Comienza la investigación del ‘caso Zamora’: sospechas de corrupción en el PP de esa provincia en la etapa de AP

EL INTENTO de implicar al presidente del Gobierno en la trama de supuesta financiación ilegal del PP (entonces AP) de Castilla y León a mediados de los ochenta ha hecho reaccionar a la dirección de ese partido, que anuncia querellas contra el denunciante y una investigación a fondo en Zamora, cuna del escándalo. El propio Aznar considera «poco serio»,que se le pregunte sobre el asunto, pero su actitud y la de su partido cuando estaba en la oposición se vuelve ahora contra él. Por lo demás, es posible que el escándalo incida en el debate sobre la reforma de la ley de financiación de los partidos, en la que el PP quiere que sean legales las donaciones anónimas de empresas.El presidente de la Diputación de Zamora, Antolín Martín, suspendido de militancia en el PP tras una serie de batallas internas, ha acusado al que todavía es su partido de haberse financiado entre 1983 y 1991 mediante el cobro de comisiones ilegales y otras prácticas corruptas. El denunciante ha hecho entrega al fiscal de la Audiencia Provincial de documentos que respaldarían sus acusaciones. Entre ellos, el testimonio grabado de un empresario, Eduardo Corrales, que explica el modus operandi de los altos cargos de la diputación supuestamente encargados de cobrar las fuertes sumas exigidas a los constructores.

La falta de fiabilidad de ese empresario, incurso, junto con otras 13 personas, en una querella por estafa, es el principal argumento del PP local para negar veracidad a la denuncia. Sin embargo, el hecho de que entre las personas implicadas figure un ex vicepresidente de la diputación, Casto Lorenzo, señalado como el hombre clave de la supuesta trama de financiación irregular, complica el panorama. Además, el propio Casto Lorenzo hizo hace año y medio una denuncia -que no ratificó ante el juez- en téminos similares a los que ahora aparecen. Por otra parte, Antolín Martín, veterano militante del PP -fue alcalde de su capital-, asegura que el motivo de su caída en desgracia fue su intento de cortar con «el tráfico de maletines», en alusión al cobro de comisiones por adjudicaciones de obras públicas.

Una de las revelaciones incluidas en el material entregado al fiscal se refiere a la recaudación y pago en 1987 de una fuerte suma -20 millones de pesetas- a un diputado provincial del PSOE por cambiar su voto a favor del candidato del PP a la presidencia de la diputación, impidiendo que fuera elegido el pactado entre el PSOE y el CDS, que tenían mayoría. La dirección local del PP negó entonces tajantemente la compra del voto, y aunque nadie dudaba de la identidad del Bellido Dolfos del caso, no pudo probarse la existencia de un pago. El supuesto traidor, un tal José Luis Antorrena, dirigió una carta a EL PAÍS negando la acusación en términos barrocos, y se pasó al grupo mixto, desapareciendo de Zamora algún tiempo después.

La dirección local del PP se limitó en un primer momento a acusar a Antolín Martín de actuar por venganza o resentimiento, y ahora acusa de lo mismo al constructor Corrales. Seguramente es cierto que sólo las rivalidades internas explican que las acusaciones que circulaban en voz baja. hayan aflorado con estrépito. Pero no habría de qué extrañarse: siempre fue así -recuérdese Filesa- , y es difícil que ocurra de otra manera. Pero que los denunciantes sean o hayan sido conocedores o cómplices de lo denunciado no resta credibilidad a su denuncia. Más bien al revés.

Carece de sentido, por tanto, el aire de dama ofendida con que la dirección del PP ha pretendido dar el asunto por inexistente,

primero, y por ya zanjado, más tarde, con el encargo de una investigación interna. Ya hubo una investigación interna en relación al asunto Naseiro, cuyo único objetivo fue exculpar a los dirigentes del PP que aparecían expresamente citados, en las conversaciones entre los encargados de recaudar el dinero. Y todos pudimos oír aquellas grabaciones, por mucho que el procedimiento judicial fuera archivado por problemas de procedimiento. Incluso si el empresario ahora denunciante resulta poco de fiar, las referencias que proporciona son perfectamente verificables. Por ejemplo: ¿hubo o no compra de voto del tránsfuga que pasó de ganar 65.000 pesetas a disponer de una cuenta corriente de 12 millones? En Zamora hay mucho que investigar, y si no es éste un caso para la fiscalía anticorrupción, ¿cuál lo sería?

EL PARTIDO Popular de Zamora ha decidido liquidar la comisión de investigación sobre su supuesta financiación irregular en esa provincia. La mayoría con que cuenta el PP en la comisión le ha permitido prescindir de la opinión de los representantes de otras formaciones que aseguran haber descubierto indicios de corrupción y que querían proseguir la investigación. El PP da el asunto por zanjado mediante una resolución de seis líneas en la que se limita a afirmar que la comisión no ha observado ningún delito o irregularidad administrativa. El asunto queda ahora en manos de la justicia, que lo investiga desde hace cuatro meses.La minoría alega que algunos documentos relacionados con las acusaciones han desaparecido o se les ha impedido consultarlos y que la mayoría ha vetado algunas de las comparecencias solicitadas; en particular, de antiguos altos cargos acusados de cobrar comisiones por la adjudicación de obras y de los constructores supuestamente implicados en el escándalo. Éste se inició tras la denuncia presentada por el hasta hace poco presidente de la Diputación, Antolín Martín, que acababa de ser desplazado de la dirección local del partido -luego lo sería también de su cargo institucional- en el marco de una batalla interna por el poder.

Martín escribió al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, alertándole de la existencia de prácticas corruptas en las que implicaba a quienes le habían desplazado, a quienes a su vez destituyó como vicepresidentes de la Diputación. Este embrollo de rivalidades fue esgrimido por el PP para desautorizar la denuncia por estar inspirada en el resentimiento. Sin embargo, y pese al obstruccionismo del PP, la comisión ha podido constatar indicios de coclusión entre las empresas adjudicatarias y otras irregularidades que habrían producido un quebranto a las arcas de la Diputación por un importe, según la oposición, no inferior a 1.500 millones de pesetas.

La documentación que no ha podido consultar la comisión no podrá ser negada al fiscal jefe de Zamora que investiga el caso. El asunto se desplaza, por tanto, al ámbito judicial al haberse cerrado la vía de las responsabilidades políticas. Pero algo está ya muy claro: que la transparencia predicada por el PP cuando los escándalos apuntan a otros partidos no la considera de aplicación cuando es el suyo el afectado; en lugar de tirar de la manta prefiere cubrirse con ella.

EL TRIBUNAL Supremo se ha declarado competente para la instrucción y enjuiciamiento del caso Zamora -supuesta trama de financiación ilegal del PP- y ha admitido a trámite la querella presentada por los socialistas. Se investigarán supuestos delitos de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones. La presencia de dos aforados -un diputado y un senador- entre las personas denunciadas justifica la competencia del Supremo.El tribunal considera que la querella cuenta con el aval de la denuncia presentada anteriormente por el ministerio fiscal, en la que se habla de una práctica habitual de adjudicación de obras al margen de las normas establecidas y en beneficio de determinadas ofertas. Eso fue lo que en su día denunció públicamente un presidente de la Diputación en el marco de una batalla interna entre diversos sectores del PP zamorano. Ese partido contaba ya en su historial con episodios como la presunta compra -por 20 millones de pesetas- del voto de un tránsfuga del PSOE para asegurar la presidencia de la Diputación al candidato del PP.

Como siempre que aflora un caso de este tipo -con independencia del partido afectado-, la primera reacción de los acusados fue de dignidad ofendida. Anunciaron querellas contra los acusadores y una investigación interna. La comisión nombrada al efecto -con mayoría del PP- dictaminó en seis líneas que no había encontrado ningún indicio de irregularidad o delito. El Tribunal Supremo cree justamente lo contrario.

El pasado miércoles, y a propósito de una pregunta parlamentaria sobre otro oscuro asunto -la concesión de una subvención a un ex consejero de Aznar en Castilla y León condenado por prevaricación-, el presidente del Gobierno calificó de «temerario» que le preguntase por ese asunto un partido como el PSOE, «manantial inagotable de corrupción». Aznar también era presidente regional cuando se produjeron los episodios que ahora investigará el Supremo. Al saltar el caso Zamora -en febrero de 1997-, Aznar consideró poco serio que se le inquiriese por este asunto, pese a haber sido señalado por uno de los constructores. Tal vez le asista la razón, pero la última palabra la tiene ahora el Supremo, una vez aceptada una querella con la que el PSOE no hace más que seguir los pasos trazados por el PP en tiempos bien recientes.