18 septiembre 1995

Álvarez Cascos denuncia sentirse acosado por el columnista de EL PAÍS, Javier Pradera

Hechos

El 17.11.1995 el diario EL PAÍS publicó una carta del secretario general del PP, D. Francisco Álvarez Cascos denunciando una supuesta campaña de acoso del columnista estrella del periódico, D. Javier Pradera, contra él. El Sr. Pradera respondió ese mismo día.

Lecturas

CARTA DE ÁLVAREZ CASCOS AL DEFENSOR DEL LECTOR DE EL PAÍS, JUAN ARIAS:

Le adjunto copia de tres cartas que he dirigido en las últimas semanas al, director, Jesús Ceberio, que hablan por sí solas del problema por el que solicito su amparo. De nuevo, y van tres, me dirijo a usted en queja por las críticas, adobadas de descalificaciones insultantes, que me dirige en su último ‘análisis’ dominical Javier Pradera. El motivo, el mismo de siempre: la animadversión personal, tenaz y contumaz del citado articulista y editorialista, que ahora se inventa unas inéditas declaraciones mías sobre el señor Solana, como antes se dedicó a manipular otras para confundir las responsabilidades políticas y las responsabilidades penales». «Señor director, si todas las opiniones de Javier Pradera son tan respetuosas con la verdad como las que dispensa a mis declaraciones, el problema ha dejado de ser mío para pasar a ser suyo: un periódico seno es incompatible con las fobias y las filias de quienes lo escriben. Visto que el resultado de las dos cartas anteriores, no ha hecho sino acentuar cerrilmente la agresividad del ofensor, ha decidido acudir a este Defensor del Lector por si tiene a bien ampararme en nombre de los derechos de los lectores.

Francisco Álvarez Cascos

RESPUESTA DE JAVIER PRADERA

Lamento que el diputado Álvarez Cascos crea que le profeso una ‘animadversión personal, tenaz y contumaz’. Me temo, en cambio, que esa afirmación no haga sino proyectar, en el sentido psicoanalítico del término, sus propias pulsiones enemistosas hacia las críticas periodísticas: una posibilidad bastante inquietante si se recuerda que Álvarez Cascos es el rumoreado candidato de su partido para el Ministerio del Interior. Dice el secretario general del PP que me he inventado unas inéditas declaraciones’ suyas sobre la candidatura de Javier Solana a la OTAN. Esas declaraciones, sin embargo, existen: fueron hechas a CANAL PLUS y reproducidas por el diario EL PAIS del 27 de noviembre: ‘No sé en qué porcentaje la campaña de su candidatura es objetivamente una campaña que surge de la OTAN o surge del propio Gobierno, español en beneficio del propio señor Solana y del partido socialista’. No hay porcentajes que valgan: la campaña de la candidatura, o procedía realmente de la Alianza Atlántica, o había sido inventada por el Gobierno socialista con propósitos electoralistas. Los hechos han demostrado que la candidatura de Solana, oficializada el 2 de diciembre, se había gestado desde tiempo atrás en el seno de la OTAN.

Hasta aquí llegan los hechos y a partir de ahí empiezan mis opiniones; en labios del secretario general del principal partido de la oposición, ese reticente y mezquino comentario sobre la posibilidad de que la candidatura de Solana fuese una invención electoralista me sigue pareciendo un ‘pronóstico paranoide’ y una ‘espectacular columpiada’, fruto de los ‘cortos horizontes’ y de las ‘obsesiones monotemáticas’ que suelen ‘conducir al ridículo a los profesionales de la política’. El diputado Álvarez Cascos también cita un comentario mío anterior que supuestamente había manipulado otras declaraciones suyas. El secretario general del PP declaró a la agencia EUROPA PRESS el 10 de septiembre de 1995 que ‘la opinión pública española tiene cada vez más claro el veredicto del caso GAL; por eso, cada día que pasa, la sentencia que dicten los jueces es importante para el crédito de la justicia, para que la justicia española se prestigie ante los propios ciudadanos; porque, en la medida en que la decisión penal, la sentencia, no se corresponda con el veredicto de los ciudadanos a la luz de los datos que se han establecido, quien va a salir perdiendo es la propia justicia. Se juega mucho el prestigio de la justicia española, porque en él la opinión pública española, ya ha dictado su propio veredicto’. En una columna publicada el 20 de septiembre y titulada El miedo del árbitro al botellazo, me permití comentar humorísticamente (después de mencionar las presiones socialistas sobre los jueces Garzón y Barbero y de recordar ‘la muerte de Montesquieu’ dictada por Guerra) que, ‘traspuesta la doctrina Cascos al ámbito futbolístico, los árbitros deberán aplicar desde ahora las ululantes sentencias de los ultrasur al pitar, un fuera de juego o una falta contra el Real Madrid en los par tidos del Bemabéu’. El diputado Cascos protestó, en una carta, al director, por la ‘desfiguración sus palabras implicada en el hecho de ‘confundir a la afición del Real Madrid con los ultrasur’: nunca Perogrullo voló tan alto y nunca un chiste corrió peor fortuna.

El Gobierno socialista ha sido muy censurado por su arrogancia, prepotencia e intolerancia ante las críticas periodísticas. Si la hipersensibilidad del diputado Álvarez Cascos es representativa de la actitud de los populares ante la prensa, ya podemos ir preparando el árnica para cuando gobiernen. Porque el delicado cutis del secretario general del PP no le impide, sin embargo, lanzar violentos improperios contra sus adversarios; como el legendario Carpentier, es un boxeador con puño de hierro y mandíbula de cristal. Pero la cultura democrática no sólo concede a los políticos profesionales el derecho a formular críticas, sino que también les obliga a encajar golpes: como dijo Truman, quien no soporte el calor que no entre en la cocina.

Javier Pradera

20 Septiembre 1995

EL MIEDO DEL ÁRBITRO AL BOTELLAZO

Javier Pradera

Leer

Las broncas a los árbitros y los abucheos a los jueces ofrecen materia suficiente para los juegos analógicos. Tanto el árbitro de fútbol como el juez penal aplican sanciones a comportamientos punibles según códigos escritos; su amplio margen de discrecionalidad para interpretar las normas y apreciar los hechos transmite necesariamente carácter polémico a sus decisiones. Los seguidores de un equipo en apuros culpabilizan al árbitro desde las gradas y le dirigen un variado florilegio de acusaciones: ignorar el reglamento, no seguir de cerca el juego, ser hostil a sus colores o estar comprado por los rivales. Idéntico mal perder y parecida inclinación al improperio contra los jueces exhibe la gente de poder político o económico al verse incriminada.Las tardanzas del dimitido Marino Barbero para la instrucción del caso Filesa fueron cruelmente ridiculizadas por aquellos implicados en la financiación irregular del PSOE que habían obstruido previamente la investigación sumarial. Los ex altos cargos de Interior encartados en el caso GAL y su incondicional hinchada partidista han colgado de varias horcas al juez Garzón, acusado alternativa o simultáneamente de incompetencia profesional, móviles innobles, ambición frustrada, conspiración política y corrupción económica. Mario Conde azuza a su vociferante jauría de publicistas mercenarios y chantajea al Gobierno con los papeles del Cesid para quitar al magistrado García-Castellón la instrucción del caso Banesto y lograr la nulidad de las actuaciones procesales.En ocasiones, los dirigentes políticos ponen venenosamente en duda la legitimidad del Poder Judicial en nombre de la democracia. En 1985, Guerra reaccionó ante la sentencia en que el Tribunal Constitucional invalidaba parcialmente la ley del aborto con un exabrupto sobre la muerte de Montesquieu y de la división de poderes: según esa teoría, los magistrados no deberían enmendar la plana al Parlamento ya que -a diferencia de los diputados y senadores- no han sido elegidos directamente por los ciudadanos. Álvarez Cascos, secretario general del PP, ha dado un paso más allá en esa demagógica escalada de vaciamiento del Estado de Derecho por la regla de la mayoría; según su criterio, el fallo penal de la Sala Segunda del Supremo en el sumario GAL deberá limitarse a reflejar el veredicto político condenatorio de Felipe González dictado ya por una opinión pública de inciertos perfiles: de no atender a ese imperioso consejo, el crédito y el prestigio de la justicia española quedarían definitivamente arruinados. Traspuesta la doctrina de Cascos al ámbito futbolístico, los árbitros deberán aplicar desde ahora las ululantes sentencias de los ultrasur al pitar un fuera de juego o una falta contra el Real Madrid en los partidos del Bernabéu.

Las ofensivas político-publicísticas desatadas desde las tribunas del Parlamento y de los medios de comunicación contra el Poder Judicial nada tienen que ver con el derecho de los ciudadanos a criticar las sentencias; esas operaciones de linchamiento de los magistrados se proponen únicamente condicionar sus decisiones mediante la intimidación y la amenza. El miedo del portero al penalty relata la angustiosa huida de un ex futbolista que asesina de manera gratuita a la taquillera de un cine; el título elegido por Peter Handke para la novela es una parábola moral de su argumento. Pero el árbitro capaz de pitar un penalty contra el equipo local no siente pánico ante la incertidumbre sino miedo al botellazo; un temor. simbólicamente aplicable a la situación del juez García-Castellón, presionado directamente por los hooligans a sueldo de Mario Conde e indirectamente por el chantaje al Estado de Derecho que están realizando el ex banquero y sus terminales periodísticos con la inestimable ayuda del coronel Perote.

Javier Pradera