Fracasa un intento de asesinato al Rey Juan Carlos I en Palma de Mallorca por parte de un comando de ETA liderado por Rego Vidal

La opinión pública exige que el juez Garzón investigue a ETA, despeje la X de quien ordena en la banda y persiga, caiga quien caiga, a los dirigentes del comando que pretendía asesinar al Rey

¿Se dedicará de verdad, el juez Garzón a investigar al comando etarra que pretendía asesinar al Rey o dejará languidecer el papeleo como con el comando Barcelona y otros casos que incluso llevaron a la excarcelación de varios etarras tras cuatro años de prisión preventiva porque no se instruyó el sumario a tiempo? ¿Seguirá dedicando al juez estrella el noventa por ciento de su tiempo al secuestro Marey y los otros sucesos del GAL, que es necesario perseguir y esclarecer pero que ocurrieron hace diez años, estando desde entonces la banda liquidada? ¿Considera acaso Garzón el interés público de investigar a ETA porque cualitativamente tiene más importancia una banda que está muy activa y que ha pretendido assinar al jefe de la Oposición y al Rey, que el GAL, desaparecido hace diez años tras asesinar a algunos etarras, lo que es lamentable y delictivo aunque, como ha dicho Fernando Álvarz de Miranda no comparable con lo que hace ETA? ¿Se atreverá el juez Garzóna investigar a algunos dirigentes de HB, encarcelarles y someterles a prisión preventiva, hasta que se arrepientan y denuncien quien es la X de ETA, quien ha ordenado el asesinato del Jefe de la Oposición y del Rey, así como, entre otros, la treintena de últimos atentados que están bien calientes y se han producido en las últimas semanas? ¿Contra quien tiene que atentar ETA, a quien tiene que matar para que el juez Garzón distraiga su tiempo del GAL y lo dedique a quien de verdad es el enemigo número uno del pueblo español y la democracia? Aguirre Lete y Arizcuren Ruiz, dieron la orden de asesinar al Rey.

La hipótesis de que los terroristas detenidos en Mallorca proyectaban atentar contra el Rey, confirmada por el ministro Belloch, es más que verosímil. Los medios con que contaban, así como la personalidad de los detenidos, uno de los cuales ya tenía antecedentes de seguimientos a la familia real, dejan poco margen para la duda. El efecto, desestabilizador de un atentado de esa naturaleza sería de tal magnitud que seguramente ha sido siempre un objetivo de ETA, Las medidas de seguridad que rodean a don Juan Carlos, la colaboración francesa y la eficacia policial han impedido que alcancen su propósito.Las detenciones a ambos lados del Bidasoa que han seguido a la captura del comando hacen pensar en una operación bien diseñada y ejecutada. En particular, en la existencia de una buena información y coordinación con las autoridades francesas. Las fuerzas de seguridad y los responsables políticos de Interior merecen por ello el agradecimiento de los ciudadanos. ETA y sus tramas civiles tratan de aprovechar el descrédito derivado de escándalos como el de Roldán o las revelaciones sobre los GAL para debilitar la autoridad del Estado y cuestionar su legitimidad para hacerles frente con todas las armas legales a su alcance. Por encima de la confusión reinante debe quedar claro, sin embargo, que todos los demócratas respaldan la actuación legítima de las fuerzas encargadas de evitar que los terroristas consigan sus propósitos criminales y desestabilizadores.

PARECE que hay fundados motivos para creer que los tres presuntos miembros de ETA detenidos anteayer en Palma de Mallorca preparaban un atentado contra algún miembro de la familia real, posiblemente el propio rey Don Juan Carlos.

Por más que el siniestro plan no tuviera ninguna posibilidad de verificarse -la Policía española, alertada por las autoridades francesas, controló perfectamente los movimientos de los tres activistas desde que entraron en aguas españolas-, resulta lógico que, al conocer la noticia, la opinión pública española se haya estremecido. Qué menos, ante esta prueba palmaria de la estrategia actual de ETA -ya aplicada en el atentado contra José María Aznar-, consistente en apuntar cada vez más alto para desestabilizar el buen funcionamiento del Estado de Derecho. Por fortuna, esa estrategia criminal de los terroristas se ha visto totalmente neutralizada en esta ocasión por la muy brillante y eficaz acción de la Policía, nunca más merecedora del aplauso general.

La ciudadanía está horrorizada, y no faltan los que, desde ese sentimiento, pretenden explicar los planes magnicidas de ETA arguyendo que los terroristas están envalentonados por los resultados de la investigación judicial de los crímenes de los GAL. Nada más lejos de la verdad. Lo que durante muchos años ha dado armas políticas a los teóricos de ETA, solidificando su base social, ha sido la posibilidad de argumentar que, si ellos empleaban métodos terroristas, también lo hacían quienes los combatían. La «guerra sucia» del Estado ha sido el mejor camuflaje que podía dársele a ETA para tratar de disfrazar ante la población nacionalista vasca su propia suciedad. Se equivocan quienes pretenden, como anteayer el filósofo José Luis López Aranguren, o como ayer el Defensor del Pueblo, Fernando Alvarez de Miranda, que el terrorismo de los GAL debe repugnar menos que el de ETA. Al contrario. Hace ya muchos siglos que Troya demostró que no hay mejor modo de asaltar una fortaleza que atacarla desde dentro. ETA dispara contra la democracia desde fuera de sus murallas; los GAL dispararon contra ella desde el interior de sus defensas. Los crímenes de los GAL contribuyeron a minar la base última que asienta la fortaleza de un Estado democrático: su legitimidad.

Es necesario que entendamos todos que para acabar con el terrorismo de ETA lo esencial es privarlo de su base social. Y que para privarlo de su base social es imprescindible que no haya ni sombra de duda sobre el apego del Estado al principio de legalidad. Para lo cual ha de dejar paladinamente claro que no le tiembla el pulso a la hora de castigar a aquellos de sus teóricos servidores que se apuntan al aberrante criterio de que el fin puede justificar los medios.

Clarificar lo ocurrido con los GAL no es sólo una exigencia ética. Es también una necesidad estratégica en la lucha contra el terrorismo.