Asesinada en España la activista de ‘Las Madres de Plaza de Mayo’ argentina Noemí Esther Gianetti de Molfino en un crimen atribuido a la ‘Triple A’ de Rodolfo Almirón

EL HALLAZGO en un apartamento madrileño (véase EL PAIS de 2-8-1980) del cadáver, en avanzado estado de descomposición, de Noemí Esther Gianotti de Molfino, una de las madres que se manifestaban semanalmente en la bonaerense plaza de Mayo para exigir al Gobierno de Videla información sobre sus hijos «desaparecidos», ha dado origen a sendos comunicados de la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) y de la Embajada de la República Argentina en España.La única conclusión prudente que cabe extraer de las explicaciones adelantadas tanto por los exiliados como por los diplomáticos argentinos es que ni unas ni otras terminan de ser plenamente convincentes. Así, el comunicado de la CADHU (véase EL PAIS de 3-8-1980) sitúa ese fallecimiento, al que considera «un nuevo y monstruoso crimen de la dictadura argentina», como la culminación de una historia que, con independencia de que los hechos finalmente la confirmaran, resulta demasiado rocambolesca y complicada como para ser aceptada sin más. La hipótesis de un secuestro realizado en Perú por los servicios paralelos argentinos, proseguido en Bolivia y rematado en Madrid con el asesinato de la señora Gianotti, tropieza, sobre todo, con la dificultad de explicar la entrada de la víctima -o de su cadáver- en nuestro país.

La versión dada por la Embajada argentina aporta como decisiva prueba en su favor precisamente el indicio más fuerte de que el escenario macabro pudiera haber sido manipulado por algún servicio paralelo. ¿Por qué razón Julio César Ramírez, otro de los presuntos secuestrados en Perú, utilizó su nombre y no la falsa identidad con la que hipotéticamente habría entrado en España para alquilar el apartamento de la calle de Tutor? Por lo demás, el comunicado de la embajada se precipita triunfalmente a extraer intranquilizadoras moralejas de esa muerte, dirigidas contra los exiliados argentinos en España. En efecto, el fallecimiento de la señora Gianotti en Madrid, de creer el comunicado diplomático, no sólo «deja en la más palmaria evidencia la falsedad de la campaña» en torno a los cuatro exiliados argentinos, presuntamente secuestrados en Perú, sino que también «advierte, una vez más, de la peligrosidad que exhibe la subversión internacional en su intento de socavar las bases de nuestra sociedad occidental».

Es evidente que ni la CADHU ni la Embajada argentina pueden arrogarse el papel que corresponde a los investigadores criminales, los jueces de instrucción, los médicos forenses y los fiscales de nuestro país. El luctuoso hecho de la calle de Tutor debe ser esclarecido por las autoridades españolas sin dejarse influir ni por intoxicaciones diplomáticas ni por sospechas sin pruebas. Si la versión de la embajada fuera globalmente correcta, conviene que la policía y las autoridades judiciales españolas la ratifiquen. Y si el territorio español hubiera sido utilizado como escenario para criminales actuaciones de servicios paralelos extranjeros, al estilo de las fechorías perpetradas por la DINA chilena en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, sería preciso además la persecución ep nuestro suelo de los delincuentes y el esclarecimiento de sus conexiones más allá de nuestras fronteras.

En cualquier caso, sería intolerable que este sombrío suceso fuera manipulado para recortar el derecho de asilo en nuestro país de los ciudadanos del Cono Sur que han huido de su patria para escapar de la persecución y la muerte. Recordemos, a este respecto, que las Cortes Generales tienen todavía pendiente en su programa legislativo esa ley de asilo que el artículo 13 de la Constitución prevé y que nuestra deuda histórica con las naciones americanas y el compromiso de la nueva democracia española con la defensa de las libertades obligan a discutir y aprobar de inmediato.

Digamos finalmente que el fallecimiento de Noemí Esther Gianotti de Molfino en un apartamento madrileño, lejos de su patria y con el dolor de la muerte de seres queridos en su memoria, merece, como mínimo, el respeto de sus compatriotas, aunque cumplan funciones diplomáticas al servicio del régimen de Videla. La desaparición, esta vez sin los eufemismos sarcásticos con que las autoridades de Buenos Aires utilizan la palabra a fin de no pronunciar términos tan desagradables como tortura o asesinato, de una de las «locas de la plaza de Mayo» debe, por lo demás, servir de ocasión para rendir homenaje a la conmovedora y obstinada lucha de esas madres argentinas, propuestas para el Premio Nobel de la Paz, que, en pleno centro de Buenos Aires, y rodeadas de policías, se manifestaban semanalmente en pro de los derechos humanos y en contra de un Gobierno que se niega incluso a extender oficialmente el acta de defunción de sus hijos «desaparecidos» en lugares y circunstancias no siempre conocidos.

LA MUERTE en extrañas circunstancias de la súbdita argentina Noemi Gianotti de Molfino -ocurrida hace cuarenta días en un apartamento madrileño- no sólo es un probable caso más de desconexión entre la policía y la judicatura, sino un ejemplo poco alentador de cómo se está dejando pudrir un tema con presuntas implicaciones con regímenes dictatoriales corno los de Argentina y Brasil.Los hijos de la señora de Molfino, que no es «una de las madres locas de la plaza de Mayo», de Buenos Aires, como se ha dicho en ocasiones, pero que es viuda y madre de desaparecidos argentinos y militante activa de la resistencia contra el general Videla, y también la opinión pública española e internacional, tienen derecho a saber cómo y, si ello fuera cierto, a manos de quién murió en el apartamento del número 37 de la calle del Tutor, el 19 de julio.

La historia de un posible secuestro en Perú de la señora de Molfino, su misterioso vuelo desde Brasil hasta Madrid un día antes de su muerte, los dos hombres también misteriosos que la esperaban en Barajas y la condujeron al apartamento donde falleció, los muchos pasaportes y documentos de identidad -algunos falsos- que se manejan en el caso, la incógnita del dictamen del forense, la forma en que se procedió a su identificación y su posterior exhumación se parecen más a una película de Costa-Gavras que a un caso policial real. Las muchas incógnitas que aún continúan sin desvelar son además un magnífico caldo de cultivo para la colonia de exiliados argentinos, que, con razón o sin ella, utilizan él caso como una magnífica caja de resonancia contra la supuesta mano negra del dictador Videla, a cuya policía imputan lo que consideran asesinato en la persona de Noemí, en un país -España- con una creciente credibilidad democrática.

Frente a esta hipótesis -no por fantástica, descartable- emerge la contraria: la de muerte natural de la señora de Molfino en el momento en que se encontraba con personas afines a su causa, dentro de las actividades propias de estos luchadores por la democracia en Argentina.

Nada ganan o pierden las instituciones encargadas de resolver el caso Molfino si no es un poco más de credibilidad. Existen -o existían, al menos, hace unos días- testigos importantes, como, por ejemplo, los empleados del edificio de apartamentos, que no habían sido llamados a declarar, y en algunas instancias se cree atisbar que el sumario judicial se está llevando con lentitud, aunque es deseo real llevar el caso hasta el final.

Probablemente, la policía estuvo poco acertada dejando transcurrir un tiempo precioso en tanto, a través de la Embajada argentina, la Interpol logró identificar a la fallecida. El juzgado pudo también no haber actuado con presteza y, en palabras de un alto funcionario de policía, apenas deja husmear a ésta en el caso. De cualquier modo, el silencio casi sepulcral que mantienen ambas instituciones juega en su contra, como juega en su contra el dilatado tiempo transcurrido sin que se vea una solución pronta al caso Molfino.