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El Teniente Coronel Quintero y el comandante Pindado condenados como líderes de una 'organización de narcos'

Caso UCIFA: La sentencia respalda la instrucción de Garzón y condena a los Guardias Civiles que pagaban a confidentes con droga

HECHOS

El 3.10.1997 se hizo pública la sentencia por el ‘caso UCIFA’ dictada por los jueces de la Audiencia Nacional, D. Fernando García Nicolás, D. José Ricardo Prada y Dña. Ángela Murillo, esta última ponente de la sentencia.

Desde 1986 la Guardia Civil estaba dirigida por el dirigente del PSOE D. Luis Roldán Ibáñez, que ya había sido Delegado del Gobierno de Navarra respaldado por el aparato del PSOE en esta comunidad que dirigía D. Gabriel Urralburu. La primera unidad de la Benemérita que dio problemas durante el mandato de Roldán fue la UCIFA, la Unidad Antidroga que en el periodo 1990-1993 dirigió el comandante D. José Ramón Pindado y el teniente coronel Quintero.

Pero en el año 1993 dos guardias civiles fueron detenidos por trapichear con drogas intervenidas: De los 10 millones de beneficio al vender droga intervenida por la UCIFA seis fueron para el confidente D. Ramón Temple, dos para el guardia D. Vicente Domínguez Serrano y otros dos para Gómez Porras. Ambos agentes fueron descubiertos y detenidos en una investigación llevada a cabo por el juez Garzón.

Pero D. Domínguez Serrano y Gómez Porras decidieron ‘pactar’ para lograr rebajar las penas contra ellos señalando basura de sus superiores. Según los dos ‘arrepentidos’ los mandos de la UCIFA encabezados por Pindado y Quintero estaban provocando entregas de drogas que habían ordenado ellos mismos para ponerse las medallas con su detención. “Decir, que vengan drogas para coger al pobre desgraciado que la trae; es una burrada”.

De acuerdo con lo que denunciaban ‘los arrepentidos’ Domínguez Serrano y Gómez Porras mientras mandos de la UCIFA buscaban medallas consintiendo que los confidentes – pagados por la propia UCIFA con droga intervenida – encargaran envíos de alijos sin más finalidad que su estricta requisa, algunos de los subordinados de la misma UCIFA se lucraban con la reventa de droga desviada a soplones.

De nuevo apareció el abogado D. Emilio Rodríguez Menéndez como el abogado ‘azote’ del PSOE representando a los ‘arrepentidos’ en sus acusaciones contra la cúpula de la UCIFA. Frente a él se situó el abogado D. Manuel Cobo del Rosal, abogado de confianza del secretario de Estado de Defensa socialista D. Rafael Vera a quien se encargó la defensa de D. José Ramón Pindado y sus hombres. La versión oficial del Gobierno del PSOE y de su director de la Guardia Civil, Luis Roldán, es que la cúpula de la UCIFA era inocente y que los únicos corruptos eran los ‘arrepentidos’ D. Vicente Domínguez y D. Doroteo Gómez Porras, que eran a los que habían pillado con el dinero en la masa.

Pero el instructor, el juez Garzón, no lo vio así y el 17 de febrero procesó a toda la cúpula de la UCIFA encabezado por D. José Ramón Pindado y D. Francisco Quintero acusándoles de pagar con droga a confidentes como sistema de retribución habitual y haber usado entregadas controladas para cubrir de legalidad meras importaciones de droga. Todo un triunfo para los intereses de los supuestos ‘arrepentidos’ y una derrota para el PSOE y para D. Luis Roldán.  Ante esa nueva situación D. Luis Roldán y el PSOE optaron por dar la espalda a los mandos de la UCIFA, que fue desmantelada.

La sentencia estableció las siguientes condenas:

  • D. Francisco Quintero Sanjuán – 8 años de prisión.
  • D. José Manuel García Gutiérrez – 10 años de prisión.
  • D. Luis Ezquerecocha del Solar – 10 años de prisión.
  • D. Juan José Garrote Gago – 10 años de prisión.
  • D. José Luis Recuerdo del Pino – 9 años de prisión.
  • D. Gonzalo Méndez Gutiérrez – 8 años de prisión.
  • D. Juan Miguel Rada Fernández – 10 años de prisión.
  • D. Vicente Domínguez Serrano (Arrepentido) – 2 años de prisión.
  • D. Doroteo Gómez Porras (Arrepentido) – 2 años de prisión.

La ex UCIFA iba a tomar venganza contra el socialista Luis Roldán por considerar que este les había dejado tirados y, en noviembre de 1993, filtrarían a la prensa lo que sabían de su ‘director general’.

PROTAGONISTAS DEL JUICIO:

general_quintero El Teniente Coronel Francisco Quintero, principal acusado, fue condenado a 8 años de cárcel.

VicenteDomingues_Temple D. Vicente Domínguez y D. Ramón de Temple, los primeros guardias civiles detenidos por sus chanchullos con la droga. Acordaron con el juez instructor Garzón pasar de acusados a ‘testigos protegidos’ a cambio de inculpar a sus superiores y recibir pequeñas condenas.

juez_murillo La juez de la Audiencia Nacional, Dña. Ángela Murillo fue la ponente de la sentencia del ‘caso UCIFA’. Los otros dos jueces fueron D. Fernando García Nicolás, que presidió la sala y el progresista D. José Ricardo de Prada.

Garzon_Dimite El juez instructor del caso fue D. Baltasar Garzón, que se valió de que los principales implicados en el tema como era D. Vicente Domínguez, aceptaron ‘cooperar’ con la investigación adquiriendo el rango de ‘testigos protegidos’.

Fiscal_Zaragoza Castro_Meije Inicialmente el juez del ‘caso UCIFA’ iba a ser el Presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, D. Francisco Castro Meije, pero fue recusado por el fiscal antidroga, D. Javier Zaragoza (porque había participado en la decisión sobre la libertad de varios acusados del caso UCIFA y ese acto, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contamina a los magistrados que adoptaron la resolución). Como no quiso abstenerse por voluntad propia, se optó por recusarle. Por lo que el Tribunal quedó formado por D. Fernando García Nicolás, Dña. Ángela Murillo y D. José Ricardo de Prada, pero sin Castro Meije.

cobo_Del_rosal D. Manuel Cobo del Rosal era el abogado del comandante Pindado, principal acusado en el ‘caso UCIFA’

rodriguez_menendez El abogado D. Emilio Rodríguez Menéndez, era el letrado de D. Vicente Domínguez. Desde 1993 hasta 1997. Sorprendentemente renunció el mismo día que comenzaba el juicio.

05 Octubre 1997

Guardias y drogas

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

La sentencia de la Audiencia Nacional no deja lugar a dudas Un grupo de oficiales y agentes de la Unidad Central de Información Fiscal y Antidroga (UCIFA) se dedicó durante años a utilizar droga confiscada o traída a España a instancias de la propia unidad para pagar a confidentes, devolver favores y mejorar salarios. Los 15 condenados aún pueden recurrir al Tribunal Supremo.Pero la sentencia considera. probado que en la UCIFA existía una organización con un centro de decisiones y un orden jerárquico dedicado sistemáticamente a utilizar drogas en beneficio propio, ya fuera para simular éxitos policiales, lograr promociones profesionales o establecer unas redes de interdependencia con narcotraficantes y confidentes.

El mundo del narcotráfico, con sus ingentes cantidades de dinero, está lleno de trampas y riesgos. Quienes desde los órganos del Estado tienen que estar en permanente contacto con este mundo y deben muchas veces infiltrarse en él, están sometidos a constantes tentaciones y presiones.

Está comprobado que cuando una organización policial cede en sus reglas internas en aras de la efectividad, acaba sumida en una ciénaga de corrupción. Se salta los trámites, después las reglas y finalmente viola las leyes. La corrupción de algunos guardias civiles, que no por aislada es menos grave, es un desgraciado fenómeno que ha hecho correr ríos de tinta. Se ha echado de menos, en muchas ocasiones, una mayor transparencia y un control más estrecho de un corporativismo que ha funcionado como tapadera. Lo que es evidente es que quienes quieren aumentar la discrecionalidad de las actuaciones policiales, en la lucha antidroga o cualquier otro terreno, deben entender que ésta suele convertir a responsables de defender las leyes en violadores de las mismas.

04 Octubre 1997

UCIFA: un grupo mafioso en Interior

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

La lectura de la sentencia contra los integrantes de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil (UCIFA), dictada ayer por la Audiencia Nacional, podría servir de manual a los delincuentes por la variedad y la gravedad de las conductas delictivas que se describen.

En lugar de perseguir a los narcotraficantes, los mandos y los agentes de UCIFA se dedicaban a todo tipo de actos de pillaje: a intercambiar información de sus confidentes por droga, a fabricar pruebas falsas y engañar a la Justicia, y, en algunos casos, a vender cocaína y heroína para obtener un cuantioso sobresueldo, a modo y manera de Roldán y sus superiores.

La Audiencia Nacional condena a ocho años de cárcel y una multa de 100 millones de pesetas al teniente coronel Francisco Quintero y a otros nueve años y 100 millones al comandante Ramón Pindado, jefe de la UCIFA, a los que considera responsables de las ilegales operaciones de sus subordinados. Condena también a diez años a dos confidentes y a dos traficantes por delitos contra la salud pública.

El fallo establece que los condenados habían creado un grupo mafioso para delinquir «asumiendo cada uno de sus miembros funciones distintas en perfecta coordinación, dentro de una estructura en la que se detecta claramente un centro de decisiones y distintos niveles jerárquicos».

La sentencia hace también una referencia expresa a la instrucción efectuada por el juez Garzón, señalando que se ajustó a la estricta legalidad. Algunos procesados habían acusado a este magistrado de presionar a testigos y de montar pruebas falsas en complicidad con un coronel fallecido, lo cual es negado de forma tajante por los autores del fallo.

La Audiencia Nacional, que dice que son todos los que están pero no están todos los que son, pone las cosas en su sitio: las personas a las que el Estado había encomendado la lucha contra la droga no sólo utilizaron métodos ilegales sino que acabaron convirtiéndose en delincuentes, ya sea con ánimo de lucro o de colgarse medallas.

No es la primera vez que una cosa así sucede en un cuerpo policial. El combate contra la corrupción corrompe a veces a los menos escrupulosos, que no resisten la tentación del poder o el dinero fácil. Pero lo sucedido en el Ministerio del Interior durante la etapa socialista rebasa todo lo imaginable: crímenes de Estado, saqueo de las arcas públicas y enriquecimiento de sus altos cargos, la mayor parte de ellos procesados por gravísimos delitos.

Los sucesos a los que se refiere la sentencia de la Audiencia Nacional tuvieron lugar entre 1988 y 1991, cuando José Luis Corcuera era ministro y Rafael Vera, su mano derecha. El director general de la Guardia Civil era Luis Roldán. ¿Conocían las delictivas actividades de Pindado y sus hombres? Posiblemente, no. Estaban tan ocupados en otros menesteres que no tenían tiempo de vigilar a sus subordinados.

UCIFA es un caso más -de los más graves, eso sí- del caos y el descontrol en el Ministerio. Pero lo que allí sucedía bajo Corcuera no era casualidad: era la consecuencia del clima de impunidad que sus irresponsables habían creado y que alimentaba la creencia de que los altos mandos de Interior y la Guardia Civil estaban por encima del bien y del mal.

22 Septiembre 1999

Rectificaciones

EL PAÍS (Director: Jesús Ceberio)

LA AUDIENCIA Nacional ha rectificado al juez militar que concedió el tercer grado penitenciario a tres oficiales de la guardia civil condenados por el caso Ucifa, y el Ministerio de Interior se ha rectificado a sí mismo al anular la concesión de una condecoración a otro oficial del mismo cuerpo que estaba imputado en sumarios relacionados con los GAL. En ambos casos resulta sabia la decisión de rectificar.La discrecionalidad en el progreso de grado penitenciario es amplia pero no ilimitada. La norma general es que para acceder al tercer grado los penados hayan cumplido al menos la cuarta parte de su condena. La audiencia constata que los oficiales condenados en el caso Ucifa sólo han cumplido siete meses (más otros tres como preventivos) de una condena de ocho años, y considera que no se han acreditado circunstancias especiales que justifiquen la excepción. También considera que la condena llevaba aparejada la pérdida de la condición militar, por lo que ordena su traslado a una prisión ordinaria.

Interior ha revocado la decisión de conceder la Cruz del Mérito al teniente coronel de la Guardia Civil Félix Hernando. Lo ha hecho ante la evidencia de que ese oficial está imputado en algunos de los sumarios de los GAL. Interior alega que en el expediente de la propuesta de condecoración no figuraba mención alguna a esos antecedentes de Hernando. Fue el mismo argumento al que se acogió Defensa hace tres meses para justificar el ascenso a general de un militar, Juan Cañadas, que hace años había firmado un manifiesto en favor de los golpistas del 23-F.

Pese a las evidentes diferencias, lo común a ambos casos es que se trata de decisiones políticas: el Gobierno no estaba obligado a nombrar general a Cañadas, ni lo está ahora a conceder una cruz que premia los «servicios en favor de la sociedad» a Hernando. Este oficial habría demostrado más lealtad a la Guardia Civil si hubiera advertido de su situación real. Y aunque el ministerio ha rectificado con rapidez, hubiera sido mejor no cometer el error.

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