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La izquierda sigue considerando responsable político al ex ministro y diputado del PP, Federico Trillo

Condenado a 3 años de cárcel el General Vicente Navarro por falsear 30 identificaciones del Yak-42

HECHOS

El 19 de mayo de 2009 el General de Sanidad D. Vicente Navarro fue condenado a 3 años de prisión y a tener que indemnizar con 10.000 euros a los familiares de los cadáveres mal identificados. Sus subordinados D. José Ramírez y D. Miguel Sáez fueron condenados a 1 año.

tribunal_yak El tribunal de la Audiencia Nacional que presidió el juicio por las falsas identificaciones del Yak-42 estaba compuesto por Dña. Manuela Fernández Prado, D. Javier Gómez Bermúdez (Presidente de la Sala Penal, que actuó como ponente) y D. Nicolás Poveda. Aquel tribunal condenó al General Navarro.

fernando__burgos D. Fernando Burgos fue el fiscal en el juicio por el Yak-42 y pidió pena de prisión contra el General Navarro.

20 Mayo 2009

Yak-42: justicia a medias

EL PAÍS (Director: Javier Moreno)

El tribunal admite que la falsa identificación fue intencionada pero no dice los motivos

La falsa identificación de 30 de los 62 militares españoles muertos en el accidente del avión Yak-42, el 26 de mayo de 2003, cuando se aprestaba a aterrizar en la base turca de Trabzon, procedente de Afganistán, no fue error, sino un acto intencionado, perpetrado a sabiendas. La Audiencia Nacional ni siquiera ha entrado a deliberar si se trató de una mera imprudencia: todas las pruebas le han llevado a considerar el hecho como un delito de falsedad en documento oficial realizado de modo consciente y con conocimiento de causa, es decir, con dolo.

Las consecuencias son importantes. Agrava la conducta de los acusados haciéndola merecedora de penas de prisión: tres años para el principal acusado, el general de Sanidad Vicente Navarro, y año y medio para el comandante y el capitán médicos José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sanz. En el caso del general Navarro, y a expensas de posibles recursos, la pena de tres años supone su ingreso en prisión. No obstante, el fallo de la Audiencia se queda en la mitad de las penas de cinco y seis años, respectivamente, solicitadas para este acusado por el fiscal y las acusaciones en representación de las familias de las víctimas.

El tribunal argumenta por qué: la falsa identificación de los 30 cadáveres responde «a una sola decisión delictiva, a una sola voluntad criminal». No cabe, pues, hablar de un delito continuado. Y en lo que respecta a los otros dos acusados, la omisión de determinados datos en los informes de necropsia que realizaron coadyuvó a «la acción falsaria de Navarro», pero no constituyó delito por sí misma.

El tribunal describe con detalle la conducta dolosa de Navarro, su voluntad de faltar a la verdad. Pero nada dice sobre por qué actuó así, salvo la explicación del propio Navarro de que su misión era repatriar los cadáveres. Desconocer todo sobre esa misión, si existió o no, y si respondió, de existir, a órdenes superiores, directas o inducidas, constituye una grave laguna procesal que, de no corregirse, seguirá proyectando zonas de sombra sobre la tragedia del Yak-42.

Quizás para curarse en salud, el tribunal se cuida de delimitar el objeto de su veredicto, negando que pueda extenderse «a valoraciones ajenas al objeto procesal ni a la conducta de personas no acusadas y sobre las que, en consecuencia, no se ha practicado prueba ni se ha formado convicción alguna». Pero es difícil admitir que indagar sobre la existencia y naturaleza de la misión que parece haber condicionado la conducta del principal acusado sea tarea ajena al tribunal, bien directamente, bien por deducción de testimonio.

Las familias de las víctimas tienen motivos para estar satisfechas. Sobre todo, tras los iniciales obstáculos de la propia justicia, reacia a actuar, y la escasa atención inicial de la opinión pública a su lucha por la exigencia de responsabilidades. La impunidad no ha prevalecido, pero queda pendiente saber por qué los acusados actuaron como lo hicieron.

20 Mayo 2009

Yak-42: un triunfo moral para las familias

EL MUNDO (Director: Pedro J. Ramírez)

Casi seis años después del accidente aéreo del Yak-42 en el que perdieron la vida en Turquía 62 militares españoles que regresaban de Afganistán, la Audiencia Nacional dictó ayer una sentencia que condena a tres oficiales del Ejército a penas de cárcel tras considerar que identificaron aleatoriamente 30 cadáveres sin realizar las pruebas forenses correspondientes.

El fallo sanciona al general Vicente Carlos Navarro con tres años de cárcel por un delito de falsedad documental y a sus dos colaboradores médicos, el comandante José Ramón Ramírez y el capitán Miguel Ángel Sáez, con penas de año y medio como cómplices.

La sentencia de la Audiencia contiene una narración casi periodística de los hechos, que reconstruye de forma minuciosa y rigurosa el proceso de identificación de cadáveres y su traslado a la base de Torrejón.

La Audiencia establece como hecho probado que el general Navarro ordenó la repatriación de 30 cadáveres que no habían podido ser identificados. «A pesar de ser consciente de que era imposible identificar con datos (científicos) a todos los cuerpos, Navarro elaboró una lista en la que junto al número asignado a cada cuerpo aparecían un nombre y apellidos correspondientes a cada uno de los 62 militares fallecidos, de modo que aparentaba que todos ellos habían sido identificados cuando lo cierto es que habían sido asignadas (las identidades) de forma aleatoria en 30 casos», subraya el fallo.

Esta bochornosa e infamante conclusión es corroborada por el testimonio de los dos forenses turcos que declararon que el general Navarro ordenó la repatriación de esos cadáveres sin identificación y sin cumplir con trámites preceptivos como el registro consular y los permisos sanitarios.

Al llegar a Torrejón, el comandante Ramírez y el capitán Sáez hicieron constar en los 30 cadáveres no identificados que estaban pendientes de una necropsia, pero el general Navarro ordenó la firma de los 72 certificados médicos de defunción en los que se decía que se había realizado una autopsia.

Es evidente, a la luz de la sentencia, que Navarro tenía prisa por acabar con el proceso de identificación para poder repatriar a las víctimas y celebrar los funerales de Estado. Y también queda muy claro que obró con total conocimiento de lo que estaba haciendo y en contra del criterio de los forenses turcos.

Pero la cuestión reside en si el general Navarro informó a Federico Trillo, entonces ministro de Defensa, de esas dificultades de identificación y si recibió alguna indicación para acelerar el traslado. Trillo afirmó ayer que él no sabía nada de lo sucedido en Turquía, pero su negativa es difícilmente creíble, teniendo en cuenta la jerarquización con la que actúa el Ejército.

Sea por acción o por omisión, parece claro que Trillo tiene responsabilidades políticas por los delitos cometidos por sus subordinados. Y no vale decir, como afirmó ayer, que no comparte la sentencia, entre otras razones, porque él está directamente afectado por las conclusiones de los jueces.

El PP perdió dos elecciones con posterioridad a estos hechos, por lo que ya ha pagado por la mala gestión de este asunto. Pero Trillo tendría que abandonar su cargo de portavoz en temas de Justicia en el Congreso, que obviamente ya no va a poder ejercer con la misma autoridad moral. Igualmente, el PP debería descartarle para cualquier cargo público o institucional tras acabar su mandato de diputado si el Tribunal Supremo ratifica esta sentencia, que, en lo sustancial, supone un triunfo moral para las familias de las víctimas que tuvieron que recurrir el archivo de la causa.

El Análisis

TRILLO SE LIBRÓ DEL BANQUILLO

JF Lamata

El escándalo de las malas identificaciones de los muertes en el accidente del Yak-42, era célebre porque los familiares de las víctimas (y el PSOE) responsabilizaron personalmente de él a D. Federico Trillo, ministro de Defensa, a quien hubieran querido ver en el banquillo. No tuvieron suerte, pues quien firmó el acta de entrega de los cadáveres mal identificados era el General Navarro, no el Sr. Trillo.

Pero tampoco es menos cierto que la sentencia confirma que el General ‘no ganaba nada’ identificando mal los cadáveres. El único motivo de que consintiera esa falsificación es que lo hiciera por ganar tempo. ¿Y por qué el General Navarro tenía tanta prisa? ¿Quizá alguien había ordenado que los cadáveres estuvieran cuanto antes de vuelta en España? Si fue así, aunque la responsabilidad penal quedó establecida en ese tribunal, la política quedó sin resolver. El General Navarro murió un año después (junio 2010).

J. F. Lamata

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