Una sentencia declara nula la intervención del Banco de Valladolid por parte del Gobierno Suárez y Barclays Bank contra Domingo López y establece una indemnización titánica

Cualquier culebrón que se precie, requiere de unos ingredientes necesarios, pero el caso de Domingo López Alonso los tiene todos, los necesarios y los suficientes. Durante años, ha quedado oculto a la opinión pública. López Alonso, utilizando una estrategia muy diferente a otro conocido personaje que reivindica su patrimonio incautado como es Ruiz Mateos, irrumpe ahora con la fuerza de la razón que le dan los Tribunales de Justiica. Han tenido que pasar 20 años que se han consumido en negociaciones, engaños, pleitos, recursos, apelaciones, valoraciones, ejecuciones y un sinfín de argucias procesales que sólo pretenden dilaciones.

Los impulsores del atropello nunca contaron con la fortaleza de espíritu de López Alonso, que no se rindió nunca a lo que califica como atraco perpetrado por quienes, según dice él, amparados en la imagen de una institución como el Banco de España, instrumentan falsas situaciones de insolvencia, engañan a quien se les pone por delante y no tienen empacho en acusar falsamente, engañar a los jueces, falsear documentación, despreciar a la justicia y apropiarse de una verdadera fortuna.

El motivo: en apariencia siempre es el mismo, la supuesta insolvencia de una entidad financiera que se certifica con la única patente de corso de la palabra del Banco de España. Detrás de la apariencia de insolvencia, están los espurios intereses de toda una pléyade que ostenta el poder político y económico. Los intereses políticos flotan en el ambiente en más de una de las intervenciones bancarias. El Banco de Valladolid fue intervenido para doblegar a Domingo López Alonso, su presidente, y a la vez propietario del diario EL IMPARCIAL que dirigía Emilio Romero. El acallar las críticas contra el Gobierno de la UCD y el haber publicado que Mariano Rubio había sido imputado en una querella por cohecho, instruida en un juzgado de Madrid, fueron motivos más que suficientes para que de la noche a la mañana el Banco de Valladolid pasara de forma súbita a la bancarrota.

El ejecutor interesado: el Banco de España se convierte en juez y parte, nadie fiscaliza verdaderamente sus resoluciones y, parapetado en la santidad de la casa, instrumenta operaciones de acoso y derribo, siguiendo intereses de sus mandamases o al servicio de los intereses políticos que se aplican con fervor. Para que sus resoluciones quedasen amparadas en la legalidad, utilizó como instrumento la Corporación Bancaria, un comité de representantes de la banca a los que les hace firmar la acreditación de insolvencia del banco de turno. Quien se opone, o manifiesta reparos a la intervención pasa a la lista negra. A Francesc Cabana, que representaba a Banca Catalana en la Corporación Bancaria y se opuso a la calificación de insolvencia del Banco de Valladolid, se le aplicó el reglamento: Banca Catalana fue intervenida años después.

Para eliminar a tan molestos partícipes que ponen en entredicho las calificaciones de insolvencia dadas por el Banco de España, nada mejor que sustituir el instrumento de la Corporación Bancaria por el más controlado desde la casa, el Fondo de Garantía de Depósitos en entidades bancarias, una variante del ‘yo me lo guiso, yo me lo como’. Pero para conseguir todavía mayor opacidad, ahora el Fondo de Garantía ya ni siquiera se ocupa de la recuperación de los activos de los bancos que son intervenidos. Esta función queda en manos de sociedades instrumentales autorizadas por el Banco de España, como SCI Gestión, que no consolida su contabilidad en la intervención de Banesto.

Espantados. Así se quedaron ayer los directivos de Barclays Bank y del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cuando los servicios jurídicos de ambas instituciones recibieron una sorprendente sentencia que obliga a la entidad británica a consignar en un juzgado la mareante cifra de 1.122 billones de euros -casi 1.400 veces el Producto Interior Bruto (PIB) del país-. ¿Fruto de una «desorbitada errata»? se preguntaban sin dar crédito a la suma. «Que no. Que lo dice el fallo judicial», insistían una y otra vez los letrados.

El origen de la reclamación se remonta al procedimiento que el ex presidente del Banco de Valladolid, Domingo López Alonso -a quien iría a parar el dinero-, mantiene contra el gigante del Reino Unido. Este se hizo, en 1981, con las riendas de la maltrecha situación financiera por la que atravesaba la entidad de la que López fue su principal accionista -controló el 63%-, intervenida tres años atrás por el Banco de España, después de detectar un reguero de irregularidades contables que la llevaron al borde de la quiebra técnica.

López Alonso -condenado junto a José María Ruiz-Mateos por delitos de estafa por simular negocios y operaciones para detraer irregularmente dinero de Rumasa-, tuvo que ceder a favor del Fondo de Garantía de Depósitos su participación en el Banco de Valladolid, que subastó la entidad y decidió que ésta pasase a manos de Barclays, uno de los 11 bancos que acudieron a la puja. Pero Barclays, que sabía de la trayectoria del ex presidente y de su empeño por inundar los juzgados con querellas, denuncias e impugnaciones de juntas, selló con el FGD una garantía de indemnidad. O lo que es lo mismo, una salvaguarda que le permitiese que, en caso de que un procedimiento judicial fallase en contra de sus intereses, fuese el Fondo el que asumiese la responsabilidad, tanto desde el punto de vista jurídico como financiero.

El alivio, ayer, en la cúpula del banco británico, era palpable.No así en el caso de los responsables del FGD, organismo que se tendrá que conformar con las aclaraciones que el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid quiera ofrecerles, acerca de cómo consignar la espectacular cifra jamás reclamada por la justicia. Una cuantía de la que ayer, ni siquiera el ex presidente del Banco de Valladolid creía: «Que no. ¿Cómo va a ser eso? Serán 1.021 millones de euros, que es una de las seis partidas que quiero que se me devuelvan», aseguró, en declaraciones a este diario.

Pero el fallo incluso aclara en la parte dispositiva que la cantidad por la que se despacha la ejecución es de 1.222 billones de euros y no la de «121.877 millones de euros» contenida en un auto anterior.Incluso esta última cantidad dejaría en mal estado las arcas del FGD, cuyos activos, al cierre de 2003 -último datos disponibles- son de 1.613 millones de euros.

Barclays, mientras, insistió en que el banco «es ajeno a este procedimiento» a pesar de que ocupa la posición de «demandado» en un largo proceso. Fue en 1999 cuando el juzgado condenó a Barclays a entregar al ex presidente del Banco de Valladolid los títulos que éste presentó en su día para cubrir las fuertes deudas del banco. El FGD recurrió en apelación, a pesar de que el juez decretó la ejecución de la sentencia. La cantidad, entonces, apenas alcanzaba los 26 millones de euros. Pero ahora se ha elevado de tal forma que ni los expertos del Fondo -financiado con aportaciones de todas las entidades que operan en España- logran dar con la ecuación matemática que ha disparado hasta las nubes la cifra que convertiría a López Alonso, con 92 años, en el hombre más rico del planeta.

Hasta ahora, el FGD ha argumentado al juzgado que el ex presidente del Banco de Valladolid no ha cubierto todas las deudas que tenía pendientes en la entidad, por lo que consideraban que Barclays no podía entregar los títulos reclamados.

Hay jueces de los que se dice que están dispuestos a que se hunda el mundo con tal de que prevalezca la justicia. Al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) le será muy difícil sobrevivir a la decisión del juez de Primera Instancia número 4 de Madrid, Joaquín Ebile, si no es capaz de eludir el pago al que le condena de una indemnización de casi 1.200 millones de euros al ex propietario del Banco de Valladolid, intervenido en 1978 por el Banco de España por su elevada deuda, su falta de tesorería y la existencia de una caja B, y posteriormente vendido a Barclays.

Esa cuantía, anque no esté cifrada en billones como decía la redacción inicial de la sentencia, sino en millones, supone prácticamente el patrimonio del FGD, por lo que podría darse la paradoja de que la quiebra de una entidad bancaria en 1978, debida a las irregularidades de todo tipo observadas por el Banco de España, provoque 26 años después la del organismo creado para hacer frente a las crisis bancarias y garantizar los derechos de los depositantes. Más que una ironía de la historia, se trataría en este caso de los efectos deformantes de una justicia, no ya lenta, sino en estado catatónico.

Tratándose de una cuantía tan desorbitada, todas las alarmas han saltado de inmediato. Es una resolucion de inverosímil cumplimiento y que ha causado la natural inquietud en el sistema financiero. El FGD ha solicitado al juez que aclare la cifra e incluso sería interesante saber cuáles han sido los cálculos hechos para llegar a ella. Pero es preocupante que se le hiciera notar con anterioridad la magnitud de la cuantía, así como sus posibles efectos sobre el sistema financiero, y se le ofreciera el apoyo de peritos profesionales y, sin embargo, no hiciera ningún caso.

Urge, por tanto, una investigación a fondo, ya anunciada por el Consejo del Poder Judicial, sobre la actuacion del juez Ebile. Y más tratándose de alguien con antecedentes disciplinarios, sancionado al menos en una ocasión por atrasos injustificados en su juzgado. En éste como en otros casos de decisiones judiciales disparatadas o incomprensibles, los ciudadanos tienen derecho no sólo a conocer los motivos, sino los rasgos de personalidad de quienes las toman. El sistema judicial español sigue nombrando jueces sobre cuyas cualidades y defectos personales nada se sabe. El acceso a la judicatura se produce al margen de pruebas psicológicas imprescindibles para mostrar la idoneidad caracteriológica exigible al desempeño de la función judicial. Tampoco los nuevos jueces tienen una formación mínima en materias cada vez más relacionadas con su función.

El viaje más largo de Domingo López Alonso comenzó el 2 de diciembre de 1978. Y eso es decir mucho en quien, hijo de un tratante de ganado de un pueblo de León, había llegado a erigir un imperio económico de más de 21.000 millones de pesetas de las de entonces.

Aquel frío diciembre en los albores de la democracia, López abandonaba la sede central en Madrid de la joya de su corona empresarial, el Banco de Valladolid, asido con fuerza a dos pesadas maletas.En su interior, 602 millones de pesetas en billetes de 5.000.

«Había decidido tener siempre en la caja fuerte del banco unos 600 millones en efectivo por si algún día pasaba algo», explica el empresario con preclara memoria 26 años después desde su despacho madrileño. «En los inicios el Valladolid no era un banco grande y no me conocían en el sector como para respaldarme si había algún problema».

Y en 1978 lo hubo. Tras detectar irregularidades en el conjunto de empresas relacionadas con el banco (más de una veintena de sociedades mineras, de transporte, pesqueras, de la construcción…), el Banco de España decidió intervenirlo. El 1 de diciembre de aquel año, cinco días antes del referéndum constitucional, Corporación Bancaria se hizo con la participación de López Alonso en el Banco de Valladolid (en torno al 65%).

Fue entonces cuando el leonés llenó las dos maletas con los 602 millones y abandonó su despacho en las Torres de Colón -al lado de la Rumasa de Ruiz Mateos, también expropiada cinco años más tarde-. Era el punto de partida de una aventura de juzgado en juzgado que casi 30 años después, si se ejecuta el auto dictado el pasado 16 de diciembre por el magistrado Joaquín Ebile Nsefum y corregido la pasada semana, puede convertirle a sus 92 años en uno de los hombres más ricos de España. Después de haber recibido 26,5 millones de euros en 2003 por los depósitos que el banquero y la familia tenían en el Valladolid en 1978 (4.406 millones de pesetas), la Justicia obliga ahora al Fondo de Garantía de Depósitos, heredero de Corporación Bancaria, a entregar a López Alonso 1.021 millones de euros en concepto de intereses (al 15% anual) desde 1978. A la mayor indemnización jamás concedida a un particular en la Historia de España hay que sumar 100 millones más de costas judiciales.

Domingo López Alonso pasaría así a ingresar en el selecto club de los milmillonarios españoles, al que hasta la fecha, según la revista Forbes sólo pertenecen ocho personas: Botín, las Koplowitz, los March, la familia Del Pino, Amancio Ortega, Rosalía Mera y el propietario de Mango, Isak Andis.

Tras casi dos semanas esquivando a la prensa, el empresario leonés accedió a recibir a CRÓNICA en su despacho del barrio madrileño de Chamberí. Durante las dos horas que duró la conversación el teléfono sonó incesantemente. Llamadas de felicitación, medios de comunicación, algunos conocidos… Tanto que López Alonso, atento y despierto según avanza con paso firme hacia la centena, terminó por descolgar el auricular para que pudiésemos charlar tranquilamente.

Vestido con una sencilla americana sobre un jersey de pico y pantalón oscuro, en absoluto el aspecto de un millonario, López Alonso nos conduce hasta su oficina, una estancia sin alardes, con algunos diplomas y distinciones colgados en la pared y repleta de documentos y legajos en ordenado desorden. Sobre la mesa, un moderno pc con pantalla plana en el que trabaja varias horas al día. Alrededor, códigos jurídicos del que brotan numerosas anotaciones en post its amarillos.

«Me he pasado horas y noches enteras estudiando libros de leyes», reconoce satisfecho. «Hice de pasante de mis abogados. Los que me quitaron todo hubieran tenido éxito si yo me hubiera muerto.Pero no ha sido así. Y el día que yo falte están ahí mis dos hijos mayores, que conocen todo, para seguir con esta lucha».

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CAJA FUERTE EN EL BAÑO

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Aquel golpe del 78 fue un duro revés para la familia, Domingo, su mujer, Tere, y sus seis hijos, una chica y cinco chicos. Para colmo, los famosos 602 millones también desaparecieron. López Alonso llegó a medir todos los billetes para encargar una caja fuerte en la que cupieran y poder guardarlos en uno de los cuartos de baño del que entonces era su despacho de la calle de Serrano.Allí estuvieron hasta que, cansado de no encontrar una compañía que se los asegurara, se los dio a Ruiz Mateos a cambio de una letra. Una letra, asegura, que nunca fue pagada.

«Salí adelante gracias a acciones que poseía sobre las que no tenían control», relata con claridad admirable. «Las malvendí y con lo que me dieron y con dinero que me devolvió gente a la que yo había prestado anteriormente pudimos ir tirando».

Pero no era la primera vez que las circunstancias le eran adversas.

Antes de cumplir los 18 años, Domingo López Alonso, que vino al mundo en noviembre de 1912 en el pequeño pueblo leonés de Lumeras, ya había trabajado, sin permiso de su padre, en la mina.Fueron sólo cinco meses, tres de ellos como picador, pero sirvieron para que el futuro hombre de negocios, que ya estudiaba contabilidad por correspondencia, tomara contacto con la que acabaría por ser una de las patas de su emporio.

Con el dinero que sacó en la mina empezó a alquilar camiones para llevar patatas a Asturias, después empezó a abastecer de traveseras de madera a las empresas ferroviarias de la zona -él mismo llevaba a hombros los maderos para cargar a las mulas- y finalmente estableció uno de los primeros Todo a 100 de España.«Era un almacén de vinos y ultramarinos en el que vendía todo a dos pesetas el kilo. Allí se abastecían, porque no había otro, los vecinos de los 11 pueblos del ayuntamiento, más los 850 obreros que trabajaban en construir una carretera», recuerda.

Fue al terminar la guerra civil cuando López Alonso empezó a asentar los cimientos de su próspero futuro: ante los problemas de abastecimiento de carbón a Zamora por vía ferroviaria, a él se le ocurrió llevarlo en camión. La iniciativa fue un éxito rotundo que permitió al empresario comprar sus propias minas.Se hizo con una flota de 70 camiones. En 1951 ya era el empresario minero privado con más obreros empleados y con más producción de carbón del país. «Y nunca tuve ninguna huelga», se jacta.

Como buen empresario -«A mí me gustan las empresas en las que se gane», desliza durante la conversación-, Domingo López Alonso supo estar bien conectado. Anduvo en negocios con Carlos Pinilla, quien más adelante sería gobernador civil de León y subsecretario de Trabajo con José Antonio Girón e incluso aceptó un fugaz cargo político en los años 50: el de concejal de la ciudad de León.Aunque no tardó en renunciar. Cinco décadas después lo tiene claro: «Hay que ser empresario o político, pero las dos cosas no se puede: Son incompatibles». Cuando, años más tarde, entró en la construcción, consiguió que el ministro de Turismo, Manuel Fraga -«ese gran hombre», escribió en sus memorias-, inaugurara uno de sus hoteles en el pantano de Entrepeñas, en Guadalajara.

Compró dos cotos de caza, barcos pesqueros que faenaron en Mauritania, Argentina y Chile y hasta se hizo cargo hasta 1975 del servicio de microbuses de Madrid, ciudad a la que había llegado en 1960.

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SINSABORES

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Pero aún le quedaba por levantar la obra que más sinsabores le iba a deparar y que ahora le ha devuelto a los titulares.

Curiosamente, acaso premonitoriamente, la historia también comenzó en los tribunales, cuando el propietario del Banco de Medina declaró suspensión de pagos. «Por orgullo y cabezonería», López Alonso, que ya había adelantado 40 millones de pesetas por la entidad, decidió reflotarlo con el nombre de Banco de Valladolid a pesar de los 131 millones de agujero que habían dejado los anteriores gestores.

«El día que abrimos llevé 175 millones de pesetas en efectivo por si había una retirada masiva de capital de los antiguos clientes.Sólo se cancelaron dos cuentas. Es más, ese día ingresaron 600 millones de pesetas: el pasivo del banco aumentó en lugar de descender». El del primer día fue sólo el primer éxito y el banco no dejó de crecer hasta 1978. En el momento de la intervención eran ya 38 las oficinas abiertas.

Ahora López Alonso, viudo pero rodeado de sus seis hijos, sus 12 nietos y sus dos biznietos, paladea su victoria. Aunque no se conforma. «Seguiremos en los tribunales», dice. «Esta sentencia es sólo una de las partidas pendientes». En su criterio, esta indemnización sólo comprende el patrimonio expropiado del Banco de Valladolid (4.400 millones de pesetas) pero no los cerca de 20.000 millones de otras empresas que, asegura, también le expropiaron.

Probablemente López Alonso pasará el fin de semana en León. Prácticamente todos va hasta allí conduciendo él mismo. Le gusta hacerlo, aunque su coche no sea ya aquel flamante Cadillac que se trajo de Detroit en los años 50 y que fue el primer coche con aire acondicionado que circuló por España.

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APOYO

EL JUEZ DE LA ERRATA

Cuando hace un par de semanas se supo el contenido del auto sobre el caso dictado el 19 de diciembre por el juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid muchos se frotaron los ojos. En él se establecía una indemnización de «1.121.877.955,54 millones de euros», unas 1.400 veces el PIB español. Evidentemente, como se aclaró en un nuevo auto, el pasado lunes, se trataba de un error: sobraban los «millones de». Aun así, es la indemnización más grande jamás concedida a un particular. El Consejo General del Poder Judicial abrió un proceso de información previa, para determinar si procedía la incoación de expediente al juez Joaquín Ebile Nsefum. No era la primera vez que el nombre de este magistrado aparecía en los periódicos. Suya fue una sentencia muy comentada en 1994 que obligaba a la compañía aérea TWA a indemnizar con un millón de pesetas a un pasajero por el retraso de un vuelo.Al final la sentencia quedó rebajada en el Tribunal Supremo a 250.000 pesetas. Nacido el día de Nochebuena de 1939 y de origen guineano, Ebile no accedió a la carrera judicial hasta 1989, ya con 50 años y después de haber sido profesor universitario.Estudió Derecho en Madrid y en la Universidad de Navarra, donde terminó cum laude. Varios abogados que han tratado con él defienden lo bien argumentado de sus sentencias, si bien fue sancionado por el CGPJ con una multa de 1.800 euros en 2002, aparentemente por dilaciones indebidas. Su primer destino fue Ripoll, en la provincia de Girona. La llegada de uno de los primeros jueces de raza negra -si no el primero- causó cierta sensación en esta localidad de 11.000 habitantes, donde aún se recuerda cómo iba todos los días desde Barcelona en su propio coche e incluso en tren. / V. R.

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Píes de fotos tituladas

AMPLIA RED EMPRESARIAL. Entre 1939 y 1978 Domingo López Alonso tejió una extensa red empresarial que abarcaba la minería, los transportes, la construcción, la pesca, fincas de caza y la banca.Arriba, el empresario (a la dcha.) acompaña a Manuel Fraga en la inauguración del hotel Las Anclas, en Guadalajara, en 1968.Debajo un inspector de los microbuses de Madrid, de los que López se hizo cargo hasta 1975.

AUSTERO DESPACHO. A sus 92 años, Domingo López Alonso continúa yendo a diario a su oficina del madrileño barrio de Chamberí.En ella se acumulan legajos y códigos jurídicos rebosantes de anotaciones junto a un moderno ordenador de pantalla plana. Pese a la indemnización, asegura que seguirá batallando en los tribunales.

El ex propietario del Banco de Valladolid, Domingo López Alonso, tendrá que esperar a que se resuelvan dos recursos presentados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) antes de cobrar la millonaria cantidad de 1.122 millones de euros por el procedimiento que mantiene contra el británico Barclays Bank.

Este es el dictamen del juez Joaquín Ebile Nsefum, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid. El magistrado ha suspendido la ejecución de la sentencia que obligaba al FGD a pagar esa cantidad de dinero por la quiebra del Banco de Valladolid. No obstante, comunicó al Fondo que deberá establecer una fianza de un millón de euros hasta que se pronuncie sobre los dos recursos de reposición y el auto de oposición que presentó esta entidad al juez después de conocer la sentencia el pasado 17 de enero.

Según fuentes jurídicas consultadas por la agencia Efe, antes de resolver los recursos el juez deberá escuchar a las dos partes implicadas: el FGD y el ex propietario del Banco de Valladolid.

Hace tres días, el Fondo de Garantía de Depósitos, organismo cuya finalidad es garantizar los ahorros de los ciudadanos ante una crisis financiera, emitió un comunicado en el que advertía a los responsables judiciales de que si indemnizaba a Domingo López con esa cantidad de dinero «causaría un grave perjuicio a todos los ahorradores del sistema bancario nacional», ya que sus depósitos correrían el «grave riesgo» de no verse atendidos en caso de crisis de alguna entidad financiera.

Para el FGD, la decisión del juez Ebile era «jurídicamente improcedente, desproporcionada y no ajustada a derecho», pues reconocía a Domingo López Alonso el derecho a recibir una indemnización multimillonaria por haber aportado unos bienes «que sólo sirvieron para cubrir parcialmente sus propias deudas y las de su grupo». El Banco de Valladolid fue intervenido en 1978 por el Banco de España al detectar irregularidades contables que lo llevaron al borde la quiebra. El salvador de López -accionista del banco (63%)- fue Barclays Bank, que al hacerse con la entidad vallisoletana pactó con el FGD una garantía de indemnidad por la cual, en caso de un procedimiento judicial en contra de los intereses del magnate británico, el Fondo avalase la situación.

En este sentido, el FGD recordó «los costes que causó su arbitraria y deficiente gestión [de Domingo López] en el Banco de Valladolid», que obligó al Fondo a destinar 65,6 millones de euros para su saneamiento. El banco se vio obligado a realizar una ampliación de capital de 26,4 millones para cumplir los requisitos mínimos legales sobre recursos propios.

El banquero leonés de 92 años salió al paso de las acusaciones del Fondo asegurando que entregó su patrimonio para avalar los activos y pasivos del banco y que, al no ser necesario ejecutar el aval porque la entidad gozaba de salud, ahora deben devolvérselo.Tras sucesivas sentencias, el juez reconoció en enero al ex propietario un derecho a ser indemnizado por 26,5 millones y cobrar 1.022 millones de euros más 100 millones.

El juez Joaquín Ebile Nsefum ha rectificado y declarado nula la indemnización de 1.122 millones de euros que exigió abonar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) al antiguo propietario de Banco de Valladolid, Domingo López Alonso, y da por concluido este proceso judicial. El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid no admite además la demanda de ejecución presentada por la defensa de Domingo López Alonso ni impone costas a las partes, según el fallo al que tuvo acceso Europa Press.

En su resolución judicial fechada el pasado 14 de julio, el juez argumenta la anulación de las actuaciones en los defectos incurridos por el demandante, al no presentar una «liquidación judicial» que fije el importe «exacto» demandado como exige la jurisprudencia.

«El dictámen que aporta el ejecutante como única constatación de los intereses que reclama, no tiene más valor que el de la documentación de una relación de intereses y no de una liquidación de intereses strictus sensu, es decir, contrastada y sancionada por una resolución judicial que fije el importe exacto de la liquidación de intereses y que sirva de base y apoyo, es decir, de título, a su ejecución», indica el juez.

No obstante, el antiguo propietario del Banco de Valladolid podría interponer un recurso de apelación en un plazo de cinco días desde la recepción del fallo contra el archivo de la causa.

Llama la atención que haya pasado prácticamente inadvertida entre la opinión pública una noticia de gran trascendencia para el mantenimiento de la salud del sistema financiero español: el juez que instruye la causa del Banco de Valladolid ha declarado nulas todas las actuaciones que obligaban al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a pagar una indemnización de 1.122,9 millones de euros al ex propietario del banco.

De haber seguido adelante la sentencia inicial habría dejado muy mermada la capacidad del Fondo para atender a los depositantes de las entidades bancarias en caso de crisis. Sus fondos totales, aportados durante años por los bancos, se hubieran podido ver reducidos prácticamente a cero. No así el de cajas de ahorros cuya dotación total no se había puesto en peligro con esta sentencia.

El FGD es un elemento imprescindible para mantener la sanidad del sistema crediticio, y junto con la «supervisión prudencial» del Banco de España, es uno de los pilares sobre los que se asientan las garantías del sistema bancario y el sentimiento de confianza de los depositantes en el mismo, necesario para su estabilidad actual y su supervivencia a más largo plazo.

Actualmente el FGD asegura un límite por depositante y entidad, básicamente en cuentas a la vista y depósitos bancarios no garantizados por deuda del Estado, hasta 20.000 euros.

La importancia de este instrumento pasa inadvertida en sistemas financieros solventes y creíbles como el nuestro donde las crisis bancarias ahora son casi inexistentes. Las últimas, la del Eurobank del Mediterráneo, 11 años después de la de Banesto; nunca de una caja de ahorros. Sin embargo, en países emergentes la existencia de una institución similar a nuestro fondo es una pieza clave para el desarrollo del sistema crediticio. Sin confianza, no existe ahorro en el sistema bancario y, en consecuencia, no existe la posibilidad de conceder inversión crediticia a empresas y empresarios que inviertan en la creación de riqueza.

Esteban Sánchez y Jaime Zurita son profesores de la Escuela de Finanzas Aplicadas.