Tragedia Joseba Andoni Urdaniz: El escolta del PSOE que murió abatido tras abrir fuego contra Guardias Civiles a los que confundió con etarras

El clima de terror generado por ETA en Euskadi es la causa última de que se produzcan sucesos como el de ayer en San Sebastián, donde el escolta Joseba Andoni Urdaniz, que protegía a una concejal socialista, murió en un tiroteo con agentes camuflados de la Guardia Civil que perseguían a unos presuntos atracadores con sus pistolas desenfundadas. El escolta debió creer que se trataba de un atentado y cayó abatido en el cruce de disparos.

Con independencia de que se esclarezcan todos los extremos del caso, es obvio que la presión que ejercen los violentos sobre toda la sociedad aumenta el riesgo de incidentes fatales. La necesidad de garantizar al máximo la protección de los colectivos amenazados por los terroristas (cargos públicos, concejales, jueces y fiscales, profesores, empresarios, periodistas…) ha ido elevando progresivamente el número de agentes, tanto de los distintos cuerpos de seguridad como privados, que realizan labores de escolta.

El aumento de la demanda de protección y la urgencia que conlleva no sólo representan un desafío a la capacidad operativa de las fuerzas de orden público para garantizar un servicio vital. También lo es para las empresas privadas de seguridad, impelidas a preparar a marchas forzadas a sus trabajadores para actuar en situaciones límite, como la que le ha costado la vida a un joven de 32 años a quien sus compañeros tenían catalogado como ‘un verdadero profesional’.

El incidente reabre también el debate sobre las condiciones laborales que soportan los escoltas privados en general y en el País Vasco en particular. Las asociaciones que los agrupan (el fallecido era delegado en Guipúzcoa de la Asociación Española de Escoltas) reclaman mejoras ‘básicas’ para el adecuado desempeño de su profesión, como trabajar en pareja o disponer de un vehículo propio, sin descartar la equiparación con los miembros de las fuerzas de seguridad que realizan las mismas funciones.

Es un milagro, aseguran expertos en seguridad ciudadana, que hechos como el de ayer no se hayan repetido en más ocasiones teniendo en cuenta el cada vez más elevado número de personas que van armadas en Euskadi. Esta nueva muerte fue lamentada por todos los partidos democráticos vascos. Y, como de costumbre, dirigentes de Batasuna, en este caso sus concejales de San Sebastián, dejaron muestra de su cinismo al calificar lo ocurrido como un ‘accidente laboral con el que se busca un eco mediático’.

Hacia las 8.30 de la mañana de ayer, cuando este periódico acababa de salir a los quioscos informando de que ya son 5.500 los escoltas que protegen a personas amenazadas en el País Vasco, se producía en las calles de San Sebastián un desgraciado accidente que subraya en toda su crudeza el clima de psicosis y excepcionalidad que se vive en esta comunidad debido al terrorismo de ETA. El escolta privado de una concejal socialista de Lezo murió a consecuencia de los disparos de tres guardias civiles de paisano, contra los que abrió fuego al creer que eran etarras que pretendían asesinar a su protegida. Los agentes del instituto armado perseguían, sin distintivo alguno del cuerpo, a varios delincuentes que presuntamente iban a atracar un banco.

El suceso ha estremecido a todos y son muchos los comentarios a los que puede dar lugar. Se trata, sin duda, de una «desgracia lamentable» y de una «dramática equivocación», como ayer dijo el ministro del Interior, Mariano Rajoy, de los profesionales que tienen en sus manos la seguridad ciudadana. Pero en ningún caso cabe achacar ni al escolta que disparó a los agentes de la Guardia Civil ni a éstos negligencia profesional alguna. Todos cumplieron con el que era su deber. El guarda privado desenfundó su pistola al ver a tres individuos armados que corrían hacia él. Y los guardias civiles dispararon en defensa propia.

La única responsabilidad de un hecho tan desgraciado y lamentamos remitirnos por este motivo a lo que decíamos ayer hay que buscarla en la psicosis colectiva que el terror provoca en las calles del País Vasco. Partidos, sindicatos y compañeros del escolta desaparecido han atribuido su muerte, atinadamente, al «maremágnum de gente armada» que pulula todos los días por ciudades y pueblos vascos. Item más. Casi todo el mundo coincide en que con la cantidad de personas que desempeñan labores de seguridad, sucesos de esta naturaleza tienen que ocurrir tarde o temprano.

Lo único susceptible de discusión es si los guardias civiles hubieran debido llevar algún tipo de distintivo en la persecución de los delincuentes. En ningún caso se puede hablar de problemas de coordinación entre diferentes cuerpos policiales, puesto que el desafortunado protector de la concejal era de una empresa privada.

Y en este punto llegamos a la reflexión que sí suscita esta desgracia.¿Es correcto que la seguridad de los cargos públicos esté en manos de agentes privados? Creemos que es una situación que debería corregirse. No sólo porque en un Estado de Derecho son las Fuerzas de Seguridad del Estado quienes han de garantizar la seguridad ciudadana, sino también porque si el escolta de la edil socialista hubiera sido un ertzaina, un policía o un guardia civil, sí habría sido posible la coordinación de sus actuaciones para evitar el trágico suceso.