Campaña electoral catalana Rodríguez Zapatero (PSOE): se compromete ante Maragall a respaldar su nuevo Estatuto de Catalunya tal como lo apruebe el Parlamento Catalán

A finales de mayo, recién celebradas en Cataluña las elecciones municipales, escribí en estas mismas páginas un artículo en el que constataba que, a pesar de todos los pesares -huelga general, catástrofe del Prestige, guerra de Irak-, las expectativas de los partidos nacionalistas y de izquierda no se habían cumplido y los votos de los catalanes seguían donde siempre. Con ello quería significar que la deseada aniquilación política del Partido Popular, al que durante los meses precedentes se había pintado más que nunca como un intruso, como un cuerpo extraño, cuando no como el verdadero demonio, estaba lejos de haberse producido. Y al decir aniquilación no estoy exagerando en absoluto, porque, si bien en el resto de España el objetivo de las fuerzas nacionalistas o de izquierda era la derrota contundente del adversario, en Cataluña estas mismas fuerzas habían puesto el listón mucho más alto y parecían no conformarse con menos.

Los resultados del 25 de mayo vinieron, pues, a frustrar estos deseos, dado que el PP catalán no sólo no perdió votos, sino que incrementó en más de cuarenta mil los obtenidos en los anteriores comicios locales. Cabía esperar, por tanto, que las aguas volvieran a su cauce, que no es otro que el cauce democrático de la lógica disputa entre partidos, ya sea en las diversas instancias representativas, ya en los medios de comunicación o en cuantos foros de debate la propia sociedad suele poner a su disposición. Y no. Las aguas siguen revueltas, y hasta diría que cada vez lo están más. No se me escapa, por supuesto, que nos hallamos en plena campaña, y que a las turbulencias de rigor se añaden aquí las que resultan de la presentación pública del plan Ibarretxe. Pero cada uno de estos remolinos electorales dura, al cabo, lo que tarda el siguiente en ocupar su lugar, y todos juntos no superan siquiera lo que se conoce como el día después. No, lo verdaderamente preocupante es la constancia con que las demás formaciones políticas catalanas siguen insistiendo en el carácter marginal de los populares catalanes, como si este partido se encontrara a duras penas en la frontera de la legalidad, como si no tuviera derecho a intervenir en el corro de la política catalana y se le permitiera tomar parte en el juego sólo porque así lo prescribe el reglamento.

Hace unos días, este diario publicó una extensa entrevista con el todavía presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. En ella, y entre otras muchas cuestiones, Pujol habló del papel del PP en Cataluña. No del que ha tenido hasta ahora, en que ha contribuido con sus votos a la estabilidad del Gobierno durante las dos últimas legislaturas; de este papel no habló -no quiso hablar, mejor dicho, pese a la insistencia de los entrevistadores-. Sí lo hizo, en cambio, del que puede tener después del 16 de noviembre. Y fue claro: «La estabilidad en Cataluña no pasa por el PP. El PP en Cataluña lo único que puede hacer es no aportar estabilidad». La primera frase constituía tal vez un anticipo de lo que aquel domingo anunciaba el propio periódico; a saber, que, según la encuesta elaborada por Demoscopia, la llave de la mayoría, la que puede dar el Gobierno autonómico a CiU o al PSC, la tendría ERC y no el PP. La segunda frase poseía mayor calado, aunque es cierto que su significado podía ofrecer alguna duda. Sin embargo, no ofrecía ninguna. En la réplica siguiente, el presidente catalán, tras una larga reflexión en la que insistía en que no había otra Comunidad, salvo Cataluña, en que el PP fuera la cuarta fuerza, disipaba cualquier duda con una nueva versión de la sentencia anterior: «A partir de ahora sólo puede aportar inestabilidad.» O sea, que no es que el Partido Popular no pueda aportar estabilidad, es que, a juicio del entrevistado, va a aportar exactamente lo contrario.

Puestos a buscar razones y dejando a un lado la coyuntura electoral, uno estaría tentado de atribuir la frase a las difíciles relaciones existentes entre Pujol y José María Aznar; de considerar, en suma, que se trata simplemente de una puya más entre dos presidentes que se disponen a abandonar, en un futuro más o menos próximo, sus respectivos cargos. Es posible. Pero hay algo más. Algo que Pujol comparte con el resto de los dirigentes políticos catalanes, excepto con Josep Piqué. Para darse cuenta de ello, basta con echar un vistazo a la hemeroteca. Durante estos últimos meses -por no escarbar en el período inmediatamente anterior a las municipales-, tanto Pasqual Maragall, como Josep Lluís Carod-Rovira, como Joan Saura, han dicho y escrito cosas parecidas a las de Pujol. Incluso cosas mucho más duras. Pues bien, en todos estos casos, detrás de las críticas vertidas contra el Partido Popular, podía apreciarse, con mayor o menor nitidez, la imagen del cazador apostado en su trinchera que, una vez levantada la veda, está dispuesto a compartir el monte con los amigos, pero con nadie más. Aunque el monte en cuestión no le pertenezca.

Y es que, tras un cuarto de siglo de democracia constitucional, la mayoría de los partidos políticos catalanes siguen apegados a la trinchera. Recuerdo cómo en los primeros años de la transición, a medida que la progresiva recuperación de las libertades iba permitiendo el destape político de muchos hombres y mujeres que supuestamente habían participado en la resistencia contra la dictadura, solía decirse con indisimulada admiración: «¡Ha hecho la guerra!». Luego resultó que había quien la había hecho de verdad, y quien se había limitado a narrar los episodios de los demás. Pero incluso este detalle sustancial era, por lo común, pasado por alto: al fin y al cabo, la gente tenía batallitas que contar y el pasado necesitaba también de su catarsis; había confianza en el tiempo, en el olvido, y la convivencia aparecía como el valor supremo. Hasta el punto de que, poco a poco, incluso las viejas adscripciones fueron superándose: tan habitual resultaba ver a un antiguo cargo del franquismo militar en un partido nacionalista, como a un ex militante de la izquierda antifranquista hacerlo en uno conservador. Y así fue, en efecto, con los lógicos vaivenes, hasta el 2000, en que el PP obtuvo la mayoría absoluta. A partir de ahí, todo cambió. En España, y especialmente en Cataluña. Volvió la trinchera, volvió la práctica de la conspiración, volvió el mito del invasor. En una palabra, volvió el franquismo, verdadero maná ideológico de la izquierda y el nacionalismo.

Ni que decir tiene que, en este contexto y a pesar de los cerca de 800.000 votos obtenidos en aquellas elecciones generales, al Partido Popular catalán le esperaba una difícil travesía de legislatura. Pasó con éxito la prueba de las municipales, y ahora afronta la de las autonómicas. Para tratar de hacerse un hueco en el territorio y seguir influyendo en el juego político, lleva en la mano, como salvoconducto, el Estatuto del 79. Es el de siempre, el de la convivencia, el de la democracia. Desde la trinchera responden con fuego graneado. «No sirve -precisan todos a una-. Hemos decidido cambiarlo.» «¿Para qué?» «Para volver al pasado».

El programa de Gobierno firmado por los socialistas, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya-Els Verds, que permitirá a Pasqual Maragall obtener la investidura como presidente de la Generalitat catalana, ha desencadenado un vendaval de críticas a las pocas horas de darse a conocer. El conseller en cap del Gobierno saliente, Artur Mas, ha indicado que le parecen demasiado amplios los plazos fijados para la reforma del Estatuto (un año y medio), y considera que debe hacerse en seis meses, a pesar de que su partido no quiso abrir este melón en 23 años.

El portavoz del Gobierno de España, Eduardo Zaplana, ha ido más lejos en sus críticas -considera que el programa «es inconstitucional»- y ha utilizado la conferencia de prensa destinada a comunicar las resoluciones del Consejo de Ministros para arremeter contra los socialistas por haber firmado un acuerdo que ha calificado de «disparate» y atentatorio contra la idea de España. Zaplana ha rodeado sus declaraciones de solemnidad y ha expresado la «altísima preocupación» y el «desasosiego» del Ejecutivo central, insinuando incluso que Maragall podría ir a la cárcel de prosperar su proyecto de consulta sobre el proyecto de Estatuto.

El tripartito de izquierdas está ya en la diana antes de iniciar su mandato. La firma de un contrato transparente y minucioso entre los tres partidos, que compromete a los futuros gobernantes ante sus electores, constituye una novedad que debe ser bienvenida desde el punto de vista democrático. Pero no va a contar con los cien días de gracia. Ni siquiera se ha esperado a escuchar las explicaciones de Maragall en el debate de investidura. La nueva oposición, dirigida por Artur Mas y Josep Piqué, ya ha empezado a atacar al tripartito antes de constituirse, algo que no deja de ser lógico en las actuales circunstancias. No lo es tanto, y eso sí suscita «altísima preocupación» y «desasosiego», la utilización partidista del Gobierno de la nación y de su portavoz para atacar prematuramente un acuerdo ni siquiera presentado en sociedad. El PP no desaprovecha oportunidad para ampliar sus descalificaciones por supuesta inconstitucionalidad y su lista de sospechosos de poner en peligro lo más sagrado de España.

Es cierto que Maragall y Carod deberán aclarar algunas de las preocupaciones que suscita la lectura del texto del pacto. Es muy necesario que se preserve la igualdad básica de los ciudadanos españoles, que la solidaridad interterritorial sea algo más que un mero enunciado constitucional y que, por supuesto, se respete escrupulosamente la legalidad al emprender las reformas. Un punto del acuerdo, utilizado como un proyectil por Zaplana, es de redacción confusa y no debe extrañar que se interprete, en el sentido del plan Ibarretxe, como una amenaza de convocatoria de un referéndum ilegal para el caso de que la propuesta de Estatuto catalán no sea aprobada en las Cortes. Aunque el PSC ha aclarado que descarta totalmente esta vía, el PP ya ha empezado a utilizarla para fustigar a Zapatero con vistas a las elecciones generales.

Es una cuestión que debe ser aclarada sin ambigüedades. Una vez salvado este escollo, habrá que analizar con más detalle la reforma estatutaria y del sistema de financiación autonómica. Pero en paralelo a los compromisos asumidos para desarrollar un programa de profundización del «catalanismo», el programa desarrolla un amplio catálogo de medidas económicas y sociales que constituyen todo un desafío político al inmovilismo del PP y a sus instintos más conservadores. No será fácil gestionar la coalición de gobierno que encabeza Maragall, pero puede constituir una oportunidad para consolidar y profundizar el espíritu que alumbró la Constitución hace 25 años.