Caso Degollados en Chile: Asesinados 3 opositores a la dictadura del General Augusto Pinochet a manos de carabineros

LOS TRES nuevos asesinatos de personalidades democráticas que acaban de ser cometidos en Chile han levantado una ola de indignación en todos los sectores de la población, y en la opinión pública internacional, particularmente en América Latina. Han sido ya muchos los muertos como consecuencia de la represión gubernamental en los más de 11 años que el general Pinochet lleva al frente del poder. Pero en este último: caso, los procedimientos utilizados han sido particularmente macabros. Manuel Guerrero, el presidente metropolitano de la Asociación Gremial de Educado res; el sociólogo José Manuel Parada, colaborador de la Vicaría de Solidaridad de la Iglesia católica, y el dibujante Santiago Nattino fueron secuestrados y sus cadáveres aparecieron al día siguiente, degollados, en un camino rural próximo a Santiago. No existen pruebas, por ahora, de que los autores del crimen sean miembros de la policía. Un portavoz del Gobierno ha declarado incluso que éste desea esclarecer los hechos y en tregar los culpables a la justicia. Pero diversas circunstancias, incluido el interrogatorio al que fueron sometidos otros cuatro dirigentes de la Asociación de Educadores, secuestrados, torturados y liberados al cabo de unas horas, indican que se trata de un nuevo paso en la escalada del terror fomentado desde el poder contra la oposición. La semejanza es obvia con los métodos empleados en otras dictaduras latinoamericanas por grupos parapoliciacos. En ese sentido han reaccionado todas las fuerzas de la oposición, desde la Democracia Cristiana a los comunistas, partido al que, pertenecían Guerrero y Parada. El cardenal Raúl Silva Enríquez ofició una misa en memoria de los tres asesinados. Los funerales se convirtieron en la mayor concentración de masas, desde hace mucho tiempo, de las fuerzas de la oposición democrática. En este agravamiento de la represión aparecen rasgos que tienen, sin duda, un significado político. En reiteradas ocasiones, Pinochet ha demostrado que es capaz de aplicar procedimientos represivos de suma crueldad sin ningún disimulo, de manera oficial. Si ahora se recurre a métodos indirectos, organizando la acción de grupos parapoliciacos, la causa más probable reside en el creciente aislamiento de la dictadura; y en la existencia de dificultades en el seno de su propio aparato de poder.

Durante una etapa de su régimen, aproximadamente hasta 1981, la política económica de Pinochet facilitó el enriquecimiento de una minoría de la población; otros amplios sectores tuvieron esperanza en una mejora de su nivel de vida. Cuando estas perspectivas se hundieron, cuando el descontento empezó a generalizarse, la dictadura inició una operación liberalizadora. Hubo incluso un momento en que parecía que las amplísimas; movilizaciones populares iban a desembocar en una liberalización del régimen más o menos negociada. Sin embargo, la declaración del estado de guerra, en noviembre pasado, significó más bien un nuevo golpe: para enterrar los brotes de democracia. Pinochet ha reforzado desde entonces el terror. Frente a una sociedad cada vez más desesperada, con una miseria y paro crecientes de las masas trabajadoras y un descenso del nivel de vida de la clase media, la dictadura se mantiene sólo gracias al apoyo de las fuerzas armadas, principalmente del ejército de tierra. Esta situación pone de relieve hasta qué punto es errónea la política de EE UU en la cuestión chilena, tal como la definió el secretario de Estado adjunto, Langhome Motley, durante su reciente visita a Santiago. Sus consejos a la derecha de la Democracia Cristiana fueron que debía negociar con Pinochet, aceptando el marco fijado por éste, y romper toda relación con los comunistas y con la izquierda de la oposición. Pero la realidad chilena va por un camino diametralmente distinto. Una prueba clara es la actitud crítica de la Iglesia; la colaboración en los sindicatos, en la Universidad, entre comunistas, cristianos y otros sectores socialistas y democráticos.

La única estrategia que puede acercar el triunfo de la democracia es aislar a Pinochet, promover una toma de conciencia incluso en las fuerzas armadas; y para ello, irealizar la unidad más amplia posible de todas las fuerzas democráticas. EE UU tiene posibilidades de presión imuy eficaces sobre la situación chilena. Si la siguen utilizando en un sentido continuista, para prolongar la dictadura, las consecuencias pueden ser graves. Después ole los últimos crímenes, la oposición prepara nuevas acciones de masas; contarán con la solidaridad de las fuerzas democráticas de España y de Europa en general. Pero una dictadura atrincherada en métodos terroristas puede durar; eso sí, sembrando la desesperación y vientos de violencia incontrolados en el país. EE UU dice temer la repetición de una experiencia inspirada en el sandinismo. Pero su postura contribuye a provocarla.

LA DICTADURA del general Pinochet ha utilizado de nuevo los métodos represivos más brutales contra las numerosas manifestaciones pacíficas organizadas en la capital y en otras muchas ciudades de Chile con motivo de la «jornada por el derecho a la vida» convocada por el conjunto de las fuerzas de la oposición democrática.Ante concentraciones de ciudadanos en actitud absolutamente pacífica, que deseaban reivindicar derechos universalmente reconocidos en todo el mundo civilizado, las unidades de Carabineros, el principal cuerpo represivo de la dictadura, han actuado con salvajismo. El balance, según datos probablemente incompletos, registra ya tres muertos, decenas de heridos y unos 70 detenidos.

No sería acertado añadir simplemente esta jornada de manifestaciones a las otras muchas que han tenido lugar en años anteriores, en este período trágico y triste que está viviendo el pueblo chileno. Conviene recordar la causa específica que ha dado lugar, en el caso que nos ocupa, a la convocatoria de manifestaciones y que explica esta denominación de jornada por el derecho a la vida». A finales de marzo, destacamentos especiales del cuerpo de Carabineros degollaron a tres militantes del Partido Comunista de Chile. Las circunstancias de este crimen, cometido por el propio aparato represivo del Estado, salieron a la luz pública. El impacto fue tan fuerte y unánime, que la propia justicia chilena, a pesar de las cortapisas que la dictadura pone a su funcionamiento, tomó cartas en el asunto. Esta circunstancia provocó o agudizó determinados enfrentamientos entre los propios órganos en los que se apoya la dictadura pinochetista: entre los Carabineros y otros sectores del Ejército. La fuerza de Carabineros se había distinguido desde los comienzos del régimen golpista por su celo en la represión y su actitud de sometimiento a las órdenes del general presidente. A finales del año pasado, este cuerpo había creado su propio servicio de información, dedicado especialmente a reforzar la actividad represora contra la oposición, servicio que se desgajó incluso de la Central Nacional de Información, organismo algo más sutil en sus procedimientos, en el que se integran los servicios de espionaje de los restantes institutos militares. El refuerzo que ello suponía para el cuerpo de Carabineros y su jefe, el general César Mendoza; no podía dejar de granjearle enemistades y rivalidades en el entorno del poder.

Cuando estalla el escándalo público por los tres degollamientos cometidos por un cuerpo selecto de la dictadura, Pinochet se encuentra en una situación embarazosa. Sería absurdo pensar que él deseaba hacer caer cabezas por lo que en definitiva era uno más de los desmanes del régimen. Pero no podía permanecer pasivo cuando la exigencia de que se castigase a los responsables del crimen partía no sólo de los medios de la oposición y los flecos derechistas que aún apoyan al general, sino también de sectores militares que podían salir beneficiados si se tomaban medidas contra los Carabineros. En esas circunstancias, catorce carabineros han sido procesados, y el jefe del cuerpo, general Mendoza, destituido.

Los hechos ocurridos posteriormente, y de un modo dramático la represión brutal contra las manifestaciones del viernes pasado, demuestran que seria completamente absurdo pensar que, al destituir al jefe de los Carabineros, Pinochet ha dado un paso hacia una mínima observación de normas jurídicas y el respeto de los principios del derecho. Si alguien tuvo en algún momento ilusiones de ese género, necesariamente ha tenido que desengañarse. Precisamente la «jornada por el derecho a la vida» tendía a exigir que no se pudiesen repetir casos como el del degollamiento de los tres comunistas, que el aparato del Estado no siguiese actuando con total desprecio de la vida y de los derechos de los ciudadanos. La respuesta ha sido que otras tres personas han perdido la vida como consecuencia de la brutalidad policiaca; que en las calles de Santiago, y de otras ciudades, los carabineros han cometido nuevas agresiones «furiosamente represivas» contra la población, según el texto de la pro testa hecha pública por Alianza Democrática, coalición de partidos democráticos, al término de la jornada.

A la vez conviene resaltar la extraordinaria amplitud de las fuerzas políticas y sociales que, venciendo enormes dificultades, lograron manifestarse en las calles de ciudades tomadas por la policía y destacamentos militares. Desde la derecha hasta la izquierda, desde los sindicatos agrupados en el «comando de trabajadores» hasta los colegios profesionales, las familias de los presos, etcétera. La condena de la dictadura es prácticamente unánime entre la población chilena. Y lo será más aún después de los últimos acontecimientos.