26 febrero 1983

El ex procurador franquista considera que la Ley del Aborto "coloca al Rey en una situación límite"

Un documento del obispo de Cuenca, Guerra Campos, señala expresamente al Rey Juan Carlos como co-responsable de la ley del aborto junto al presidente Felipe González

Hechos

El 26.02.1983 se hizo público un documento del Obispo de Cuenca, monseñor D. José Guerra Campos, sobre el proyecto de Ley del Aborto.

Lecturas

El 13 de julio de 1985 el obispo de Cuenca, monseñor D. José Guerra Campos rubrica una pastoral publicada en el Boletín Oficial del Obispado en la que hace un duro alegato contra la Ley del aborto y reprochaba por ella a todos los implicados en ella, desde el Gobierno del PSOE, por promulgarla hasta al Rey de España D. Juan Carlos I por firmarla. “Mientras sea legal matar a los que viven en las entrañas de sus madres, toda la nación queda manchaada. Queda especialmente herida la Corona, tradicional amparadora de los débiles y del derecho natural”.

El Sr. Guerra Campos fue secretario de la Conferencia Episcopal de 1966 y 1971, fecha en la que fue relevado de ese puesto por decisión del entonces presidente de los obispos D. Vicente Enrique y Tarancón.

«El aborto voluntario es moralmente un homicidio con todas las agravantes. Se ha dicho, con razón, que es peor que el terrorismo. Se priva de la vida a un ser inocente en el momento de mayor indefensión.»

Citando a Juan Pablo II, continúa monseñor Guerra Campos: «En su tajante condenación de la muerte de la persona inocente ya concebida y aún no nacida pronunciada en España, el Papa se refiere precisamente a las autoridades y a las leyes, y no sólo a las personas privadas que causan esa muerte. Y señala como gravísima violación del orden moral, precisamente los dos supuestos que ahora las autoridades pretenden implantar: a) la ‘despenalización’ (el negar la defensa o no proteger en cualquier caso al inocente); b) y la inclusión en la Seguridad Social, como cualquier otro medio de facilitar los medios o servicios privados o públicos para destruir vidas humanas indefensas. Con ello se mina el mismo fundamento de la sociedad: ¿Qué sentido tendría hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales?» (ver recuadro al lado).

El obispo de Cuenca señala más adelante a los responsables específicos de este homicidio legalizado:

«La responsabilidad se concentra en los autores de la ley, a saber: a) El presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros; b) los parlamentarios que la voten; c) el jefe del Estado que la sancione.»

Reitera también la obligación de resistencia ante la ley:

«La Iglesia predicará siempre lo mismo: los ciudadanos están obligados a resistir contra la implantación de esa ley inválida e injusta; a resistir siempre contra su aplicación, si se implanta; a exigir siempre su revocación. Contar —como ya se ha dicho— con que, por mucho que ahora se discuta, una vez promulgada la ley la sociedad se acostumbrará y los áni­mos se aquietarán no hace más que aumentar la malicia del proyecto. (…)

«Si el Poder público se empeñara en seguir adelante (…) entonces mostraría su condición tiránica, (…) a la que los fieles a la ley de Dios, tendrían el deber moral de resistir.»

Recuerda enseguida, con precisión, las penas canónicas que afectan a los católicos que realizan el aborto o sean sus cómplices, y a los que lo promuevan o faciliten: «a) Los católicos —incluida la madre— que procuran o realizan o cooperan a realizar un aborto efectivo quedan sin más separados de la comunión de la Iglesia. Excomunión infligida por el mismo Derecho Canónico universal vigente. b) Los católicos que en cargo público, con leyes o actos de Gobierno, promueven o facilitan —y en todo caso protegen jurídicamente— la comisión de aquel crimen, no podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos. Lo son manifestadamente y como tales habrán de ser tratados mientras no reparen el gravísimo escándalo según sus facultades. Los pastores tendrán que obrar con ellos conforme al Evangelio y a la praxis de la Iglesia acerca del culto y los sacramentos. Aparte de las penas que la autoridad competente pudiera establecer en el orden jurídico.»

Y concluye con una grave constatación que no hay cómo negar: «Esos males no eran imprevisibles, porque sus promotores ya los patrocinaban y anunciaban abiertamente desde hace años. Dicho queda que personas responsables en la Iglesia, entre ellas pastores y prelados han contribuido a plantar el árbol que da tales frutos.