Condenados a penas de prisión los tres policías que abatieron al último gran líder del GRAPO, Juan Martín Luna

EN este periódico hemos insistido a lo largo de los años en la necesidad de respetar la independencia de la Justicia: una sociedad libre se caracteriza por sus jueces independientes y por el acatamiento de la sociedad a las sentencias de esos jueces.

Pues bien, repetido esto tenemos el deber de acatar la sentencia que acaba de dictar la Audiencia de Barcelona contra los tres inspectores de Policía que dieron muerte al dirigente de los GRAPO, Juan Martín Luna, en el tiroteo que les enfrentó al terrorista. Los tres inspectores han sido condenados a la pena de seis meses y un día de prisión menor, después de apreciarse como atenuante la circunstancia eximente incompleta de «cumplimiento del deber».

Acatamos esa sentencia de la que respetuosamente discrepamos, pública y frontalmente. Que Juan Martín Luna era un dirigente terrorista de sangriento historial y alta peligrosidad es algo que queda establecido en los testimonios incorporados al sumario. Que estaba armado en el momento en que fue advertido por los inspectores es otro dato esencial que la Audiencia ha probado. Que los condenados, si lo son por homicidio lo sean a seis meses de prisión menor, no deja de ser otra circunstancia particularmene subreal en el marco de esta peculiarísima sentencia.

El problema del terrorismo es una de las máximas amenazas a que España hace frente. Los policías que persiguen a los terroristas y se enfrentan con ellos son, salvo excepciones, profesionales abnegados, que no escurren el bulto, sino que ponen en juego su vida por sentido del deber, al servicio de la sociedad.

Dentro de la repugnancia insalvable que nos inspira la pena de muerte, convencidos de su radical inutilidad, repetimos nuestro criterio: hay que plantar cara al terrorismo y a los terroristas, y hacerles frente en campo abierto con todas las armas de que dispone para su defensa legítima la sociedad. La degradación de la lucha contraterrorista en España se resume, a nuestro juicio, en un episodio reciente ocurrido en Guipúzcoa: un militante de Herri Batasuna denunció ante el Juzgado a un guardia civil que presuntamente había disparado en su presencia un intimidatorio tiro al aire. Ante el activista de HB fueron citados todos los guardias civiles de la localidad para que el denunciante pudiera identificar al denunciado. Con episodios como éste y con sentencias como la de Barcelona no será posible hacer frente al cobarde desafío de los terroristas.

LA AUDIENCIA de Barcelona ha condenado a tres inspectores de policía a seis meses y un día como responsables del homicidio de Juan Martín Luna, dirigente de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO), abatido a la luz del día y en plena calle dos días después de que Felipe González formase Gobierno.Los jueces han apreciado una eximente incompleta de cumplimiento del deber, y han rebajado la pena (inicialmente superior a los 12 años y un día) a prisión menor -de seis meses y un día a seis años- en su grado mínimo. Los magistrados entienden que la actuación de los inculpados fue «desproporcionada» respecto al fin propuesto, que era la detención de Juan Martín Luna. La sentencia considera que los condenados obraron con ánimus necandi (ánimo de matar); esa intencionalidad queda demostrada por «las vitales regiones del cuerpo afectadas, la insistencia del ataque, las armas utilizadas, la corta distancia desde donde se efectuaron los disparos y las propias manifestaciones de los acusados, que evidencian que dispararon al bulto». Aunque los inspectores arguyeron haber actuado en legítima defensa-otra circunstancia eximente de responsabilidad- al disparar contra su víctima, los hechos probados muestran que el fallecido, aunque iba armado, no tuvo tiempo material para tirar de pistola. Según la sentencia, el paso atrás dado por Martín Luna al ver a los agentes «no puede reputarse como início de una agresión, pues dicho movimiento es un claro reflejo de sorpresa que produce verse atrapado por tres inspectores de policía». Los policías testimoniaron que Martín Luna había esgrimido su pistola con la mano derecha, pero la defensa argumentó que era zurdo. En cualquier caso, la sentencia concluye que «no tuvo tiempo el fallecido de sacar el arma».

La sentencia será recurrida ante el Supremo tanto por la defensa y por el representante del ministerio público (dependiente del fiscal general del Estado, nombrado a su vez por el Gobierno), que solicitan la libre absolución de los condenados, como por la acusación particular, que no aprecia atenuantes en el homicidio. Hasta que el Supremo no se pronuncie, no existirá, por tanto, sentencia firme. Altos cargos y funcionarios del Ministerio del Interior han dejado, empero, oír su voz para poner en duda lo correcto del veredicto. Es cierto que el propio Tribunal Supremo ha alentado el derecho de los ciudadanos a criticar con argumentos las decisiones de la magistratura. Pero la libertad de los ciudadanos para discrepar razonadamente de los fallos de los jueces no debe ser confundida con esa guerra interna dentro del sector público que el departamento de Interior, una simple rama del poder ejecutivo, está librando con el poder judicial, parte integrante del Estado. La situación reproduce lo sucedido en ocasión del juicio contra el comisario Ballesteros, y trae a la memoria las amenazas y presiones policiales sobre el juez que investigaba el espionaje a los partidos.

Cuatro días después de ser abatido a tiros Juan Martín Luna en las calles de Barcelona, José Barrionuevo sentenció, sin más justificación aparente que el deseo de caer bien a sus subordinados, que esa actuación policial, declarada ahora como homicida por un tribunal de justicia, había sido «correcta, meritoria y ejemplar». Cuando los tres inspectores de policía fueron procesados por la Audiencia Provincial por un supuesto delito de homicidio, el ministro del Interior expresó la solidaridad «afectiva y efectiva» del Gobierno con los inculpados. Ningún ministro desmintió esta solidaridad. Tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que declara como probados hechos enfáticamente negados por los condenados, Barrionuevo ha vuelto a reiterar su apoyo a los sentenciados y ha tolerado que la Brigada Regional de Información de Barcelona, pieza subalterna del poder ejecutivo, haga pública una nota provocadora sobre la sentencia. Que unos funcionarios que sirven a la justicia, y no a su espíritu de cuerpo ni a la arrogancia de su ministro, afirmen tras el veredicto de la Audiencia «que ante las mismas circunstancias actuaríamos de la misma forma, por considerar que, en conciencia, es la única actuación legal en el orden jurídico y correcta en el orden judicial» es verdaderamente preocupante. Pero, que se sepa, no han sido objeto de ningún expediente disciplinario estos servidores de la seguridad ciudadana capaces de dirigirse a la opinión para ofender a la Audiencia de Barcelona cuando afirman «que decisiones de este tipo contribuyen a sembrar el desconcierto e indefensión de la sociedad ante la violencia terrorista y la violencia común». En cualquier caso, es interesante señalar que el ministro Barrionuevo ha vuelto a solidarizarse en público con conductas declaradas homicidas por los jueces, y que sus compañeros de Gobierno, del primero al último, asienten o callan. Indica una sensibilidad concreta y una actitud política evidente respecto a la manera y forma que el Gobierno tiene de combatir el terrorismo.