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El Consejo General del Poder Judicial sancionará al juez por el contenido del artículo 'Cainismo y Prevaricación'

El juez Navarro Estevan ataca Garzón en un artículo de EL MUNDO por vincularle junto Liaño en el supuesto complot contra PRISA

HECHOS

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expedientó al juez D. Joaquín Navarro Estevan por el artículo ‘Cainismo y prevaricación’ publicado en el diario EL MUNDO el 9.9.1997 por sus alusiones al juez D. Baltasar Garzón.

CAINISMO Y PREVARICACIÓN

Joaquín Navarro Estevan, EL MUNDO, 9-9-1997

Es una resolución cainita, mendaz, cínica y prevaricadora. En lugar de una quijada de burro, el arma fraticida ha sido un incidente procesal de recusación que nunca debió conocer Baltasar Garzón. Dos circunstancias le impedían ser juez imparcial: era, desde hace meses, conocedor de informaciones extraprocesales sobre el caso, que lo contaminaban profundamente convirtiéndolo en testigo (realidad que reconoce en el auto de abstención, aunque mintiendo en cuanto a sus fuentes) y, sobre todo, su enemistad hacia Javier Gómez de Liaño era manifiesta, honda y hasta feroz. La antigua amistad se había convertido, después de un proceso crudo y amargo, en odio y rencor.

Cuando se planteó la recusación, en un escrito ayuno de fundamentos fácticos y jurídicos, frontalmente rechazable -como entendió el fiscal- por su orfandad argumental y su poderoso regusto de mala fe y fraude de ley, Garzón se quejó ante sus todavía amigos (el profesor Neira y yo, entre ellos) de «lo que le había caído encima». Si se limitaba, como debía, al contenido del escrito sólo podía desestimarlo, sin más. Si no conseguía limpiarse de prejuicios, si conocía extraprocesalmente hechos y circunstancias, dimes y diretes, chismes e invenciones que le impidiesen atenerse estrictamente a los términos de la recusación planteada, o si él mismo había emitido y difundido opiniones descalificadoras de la instrucción que llevaba a cabo Gómez de Liaño y de su probidad e integridad, tenía que abstenerse. No podía ser juez imparcial quien era testigo. Pero aún quedaba lo más grave: su íntima enemistad con el juez instructor lo descalificaba, desde el principio, como juez de la recusación. Todo esto se lo dijimos el profesor Jesús Neira (un caballero a carta cabal) y yo mismo a las pocas horas de presentada la recusación. Nadie podía actuar, al mismo tiempo, como «juez, testigo y parte». Así se lo transmití también, con mejor o peor fortuna, en una colaboración, que llevaba ese título, publicada el día 1 de agosto en este mismo diario.

Pero las cosas siguieron el peor rumbo posible. Se hizo cargo del incidente, prolongó innecesariamente su tramitación («le voy a freír los huevos a Javier»), impidió la comparecencia como parte legal del Ministerio Fiscal (cuyo informe contra la recusación fue demoledor), acordó la práctica de pruebas impertinentes y ridículas (después de solicitar la «aclaración» de dos de ellas -faxes inexistentes y testigos que no lo eran-), suspendió el procedimiento hasta primeros de septiembre (dejando también en suspenso la investigación del caso Sogecable) y convirtió, en definitiva, una recusación fraudulenta en una causa general o un acta de acusación contra su enemigo Javier Gómez de Liaño.

El odio es siempre mal consejero. Sobre todo cuando es fruto de una vanidad patológica que se considera herida. Y, muy singularmente, cuando esa vanidad y ese odio se proyectan en el campo judicial. Sólo así es posible explicar la reacción garzoniana. Puede sintetizarse de este modo. Después de practicadas todas las pruebas, agotado hasta la exasperación el zumo del procedimiento, la recusación no se tiene en pie. Se impone su desestimación. Pero no puede ser. Se oponen razones extraprocesales y antijurídicas: el conocimiento que el juez tenía, antes de la recusación, de hechos o realidades que le impiden (en conciencia) la desestimación y esa enemistad corrosiva que nubla su entendimiento y hace imposible la imparcialidad y la justicia. ¿Cómo no desestimar y no estimar tampoco? Inventándose que las informaciones extraprocesales proceden de los dos únicos testigos imparciales (el que esto escribe y el profesor Neira), que han sido llamados al procedimiento por el recusante y los letrados de éste, con la colaboración impagable de Jaime García Añoveros, aun a sabiendas de que su testimonio iba a ser adverso, por la simple razón de ser objetivo y veraz. El referido don Jaime (a quien mucho he querido y respetado) había ya pactado con sus señores atribuir a tales testigos inventados el origen de toda su sapiencia sobre el caso. Falsedad y doblez a un tiempo.

El episodio ha sido escandaloso o, como diría el Marlowe de Chandler, bastardamente bastardo. Si dos testigos sin interés alguno en la causa desmienten categóricamente a un tercero -que tiene fuertes intereses profesionales y patrimoniales en las sociedades de Polanco y Cebrián, que es íntimo amigo de ambos y que se ha movido en el caso Sogecable, desde su nacimiento, con el fervor y la pasión del Nathanael de Gide- hay que otorgar credibilidad a este último. Como ello no se tiene en pie, hay que fabular: aquellos dos testigos desinteresados e imparciales, amigos íntimos tanto de Garzón como de Javier Gómez de Liaño, han mentido. El juez del incidente, antes de que éste existiese, tenía por ellos y por otros conocimiento de la trama y la urdimbre de una conspiración criminal contra PRISA y Sogecable urdida por, entre otros, Javier Gómez de Liaño, Antonio García Trevijano, Jaime Campmany, Jesús Cacho, Ignacio Gordillo o María Dolores Márquez de Prado. Garzón no dice por qué, si esto era cierto, no lo puso en conocimiento del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial competente, cumpliendo con su deber como ciudadano y como juez; por qué no exigió a sus ex amigos que denunciasen los hechos; y por qué, pese a todo, no se abstuvo, desde el principio, del conocimiento de la recusación. ¿Se hubiese también abstenido si las pruebas hubiesen respaldado la recusación?

Cuando le es imposible estimarla, hace algo muchísimo más grave contra el Derecho, la Justicia y la decencia: su auto de abstención acusa frontalmente de prevaricación y conspiración a Javier Gómez de Liaño; nos acusa a Jesús Neira y a mí de falso testimonio y de encubrimiento o complicidad en la conspiración; y acusa a las personas citadas, todas ellas de singular relieve profesional, intelectual y ético, excelentes amigos de Jesús Neira, míos y, hasta fechas muy recientes del propio Garzón, de ser unos viles conspiradores. Reconoce paladinamente que su acusación no tiene fundamentos, pero la hace, convirtiendo una resolución judicial en una declaración testifical del juez actuante en la que, sin contradicción alguna ni posible recurso, denuncia a dos jueces, dos fiscales, dos periodistas, un abogado ex notario y un profesor universitario por la comisión de gravísimos delitos. Junto a la prevaricación, la calumnia y la mentira. Junto al feroz linchamiento del juez instructor -un magistrado justo e intachable-, la difamación fecal de sus amigos. ¿Qué sostiene o espera Garzón?

No cabe otra calificación. Es una resolución cainita, mendaz, cínica y prevaricadora. Ojalá sólo haya sido -sin que ello rebaje un ápice su extraordinaria gravedad- producto de un trastorno ético y mental transitorio; un arrebato causado por una intensa celotipia o una obcecación pasajera. Y que Garzón vuelva a ser el gran juez que ha sido. Allá él con su conciencia. Allá con su conciencia Jaime García Añoveros. Ha servido muy bien a sus señores y a sus intereses, a costa de la verdad y la decencia. Supongo que serán compensadas tantas y tan bellacas hazañas perpetradas entre protestas de veracidad y temblores de justicia. Enhorabuena. Como decía Ihering, «todo hombre tiene el deber de pisotear, cuando llega la ocasión, la cabeza de esa víbora que es la arbitrariedad y la ilegalidad». Cumplo aquí con ese deber, sin que la tristeza que me invade elimine mi indignación y mi repugnancia ante esta farsa en la que la falsedad, la maldad, la calumnia y la prevaricación se disputan un difícil protagonismo.

Joaquín Navarro Estevan

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