Acto de Anoeta: Arnaldo Otegi reconoce que quiere que Batasuna ‘vuelva a la legalidad’ e inicia el camino a una izquierda abertzade que de distancie de la violencia de ETA

La propuesta presentada ayer por Batasuna va dirigida a su propia clientela política. Sustancialmente es un intento de mantenerse en candelero pese a la aparente proximidad de la derrota de ETA. En ocasiones similares (tras las caídas de Bidart o después de Ermua) iniciativas exteriores justificadas con el argumento de que había que acelerar el desenlace mediante alguna forma de negociación sirvieron para que la banda encontrase nuevos motivos para su permanencia. Lo que ayer presentó Otegi es una propuesta de negociación, con algunas variantes respecto a otras anteriores, pero que en lo fundamental mantiene la lógica de que la paz exige pagar un precio político: algo que los dos partidos mayoritarios se comprometieron a no hacer en el Pacto antiterrorista.

Ilegalizada, Batasuna está en peligro de extinción. Las oportunidades que tuvo para evitar ese destino, desmarcándose de ETA, las despreció. Su dilema es que por una parte no quiere desvincularse de ETA porque sabe que su protagonismo residual -la expectación que despiertan actos como el de ayer- depende precisamente de su proximidad a la banda; pero ahora sabe también que esa proximidad le lleva a la marginalidad por la vía de la Ley de Partidos. Es probable que Otegi desee sinceramente que ETA se eclipse, pero no se atreve, o no quiere, decir a quien sea que hoy dirija el tinglado que lo suyo se ha acabado. Y ETA misma expresa su escasa voluntad de irse al colocar dos bombas en un refugio militar la víspera del gran día.

El compromiso de Batasuna de utilizar «vías exclusivamente políticas y democráticas» repite el firmado en el Pacto de legislatura de 1999 al respaldar con el Gobierno de Ibarretxe al amparo del acuerdo de Lizarra. Pero ese compromiso fue compatible con el auge del terrorismo callejero y no impidió la ruptura de la tregua por ETA, que en un año asesinó a casi el mismo número de personas (23) que en los cuatro años anteriores (24).

Es contradictorio felicitarse por la debilidad y casi derrota política de ETA y rechazar las medidas que lo han hecho posible: la eficacia policial y la ilegalización judicial (más el Pacto Antiterrorista). Los motivos para la ilegalización fueron que un Estado democrático no puede admitir bajo su legalidad, y financiar con fondos públicos, a un partido que forma parte de un entramado que considera legítimo matar a los candidatos y representantes de los demás partidos. No se trata sólo, por tanto, de condenar o de pedir una tregua; pero es significativo que hasta a eso se negara ayer Batasuna, pese a las reiteradas peticiones en tal sentido, en particular de las formaciones nacionalistas.

No se ve la necesidad de modificar la política antiterrorista. Si ETA está dispuesta a abandonar el terrorismo, que lo diga; y si Otegi quiere que se le tome en serio, que así lo exija públicamente a ETA.