Tropas de la OTAN logra detener a Momcilo Krajisnik, mano derecha de Radovan Karadzic y lo entrega a La Haya

El caso de Momčilo Krajišnik plantea una cuestión fundamental sobre la responsabilidad de los dirigentes civiles durante una guerra: ¿hasta dónde alcanza la culpabilidad de un político que no dirige personalmente las tropas, pero participa en las decisiones que hacen posibles sus crímenes? El antiguo presidente del Parlamento serbobosnio no fue juzgado por haber ocupado un cargo institucional ni por defender la creación de una entidad política serbia en Bosnia-Herzegovina. Fue procesado por su intervención en una política de transformación étnica del territorio mediante la expulsión de sus habitantes musulmanes y croatas. La sentencia definitiva de 2009 estableció que Krajišnik participó, junto a Radovan Karadžić y otros dirigentes, en un proyecto criminal destinado a reducir drásticamente la presencia de poblaciones no serbias en extensas zonas de Bosnia. Su posición al frente de la Asamblea y su influencia dentro del Partido Democrático Serbio le permitieron contribuir a la definición y puesta en práctica de aquella política. La guerra no se libró únicamente en los frentes militares: también se preparó en las reuniones de los órganos políticos, en la delimitación de territorios y en las decisiones que pretendían convertir regiones étnicamente diversas en espacios dominados por una sola comunidad. La condena demuestra que quienes participan deliberadamente en una campaña de deportaciones pueden responder penalmente por ella, aunque no hayan ejecutado personalmente las expulsiones.

La reducción de su pena de veintisiete a veinte años obliga, sin embargo, a distinguir cuidadosamente entre las responsabilidades acreditadas y las que la acusación no consiguió demostrar. En 2006, los jueces habían considerado a Krajišnik culpable también de asesinatos y exterminio, además de las deportaciones y persecuciones. Tres años después, la Sala de Apelaciones revocó aquella parte de la sentencia porque la fundamentación no permitía atribuirle esos crímenes con el rigor exigido por el derecho penal internacional. También quedó absuelto de genocidio y complicidad en genocidio. Esta rectificación no constituye una exoneración general de su actuación política ni niega las matanzas cometidas durante la guerra. Establece, sencillamente, que la participación en una empresa criminal conjunta no convierte automáticamente a cada uno de sus miembros en responsable de todos los delitos perpetrados por quienes operaban sobre el terreno. Para extender la culpabilidad a asesinatos y exterminios es necesario demostrar los requisitos jurídicos correspondientes, incluida la relación del acusado con la ampliación de los objetivos criminales. La distinción resulta particularmente importante cuando se juzga a responsables civiles alejados de la ejecución material de los crímenes. Una justicia que pretende establecer responsabilidades individuales debe ser capaz tanto de condenar las actuaciones probadas como de revocar aquellas condenas que no están suficientemente fundamentadas.

La sentencia de Krajišnik revela, finalmente, que una institución parlamentaria no queda al margen del derecho penal internacional por el mero hecho de presentarse como órgano representativo de una comunidad. El Parlamento serbobosnio fue uno de los escenarios en los que se formularon las aspiraciones territoriales de los dirigentes nacionalistas y se discutieron las políticas destinadas a hacerlas realidad. La responsabilidad penal no nace de votar una determinada propuesta política, sino de participar conscientemente en un plan cuya ejecución exige cometer delitos contra la población civil. En este caso, los jueces consideraron probado que Krajišnik compartió el propósito de desplazar por la fuerza a musulmanes y croatas de territorios que los dirigentes serbobosnios pretendían controlar. Su condena no equivale a atribuir responsabilidad colectiva a los diputados de aquella Asamblea, a todos los miembros de su partido ni a la población serbia de Bosnia. Pero sí recuerda que la separación entre política y guerra puede resultar ficticia cuando los responsables civiles diseñan o impulsan los objetivos que después ejecutan las estructuras militares y policiales. La excarcelación anticipada de Krajišnik en 2013, tras cumplir aproximadamente dos tercios de su condena, puso fin a su encarcelamiento, no a la validez de la sentencia. El legado judicial de su caso consiste en haber establecido que la persecución y el desplazamiento forzoso de comunidades enteras pueden ser crímenes organizados desde la dirección política, incluso cuando el dirigente condenado nunca haya empuñado un arma.

JF