesorero, está siendo investigado por dos juzgados de la Audiencia Nacional (uno, el del juez Egea, que investiga la presunta mafia creada por García Castaño y Villarejo, y otro, el del juez De la Mata, que investiga la caja B del PP).

Para ganarse a Ríos, los agentes de Interior ensayaron varias estrategias. Primero, una más sutil, utilizando al que fuera su antiguo jefe en la Comunidad de Madrid, el policía Gómez Gordo, quien, según ha declarado él, se negó en rotundo. En segundo término, lo intentaron por las bravas: Sergio Ríos fue abordado en plena calle por los comisarios Villarejo y García Castaño, quienes, a golpe de placas, asustaron al hasta entonces fiel conductor y finalmente le convencieron para trabajar a sus órdenes, según lo investigado por la Fiscalía, con el pago de 2.000 euros al mes de los fondos reservados (llegaría a cobrar 48.000) y una promesa de ingreso en la Policía Nacional.

Tras algunas dudas, no muchas, Ríos se convierte en topo oficial de Villarejo y compañía. Quien paga manda y así, según la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, sustrajo fuera del control judicial gran cantidad de documentación sensible contra el PP y sus máximos dirigentes. Una de sus últimas hazañas: facilitar a la Policía las claves de alarma del escondite donde la familia Bárcenas ocultaba la documentación referente al partido. Al igual que un escritor deja un borrón, también los topos espías cometen errores y Ríos se equivocó en el primer número de la contraseña. La alarma se disparó pero la Policía supo salvar la situación y hacerse con su deseado tesoro.

La familia Bárcenas nunca sospechó de Ríos, pero sí empezó a desconfiar de su actitud cuando ocurrió el extraño asalto a su domicilio protagonizado por un perturbado vestido de cura que pretendía hacerse con el pendrive que contenía toda la documentación escondida por el ex tesorero. Ese día Ríos libraba pero, casualidades de la vida, se encontraba en la calle cuando Rosalía empezó a pegar gritos y subió corriendo a la vivienda para ayudar a su hijo Guillermo, que había empezado a reducir al asaltante armado. Según fuentes de la familia, ahí empezaron sus recelos.

Pero la actuación del chófer como infiltrado nunca fue descubierta, hasta ahora. Y tal como le prometieron, consiguió aprobar a punto de cumplir 40 años, el 27 de julio de 2015, en penúltimo lugar (el 253 de 254), su plaza en la escala básica de la Policía. Ahora se encuentra destinado en la Brigada de Transporte, con AVE gratis y libranzas por horas de servicio.

Aunque, en su trayecto, tiene una estación de destino más próxima, y solicitada por la Fiscalía Anticorrupción: declarar como imputado en la Audiencia Nacional por meterse hasta «la cocina» de los Bárcenas.

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Con información de Juan Antonio Tirado

Las dos páginas del sucinto auto que el juez Manuel García-Castellón hizo público el lunes asestan un severo golpe al Partido Popular. Una vez levantado el secreto de sumario de la Operación Kitchen, el escrito señala que hubo responsables de la Administración superior del Estado en la época en la que gobernaba Mariano Rajoy que presuntamente pusieron en marcha un “operativo parapolicial” con el objetivo de obtener información del extesorero de la fuerza conservadora, Luis Bárcenas, que pudiera comprometer a altos dirigentes del partido. El objetivo: que no llegara al juzgado de la Audiencia Nacional que investigaba entonces la caja b del PP.

La Fiscalía Anticorrupción pidió unos días antes la imputación de los exministros Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal —y del marido de esta, el empresario Ignacio López de Hierro— en este turbio asunto que forma parte de una de las 25 líneas de investigación abiertas en el caso Villarejo. La detención de este personaje en noviembre de 2017 ha permitido sacar a la luz la existencia de una extensa red de espionaje que patrocinó desde su posición de poder dentro de las estructuras del Estado con el fin de extorsionar a empresarios, políticos, periodistas y altos funcionarios. El paso dado tras conocerse lo que esconde la Operación Kitchen apunta a la posibilidad de que el exministro del Interior y la entonces secretaria general del PP se hayan servido de los recursos de Villarejo para atender a un fin estrictamente partidista: proteger a cargos relevantes del PP boicoteando una investigación judicial de financiación irregular.

A la justicia le toca ahora hacer su trabajo. La presunción de inocencia está por delante de cualquier conclusión precipitada sobre un caso que está encharcado por la basura de las actividades de una mafia policial que se movió a sus anchas durante años en el corazón de la Administración. Fue a los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño a quienes se les encargó iniciar esa investigación irregular en el entorno de Luis Bárcenas que fue pagada, además, con fondos reservados. Anticorrupción ha dado más detalles del engranaje puesto en marcha, como las pesquisas hechas por el chófer de Bárcenas o los mensajes telefónicos incautados al entonces secretario de Estado de Seguridad y número dos en Interior, Francisco Martínez. La información aportada por este puede ser esencial en el caso, pues apunta a que el entonces ministro de Interior estaba al tanto de lo que se hacía. Tienen otra relevancia, más política, las observaciones que hizo cuando se sintió abandonado por su partido y afirma que fue utilizado: “Lo que quise es ser leal y eficaz”, una manera de entender la política que da por sentado que para conseguir esos objetivos se puede actuar al margen de la ley.

Detrás de la Operación Kitchen asoma la financiación irregular del Partido Popular. La posibilidad de haber utilizado las cloacas del Estado para obstruir una investigación judicial que podía perjudicar a algunos de sus miembros no es un detalle menor en esa trama que sigue pasándole factura a la formación conservadora y que coloca a su actual líder, Pablo Casado, en la tesitura de tener que depurar responsabilidades para erradicar del partido unos graves comportamientos que no tienen pase en una democracia.

El presunto muñidor de la denominada policía patriótica, el comisario Eugenio Pino, y uno de sus subordinados, el inspector Bonifacio Díaz Sevillano, se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid en junio del próximo año por el supuesto intento de introducir documentos obtenidos de manera presuntamente irregular en el sumario del caso Pujol. Coincidiendo con esta citación, se ha sabido, además, que otro presunto integrante de esta oscura trama, el comisario Andrés Gómez Gordo, va a ocupar la jefatura de una comisaría de Madrid. Gómez Gordo, actualmente en Alicante, obtuvo su nuevo puesto en un concurso de méritos celebrado en noviembre, pese a estar imputado por el espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas.

Más allá del problema de presunta corrupción policial puesto de relieve por las actuaciones conocidas del comisario jubilado Villarejo y de su entorno, la extensión de la trama, así como su supervivencia en el tiempo, suscita numerosos interrogantes acerca del papel que pudo desempeñar en su creación el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz. En su caso, se da además la circunstancia de que él mismo fue víctima del espionaje, al ser grabado en su despacho oficial. Aun en el supuesto de que Fernández Díaz no tuviera responsabilidad alguna en los informes por los que funcionarios policiales a sus órdenes están compareciendo ante los jueces, el hecho de que un ministro no esté seguro en la sede de su propio ministerio revela deficiencias inconcebibles en su gestión, así como errores inexplicables en la confianza depositada en personas con acceso a él. La llegada al Ministerio del Interior de su actual titular en funciones, Fernando Grande-Marlaska, supuso el fin de las prácticas de la policía patriótica, uno de cuyos integrantes —Villarejo— se encuentra en prisión y otros se encuentran imputados por la Audiencia Nacional.

La promoción de Gómez Gordo no tiene por qué responder necesariamente a una reminiscencia de las cloacas que Grande-Marlaska consideró desmanteladas en abril, puesto que se ampara en la presunción de inocencia que establece el Estado de derecho y en una normativa policial excesivamente laxa. Pero suscita una duda inevitable sobre si, en efecto, el trabajo pudo o no ser completado. Entre otras razones, porque no es esta la primera vez en que la carrera del comisario Gómez Gordo parece inmune a su situación judicial, sin que los máximos responsables de Interior hayan podido hacer otra cosa que lamentarlo.

Villarejo no solo fue el responsable de crear una trama privada que actuaba en paralelo a la policía, sino que además participó en una brigada parasitaria del Estado, que se valía de sus medios materiales y de sus agentes. Por eso es preciso conocer quién en el Estado, y a qué nivel, decidió que se inhibieran los controles.