Tropas norteamericanas capturan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y lo sacan del país junto a su esposa para que sea juzgado en Estados Unidos por narcotráfico

La captura del presidente Nicolás Maduro tras una operación militar de Estados Unidos en Venezuela que vulnera las leyes internacionales abre un escenario peligroso. El riesgo de este momento es doble. Por un lado, que se pretenda presentar una operación militar ilegal como sinónimo de liberación democrática. Por otro, que el chavismo utilice la intervención extranjera y la captura de su líder como coartada para cerrar filas, militarizar aún más el país y justificar una represión sin límites bajo el discurso de la defensa nacional. Ninguna de las dos narrativas resiste un análisis serio. La violencia, venga de donde venga, no construye instituciones ni restituye derechos.

La decisión de Donald Trump culmina un año de política exterior impulsiva, personalista, que ignora las normas multilaterales. Trump no actúa aquí como garante de la democracia, sino que sitúa la fuerza por encima del derecho. Otras potencias tomarán nota de las nuevas reglas cuando miran a Taiwán o a Ucrania. Señalarlo no es una defensa del régimen venezolano, sino una advertencia: la democracia no se exporta a golpe de misil ni se impone desde el aire. Mucho menos cuando quien la invoca ha mostrado reiteradamente su desprecio por las instituciones.

Esa deriva quedó aún más clara cuando el propio Trump afirmó que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela hasta que haya una “transición segura”, asumiendo de facto el control del país y sin mencionar en ningún momento a la oposición democrática venezolana. La afirmación es inaceptable. No existe transición legítima bajo tutela extranjera ni democracia posible si el futuro de un país se administra desde fuera como un protectorado.

A esa pretensión política se suma otra no menos alarmante: el anuncio de que compañías estadounidenses se harán cargo de la industria petrolera venezolana para “hacer dinero”, lo que refuerza la percepción de que la intervención no busca restituir derechos, sino administrar poder y riqueza. Aunque se invoque la reconstrucción de una infraestructura devastada, se trata de una apropiación externa por la fuerza de los recursos naturales que confunde ayuda, inversión y dominación económica.

Son horas de confusión en cuanto al liderazgo real del régimen venezolano. Pero una hipotética transición solo será legítima si es pacífica, ordenada y pactada. En ese sentido, la decisión de la líder opositora María Corina Machado de no llamar a la salida a la calle en medio de la escalada militar, sino a la espera y a la contención, apunta en la dirección correcta. No es un gesto de debilidad, sino de responsabilidad política de quien en 2024 ganó las elecciones con Edmundo González como candidato. No hay atajos duraderos. América Latina conoce bien las consecuencias de las soluciones impuestas por la fuerza. Condenar la operación militar no legitima a Maduro, un presidente ilegítimo tras años de fraude electoral, represión, anulación de la separación de poderes y persecución de la disidencia.

La prioridad inmediata debe ser una desescalada urgente y descartar cualquier operación militar adicional como ha amenazado Trump. La comunidad internacional, empezando por Europa y los países de la región, debe ser coherente: condenar cualquier violación del derecho internacional y, al mismo tiempo, reconocer con claridad dónde reside hoy la legitimidad democrática en Venezuela. Ese problema no es coyuntural ni táctico: se llama autoritarismo, corrupción y narcotráfico. El respeto a las normas internacionales y la exigencia de que se respete el mandato expresado en las urnas por los venezolanos hace un año no son objetivos incompatibles. Son, de hecho, inseparables.

Para el chavismo, este momento marca un punto de inflexión histórico. Lo más responsable que pueden hacer quienes aún sostienen el régimen es deponer la violencia y aceptar que el ciclo está agotado. La ciudadanía ya habló en las urnas. Dejar que triunfe la democracia no significa entregarse a un líder extranjero ni someterse a una agenda ajena, sino reconocer que ningún proyecto político puede sostenerse indefinidamente contra su propio pueblo.

En medio de la confusión y la propaganda cruzada, hay una certeza que no debería perderse: no habrá democracia sin reglas, ni reglas sin contención de la fuerza. La desescalada inmediata es el primer paso indispensable. El siguiente es abrir un proceso de transición que respete el resultado electoral de julio de 2024, cierre de verdad la etapa del chavismo autoritario y devuelva a los venezolanos algo que les ha sido negado durante demasiado tiempo: la posibilidad de decidir, sin miedo y sin tutelas, el destino de su país.

La captura de Maduro por fuerzas especiales de EE.UU. no cierra el drama venezolano, sino que abre una fase aún más delicada. Cortada la cabeza del narco-Estado, lo que está en juego no es solo el castigo a un dictador, sino la legitimidad del proceso que debe sustituirlo. Y en ese punto conviene decirlo sin rodeos: la transición democrática de Venezuela debe estar liderada por los venezolanos, no administrada desde Washington como si el país fuera una colonia. Venezuela tiene un presidente electo. Se llama Edmundo González. Ganó unas elecciones que le fueron robadas mediante fraude, coacción y violencia institucional. Negar ahora esa legitimidad -o diluirla en fórmulas transitorias tuteladas desde el exterior- supondría cometer un segundo atropello democrático, esta vez con el pretexto del orden y la estabilidad.

Las declaraciones del Trump, anunciando que EE.UU. «gobernará Venezuela hasta que se ponga a otro de los venezolanos», son políticamente torpes y estratégicamente peligrosas. No porque Washington no tenga un papel que desempeñar –lo tiene, y será decisivo–, sino porque confunden tutela con sustitución, apoyo con apropiación. El lenguaje importa. Y hablar de gobernar un país ajeno activa reflejos históricos que Iberoamérica conoce demasiado bien: virreinatos, Estados títere, administraciones coloniales con otro nombre.

La historia reciente ofrece demasiados ejemplos de cómo empiezan estas fórmulas y de cómo terminan. La caída de un dictador no legitima automáticamente cualquier política del día después. Menos aún cuando ese diseño parece responder a la mentalidad transaccional de Trump y está concebido sin los actores que sostuvieron la resistencia democrática desde dentro y pagaron el precio más alto. Más grave todavía es la disposición, implícita en esas palabras, a dialogar con los restos del régimen. Con los arquitectos del narco-Estado. Con quienes hicieron posible que Venezuela se convirtiera en un santuario del crimen organizado, el narcotráfico y que provocaron el exilio de siete millones de personas. No hay transición democrática posible pactando con ellos. Eso no es pragmatismo: es blanqueamiento. Y suele acabar consolidando lo que se pretendía desmantelar. La intervención de Trump dejó, además, un mensaje inquietante: su planteamiento beneficia objetivamente a la cúpula chavista superviviente, en particular a figuras como Delcy Rodríguez y su entorno, que aspiran a reciclarse como interlocutores inevitables del nuevo orden. Es el viejo truco de las dictaduras: caer hacia arriba, sobrevivir en la negociación lo que no se pudo sostener en las urnas.

Frente a ese riesgo, la comunidad internacional debe reafirmar una línea roja elemental: la legitimidad política está en manos de la oposición democrática, no de los restos del aparato chavista. Y esa oposición tiene hoy dos referentes claros. El primero, institucional: González, presidente electo. El segundo, político y moral: Machado, cuya valentía y constancia han sostenido la resistencia democrática cuando muchos preferían mirar hacia otro lado. Resulta desafortunado que Trump haya cuestionado el apoyo interno hacia la premio Nobel de la Paz, trofeo que él quería para sí. Es al revés: sin su liderazgo no habría habido victoria electoral, ni movilización ciudadana, ni aislamiento final del régimen. Desautorizarla desde fuera solo debilita a quienes han asumido los mayores riesgos dentro del país.

EE.UU debe impulsar y proteger -no dirigir- la transición. Garantizar seguridad, exigir elecciones limpias, apoyar la reconstrucción institucional, facilitar el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos. No gestionar directamente el poder, no repartir cargos, no diseñar un reparto de recursos. Mucho menos insinuar que el objetivo final es asegurar el control del petróleo venezolano, como quedó imprudentemente esbozado en la intervención presidencial. Venezuela no necesita un nuevo amo. Necesita soberanía democrática, algo incompatible con administraciones provisionales impuestas, con negociaciones opacas con los restos del régimen o con discursos que reducen la libertad de un país al reparto de sus recursos. La comunidad internacional –y especialmente EE.UU.– debe entender que su autoridad moral termina donde empieza la voluntad de los venezolanos. La caída de Maduro es una victoria contra la barbarie, pero no legitima cualquier desenlace. El único final aceptable no admite atajos: que el poder vuelva a quien lo ganó, que los cómplices del narco-Estado respondan ante la Justicia y que Venezuela decida su futuro sin intermediarios interesados. Todo lo demás no sería una transición democrática, sino otro fraude, esta vez cometido en nombre del orden.

Estados Unidos ha agredido Venezuela. Ya no es una presión económica, una amenaza diplomática o una campaña mediática orquestada por la asociación de plumas del imperio. Se trata de un ataque militar, del secuestro de un presidente latinoamericano en ejercicio y de la amenaza de nuevos bombardeos si la cadena de sucesión de Miraflores no se entrega incondicionalmente.

Desde que Marco Rubio asumió su puesto como secretario de Estado, se hizo evidente que el imperialismo estadounidense entraba en una nueva-vieja fase. “Nueva” porque, a diferencia de Clinton, Bush (hijo), Obama y Biden, que optaron por un injerencismo light a través del comercio, las embajadas y la siempre solícita oligarquía cipaya latinoamericana, Donald Trump abrió la puerta a las agresiones crudas, con bombardeos y boots on the ground. “Vieja” porque, en realidad, Estados Unidos ha intervenido decenas de veces en prácticamente todos los países latinoamericanos.

Y la fórmula ensayada la conoce el mundo de sobra, aunque algunos (por inocencia o por complicidad) la han ignorado. Se construyó mediáticamente al enemigo, se deshumanizó a sus bases y se diseñó quirúrgicamente la retórica de las “armas de destrucción masiva” que justificasen, en pos de la seguridad nacional de Washington, la agresión. Por eso Trump habló del fentanilo en esos términos, aunque Venezuela no sea un actor de peso en la problemática interna de Estados Unidos, fruto de la muy rentable inutilidad de su sistema de salud.

La representante local de los intereses petroleros y extractivos de Estados Unidos, María Corina Machado, venía ya suplicando una agresión armada contra su propio país… Algo que, en cualquier otra latitud, sería entendido automáticamente como alta traición. Machado ofreció un plan acelerado de privatizaciones y entrega del suelo venezolano. Ofreció, antes siquiera de tenerlo en su poder, el petróleo, el oro, la bauxita y el futuro de Venezuela.

Ahora, con el presidente Nicolás Maduro secuestrado ante la pasividad de buena parte de la “comunidad internacional”, ella aceptará —si acaso se los dan— los cargos de presidenta “encargada” y de jefa universal de la libertad.

Desde las elecciones presidenciales del año 2024, el antichavismo y la Casa Blanca han insistido en la narrativa del fraude electoral. Pero, independientemente de aquella campaña, lo cierto es que Maduro no ha sido secuestrado por nada que tenga que ver con actas, urnas o recuentos. Ha sido secuestrado en base a una acusación sin pruebas, discrecional y absurda de “narcoterrorismo”. Una que, mañana mismo, podría ser empleada contra cualquier presidente latinoamericano que no sirva a los intereses imperiales del hegemón del norte.

Estados Unidos ha bombardeado Venezuela como antaño bombardeó e invadió tantos otros países en América Latina. Guatemala, México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana, Granada, Haití, Cuba, República Dominicana… En aquellas ocasiones, los agredidos también eran “tiranos” y el ataque también era “una excepción”.

Y, sin embargo, junto a las oligarquías cipayas —cuya sumisión a Estados Unidos es, a menudo, diligentemente recompensada—, hay que leer al malmenorismo centroizquierdista condenar la agresión, pero condenando también a la propia Venezuela. En realidad, la diferencia sustancial entre el chavismo y el resto de expresiones políticas del fecundo —pero frustrado— ciclo de gobiernos antiimperialistas y desarrollistas en América Latina en el siglo XXI es que el chavismo no había caído hasta ahora.

Si Estados Unidos no amenaza hoy Ecuador, Argentina, Uruguay o Bolivia no es por una particular maldad del chavismo ni por sus errores —que, en un gesto de muy mal gusto, se empeñan hoy algunos en sacar a relucir—, sino simple y llanamente porque al correísmo, al kirchnerismo, al Frente Amplio o al MAS lo pudieron echar con guerra mediática, guerra judicial o golpes de Estado exitosos. Si aquellas estrategias injerencistas hubieran fracasado en alguno de estos países, hoy enfrentarían con toda probabilidad la misma amenaza que enfrenta Caracas.

Aún no está claro cómo será el día después del secuestro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Puede que los ataques sigan y que toda la institucionalidad chavista caiga. Puede que María Corina Machado reciba por fin su ansiadísimo mandato de entrega y subasta de Venezuela. Puede, incluso, que Padrino, Cabello y el resto de los grandes nombres propios de Miraflores consigan ordenar algo parecido a un gobierno de unidad nacional antiimperialista que negocie algún tipo de tregua con Trump.

Pero algo está claro: el paradigma ha cambiado. El 3 de enero de 2026 será estudiado como el día en el que las agresiones militares del imperialismo estadounidense en América Latina regresaron. Y, también, como el día en el que algunos decidieron entregar moral y mediáticamente a la víctima a cambio de algunas migajas políticas desde Washington o Bruselas. No son los primeros… y, lamentablemente, no serán los últimos.

DELCY RODRÍGUEZ juró ayer su cargo como presidenta de Venezuela «por Maduro y por Chávez», después de la operación estadounidense que terminó con la detención del primero y su puesta a disposición ante un tribunal de Nueva York. Frente a los mensajes lanzados por la administración Trump, su inquietante declaración ante la Asamblea Nacional de Caracas y sus primeras decisiones obligan a descartar la desaparición, al menos en el corto plazo, del sistema que tantas muertes, exilio y miseria ha traído al pueblo venezolano. Lo que se visualizó ayer es la conjura de los jerarcas chavistas, con Delcy y su hermano Jorge a la cabeza, para monopolizar el poder y mantenerlo a lo largo del tiempo suficiente para tratar de que la economía despegue y así cobrar ventaja de cara a las elecciones libres exigidas por Washington.

La esperable transición debe avanzar, pero ese avance se hace difícilmente creíble si la represión continúa. Y lo hace: el régimen no solo ha detenido a siete periodistas, sino que ha ordenado a las fuerzas de seguridad que capturen a los venezolanos que supuestamente colaboraron con EEUU. A ello se añade el hecho de que, como ha afirmado Edmundo González, ninguna transición democrática es posible «mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta». Esto es, mientras siga habiendo presos políticos.

Ante la caída de Nicolás Maduro, Bruselas ha fijado una línea política nítida: cualquier transición debe incluir a María Corina Machado y a González, es decir, a quienes encarnan la legitimidad democrática surgida de las urnas. Esa posición de la UE introduce un contrapunto necesario frente al unilateralismo con el que EEUU ha intervenido en Venezuela. La operación que desembocó en la captura de Maduro ha acelerado los tiempos, pero también ha abierto un escenario incierto: la pretensión de administrar la transición desde fuera y apoyarse, por razones de eficacia inmediata, en una figura central de la corrupción y la represión del régimen como ha sido Delcy. Negociar con quienes han ejercido el poder mediante el terror y la violencia entraña el riesgo de perpetuar las inercias autoritarias bajo una nueva fachada.

En este contexto, el papel de España vuelve a resultar problemático. Pedro Sánchez no sólo se ha alineado con el bloque más crítico con la acción de Trump, sino que intentó forzar a la UE a ir más lejos en su condena. Esa iniciativa, presentada como una lógica defensa del derecho internacional, agrava la irresponsable posición de España, más preocupada por marcar distancias con Washington –y por los inconfesables vínculos del Gobierno con la propia Delcy– que por liderar una respuesta europea coherente con la causa democrática.

Lo ocurrido en Venezuela dialoga con otros escenarios, como Groenlandia y Cuba, donde la fuerza pretende sustituir a las reglas. Europa no puede permitirse ese error. Ni siquiera cuando su relación con EEUU está condicionada por las presiones de Trump para que el viejo continente aumente su gasto en defensa. Defender una transición que incluya a Machado no es una cuestión ideológica, sino de principios.

Un refugiado venezolano en España es entrevistado por la televisión de Canarias para que cuente sus sensaciones sobre el secuestro de Nicolás Maduro y la acción criminal de EEUU en Venezuela. Al terminar pide hacer una última apreciación, la presentadora se lo permite y el refugiado dice: «Ahora le toca a España». Gilipollas hay en todo el mundo y de todas las nacionalidades, pero la peculiaridad de la gusanera fascista venezolana en España no podemos eludirla porque tiene la capacidad de mover la sociedad española a posiciones reaccionarias a través de su poder económico y de su influencia política. La izquierda no puede ignorar este proceso y permitir que actúe contra sus intereses.

Entre exigir adaptarse a la cultura del país que te acoge y respetar los procesos democráticos no siendo un agente que pide golpes militares hay un trecho que cualquiera bien nacido tiene que entender. El problema del colectivo de la gusanera fascista venezolana en España es que esta manera de pensar está muy extendida por el gobierno del que huyen. El mismo proceso de radicalización del territorio que estamos viviendo en España con la llegada de miles venezolanos de una ideología específica es el que se ha visto en estados de EEUU con la diáspora cubana y es un problema político de primer orden, no por su origen, sino por su ideología.

Madrid es un ejemplo paradigmático de esa realidad. Miami en España. En la Puerta del Sol se reunían miles de esos miembros de la gusanera fascista, que habían sido asilados muchos de ellos por el gobierno socialista, gritando «Pedro Sánchez hijo de puta» mientras celebraban el secuestro de Nicolás Maduro por el imperialismo americano. Actuar como una caterva de parásitos puede servirles para lograr el favor de la extrema derecha, pero lo que lograrán es conseguir el repudio de una parte importante de la población española que no solo los verá como enemigos, sino como escoria desagradecida por despreciar con semejante ira a un gobierno que les ha prestado todo el apoyo.

El mayor error del gobierno socialista de estos años es haber sido tan laxo con la concesión de asilo a una caterva de fascistas que representan lo peor de la ultraderecha mundial y que han sido correa de transmisión de la peor propaganda ultra que asimila cualquier gobierno progresista a una peste a erradicar. Una cosa es dar asilo a personas vulnerables que huyen de la represión, que los ha habido, y otra convertirse de manera voluntaria en depositario de una quintacolumna antidemocrática que no discrimina entre gobiernos autoritarios y democráticos cuando los que están en el poder no comparten su ideología.

El principal papel de los líderes fascistas venezolanos en España ha sido tejer alianzas con la extrema derecha española y trabajar para la ultraderechización de la sociedad con sus libelos como ‘The Objective’ y con el dinero de ‘Little Caracas’. Todo esto sin mencionar el proceso de especulación inmobiliaria que está provocando el encarecimiento del acceso a la vivienda de quienes menos recursos tienen sin importar su origen.

La libre expresión es un derecho inalienable de cualquiera y eso no se le puede privar a nadie por el hecho de ser inmigrante o refugiado, pero hay que ser consciente de que pedir una intervención militar en el país que les ha acogido porque no responde a sus intereses ideológicos es de una gravedad que no puede ser tolerada sin importar el origen de que quien lo pide, pero que en el caso de la diáspora venezolana tiene la capacidad de cambiar la realidad social y política del país.

La composición sociológica de la gusanera venezolana es completamente diferente a la de cualquier otro grupo de inmigrantes porque está compuesta por individuos con mucho más poder económico que el que puede tener toda la izquierda poscomunista española. Los fascistas venezolanos en España tienen suerte de que los valores progresistas, muy alejados de los ultras a los que se acercan, nunca propondrán su expulsión a pesar de que su presencia atente contra los intereses progresistas, pero vengo del pasado para enseñarles su futuro, si los ultras ganan las elecciones en España igual tienen que ver cómo algunos de sus familiares es deportado con una fuerza paramilitar similar al ICE trumpiano. La estupidez a veces se paga. No está tan mal que eso ocurra.

Antonio Maestre