Asesinado a tiros el líder de la derecha chilena, Jaime Guzmán (UDI), por un comando terrorista dejando descabezado al ‘pinochetismo’

El asesinato de Guzmán puede considerarse, en buena medida, una decapitación intelectual de la derecha pinochetista precisamente cuando ésta necesitaba aprender a ser derecha democrática de oposición. Guzmán había sido bastante más que un partidario de Pinochet: participó en la arquitectura institucional del régimen, fue uno de los principales redactores de la Constitución de 1980 y trabajó posteriormente en sus leyes orgánicas; pero poseía además algo que no abundaba entre los antiguos colaboradores de la dictadura: una doctrina, una organización y una estrategia para sobrevivir políticamente a Pinochet. Había creado primero el movimiento gremialista y después la UDI, y pretendía convertirla en una derecha conservadora, católica, anticomunista y defensora de la economía social de mercado, pero capaz de conquistar votos populares y disputar elecciones. Su muerte deja por ello un vacío que un general retirado no podía cubrir: Pinochet conservaba enorme ascendiente militar y simbólico, pero Guzmán podía proporcionar a aquella derecha un futuro político después de Pinochet. No es necesario blanquear su biografía para reconocerlo. Su responsabilidad política en la dictadura es considerable: colaboró estrechamente con ella, legitimó institucionalmente un régimen responsable de gravísimas violaciones de los derechos humanos y posteriormente reconoció judicialmente haber tenido conocimiento de vulneraciones de derechos sin acudir a denunciarlas ante los tribunales. Eso permite atribuirle responsabilidad política y moral por su colaboración con el régimen, pero sería distinto afirmar, sin pruebas específicas, una responsabilidad penal personal en asesinatos, torturas o desapariciones cometidos por la DINA o la CNI. Una cosa es ser uno de los arquitectos civiles de una dictadura y otra demostrar participación criminal individual en sus delitos.

Y precisamente por eso el atentado constituye además un formidable error político del FPMR. La democracia ofrecía ya instrumentos para combatir el proyecto de Guzmán con votos, Parlamento, prensa y tribunales; asesinarlo permitió convertir a uno de los principales colaboradores civiles de Pinochet en víctima del terrorismo dentro de la democracia. Su funeral reunió significativamente a Pinochet y a las máximas autoridades del Gobierno democrático. Tampoco aparece un sucesor único. Su herencia quedó repartida entre los llamados «coroneles» de la UDI —Jovino Novoa, Pablo Longueira, Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma—, que dominarían sucesivamente el partido durante muchos años. Joaquín Lavín desarrollaría después su vertiente electoral y popular; otros dirigentes trasladarían parte del ideario gremialista a los gobiernos de Sebastián Piñera. Y, mucho más tarde, José Antonio Kast reivindicaría una derecha más doctrinaria y explícitamente conectada con algunos elementos del pensamiento guzmaniano, aunque su proyecto no pueda identificarse sin más con la UDI que Guzmán dejó en 1991. Por eso la consecuencia más importante del asesinato quizá sea ésta: el FPMR consiguió matar a Guzmán, pero no consiguió matar el guzmanismo. Al contrario, privó a la derecha chilena del hombre que habría tenido que decidir hasta dónde conservar la obra institucional de Pinochet y hasta dónde adaptarla a una democracia que, paradójicamente, acababa de convertirlo en senador.

J. F.